Revista Administración Pública y Sociedad (APyS-IIFAP-FCS-UNC)

Nº 08, Julio-Diciembre 2019 - ISSN: 2524-9568

Tribunal Internacional Monsanto: la sociedad civil desafía al sistema alimentario global| BUSSCHER et al

Abstract: The global food system has severe implications for human and

animal health, soil quality, biodiversity, and farmers’ quality of life. This paper	Keywords:
provides an analysis on how transnational alliances challenge the global food	GMOs.
system. We illustrate this by focusing on the activities and hearings of the	Transnational
International Monsanto Tribunal, which was held in the Hague in October	movements.
2016. The Monsanto Tribunal provided a platform for civil society organisations	Human rights.
and enabled the creation and strengthening of transnational alliances to	International
demand attention for local struggles and legal disputes in relation to	tribunals.
Monsanto’s products in various countries. With the involvement of	Ecocide.
independent and renowned (legal) experts, the knowledge exchange between
local victims and broader civil society was enhanced, and the Monsanto
Tribunal reinforced social movement’s goals towards unveiling, and demanding
justice for the negative effects caused by the global food system. The advisory
opinion determined that Monsanto’s practices and products are in violation
with international human rights standards and urged ‘ecocide’ to be
recognized as a gross violation of human rights. The Monsanto Tribunal
exemplified that there is an immediate need for structural change in the
current global food system.

1.

Introducción

El sistema alimentario global ha estado en el centro del escrutinio público, de las críticas y disputas legales sobre los impactos negativos de sus actividades y productos (Glover, 2010; Krimsky & Gillam, 2018; McMichael, 2009; Motta, 2014). Hoy en día, el sistema alimentario mundial está dominado por un pequeño número de empresas transnacionales que promueven un paquete tecnológico estandarizado para la producción de alimentos. Este paquete consiste en semillas híbridas y/o genéticamente modificadas, maquinaria y pesticidas y fertilizantes químicos (Holt Giménez & Shattuck, 2011; McMichael, 2009).

Un argumento principal para la introducción de las nuevas tecnologías agrarias en general, y de las semillas transgénicas en particular, es la necesidad de aumentar la producción de alimentos para una población mundial en crecimiento de forma económicamente eficiente y ambientalmente sostenible (Clapp & Scrinis, 2017; Glover, 2010). Sin embargo, los críticos sostienen que estas nuevas tecnologías agroindustriales y prácticas corporativas han conducido a impactos negativos en la economía, la sociedad y el medio ambiente (McMichael, 2009). Es por esto que crece la oposición de movimientos sociales a nivel global al sistema alimentario mundial (Holt-Giménez & Shattuck, 2011).

Este artículo analiza un ejemplo de cómo la sociedad civil desafía al sistema alimentario mundial. Nos centramos en el Tribunal Internacional Monsanto, una iniciativa de la sociedad

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civil organizada en La Haya, Países Bajos, en octubre de 2016.1 Monsanto es una empresa transnacional agroindustrial con sede en Estados Unidos que desarrolla y comercializa semillas transgénicas y agroquímicos. El Tribunal Monsanto es un ejemplo de cómo los movimientos sociales forman alianzas transnacionales cuando sus agendas, campañas y objetivos no son atendidos adecuadamente a nivel nacional. Argumentamos que los Tribunales Internacionales, como el Tribunal Monsanto, forman un espacio importante para conectar a movimientos locales en alianzas transnacionales que desafían al sistema alimentario mundial en su conjunto (Holt-Giménez & Shattuck, 2011; Keck & Sikkink, 1999; Scoones, 2008).

Los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos constituyeron el marco rector del Tribunal Monsanto. En 2011, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó estos Principios Rectores, en el que se especifican las responsabilidades de las empresas en materia de derechos humanos, independientemente de las obligaciones de los gobiernos en relación a estos derechos (UN, 2011). Numerosas empresas transnacionales, entre ellas Monsanto, han expresado su compromiso de respetar los derechos humanos en todas sus actividades operacionales (véase Business and Human Rights Resource Centre, 2018). Sin embargo, en la práctica, las violaciones de los derechos humanos continúan ocurriendo debido a la falta de claridad sobre la definición de las responsabilidades reales de las empresas en materia de derechos humanos en los lugares donde éstas operan (van der Ploeg & Vanclay, 2017) y debido a la incapacidad de los mecanismos legales nacionales para responder eficazmente a las quejas de la comunidad con respecto a los impactos adversos que involucran los productos y actividades de las empresas multinacionales (Ruggie, 2013). Tribunales como el Tribunal Monsanto son de gran importancia para crear conciencia sobre la brecha existente entre las normas de derechos humanos acordadas internacionalmente y la responsabilidad por los impactos negativos experimentados en los territorios (Simm & Byrnes, 2014). Sostenemos que, a través del fortalecimiento de las alianzas internacionales, estos tribunales desempeñan un papel importante en el proceso de desarrollo y reconocimiento de nuevas normas legales que permiten cambios estructurales positivos en el sistema alimentario mundial. Específicamente, el Tribunal Monsanto fue estratégico para fortalecer la argumentación a favor de que el concepto de "ecocidio" se reconociera como una violación grave a los derechos humanos.

Este artículo se organiza de la siguiente forma: La primer sección examina cómo y por qué los movimientos sociales que desafían al sistema alimentario mundial buscan alianzas transnacionales para ampliar sus demandas. Para entender la relevancia del Tribunal Monsanto en el contexto internacional, la segunda sección discute el concepto de los Tribunales Internacionales de los Pueblos. La tercera sección analiza al Tribunal Monsanto así como el uso de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos como base para su opinión legal. En la cuarta sección, se discuten varios de los testimonios presentados por personas y comunidades afectadas por Monsanto, y reflexiona sobre la opinión legal (advisory opinion) emitida en abril de 2017. Finalmente, la conclusión discute el potencial de las alianzas transnacionales para desafiar al sistema alimentario mundial.

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Acción colectiva contra el sistema alimentario mundial

Un número creciente de movimientos sociales locales, regionales y transnacionales se han organizado para oponerse a los impactos negativos del sistema alimentario mundial (Holt- Giménez & Shattuck, 2011). Ejemplos de ello son las Madres de Ituzaingó en Argentina (Arancibia, 2013; Leguizamón, 2016), la Confédération Paysanne en Francia (Heller, 2012; Morena, 2014), el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) en Brasil (Robles, 2008) y el movimiento campesino transnacional, Vía Campesina (Edelman & Borras, 2016; Rosset, 2016).

La empresa multinacional Monsanto ha estado a menudo en el centro de las demandas de los activistas (Cummins, 2013; Heller 2012; Krimsky & Gillam, 2018; Scoones, 2008). Hoy en día, la compañía es uno de los líderes mundiales en ingeniería genética de semillas, biotecnología agrícola y producción de herbicidas (Glover, 2010; Goldfarb & Zoomers, 2013; Oliveira & Hecht, 2016). Sólo un puñado de empresas transnacionales dominan el sistema alimentario mundial, limitando la competencia y, por lo tanto, permitiendo que estas empresas establezcan "las reglas del juego" (McMichael, 2009). Este oligopolio se ve exacerbado por las continuas fusiones de empresas. En 2017, Chem-China compró Syngenta y DuPont se fusionó con Dow, convirtiéndose en Corteva Agriscience. En junio de 2018, Monsanto finalizó su fusión con Bayer. Estos tres gigantescos agronegocios controlan el setenta por ciento de la industria agroquímica mundial y más del sesenta por ciento del mercado mundial de semillas (Elsheikh & Hossein, 2018).

Monsanto desarrolla y comercializa cultivos transgénicos como la soja, el maíz y el algodón. La soja ha sido modificada para tolerar la fumigación con herbicidas a base de glifosato, que Monsanto comercializa bajo la marca Roundup. Mientras que los actores corporativos promueven los cultivos transgénicos como una solución tecnológica para abordar el hambre y la pobreza en el mundo (Glover, 2010), los críticos señalan la creciente mercantilización de las semillas y la tierra y el control corporativo a lo largo de la cadena de suministro de la producción de alimentos (Craviotti, 2017; Goldfarb & Zoomers, 2013; McMichael 2009; Oliveira & Hecht, 2016). Desde la introducción del Roundup, los científicos y las instituciones internacionales han estado debatiendo intensamente el impacto del glifosato en la salud humana y el medio ambiente, lo que ha dado lugar a observaciones y conclusiones divergentes sobre este producto (FAO, 2005; Krimsky & Gillam, 2018; Richard et al., 2005; Séralini et al., 2014a, 2014b; van den Berg et al.).

Los movimientos sociales que desafían a Monsanto en particular, y al sistema alimentario mundial en general, varían en sus características. En general, su objetivo es cuestionar los aspectos estructurales del régimen alimentario corporativo, tales como los derechos de propiedad intelectual sobre las semillas, la implementación de la biotecnología, el uso de agroquímicos y la falta de responsabilidad por los impactos negativos en la sociedad, el medio ambiente y sobre los derechos humanos (Arancibia, 2013; Motta, 2014; Scoones, 2008). Los movimientos sociales luchan contra los grandes agronegocios por instigar la pérdida de

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puestos de trabajo y crear malas condiciones laborales (Goldfarb & van der Haar, 2016; McKay

&Colque, 2016; McMichael, 2009), por aumentar el precio de alimentos básicos (Craviotti, 2017), y por suprimir prácticas locales y tradicionales relacionadas a la naturaleza (Giraldo, 2015). Además de cuestionar las prácticas empresariales, los movimientos también desafían a organizaciones internacionales como la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que también promueven los productos y prácticas del régimen alimentario corporativo (Holt-Giménez & Shattuck, 2011; McMichael, 2012).

Un número creciente de publicaciones documenta que los movimientos sociales crean continuamente nuevas estrategias, redes, alianzas y vínculos para desafiar al sistema alimentario mundial (Edelman & Borras, 2016; Hanna et al., 2016; Holt-Giménez & Shattuck, 2011; Routledge, 2003; Scoones, 2008). Scholte (2014) subraya la fluidez de las redes, y argumenta que los activistas se organizan a una escala que mejor les proporciona una perspectiva de reconocimiento y éxito. Las alianzas transnacionales son particularmente importantes para crear estándares morales compartidos (Hanna et al., 2016; Keck & Sikkink, 1999), para comprender el carácter global del sistema alimentario mundial y para revelar la diversidad de los impactos negativos (incluyendo violaciones de los derechos humanos) experimentados en diferentes localidades y escalas (Edelman & Borras, 2016; Holt-Giménez & Shattuck, 2011).

Además de la acción directa, la sociedad civil también ha participado en diversas plataformas internacionales para desafiar el sistema alimentario mundial. Por ejemplo, la Red Mundial por el Derecho a la Alimentación y a la Nutrición unifica diferentes luchas para proteger los derechos humanos y especialmente el Derecho a la Alimentación (Global Network for the Right to Food and Nutrition, 2016). Otro ejemplo es el Mecanismo de la Sociedad Civil para las relaciones con el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de las Naciones Unidas, que es el mayor espacio internacional de organizaciones de sociedad civil cuyo objetivo es erradicar la inseguridad alimentaria y la malnutrición (CSM, 2018).

Tal como estas redes transnacionales, el Tribunal Monsanto surge de una red que une diferentes movimientos locales que comparten la necesidad de resistir al sistema alimentario mundial, con el fin de cambiar la forma en la que se practica la agricultura industrial a gran escala. El Tribunal Monsanto conectó varios actores de la sociedad civil (Cortellini, 2016), incluyendo la conocida red transnacional del Movimiento Internacional por la Soberanía Alimentaria, Vía Campesina. Por lo tanto, sirve como un estudio de caso relevante sobre redes transnacionales centradas en la alimentación y la agricultura. El Tribunal Monsanto ilustra cómo se buscaron alianzas horizontales y verticales entre organizaciones y personas (véase Scoones, 2008). Holt-Giménez & Shattuck (2011) sostienen que la resistencia al sistema alimentario mundial es a menudo descentralizada y de base local, y que esta naturaleza desconectada dificulta la presión a favor del cambio estructural. El contexto internacional del Tribunal Monsanto fue una oportunidad para superar esta desconexión.

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Los Tribunales Internacionales de los Pueblos en un contexto más amplio

Los Tribunales Internacionales de los Pueblos, como el Tribunal Monsanto, no son tribunales ordinarios, ya que no están comprendidos en la orden judicial de un Estado, ni son creados por la Corte Penal Internacional. Son más bien tribunales "extraordinarios", a menudo iniciados por organizaciones de la sociedad civil para examinar las normas de derecho aplicables a un acontecimiento o situación que implica graves violaciones de los derechos humanos y ambientales (Byrnes & Simm, 2018; Fraudatario & Tognoni, 2018). El primer Tribunal Internacional de los Pueblos, también conocido como "Tribunales de Opinión" o "Tribunales Internacionales de Ciudadanos", fue el Tribunal Russell en 1967. Este tribunal fue establecido para investigar el papel del gobierno de Estados Unidos en crímenes de guerra en Vietnam. Ya se han organizado más de ochenta tribunales desde el Tribunal Russell, lo que revela la falta de responsabilidad por los impactos adversos experimentados por la población local (Simm & Byrnes, 2014).

Una organización importante en este contexto es el Tribunal Permanente de los Pueblos, (Permanent Peoples’ Tribunal) establecido en Bolonia en 1979 (Fraudatario & Tognoni, 2018; Permanent Peoples’ Tribunal, 2015; Simm & Byrnes, 2014). El Tribunal Permanente de los Pueblos tiene como objetivo desarrollar el derecho "para y a través de las personas" (Fraudatario & Tognoni, 2018, p.135). El Tribunal estableció la Declaración de Argel (1976), en la que se considera que el papel activo de las personas tiene una importancia significativa en la "formulación y afirmación de los derechos" (Fraudatario & Tognoni, 2018, p.138). Esta organización está construida alrededor de una red internacional de expertos legales, científicos y otros individuos reconocidos por su independencia y competencia (Permanent Peoples’ Tribunal, 2015). Los expertos emiten opiniones legales sobre (posibles) violaciones de los derechos humanos, incluidas las violaciones graves de los derechos humanos reconocidas en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. En 2011, se celebró una audiencia en Bangalore, en la India, sobre cómo las empresas agroquímicas multinacionales causan y/o contribuyen a "la muerte masiva, el terrible daño a la salud, el saqueo del medio ambiente y la destrucción del equilibrio ecológico y la biodiversidad" (Permanent Peoples’ Tribunal, 2011, p.1).

Los tribunales tienen sus limitaciones, ya que sus recomendaciones y opiniones legales no tienen fuerza legal y, por lo tanto, puede parecer que tienen poco impacto directo (Simm & Byrnes, 2014). Sin embargo, al seguir procedimientos judiciales formales que incluyen la participación de expertos legales y científicos internacionales, estos tribunales presentan una vía en la que se pueden discutir abiertamente temas controversiales que son esenciales para catalizar cambios fundamentales en el sistema global (Fraudatario & Tognoni, 2018).

El Tribunal Internacional de Monsanto y los Principios Rectores de la ONU como marco de referencia

El método judicial del Tribunal Monsanto fue modelado a partir de los procedimientos de la Corte Penal Internacional e implicó la presentación de pruebas a jueces imparciales, con

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experiencia reconocida en la materia, para emitir un fallo (IMT, 2018a). En total, cinco jueces reconocidos internacionalmente escucharon a testigos y expertos de cinco continentes (véase Anexos I y II).

Como es típico en los Tribunales Internacionales de los Pueblos, el Tribunal Monsanto fue organizado en colaboración entre movimientos sociales y expertos internacionales (legales) de varios países. Vandana Shiva, científica y activista ambiental reconocida internacionalmente, y Marie-Monique Robin, periodista y directora del documental El Mundo según Monsanto, estuvieron entre las principales iniciadoras. Otras personas de alto perfil, como Olivier de Schutter, ex-Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación (2008- 2014), compusieron el Comité Directivo (IMT, 2018a). Simultáneamente a las audiencias del Tribunal, se hizo una Asamblea Popular. El objetivo de la Asamblea era doble: discutir estrategias que puedan resolver los problemas causados por el actual sistema alimentario mundial y encontrar maneras de cambiar las prácticas de los sistemas alimentarios mundiales. La Asamblea constituyó una oportunidad para que los movimientos sociales de todo el mundo intercambiarán ideas sobre modelos de desarrollo alternativos (IMT, 2018a).

Otro tema principal fue el de fortalecer la argumentación para que el delito de ecocidio sea reconocido en el derecho internacional. El término "ecocidio" se refiere al daño ambiental y la destrucción de un territorio a una escala tan masiva que pone en peligro directo la supervivencia de los habitantes de esa región y causa alteraciones a largo plazo en los bienes comunes globales o los recursos de los ecosistemas (Galston, 1967; Gray, 1996; IMT, 2017a). Aproximadamente 750 personas de más de 30 países participaron en las audiencias y eventos, y más de 10.000 personas vieron la transmisión en vivo de las audiencias (IMT, 2018a). Este interés en el Tribunal Monsanto reveló la relevancia social del tema y demostró el carácter global de las resistencias contra el sistema alimentario global dominante.

Monsanto fue invitado a participar en las audiencias del Tribunal pero rechazó la oferta (IMT, 2018a). Monsanto respondió al Tribunal publicando en el sitio web de la empresa dos cartas abiertas firmadas por su propio Comité Directivo de Derechos Humanos. La primera carta abierta se publicó unos días antes del inicio del Tribunal (véase Monsanto, 2016). La segunda se publicó después de que se presentará la opinión legal (Monsanto, 2017). Monsanto describió al Tribunal como "no un verdadero diálogo. Es un evento escenificado, un simulacro de juicio en el que la tecnología anti-agrícola y los críticos anti-Monsanto juegan a ser organizadores, jueces y jurados, y en el que el resultado está predeterminado" (Monsanto, 2016). La segunda carta abierta afirma que el Tribunal se limitó a calumniar a la empresa sin aportar pruebas creíbles. La respuesta de Monsanto no sorprende. Es común que los acusados se nieguen a participar en los Tribunales del Pueblo. Según Byrnes & Simm (2018, p.20), "la negativa de un acusado a responder o a comparecer hace que sea más fácil para los críticos argumentar en contra de la legitimidad del tribunal". La razón por la que Monsanto se negó a participar en el Tribunal podría interpretarse como una estrategia para denigrar el proceso y, a su vez, el impacto potencial de la opinión legal.

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Los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos

Un resultado importante del Tribunal fue la emisión de una opinión legal sobre la responsabilidad de Monsanto por presuntas violaciones de los derechos humanos (IMT, 2018a). Para ello, el Tribunal se basó en los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos (UN, 2011). En 2011, la aprobación de estos Principios por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estableció un principio fundamental: la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos (UN, 2011). Este principio implica que las empresas deben respetar los derechos humanos dondequiera que operen. Esta responsabilidad se aplica independientemente de las obligaciones e (in)acciones de los gobiernos en materia de derechos humanos (UN, 2011).

Para operacionalizar y cumplir con esta responsabilidad, se requiere que las empresas realicen una "diligencia debida de derechos humanos" (véase Ruggie, 2013), un proceso que identifica y aborda todos los riesgos e impactos a los derechos humanos en relación con sus actividades, relaciones comerciales y productos. Cuando ya se han producido impactos, se espera que las empresas proporcionen formas efectivas de remediarlos (UN, 2011). En la práctica, esto significa que las empresas multinacionales deben llevar a cabo Evaluaciones del Impacto en los Derechos Humanos (Gotzmann, 2014), integrar las normas de derechos humanos en sus políticas y procedimientos, y establecer mecanismos funcionales de presentación de quejas operativas a nivel del sitio del proyecto (UN, 2011; van der Ploeg & Vanclay, 2017).

La aprobación de los Principios Rectores, y en particular el principio de la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos, ha resultado tanto en críticas como elogios por parte de diversos grupos. Su carácter voluntario es una gran decepción para los defensores de los derechos humanos, los académicos y las ONG internacionales (Deva & Bilchitz, 2013; HRW, 2011). Sin embargo, teniendo en cuenta la falta de claridad y los desacuerdos durante décadas y, por lo tanto, la ausencia de cualquier tipo de norma acordada sobre las responsabilidades internacionales de las empresas en materia de derechos humanos, otros autores han señalado la importancia de que los Principios Rectores sean aprobado a nivel global. Los Principios Rectores constituyen un punto de partida para seguir desarrollando y fortaleciendo las responsabilidades de las empresas en materia de derechos humanos (véase Blitt, 2012).

Dado que los gobiernos locales no pueden (o no quieren) hacer frente a los efectos negativos causados por las empresas multinacionales en sus países, la aplicación de las “obligaciones extraterritoriales” pueden ser tratadas mejor a nivel de las Naciones Unidas, lo que puede dar lugar a la formalización de las responsabilidades de estas empresas en materia de derechos humanos en virtud del derecho internacional. El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos ha seguido elaborando y negociando un tratado sobre las empresas y los derechos humanos (Bilchitz, 2016; de Schutter, 2016; OHCHR, 2018a). Recientemente, en julio de 2018, se hizo público el proyecto de Tratado sobre las Empresas Transnacionales y Otros Intereses Comerciales con respecto a los derechos humanos (OHCHR, 2018b). Esto demuestra el potencial de las normas voluntarias a la

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responsabilidad jurídica cuando las empresas multinacionales infringen las normas internacionales de derechos humanos.

Aunque los Principios Rectores no proporcionan una base jurídica para responsabilizar a las empresas, su aplicación en el Tribunal Monsanto es ejemplar en cuanto a la forma en que las presuntas violaciones de los derechos humanos por las empresas podrían ser investigadas en un contexto internacional. Con la falta de reparación local por los impactos adversos sobre los derechos humanos causados por las empresas transnacionales, y en ausencia de normas jurídicas internacionales, los Principios Rectores proporcionan, hasta ahora, las únicas directrices autorizadas que describen claramente lo que se espera que las empresas hagan en términos de respeto a los derechos humanos.

Las pruebas presentadas ante el Tribunal Internacional Monsanto

Durante el Tribunal Monsanto, los jueces escucharon a 28 testigos y expertos legales de 16 países (véase Anexo II para una lista de testigos) que reportaron sobre la participación de Monsanto en los impactos negativos experimentados por individuos y comunidades. En apoyo a las declaraciones, los jueces recibieron varios estudios científicos de científicos y expertos,2 así como resúmenes e informes jurídicos preparados por Olivier de Schutter en colaboración con la Universidad de Lovaina (Bélgica) y la Universidad de Yale (EE.UU.) (IMT, 2018a). Cada sesión judicial se estructuró en torno a impactos específicos del sistema alimentario mundial y en relación con los productos y la conducta de Monsanto. Entre ellas figuraban los efectos sobre la salud humana, los suelos y las plantas, la salud animal, la biodiversidad, los agricultores y el derecho a la alimentación, y la presión sobre las partes interesadas y las instituciones.

La salud humana

El contacto directo con agroquímicos está relacionado con muchos problemas de salud, abortos espontáneos, defectos congénitos de nacimiento y el cáncer de linfoma no Hodgkin (Clausing et al., 2018; REDUAS, 2010). Dos madres, Sabine Grataloup de Francia y María Liz Robledo de Argentina, contaron cómo la exposición directa e indirecta a agroquímicos durante sus embarazos causó malformaciones congénitas en sus hijos. Estas madres no fueron las primeras en llamar la atención sobre los efectos negativos de la deriva de plaguicidas en la salud de los niños (véase Gupta, 2015). Sabine y María enfatizaron que no recibieron información adecuada sobre los riesgos potenciales sobre la salud del glifosato y otros agroquímicos, por ejemplo, en las etiquetas de estos productos. Además, observaron que en todo el mundo se producen problemas de salud similares, pero que esta información no se comparte suficientemente. Haciéndose eco de Newell (2009), quien argumenta que el Estado argentino es cómplice de los agronegocios transnacionales para promover la biotecnología transgénica en Argentina, María Liz Robledo describió cómo el gobierno argentino apoya el sistema alimentario mundial, ignorando las preocupaciones de sus ciudadanos:

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En mi país no somos escuchados. Hay algunas leyes, pero no son implementadas. No tenemos espacios donde poder ser escuchados, donde reclamar. No hay legislación vigente, ni a nivel municipal, ni a nivel provincial, ni a nivel nacional. La información además que nos brindan, los medios de comunicación masivos, está totalmente manipulada, justamente para que vayamos por otro lugar, para que no tomemos conciencia.(María Liz Robledo3)

Suelo y plantas

El biólogo Don Huber4 de los Estados Unidos (representado durante el Tribunal por el biólogo Art Dunham) proporcionó evidencia sobre el daño ecológico que el glifosato causó a través de su actividad antibiótica, alterando drásticamente el equilibrio biológico natural de los microbios del suelo, humanos y animales (véase Johal & Huber, 2009). Huber no sólo abogó por regular el uso del glifosato, si no que además propone una prohibición total. Argumentó que la aplicación irresponsable y excesiva de glifosato en los cultivos transgénicos es una forma de ecocidio. Otras preocupaciones que Huber planteó fueron la pérdida de productividad e ingresos y el aumento de toxinas en la cadena alimenticia.5

Sanidad animal

El agricultor Id Borup Pedersen, de Dinamarca, describió la relación entre el uso de soja transgénica y Roundup y el aumento de la infertilidad, los abortos espontáneos y las deformidades en los animales de su granja. El agricultor testificó sobre las diferencias que notó sobre sus cerdos cuando cambió de forraje transgénico a forraje a base de cultivos no transgénicos. Por ejemplo, sus cerdas se calmaron, produjeron más leche y se volvieron más fértiles.

Biodiversidad

Los apicultores mexicanos Feliciano Ucan Poot y Angélica El Canche describieron cómo el proceso de producción y comercialización de su miel orgánica ha sido afectado por el sistema alimentario mundial. Los apicultores explicaron que su miel se contaminó debido a que sus abejas recolectaron polen de plantas de soja transgénica. Como la ley en Europa pide que la miel debe estar libre de transgénicos, no pudieron vender su miel al mercado europeo. Feliciano y Angélica enfatizaron cómo el bienestar de las comunidades mayas se ha visto afectado por la deforestación, la contaminación del agua y, en particular, el uso del glifosato. Las preocupaciones sobre la pérdida de biodiversidad y agrodiversidad, el uso excesivo de agroquímicos, la deforestación y la deriva de pesticidas sobre las comunidades se reflejan en la literatura académica (véase Lapegna, 2016; Leguizamón, 2014; Wainwright & Mercer,

2011). Resumido por Angélica El Canche:

Estamos viviendo la mortandad de abejas que están ligadas con fumigaciones, tanto terrestres como aéreas. Reducciones en sus poblaciones. Lo que trae una consecuencia, una disminución de la producción de la miel y por lo tanto un menor ingreso para las familias campesinas mayas.

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Los agricultores y el derecho a la alimentación

Durante la duración del Tribunal Monsanto,varios productores agrícolas expresaron su preocupación por el derecho a la alimentación. Percy Schmeiser, un agricultor de Canadá, informó que Monsanto lo presionó para que pagara regalías por las semillas de canola (colza) transgénica que se dispersaron en su propiedad. Schmeiser es un símbolo internacional y portavoz de los derechos de los agricultores independientes y de la regulación de los cultivos transgénicos durante su larga batalla legal contra Monsanto. El científico Bir Chaudhary, testificó que la introducción de semillas transgénicas está indirectamente relacionada con las altas tasas de suicidio entre los agricultores de la India que se endeudan debido al pago de regalías a las corporaciones multinacionales, causando tragedias para las familias y perturbando la composición demográfica del país (véase Shiva & Jalees, 1998). Ousmane Tiendrébéogo, miembro de la Unión Nacional de Agricultores de Burkina Faso, testificó sobre los impactos negativos que la expansión del algodón transgénico tiene sobre los pequeños productores, incluyendo la migración forzada como resultado de la pérdida de empleos e ingresos. Este testimonio está respaldado por estudios científicos que explican los efectos negativos de la implementación del algodón transgénico en Burkina Faso (Dowd-Uribe, 2014; Gray & Dowd-Uribe, 2013; Sanou et al., 2018).

Presión sobre actores sociales e instituciones

El último grupo de testigos denunció a Monsanto por emplear rutinariamente tácticas deshonestas y engañosas para obtener la aprobación de sus cultivos transgénicos y los herbicidas asociados y para desacreditar los hallazgos sobre sus impactos. El caso más famoso de manipulación de una investigación científica es el del biólogo francés Gilles Eric Séralini y su equipo de investigación (2014a), que realizaron uno de los primeros estudios sobre los efectos a largo plazo del glifosato en ratas. Los resultados documentan la toxicidad a largo plazo del glifosato, desacreditando y contradiciendo las investigaciones conducidas por Monsanto. Uno de los investigadores describió la masiva campaña de relaciones públicas, financiada por Monsanto, que fue creada para desacreditar los estudios de Séralini (Séralini et al., 2014a). Además, la revista Food & Chemical Toxicology que aceptó este artículo lo retiró de su publicación. El artículo fue luego publicado por el Journal of Environmental Science Europe. Esta historia es confirmada por Krimsky y Gillam (2018) que consiguieron los documentos internos de Monsanto que muestran estas maniobras.

Esta amplia gama de testimonios ilustra el carácter global del sistema alimentario mundial y sus consecuencias negativas a diferentes escalas (Craviotti, 2017; Giraldo, 2015; Goldfarb & van der Haar, 2016; Krimsky & Gillam, 2018; McKay & Colque, 2016; McMichael, 2009). El Tribunal Monsanto recogió todos estos testimonios, incluyendo declaraciones de impacto social, ambiental y de salud, para corroborar las afirmaciones hechas por los testigos y los expertos legales.

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Opinión legal del Tribunal

El 18 de abril de 2017, seis meses después de las audiencias del Tribunal, los jueces emitieron su opinión legal en La Haya. Al utilizar el marco de los Principios Rectores como base "legal", los jueces determinaron qué derechos fueron específicamente afectados, teniendo en cuenta la Carta Internacional de Derechos Humanos (UN, 1948), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (UN, 1966a), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (UN, 1966b), la Convención sobre los Derechos del Niño (UN, 1989), y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (UN, 1979). La opinión legal se refiere a si la conducta de Monsanto violó o afectó negativamente los derechos reconocidos en estos tratados internacionales. Los jueces concluyeron que la conducta de Monsanto afectó negativamente a cuatro conjuntos de derechos humanos (IMT, 2017a):

●El derecho a un medio ambiente sano: Monsanto ha participado en prácticas que han causado graves impactos ambientales, como la amenaza a la biodiversidad y a las comunidades a nivel global.

●El derecho a la alimentación: Las actividades de Monsanto han afectado negativamente la disponibilidad de alimentos para individuos y comunidades, la soberanía alimentaria y la capacidad de producir alimentos adecuados.

●El derecho a la salud: Las prácticas de Monsanto han dañado no sólo la salud física, sino también la salud mental de las personas. Las actividades de la empresa han interferido con el disfrute de un medio ambiente sano, ya que emplea sustancias peligrosas, como los bifenilos policlorados (PCB), el glifosato y los transgénicos.

●La libertad académica indispensable para la investigación científica y el derecho a la libertad de expresión, incluido el acceso a la información: Monsanto ha desacreditado la investigación científica independiente al socavar la credibilidad de los investigadores. Monsanto presentó informes de investigación falsos, escritos por sustitutos que no revelaron su relación con la compañía. La compañía ha presionado y sobornado a gobiernos y funcionarios públicos para que aprueben sus productos, a pesar de válidos informes científicos que se oponen a su aprobación. El abuso de la libertad académica indispensable para la investigación científica se ve agravado por los riesgos para la salud y el medio ambiente que presenta la conducta de Monsanto. Cuando los científicos no disponen de la libertad necesaria para realizar su trabajo, la sociedad carece de herramientas para salvaguardar derechos fundamentales como el derecho a la información.

La opinión legal concluyó que, "si el crimen de Ecocidio fuera reconocido en el derecho penal internacional... las actividades de Monsanto podrían constituir un crimen de Ecocidio como causante de daños sustanciales y duraderos a la biodiversidad y a los ecosistemas, afectando la vida y la salud de las poblaciones humanas" (IMT, 2017a, p.47). En 2010, la abogada británica Polly Higgins presentó una propuesta sobre el ecocidio como enmienda al Estatuto

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de Roma a la Comisión de Derecho Internacional, un organismo de las Naciones Unidas que sirve para promover el desarrollo progresivo del derecho internacional (Higgins, 2015). Sin embargo, esta propuesta no fue aceptada (Higgins, 2015). La opinión legal del Tribunal Monsanto sirve como un firme estímulo para que el Estatuto de Roma reconozca eventualmente al ecocidio como un quinto delito.

Conclusión

El sistema alimentario mundial tiene graves consecuencias para la salud humana y animal, la calidad del suelo, la biodiversidad y la calidad de vida de los agricultores y su capacidad para alimentar a sus familias. Por lo tanto, un número creciente de movimientos y expertos expresan su descontento y desafían al modelo convencional de producción de alimentos. Este trabajo destaca el potencial de las redes transnacionales para desafiar al sistema alimentario mundial. El Tribunal Monsanto ofrece un ejemplo para comprender mejor las dinámicas transnacionales de resistencia contra el sistema alimentario mundial.

El Tribunal Monsanto dio como resultado el fortalecimiento y la creación de redes transnacionales y brindó una oportunidad importante para que afectados y expertos compartan sus historias y experiencias. Este Tribunal, al igual que otros Tribunales de los Pueblos realizados sobre temas controversiales, sirvió de plataforma para intercambiar conocimientos entre los diferentes actores, con el fin de fortalecer la capacidad de las redes de movimientos sociales para lograr sus objetivos.

La reputación de Monsanto se vio afectada negativamente por el Tribunal. Con la adquisición reciente de Monsanto por Bayer (en junio de 2018), Monsanto puede tener la oportunidad de "limpiar" el nombre de la compañía (Daniels, 2018). Sin embargo, es probable que, incluso después de esta fusión corporativa, Monsanto y Bayer sigan estando al centro de la disputa. Un ejemplo de esto es que la Corte del Estado de California ordenó que Monsanto pague $289 millones de dólares a DeWayne Johnson (veredicto emitido en agosto de 2018). Durante este juicio se puso en evidencia que la exposición al Roundup causó a DeWayne Johnson su cáncer (linfoma no Hodgkin) y que Monsanto no advirtió sobre los peligros para la salud de la exposición al Roundup (Levin & Greenfield, 2018). Este veredicto confirma la validez de los testimonios dados durante el Tribunal Monsanto. En consecuencia, las acciones de Bayers cayeron significativamente y Bayer anunció que planea apelar el fallo (Rosenblatt, 2018).

Los Tribunales Internacionales de los Pueblos, como el Tribunal Monsanto, son importantes para crear conciencia sobre la brecha existente entre el derecho internacional y la responsabilidad que tienen las corporaciones multinacionales por los impactos negativos de sus prácticas y tecnologías en los territorios en donde operan (Simm & Byrnes, 2014). El Tribunal Monsanto subrayó la necesidad de que las empresas transnacionales sean sometidas a las normas internacionales de derechos humanos. Dado que la metodología utilizada por el Tribunal fue adoptada de la Corte Penal Internacional, la opinión legal puede considerarse legítima y podría utilizarse en procedimientos legales formales. Además, es probable que el enfoque jurídico formal y la profundidad de los hallazgos del Tribunal Monsanto sean

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reconocidos por otros espacios internacionales, lo que con el tiempo podría resultar en una mayor influencia e impacto político.

A medida que el sistema alimentario mundial continúa produciendo impactos negativos en todo el mundo, se necesitan urgentemente cambios estructurales. El Tribunal Monsanto creó una alta visibilidad de los múltiples impactos negativos del sistema alimentario mundial en todas sus escalas. Al proponer al ecocidio como crimen de lesa humanidad, el Tribunal presenta potencial para elaborar un marco jurídico internacional en virtud del cual las empresas transnacionales puedan ser consideradas responsables de la degradación ecológica que crean con sus prácticas.

Agradecimientos

Agradecemos a las/los tres revisores anónimos de Globalizations por sus comentarios y sugerencias para mejorar este artículo (publicado originalmente en inglés en esta revista). Agradecemos también a Juan Andrés Cumiz por darnos su opinión sobre los aspectos legales de los tribunales internacionales.

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ANEXO I: INFORMACIÓN SOBRE LOS JUECES DEL TRIBUNAL MONSANTO

	Juez			Pais			Las afilicaciones actuales incluyen:
	Dior Fall Sow			Senegal			● Consultora de la Corte Penal Internacional en
							La Haya, Países Bajos.
	Jorge Fernández			México			● Magistrado del Tribunal de lo Contencioso
							Administrativo de la Ciudad de México.
	Souza
	Eleonora Lamm			Argentina			● Subdirectora de Derechos Humanos de la Suprema
							Corte de Justicia de Mendoza, Argentina.
	Steven Shrybman			Canadá			● Socio en el bufete de abogados de Goldblatt
							Partners LLP en Toronto, Canada.
							● Director Ejecutivo del Consejo Canadiense y del
							Instituto de Políticas Agrícolas y Comerciales.
	Françoise Tulkens			Bélgica			● Profesora de la Universidad de Lovaina (Bélgica)
							● Miembro asociada de la Real Academia Belga
							desde 2011.

Fuente: autoras, basado en IMT, 2018b.

ANEXO II: LISTA DE TESTIGOS EN EL TRIBUNAL INTERNACIONAL DE MONSANTO

	Tema			País			Testigo			Rol/Ocupación
				Francia			Sabine Grataloup			Madre
	(1) Impacto en la			Argentina			Maria Liz Robledo			Madre
	salud humana
				EEUU			Christine Sheppard			Afectado Roundup
				EEUU			Timothy Litzenburg			Abogado
				Sri Lanka			Kolon Saman			Víctima Roundup
				Sri Lanka			Channa Jayasumana			Experto salud ambiental
				Argentina			Damián Verzeñassi			Médico salud pública
				Brasil			Marcelo Firpo			Investigador salud pública y ambiental

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		Argentina	Diego Fernández	Agricultor
	(2) Impacto en los
	suelos y plantas	EEUU	Art Dunham for Don Huber	Biólogo
		EEUU	Art Dunham	Veterinario
	(3) Impacto en la
		Alemania	Monika Krueger	Veterinaria
	salud animal
		Dinamarca	Id Borup Pedersen	Criador de cerdos
		México	Feliciano Ucan Poot	Apicultor
	(4) Impacto en la
	biodiversidad	México	Angélica El Canche	Apicultura
		México	María Colin	Abogada
		Australia	Steve Marsh	Agricultor
		Burkina Faso	Ousmane Tiendrébéogo	Agricultor
	(5) Impacto en los
	agricultores y el	India	Krishan Bir Chaudhary	Investigador
	derecho a la
	alimentación	Bangladesh	Farida Akhter	Analista de políticas públicas
		Canada	Percy Schmeiser	Agricultor
		Colombia	Pedro Pablo Mutumbajoy	Víctima Plan Colombia
	(6) Presiones sobre
	las partes	Francia	Paul François	Víctima Lasso
	interesadas y las
	instituciones	Argentina	Juan Ignacio Pereyra	Abogado
		Paraguay	Miguel Lovera	Agrónomo
		Francia	Gilles Eric Séralini	Investigador academico
		Canadá	Shiv Chopra	Experta agencia reguladora
		Reino Unido	Claire Robinson	Investigadora académica
		Alemania	Peter Clausing	Toxicólogo

Fuente: autoras, basado en el IMT, 2018a.

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Revista Administración Pública y Sociedad (APyS-IIFAP-FCS-UNC)

Nº 08, Julio-Diciembre 2019 - ISSN: 2524-9568

Tribunal Internacional Monsanto: la sociedad civil desafía al sistema alimentario global| BUSSCHER et al

1Las primeras cuatro autoras participaron en el Tribunal Internacional de Monsanto y en la Asamblea Popular asociada. Escucharon y grabaron los testimonios y participaron en varios talleres durante la Asamblea Popular. Otra fuente importante de información ha sido el sitio web del Tribunal Internacional de Monsanto. Además, la cuarta autora entrevistó a Juan Andrés Cumiz, un especialista en derecho penal que ayudó a aclarar las implicaciones jurídicas y futuras del Tribunal.

2Para más información: http://www.monsanto-tribunal.org/main.php?obj_id=159498052

3Toda la información sobre los testimonios, incluidas las citas, está disponible en el sitio web del Tribunal Monsanto: http://www.monsanto-tribunal.org/ En el anexo II figura una lista de testigos.

4Donald M. Huber es profesor emérito de la Universidad de Purdue; ex presidente del Programa Nacional de Recuperación de Enfermedades Vegetales del USDA; miembro del Comité de Patógenos de Amenaza para EE.UU.; y ex miembro del Consejo Consultivo de la Oficina de Evaluación de Tecnología, EE.UU. El Congreso; y del Grupo de Trabajo de Epidemiología Mundial del OTSG. Véase http://www.monsanto-tribunal.org/upload/asset_cache/76342986.pdf?rnd=IT6q1h

5Para más información véase: Memo. no. 7: Don Huber Biologo, La Haya, 15-16 de octubre 2016, http://www.monsanto-tribunal.org/upload/asset_cache/76342986.pdf?rnd=IT6q1h.

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