 |
Revista Administración Pública y Sociedad
(APyS-IIFAP-FCS-UNC) Nº 013, Enero-Junio 2022 - ISSN: 2524-9568
CONSENSO Y LEGITIMIDAD EN EL PROCESO LEGISLATIVO DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LOS BOSQUES NATIVOS DE CÓRDOBA (2008-2010)
CONSENSUS AND LEGITIMACY IN THE LEGISLATIVE PROCESS OF CORDOBA’S TERRITORIAL PLANNING OF NATIVE FORESTS (2008-2010)
MARÍA PAULA ÁVILA CASTROi
Fecha de Recepción: 21/02/2022 | Fecha de Aprobación: 16/06/2022
parlamentario.
Ordenamiento territorial de bosques nativos.
Consenso. Legitimidad.
debate.
Territorial planning of native forests.
Consensus. Legitimacy.
El proceso legislativo de ordenamiento territorial de los bosques nativos de Córdoba — más conocido como la ley de bosques— se constituye a partir de la exigencia derivada de la Ley nacional 26331 de presupuestos mínimos de protección de los bosques nativos, la cual obliga desde 2007 a que las jurisdicciones del país legislen sobre sus propios ordenamientos territoriales. Así, en agosto de 2010, la Legislatura de Córdoba sanciona la Ley 9814, una normativa cuyo objetivo es proteger a los bosques nativos provinciales por medio de un conjunto de criterios y categorías de conservación que se aplican territorialmente y definen diversas zonas de conservación.
La ley define que el mapa de los bosques nativos de Córdoba debe quedar constituido por áreas rojas (Categoría I) en las que se incluyen los sectores de bosques nativos de muy alto valor de conservación que no deben transformarse; áreas amarillas (Categoría II) que comprenden sectores de mediano valor de conservación que pueden estar degradados o en recuperación, pero que, con la implementación de actividades de restauración, pueden tener un valor alto de conservación y verse sometidas a determinados usos productivos; y áreas verdes (Categoría III) con sectores de bosques nativos de bajo valor de conservación que pueden transformarse parcialmente o en su totalidad, dentro de los criterios de la ley.
El campo discursivo legislativo que tiene por efecto el contenido de la normativa es altamente controvertido, de acuerdo con el escenario político provincial que lo caracteriza y el tratamiento que se le da al proyecto de ley en la Legislatura de Córdoba. Puesto que la ley nacional establecía la necesidad de que los ordenamientos de las jurisdicciones se confeccionaran por medio de procesos participativos, el gobierno provincial crea oportunamente una Comisión de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (COTBN) para Córdoba. La misma reúne una diversidad de instituciones, organizaciones y personalidades relacionadas con la protección ambiental, aunque no es este el único ámbito del que emerge una propuesta de ordenamiento, en tanto las entidades agropecuarias presentan en la Legislatura su propio anteproyecto, tal como lo vamos a detallar.
De esta manera, en el proceso parlamentario1 que transcurre entre 2008 y 2010, coexisten al menos dos propuestas y se desarrolla un trabajo en comisiones bastante prolongado. Una vez llegado el momento de tratamiento en el recinto, las discusiones entre las alternativas en pugna son ciertamente polémicas y la resolución del conflicto se da por la interposición a último momento de un proyecto oficialista. Ello explica en parte por qué, luego de la sanción, las disposiciones que regulan la ley reciben numerosas críticas y denuncias sobre todo por fuera del fuero legislativo.
Desde nuestro punto de vista, el nivel de controversia que caracteriza a este caso de legislación es un terreno privilegiado para analizar las tácticas y estrategias discursivas en conflicto, en especial las que refieren a una de las dimensiones del debate2, vinculada al enfrentamiento discursivo alrededor de la construcción de consensos políticos, el tipo de legitimación para la intervención en la hechura de la ley que configura cada discurso, así como la cuestión de la legalidad o ilegalidad del texto sancionado.
Para ello, vamos a presentar nuestra propuesta teórico-metodológica en el primer apartado, junto con el corpus documental sobre el que trabajamos para este análisis. A
continuación, nos detendremos en una caracterización del campo legislativo, en lo que refiere a las condiciones de posibilidad del debate parlamentario que se configura alrededor de las dimensiones señaladas. En un tercer apartado, vamos a desarrollar nuestro análisis, el cual muestra que el problema de la toma de decisiones, el consenso y los acuerdos deliberativos tienen su propio estatuto en los contextos legislativos, más allá de los contenidos de las leyes que se discuten. En el cuarto apartado, ofrecemos algunas reflexiones teóricas sobre el problema de la deliberación en la toma de decisiones. Finalizamos con las conclusiones, en las que retomamos los principales hallazgos del artículo.
Cabe destacar que, aunque este proceso legislativo data de 2008-2010, el tipo de procedimientos y configuración de la Legislatura que se describen en este artículo mantienen actuales los problemas que vamos a abordar, a la vez que nos permiten reflexionar sobre la particular dinámica legislativa para la toma de decisiones y los mecanismos democráticos propios de la provincia de Córdoba. Asimismo, si consideramos que nos hallamos frente a una ley tan vigente como controvertida, que aguarda una actualización con verdaderos desafíos para el parlamento cordobés, este artículo podría ofrecer reflexiones valiosas para los próximos avances en materia de protección ambiental de los bosques nativos.
Nuestro enfoque es el de un análisis del discurso que pone el énfasis en el enfrentamiento discursivo en un campo de relaciones de fuerza. Particularmente en el tratamiento que se le da al ordenamiento territorial de los bosques nativos de Córdoba, los discursos se contraponen alrededor de determinadas polémicas, y las y los representantes asumen discursividades diferentes acordes a diversas tácticas, las cuales integran a su vez estrategias y objetivos políticos específicos (Foucault, 2019). Se trata de atender el aspecto controversial de la problemática y la confrontación discursiva del procedimiento parlamentario, para poder comprender los objetivos y estrategias que se hallan en conflicto, así como las opiniones y concepciones políticas que estas hacen circular y definen a la protección de los bosques nativos.
Un punto de partida es la noción de campo discursivo, la cual —en el marco de nuestro objeto de estudio— refiere al campo discursivo de legislación ambiental sobre los bosques nativos de Córdoba. Un campo discursivo, más allá de su particularidad temática, se caracteriza por configurar la distribución de ciertas opciones teóricas o posibilidades estratégicas, que no son otra cosa que las múltiples opiniones posibles sobre un objeto de
deliberación (Foucault, 2015; 2018). Puesto que los discursos se inscriben en diversas opciones de enunciación como efecto y condición de las relaciones de fuerza, el enfrentamiento en ciertos campos discursivos es incesante y se organiza alrededor de determinados elementos polémicos que se pueden identificar por medio del análisis.
Las polémicas son dimensiones temáticas sobresalientes que se constituyen a partir del intercambio y enfrentamiento enunciativo entre dos o más discursos. En el caso de nuestro análisis, las polémicas incluyen las discusiones sobre aquellos contenidos de las leyes de bosques en tratamiento para los que no existen acuerdos —sea sobre sus disposiciones, o sobre si deban o no ser incluidos—. Así, se traducen en disputas específicas que remiten concretamente al contenido conceptual, a las figuras jurídicas y a los instrumentos de gestión incluidos en los artículos. Cuando se las estudia, se observa que las polémicas promueven todo tipo de posicionamientos estratégico-discursivos. En este artículo indagamos sobre apenas una de las múltiples polémicas que atraviesa a nuestro objeto, y es la referida a las cuestiones de consenso, legitimidad y legalidad de la normativa.
Todo discurso es una articulación —siempre provisoria— de prácticas discursivas y extradiscursivas, que se inscriben y configuran en un determinado campo discursivo y alrededor de ciertas dimensiones polémicas. Los discursos que identificamos en nuestro trabajo surgen, desde el punto de vista analítico, de las dimensiones polémicas de dicho campo discursivo; producen, reproducen y son producidos a la vez por estrategias, y se disponen una y otra vez en la movilización y circulación de intencionalidades políticas específicas.
Nuestro análisis del registro discursivo reconoce dos discursos que, con sus respectivas tácticas y estrategias, se ven permanentemente enfrentados en el campo de deliberación sobre la ley de bosques de Córdoba. Por un lado, el discurso ambiental fundamentalmente protagonizado por la Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (COTBN); por otro lado, el discurso productivista, sobre todo vehiculizado por el sector agropecuario encabezado por la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (CARTEZ). Muchas y muchos legisladores se identifican con uno u otro discurso, sin embargo, debemos considerar que otras y otros apoyan una consideración ambientalista o productivista según el objeto de debate o el contexto de deliberación que se pone en juego. El oficialismo de Unión por Córdoba (UPC)3, junto con la Unión Cívica Radical (UCR)4, por momentos, puede ubicarse claramente en el discurso ambiental en la medida que impera en la palabra de algunas y
algunos legisladores una aproximación ecológica del problema, mientras que en otros contextos enunciativos se expresan posicionamientos tácticos acordes al discurso productivo.
El corpus documental bajo análisis está constituido por el texto de la Ley 9814 y por la versión taquigráfica del debate y votación de la misma en la Unicameral cordobesa entre el 4 y el 5 de agosto de 2010. A su vez, hemos consultado los diversos proyectos que se presentaron para el tratamiento de la cuestión en la Legislatura y un nutrido conjunto de estudios especializados en el tratamiento de la ley de bosques de Córdoba y en las características de la normativa sancionada (CEDHA, 2009; Deon, 2016; Rossi, 2016; Salizzi, 2020; Schneider et al.,
2018; Silvetti et al., 2013; Vera y Giménez, 2011).
En este campo legislativo, no nos hallamos exclusivamente con un anteproyecto en el que rastrear modificaciones o debates entre parlamentarias y parlamentarios que tensionan sus miradas para cambiar el articulado. El único debate plenario en el recinto de la Unicameral5
—más allá de los trabajos en Comisión— se lleva adelante durante alrededor de ocho horas entre el 4 y el 5 de agosto de 2010, discusión que finaliza con la sanción de la Ley provincial 9814. En esa jornada se somete a votación un proyecto ingresado —apenas horas previas— por el oficialismo de Unión por Córdoba junto con otros partidos: un texto cuyo contenido y modo de tratamiento genera rechazos por parte de quienes venían trabajando durante dos años en otra propuesta. Si se analizan las tácticas discursivas durante esa jornada, así como el proceso previo, se puede concluir que el proyecto que obtiene su sanción es una de cuatro alternativas en pugna.
El Proyecto 1 es producto de las tareas de la mencionada Comisión de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos —la COTBN en adelante—, una Comisión que se conforma hacia noviembre de 2008 específicamente para la elaboración de un articulado de acuerdo con los lineamientos de la Ley nacional 26331 entre los que se solicitaba que el proceso de definición del ordenamiento territorial de cada provincia fuera participativo.
Fruto de una votación de sus integrantes, la presidencia de la COTBN queda en manos de la Dra. Alicia Barchuk, especialista en Ciencias Agropecuarias e investigadora de la Universidad Nacional de Córdoba. Algunas y algunos autores (Salizzi, 2020; Vera y Giménez, 2011) coinciden en que, apenas designadas las autoridades de la Comisión, la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona —CARTEZ en adelante— se retira voluntariamente
y le solicita a la Secretaría de Ambiente que disuelva la composición de la COTBN —algo que no prospera—.
La primera reunión de la COTBN es en diciembre de 2008, en la misma Secretaría de Ambiente (Schneider et al., 2018), y termina reuniendo a legisladores, investigadores de las universidades nacionales de Córdoba, Río Cuarto y Villa María, técnicas y técnicos del ámbito estatal provincial pertenecientes a la Secretaría de Ambiente y a la de Turismo, especialistas del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y de Parques Nacionales, y a referentes de diversas entidades privadas productivas, organizaciones y movimientos sociales como el Movimiento Campesino de Córdoba (MCC), la Federación Agraria Argentina (FAA), la Fundación para la Defensa del Medio Ambiente (FUNAM), las Asambleas Despierta, el Aula Abierta de Montaña, el Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA), Ecosistemas Argentinos, el Grupo Escalera, el Foro de los Ríos de Calamuchita, la Fundación Conydes, la Fundación Acude, el Foro Ambiental, el Proyecto de Reforestación de las Sierras de Córdoba, entre otros (Deon, 2016; Rossi, 2016; Schneider et al., 2018).
El trabajo de la COTBN se caracteriza, en primer lugar, por realizarse sin recursos económicos o logísticos aportados por los gobiernos provincial o nacional. El sostén principal de los talleres y actividades recae en las universidades implicadas en el proceso (Schneider et al., 2018). Por otro lado, resalta la inclusión en el relevamiento de la COTBN, no solo de la consideración de los aspectos ecológicos relacionados con el estado de los bosques nativos, sino también la incorporación en el diagnóstico y mapeo de la realidad económica y cultural campesina y de la agricultura familiar (Silvetti et al., 2013). Un sujeto importante que forma parte de la COTBN es el Movimiento Campesino de Córdoba, en tanto partícipe vinculado a la lucha por la tierra y la preservación del bosque nativo.
La Comisión funciona de manera participativa con los sujetos mencionados y realiza talleres de diagnóstico en diversas localidades cordobesas, en consideración de las principales cuencas hídricas de la provincia. Producto de este trabajo —que involucra mapeos y análisis de diversos criterios— resulta un anteproyecto que la COTBN presenta en una audiencia el 21 de mayo de 2009, en la que participan más de mil personas, entre las que no se encuentran presentes ni la Secretaría de Ambiente de la provincia ni los representantes de los bloques mayoritarios de la Legislatura (Vera y Giménez, 2011).
En términos generales, la COTBN promueve una adecuación directa a las disposiciones de la Ley nacional 26331, con base en criterios ecológicos de conservación y recuperación de los bosques nativos de la provincia. Como explican Vera y Giménez (2011), la presentación
formal del texto de la COTBN ante la Autoridad de Aplicación se realiza un mes más tarde de la audiencia, a partir de lo cual se espera que la Secretaría ingrese el proyecto en la Legislatura para su tratamiento. No es hasta octubre de ese año que la Secretaría de Ambiente acciona, elevando con una nota a la Unicameral un material producido por sus equipos técnicos y dos propuestas de ley: la de la COTBN y la de CARTEZ.
El de CARTEZ puede considerarse el Proyecto 2. Surge a pesar de que la hechura de la ley se había concentrado formalmente en la órbita de la COTBN, por iniciativa del sector productivo que, como ya apuntamos, se separa tempranamente de la Comisión y comienza a dialogar directamente con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la provincia (Aranda, 2010). Aunque “Esta iniciativa generó fuertes críticas por parte de la COTBN, en tanto interpretó que violaba la participación social requerida por la Ley nacional para establecer los criterios del ordenamiento” (Silvetti et al., 2013, p.11), el Proyecto tiene el apoyo de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO) y la Sociedad Rural Argentina (SRA).
De acuerdo con algunas y algunos autores, la propuesta se contrapone a los criterios de la COTBN y moviliza intereses económicos del sector productivo en un claro avance del agronegocio sobre el norte y el oeste de la provincia de Córdoba. Sus principales instrumentos tácticos son limitar las zonas de alto valor de conservación y flexibilizar la intervención del bosque nativo para introducir la ganadería (Schneider et al., 2018; Silvetti et al., 2013). Según CEDHA (2009), los criterios e instrumentos para estos objetivos no se corresponden con lo permitido en la ley nacional y se encuentran por debajo del nivel de protección de los presupuestos mínimos de la 26331.
Ante la existencia de un proyecto alternativo al oficialmente comisionado a la COTBN, la Secretaría de Ambiente de la provincia no lo descarta, a la vez que tampoco produce un proyecto de consenso entre ambas propuestas, a pesar de que el procedimiento indicaba que es esta área la responsable de confeccionar el contenido del anteproyecto a ser tratado en la Legislatura, de acuerdo a como lo había establecido el texto de la Resolución 328. Por el contrario, la Secretaría eleva los dos proyectos a la Unicameral y se desliga de la obligación de producir un texto de su autoría basado en el proceso participativo. De esta manera, la tarea de redacción se deposita en la Comisión de Asuntos Ecológicos de la Legislatura, presidida por el oficialista Marcelo Falo, y se inicia desde entonces la confección de un tercer anteproyecto.
Lo que se observa es que la decisión política —sea la de optar por uno u otro proyecto (por uno u otro modelo de ordenamiento territorial), o la de elaborar un articulado que los
combine o sintetice— es totalmente transferida del Ejecutivo al Legislativo. En nuestra opinión, es necesario que consideremos este proceder como parte de un movimiento táctico del oficialismo en el tratamiento de la cuestión, que tiene como efecto el desplazamiento de la confrontación de propuestas y la posibilidad de que CARTEZ sea incluida formalmente en el proceso de ordenamiento territorial de los bosques nativos de Córdoba. Consecuentemente, el enfrentamiento de proyectos que ya se había iniciado en la redacción de dos proyectos, ahora se transfiere y sigue curso en la Legislatura con el desafío de que allí se resuelvan los antagonismos entre la COTBN y CARTEZ.
En este contexto, la Comisión de Asuntos Ecológicos confecciona su propia propuesta que aquí concebimos como el Proyecto 3, el cual se presenta en junio de 2010. Según la opinión de las y los legisladores, toma como base principal los criterios y desarrollos de la COTBN, a la vez que resigna algunos aspectos en pos de que se negociara con posturas disidentes y con el objetivo de lograr el “consenso” necesario para su votación. Tal es el caso, por ejemplo, de la declaración de emergencia forestal, la cual abandona su inclusión en los primeros artículos y pasa a los últimos aspectos transitorios del proyecto. Sin embargo, el texto no adquiere estado parlamentario por despacho de la Comisión de Asuntos Ecológicos que lo está formulando, a pesar del paso del tiempo, a la vez que “comienzan a circular los rumores acerca de un posible proyecto de ley que estaría preparando el Ministerio de Agricultura, junto con técnicos contrarios a la COTBN” (Vera y Giménez, 2011, p. s/d).
Ante las dilaciones y la amenaza de que se le diera tratamiento a un proyecto de ley diferente, un conjunto de legisladoras y legisladores deciden darle estado parlamentario al Proyecto 3, ingresando el texto con sus firmas. Puede considerarse que esta acción acelera un proceso demasiado prolongado entre que la COTBN presentó su propuesta (mayo de 2009), CARTEZ elevó la suya (octubre de 2009), se pronunció la Secretaría de Ambiente (octubre de 2009) y se elaboró un borrador en la Legislatura (junio de 2010), en un contexto de elevada movilización socioambiental y cuestionamientos por parte de las y los protagonistas de la COTBN. Las y los parlamentarios que firmaron el proyecto no integran de manera formal la Comisión de Asuntos Ecológicos, pero estaban implicados en su confección y aguardaban, prórroga tras prórroga, que el legislador Falo lo hiciera ingresar, atentos a que los plazos de vigencia legislativa estaban en peligro. Dicho proyecto recibe el número 5662/L/2010 y es incluido en el orden del día de la sesión del 4 de agosto de 2010. Puesto que no cuenta con despacho de Comisión, las autoridades de la Legislatura proponen un tratamiento sobre tablas y la constitución de la Cámara en Comisión6. En ese marco y a continuación, el presidente de la
Unicameral, Daniel Passerini, solicita se considere otro texto, uno acordado la misma mañana del 4 de agosto como despacho de mayoría: “una forma de modificar totalmente el proyecto original apoyado por la COTBN” (Vera y Giménez, 2011, p. s/d).
Esto es, aquello que se vota en esta sesión histórica es un Proyecto 4, elaborado en la Comisión de Labor Parlamentaria de la Legislatura con el despacho de la mayoría: el bloque de Unión por Córdoba y, entre otros partidos políticos, el de la Unión Cívica Radical. El texto elaborado es leído por el resto de las y los parlamentarios la misma mañana y tratado por la tarde.
(…) el acuerdo introducido fue votado por 51 votos contra 11. Los bloques que no lo votaron, y que ratificaron su adhesión al proyecto N° 5662 fueron Concertación Plural, el Frente para la Victoria, la Coalición Cívica, el Vecinalismo Independiente, el Peronismo Militante, la Izquierda Socialista, la legisladora Adela Coria, y algunos legisladores del Frente Cívico y Social (Vera y Giménez, 2011, p. s/d).
La contundente mayoría de votos que recibe el proyecto del oficialismo, a pesar de no respetar el proceso participativo de elaboración del ordenamiento territorial que se había acordado, se explica por la configuración específica de los votos en la Unicameral que funcionan como condición de posibilidad de la inserción del Proyecto 4. El oficialismo, conducido en el Poder Ejecutivo por Juan Schiaretti, goza de una mayoría absoluta con quorum propio para el tratamiento de diversos asuntos. En efecto, en 2010, las y los legisladores del bloque oficialista de Unión por Córdoba suman 36 de un total de 70 bancas en toda la Legislatura. Hay que mencionar que, en el caso de esta normativa, UPC además consigue la adhesión del segundo partido político con más representación en la Unicameral, la Unión Cívica Radical.
Lo llamativo en esta serie de interposiciones de proyectos y de aplicación de arreglos procedimentales, dado por las relaciones de fuerza en el campo discursivo parlamentario cordobés, es que el miembro informante del Proyecto 4 es, nada más y nada menos, que el propio Marcelo Falo, autor del Proyecto 3. Él mismo, como veremos, representa al oficialismo en su propuesta e introduce las principales características de la nueva ley; a la par que expone ciertas dudas, marca las distancias con el que habían consensuado en la Comisión de Asuntos Ecológicos y sugiere algunas modificaciones que no prosperan.
De acuerdo con lo ya mencionado, podemos advertir que una cuestión significativa en el debate es la vinculada a la generación y definición de los consensos en torno a las visiones en conflicto y la votación del proyecto en tratamiento en el campo discursivo. El término consenso es mencionado en el transcurso del debate —como sustantivo, verbo o adjetivo directamente relacionado al proceso en cuestión— 104 veces, según nuestra sistematización del corpus documental, en la palabra de todas y todos los oradores al menos una vez. Es decir, ningún legislador o legisladora se abstiene de aludir en algún aspecto a la noción reiterada en el recinto de problematizar sobre la cuestión del consenso. ¿Qué tiene para decirnos esta obsesión por referir una y otra vez sobre la existencia o ausencia de consenso? ¿En qué términos se desarrolla este debate, más allá del detalle cuantitativo?
Cuando analizamos el juego discursivo que atraviesa a esta noción, es interesante que echemos mano del concepto de polivalencia táctica de los discursos (Foucault, 2019). Por ella nos referimos a los constantes desplazamientos y reutilizaciones de fórmulas idénticas para objetivos opuestos, lo cual no supone meramente la polisemia constitutiva del lenguaje, en lo que respecta a la diversidad de significados de un signo en diferentes contextos, sino a la función táctica del uso discontinuo de las mismas palabras con objetivos políticos enfrentados. En el recinto parlamentario se configuran dos sentidos alrededor del consenso, el primero en torno al Proyecto 4 que establece que la decisión de constituir a la Cámara en Comisión de un momento a otro responde a que, finalmente, la Legislatura se hallaba frente a un proyecto de consenso sobre el ordenamiento territorial de los bosques nativos. Se trata del acuerdo al que dicen arribar el bloque de Unión por Córdoba junto con los bloques de la Unión Cívica Radical, el Movimiento de Acción Vecinal, la Unión Vecinal Federal, el Movimiento Patriótico, el PRO y legisladores pertenecientes a otros bloques, a partir de lo cual elaboran un despacho común que se propone como despacho de mayoría de la Cámara en comisión (Daniel Passerini, UPC, Legislatura de Córdoba 4/8/2010).
En los términos de un problema de consenso, Falo anticipa desde el comienzo del debate que, una cosa es el consenso de la sociedad o de algunos sectores de la misma, y otra muy diferente es el consenso que se necesita al interior de una institución legislativa como la Unicameral. Esto es, el proyecto que se somete a votación por despacho de mayoría significa, precisamente, que el que importa es el consenso capaz de reunir la mayoría de los votos.
Después de ejercer varios años como legislador provincial, he aprendido que, aunque los proyectos sean muy “bonitos”, si no existen las suficientes manos levantadas para que los mismos se aprueben no dejan de ser solamente un “lindo papel” escrito que se guarda en un cajón y nunca llega a convertirse en ley (Marcelo Falo, UPC, Legislatura de Córdoba 4/8/2010).
(…) tendrá el mejor consenso que pueda tener una ley, más de dos tercios de la Cámara, una mayoría agravada (Daniel Passerini, UPC, Legislatura de Córdoba 4/8/2010).
Desde esta perspectiva, los esfuerzos de participación que se llevaron adelante en el contexto de la Comisión de Asuntos Ecológicos no fueron suficientes para superar la falta que ya presentaba el proyecto de la COTBN. Los argumentos del oficialismo pretenden caracterizar el tipo de valores y funciones propios de la institución parlamentaria. Es decir, si esta ley es “mejor” por conseguir los votos necesarios, aunque el contenido no sea “bonito” o no tenga suficiente respaldo jurídico y científico, es porque parece cumplir con los imperativos fundamentales del marco en el que se sanciona. Esto delinea una mirada particular tanto sobre la ley, como respecto de que los mejores resultados que debería producir un parlamento en cumplimiento de sus objetivos básicos son normativas “votadas” más allá de la calidad de los instrumentos que incluye.
Existe otro elemento argumentativo en la polémica que intenta justificar la validez de la ley sancionada:
(…) el gran resultado de todo este trabajo ha sido el abandono de las políticas de enfrentamiento por parte de muchos de los legisladores. A esto lo digo con sinceridad: la política de enfrentamiento está muy de moda hoy en día —y todos lo sabemos—, sobre todo a nivel nacional, donde parece que existe un solo camino, el de la resolución de los temas a través del enfrentamiento y la confrontación, lo que divide no solo a los representantes del pueblo sino a toda la sociedad. Entonces, creo que hoy tenemos que celebrar esto: haber elegido el camino del consenso, aunque parezca más lento, en lugar del enfrentamiento (Alejandra Matar, UCR, Legislatura de Córdoba 4/8/2010).
Aparece aquí lo que, desde el análisis de discurso, implica el atendimiento de las relaciones interdiscursivas puesto que, si observamos con detenimiento, existe una referencia más amplia al campo discursivo de la protección de los bosques nativos de Córdoba, relacionada con la frase de la legisladora antes citada: “la política de enfrentamiento está muy de moda hoy en día —y todos lo sabemos—, sobre todo a nivel nacional”. Esta expresión — que señala el tono de confrontación que la oposición le acusaba al gobierno nacional por el año 2010 en el marco de la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner7—, jerarquiza al problema del consenso como un asunto relevante, no solo para la legislación del
ordenamiento territorial de los bosques nativos, sino para la cultura política en general. Con ello, se busca sancionar aquellas posturas que se consideran extremas e intransigentes y ensalzar prácticas de moderación, concesión y negociación equilibrada que mejoren una situación de supuesto deterioro de la calidad deliberativa.
De esta manera, el camino del consenso al que refiere la legisladora implica concesiones de las partes y la anulación de la confrontación. Evidentemente, en esta interpretación subyacen dos presupuestos: uno que asume que en la arena política no existen jerarquías entre los involucrados, esto es, que todas las partes negocian en igualdad de condiciones; y otro que considera que, en consecuencia, las concesiones de cada parte se realizan de manera equitativa y no implican relaciones de poder. Todo ello habilita la idea de que, para que sea posible el consenso se debe abandonar el enfrentamiento, o lo que es lo mismo: que todo espíritu de enfrentamiento es caprichoso y evitable.
Si bien arrancamos desde posiciones antagónicas, intentando buscar un equilibrio, no se logró —somos conscientes de esto— de manera absoluta; tal vez por eso nadie esté conforme en un ciento por ciento; tanto afuera, como dentro de esta Legislatura hay ambientalistas que no están de acuerdo con esta ley, como tampoco lo están los productores que en este momento realizan un corte de ruta en Cruz del Eje. Hemos tratado de buscar un equilibrio; por eso, quienes asumimos posiciones más extremas consensuamos este proyecto para que podamos firmarlo la mayoría de los legisladores que integramos este Cuerpo (José Maiocco, Unión Vecinal Federal, Legislatura de Córdoba 4/8/2010).
La noción de consenso que advertimos aquí es la del conjunto de concesiones necesarias hasta el punto de equilibrio en el que se consiguen los votos de la mayoría de las y los legisladores, de acuerdo a cómo lo presentan desde el discurso productivista que promueve el Proyecto 4. Ello puede suponer, para alguna de las partes, que el texto no sea el deseado, pero sí la mejor opción desde el punto de vista de las condiciones de posibilidad al interior de la Unicameral. Esta concepción problematiza y discute con el consenso que se adjudican tanto la COTBN durante todo el proceso después de presentar su proyecto en una audiencia con más de mil personas, como la Comisión de Asuntos Ecológicos que dio continuidad a las discusiones de manera igualmente intersectorial. Frente al apoyo social o a la intersectorialidad, lo que se les denuncia a los proyectos anteriores al Proyecto 4 es haber caído en extremos sin apoyo político en el recinto.
De esta manera, frente a la existencia de un proyecto atribuible al ambientalismo (de la COTBN) o al productivismo (de CARTEZ), el del oficialismo se configura —en la argumentación de sus promotores y promotoras— como la normativa de todo un cuerpo legislativo, como una
política de Estado que trasciende los extremos y que puede, por lo tanto, extenderse como la ley de todas y todos los cordobeses. Esta táctica, así, se distancia de enunciaciones ambientales o productivas, para mostrar una superación de la confrontación discursiva y suprimir toda condición política de la normativa. Es decir, en el modo de presentar a la ley como un producto de la decisión imparcial de las y los legisladores, que no adhiere ni a un sector ni a otro, sino a una salida de término medio que puede beneficiar a toda la población, se pretende borrar las tensiones y los objetivos políticos que son constitutivos del proceso.
Creo que hemos tenido una gran oportunidad de debatir y hemos llegado a la mejor ley, que es la del consenso, la de la legitimidad y la de todos los cordobeses porque no es de los ruralistas, ni de los ambientalistas, ni de los del sur, ni de los del norte. Esta es la ley. Nada más. (Aplausos). (Silbidos en las gradas) (Daniel Passerini, UPC, Legislatura de Córdoba 4/8/2010).
La primera de las críticas a esta noción de consenso es que el enfrentamiento que se pretende superado por el proyecto que se vota no puede ser eludido, ni es deseable que así lo sea, en tanto los intereses existen y no pueden ser sintetizados en una postura intermedia, sino que los resultados de la lucha política entre diversas visiones de sociedad terminan favoreciendo a una u otra.
(…) con respecto a esta manía por el consenso, debo decir que no necesariamente este garantiza justicia o equilibrio de las partes. A veces, el consenso está dado por la fuerte presión de los poderosos (…) francamente, creo que estamos atravesando por un momento histórico en el que podríamos hablar de una democracia “agonal”, y no está mal hacerlo porque hay dos proyectos enfrentados, estando algunos de un lado y otros del otro; y es en función de eso que se termina legislando y gobernando (Nadia Fernández, Partido Comunista, Legislatura de Córdoba 4/8/2010).
Según el análisis de las y los legisladores de la COTBN el proyecto del consenso que defiende el oficialismo, si bien reúne los votos necesarios para su aprobación, no representa una propuesta de acuerdo o equilibrio en la que se toman en consideración los criterios ambientales de protección de los bosques nativos. Por su contenido y el modo en que es ingresado al recinto para su tratamiento, el discurso ambientalista concibe que el proyecto que resulta en ley desconoce los principales lineamientos de la ley nacional y habilita el desarrollo productivo sin consideraciones de preservación y restauración. Esto es, se inclina por los intereses económicos como efecto de específicas acciones de lobby, extorsión o “apriete” que encabezan entidades como CARTEZ.
(…) quienes firmamos y quienes desde la Comisión de Ambiente participaron en el proyecto de esos autores de manera muy activa somos tan solo actores, a nivel legislativo, de las posibilidades de ampliar los consensos que venían con el proyecto de
la COTBN. Señor presidente: nosotros nos debemos a esas actitudes democráticas; no nos debemos al apriete, al lobby, al poder económico de turno, a nada de eso (Aplausos) (Silvia Rivero, Concertación Plural, Legislatura de Córdoba 4/8/2010).
En consecuencia, las y los parlamentarios cuestionan la tan defendida confianza hacia el consenso por mayoría de votos, de acuerdo a como se caracteriza el proyecto del oficialismo. Si la confrontación de modelos que se pone en juego en la ley de ordenamiento territorial de bosques nativos es ineludible, una ley que simplemente reúne la mayoría de los votos no goza, de por sí, del valor del consenso. Más allá de la asociación consenso-mayorías, el discurso ambientalista moviliza una noción diferente, entendida como el resultado del proceso que la COTBN lleva adelante y al que se le da continuidad en la Comisión de Asuntos Ecológicos. Este proceso sobre el que vamos a profundizar en breve es la antítesis del mecanismo legislativo que promueve el oficialismo con el despacho de mayoría que se ingresa el mismo 4 de agosto.
Lo que se discute aquí es el modo en el que se arriba a los consensos, esto es, si se trata de una construcción de largo plazo y en respeto de las formas y tiempos apropiados, o del pragmatismo de las mayorías de UPC y la UCR en modalidades que se califican como coactivas, tal como se expresa en los términos “meter el pecho” (Augusto Varas, FPV, Legislatura de Córdoba 4/8/2010), “meter por la ventana” (Nadia Fernández, Partido Comunista, Legislatura de Córdoba 4/8/2010) o “meter la cola” (Roberto Birri, Frente Cívico, Legislatura de Córdoba 4/8/2010). La absoluta imposición de “meter” un proyecto es contradictoria con una noción de consenso, de ahí que se lo califique como cualquier cosa —incluso un “engendro” (Liliana Oliverio, Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Legislatura de Córdoba 4/8/2010)—, pero nunca como un texto de acuerdo y consentimiento de las partes involucradas.
Aquello que se construye desde el ambientalismo es una asociación del sentido del consenso con la participación y la pluralidad para la producción de una buena ley, más allá de la obtención de las mayorías en términos políticos. Los sentidos asociados al término consenso son variados en el discurso ambiental, pero apuntan a cuestionar las mayorías partidarias y a reivindicar las mayorías populares, a la vez que se hace reiterada mención a la idea de democracia como apego a procesos de deliberación entre diversos sectores de la sociedad. Así se introduce en la polémica la necesidad de que los procesos respeten ciertos valores políticos más allá de los oportunismos.
Para mí, la democracia sigue siendo el viejo concepto que aprendí en la escuela secundaria —seguramente todos lo hemos hecho—, y que no está siendo respetada en este proyecto. Los consensos, palabra que bastardeada ha sido introducida como pretexto para acuerdos espurios en políticas, no reflejan la voluntad popular, porque,
como aquí se ha dicho, no hay una mayoría que acuerde esto (Silvia Rivero, Concertación Plural, Legislatura de Córdoba 4/8/2010).
Desde aquí también se cuestiona cierta democracia que promueve “la ley posible” y que establece que se deben considerar las posibilidades en cada coyuntura, en favor de la valoración de la legalidad y el atendimiento de los criterios necesarios que merece una normativa de calidad —en este caso ambiental—, realizando una apreciación cualitativa sobre los resultados esperados de los procedimientos democráticos y de la decisión parlamentaria. Emerge una y otra vez la cuestión de cuál es el mejor producto de un proceso legislativo; y frente a la percepción del oficialismo de que la función más importante de la Unicameral es que las normativas reúnan los votos necesarios, aquí se concibe que lo posible y lo deseable de una legislatura se defina por la calidad de sus disposiciones.
Lo que se destaca de estas intervenciones, en definitiva, es que se opone frente al “consenso como mayorías” una idea de “consenso como participación social democrática”, en un escenario en el que el primero hace añicos de la mañana a la noche lo que al segundo le llevó el esfuerzo de años de colaboración y de trabajo intersectorial. En esta discusión se pone en juego la validez del proceso, de modo que es posible reclamar tácticamente por parte de las y los legisladores de la COTBN que el proyecto en tratamiento se sustenta en un proceder antidemocrático implementado por una minoría político-institucional. El consenso como participación social, sobre todo representado por la trayectoria de la COTBN, finalmente caracteriza a la maniobra de UPC y la UCR como la imposición antidemocrática de una minoría con mayoría de votos en representación del sector productivo agropecuario cordobés.
El proyecto de la participación ciudadana no logra ser aprobado, como queda expresado y resuelto en la madrugada del 5 de agosto; sin embargo, reclama para sí una legitimidad de la que el oficialismo no podría jactarse según los criterios del discurso ambientalista. Se trata de la legitimidad de la que están investidos los aportes diversos y plurales de los sectores académicos, técnico-gubernamentales y socioambientales, los cuales promueven criterios con fundamento o experiencia para la adecuada protección de los bosques nativos. Por el tipo de personalidades y organizaciones —entre las cuales se encuentran por el sector productivo una línea de la Federación Agraria Argentina y el Movimiento Campesino de Córdoba—, no se puede asegurar que los objetivos e instrumentos de gestión ambiental que sostiene la COTBN impliquen la defensa de intereses con cierto poder económico o ánimo de lucro. La táctica
discursiva, aquí, apunta a establecer que la participación social desinteresada no busca otro consenso que no sea el de salvaguardar el bosque nativo, aspecto que discursivamente legitima la bondad y preferencia del proyecto de la COTBN y de la Comisión de Asuntos Ecológicos, frente a la movilización de intereses agroganaderos que supone la búsqueda de consensos de las minorías sociales con quorum propio en el recinto.
Tuvimos oportunidad de escuchar múltiples exposiciones en las que no solamente hablaban encumbrados académicos universitarios de Córdoba, sino también sencillos campesinos que nos contaban sus experiencias y vivencias dentro de los bosques nativos (Marcelo Falo, UPC, Legislatura de Córdoba 4/8/2010).
(…) aunque suene redundante porque a este reconocimiento ya lo ha realizado más de uno, es un acto de estricta justicia destacar el aporte de esa treintena de instituciones que forman parte del tejido social de la Provincia de Córdoba que, luego de un trabajo de un año y medio, les están ofreciendo a esta y a las generaciones venideras un proyecto para que el futuro también sea sustentable (Roberto Birri, Frente Cívico, Legislatura de Córdoba 4/8/2010).
El aspecto más importante en la legitimidad de las y los integrantes de la COTBN, más allá de que se reconocen las visiones de territorio de los sectores campesinos e indígenas está, sin lugar a dudas, en el registro científico con el que están investidos sus aportes. La autoridad científica de una mayoría de instituciones y cátedras universitarias, así como de equipos técnicos del sector estatal, es la que posibilita sostener que la defensa del ambiente no es un ambientalismo irracional e ingenuo, sino la única respuesta seria, objetiva y justificada frente al deterioro de los bosques nativos.
Me consta que la COTBN, organizada, autoconvocada en función y en cumplimiento de la ley nacional, además del soporte científico, tuvo un reflejo orgánico, no fue desorganizada; es decir, tuvo la participación orgánica de muchos sectores que fueron reconocidos y recibidos por un organismo del Estado. Digo esto en respuesta a algunos legisladores que pretendieron subestimar esta inquietud, estimando que era soñadora y utópica cuando, en realidad, está cargada de crudo realismo (Aplausos) (Nadia Fernández, Partido Comunista, Legislatura de Córdoba 4/8/2010).
Como en la mayoría de las controversias ecológicas, la ciencia juega un papel de legitimación política para las posturas en disputa de gran importancia. Al respecto, Koberwein (2018) estudia la transformación de la ciencia como herramienta de lucha política en el caso de Córdoba. Considera que la apelación del conocimiento científico es posible en el caso de la defensa de los bosques, en la medida en que el análisis da cuenta de un conflicto más general por la legitimidad de una crisis ambiental provincial.
Por su parte, la contienda discursiva desde el oficialismo frente a la denuncia del ambientalismo de carecer de legitimidad en la promoción de su propio proyecto se puede
rastrear en cinco tácticas diferentes. Por un lado, se busca mostrar la continuidad entre el trabajo de la Comisión de Asuntos Ecológicos —que había realizado el Proyecto 3— y el Proyecto 4 que se somete a votación por obra del oficialismo, a pesar de que entre ambos hay diferencias considerables.
(…) se tomó como eje de la discusión el proyecto que fuera presentado por la Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (COTBN) creada para tal fin, el cual, además, contó con el consenso de todos los sectores involucrados: ambientalistas, campesinos e investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba (Enrique Sella, UPC-Villa María, Legislatura de Córdoba 4/8/2010).
En segundo lugar, el consenso de las mayorías edifica la legitimidad de la propuesta en tanto es promovida por legisladores y legisladoras representantes de los departamentos del norte de Córdoba que conocen las necesidades de sus pobladores respecto del vínculo con el bosque nativo. Esto implica justificar y avalar la votación por el proyecto del oficialismo con base en la representatividad territorial de las y los legisladores.
(…) no debemos perder de vista que esta ley, además de otros aspectos, va a dictar ordenamientos y cuestiones que están relacionadas con el norte y el oeste de nuestra provincia. En esta Legislatura hay una importante cantidad de legisladores que tienen representación territorial, que viven, militan políticamente y tienen un contacto permanente con las instituciones de su territorio y su gente, a la cual representan y defienden (Aplausos) con legitimidad y legalidad. Creo no equivocarme, pero todos los legisladores que representan a los departamentos del norte y el oeste de la provincia, a la hora de votar, van a acompañar el despacho que tiene el consenso de la mayoría (Daniel Passerini, UPC, Legislatura de Córdoba 4/8/2010).
Es interesante señalar que la modalidad enunciativa característica de esta táctica no es de tipo cientificista o jurídica, como en otros casos que exploramos, sino que consiste en autorizar la argumentación del oficialismo con base en la mencionada representatividad y conocimiento de causa que se adjudican las y los legisladores que provienen de los departamentos del norte cordobés. El valor de esta posición en el enfrentamiento es significativo, no solo por una cuestión de origen geográfico o de compromiso con la defensa de las mencionadas poblaciones, sino también por la investidura del cargo legislativo conseguido por voto popular que jerarquiza las opiniones de quienes defienden la Ley 9814.
Por otra parte, el oficialismo en el recinto pretende debilitar la legitimidad de la COTBN a partir de denunciar dos aspectos concretos: el supuesto acuerdo académico del que dan cuenta los diagnósticos, criterios y propuestas de la COTBN, y la arbitrariedad de su conformación en apariencia plural y representativa. En el primer aspecto, se pretende enfatizar el hecho de que existe controversia científica respecto de los beneficios y perjuicios
de los modelos productivos y los esquemas de protección posibles, de modo que las aseveraciones de la COTBN no pueden considerarse verdades absolutas, sino alternativas posibles y provisorias. Por otra parte, que la COTBN esté mayormente integrada por referentes académicos, organizaciones campesinas y asociaciones civiles lleva a un cuestionamiento sobre la transparencia de su composición, la cual es calificada de caprichosa y parcial, en la medida en que no supo mantener representantes de las entidades agropecuarias ni establecer mecanismos formales para su constitución.
No existiendo una ubicación clara en el tema de los tiempos, de los términos y de las contradicciones que existen en Ambiente, nos hacen algunas recomendaciones como verdad fundamental acerca de qué es bueno y qué no, además del desmérito de los que podemos tener una posición distinta en función de este juego de la democracia (…) creo que no hay una opinión uniforme en este tema (…) ¿Cómo puede ser que el titular del INTA tenga una posición acerca de las pasturas y un profesor de la Universidad Nacional de Córdoba tenga otra? Es decir, no hay científicamente una postura única acerca de cómo deben ser explotados los recursos naturales. ¿Qué podemos pretender cada uno de nosotros de ser dueños de la verdad? (Carlos Alesandri, UPC-Calamuchita, Legislatura de Córdoba 4/8/2010).
(…) estamos en desacuerdo —y lo dijo Marcelo hace un rato— con la antigua comisión que se pretendía imponer en esta ley de la COTBN, que no es la que está hoy porque la conformación de aquella comisión quedaba al libre arbitrio (José Maiocco, Unión Vecinal Federal, Legislatura de Córdoba 4/8/2010).
La quinta táctica de legitimación del proyecto del oficialismo es la de utilizar abiertamente el lenguaje ambiental en el recinto, sobre todo como podemos hallarlo en la palabra del legislador Sella. La intervención de este parlamentario es la más extensa entre todas las que se registran, a pesar de que no se refiere al articulado de la normativa que informa, sino que se aboca a describir la situación ambiental que atraviesa la provincia, en particular sobre el desmonte, aunque también respecto de otras consecuencias indeseadas del avance de la frontera agropecuaria, como la contaminación por agrotóxicos. Para su diagnóstico, del cual reproducimos algunos brevísimos extractos con el objetivo de que queden en evidencia los incontables enunciados en términos ecológicos, se presentan datos respaldatorios afines a los números y apreciaciones desarrolladas por la COTBN durante su trabajo, con información estadística e histórica. La intervención de Sella cierra asegurando la coherencia entre el proyecto de las mayorías con la legislación nacional e introduce varios extractos del discurso de Juan Domingo Perón de 1972.
(…) el proceso de transformación de los bosques nativos que enfrenta la Argentina reúne el agravante de que el reemplazo de los mismos se produce principalmente por el monocultivo de soja. Nuestra provincia no ha sido ni es la excepción en este proceso de deforestación tan negativo y devastador que sufren sus bosques nativos (…) cabe
destacar que los ecosistemas boscosos son considerados como la organización vegetal más compleja, dado que involucran diferentes tipos biológicos vegetales como hierbas, arbustos, árboles y formaciones vegetales que brindan un hábitat adecuado para otro tipo de organismos, tales como algas, hongos y animales vertebrados e invertebrados. (…) entre las importantes pérdidas que produce la degradación de los bosques y la deforestación, se destacan la fertilidad del suelo, el paisaje forestal, los valores culturales y espirituales, la regulación de aguas superficiales y del subsuelo, la modificación de los procesos de intercepción, infiltración y evapotranspiración; pérdida de la calidad del agua, de la diversidad biológica, de posibilidad de uso sustentable por la fauna silvestre; aumento de los procesos erosivos con riesgo de desertificación y producción de algunos gases causantes del efecto invernadero, todo esto sumado a la migración interna de los habitantes del bosque hacia los centros urbanos y sus alrededores (Enrique Sella, UPC-Villa María, Legislatura de Córdoba 4/8/2010).
El problema de la soja se menciona alrededor de cinco veces, y algunos datos sobre el desmonte se repiten con los mismos números. La disertación es ciertamente desordenada y redundante, y tiene algunos errores como el de decir “glisofato” en lugar de glifosato. Esta torpeza enunciativa que se caracteriza sobre todo por una reiteración abrumadora de conceptos y datos, y por la presentación de la situación como “una emergencia sin precedentes” —una frase explícita de la COTBN (XXXX, 2019)—, se muestra como el síntoma de un uso político específico del lenguaje ambiental. Como tal, no pretende sustentar en debate el contenido de algunos artículos o la introducción de determinados mecanismos o instrumentos de gestión del ordenamiento territorial, sino que parece querer dialogar en los términos en los que se pronuncia el grupo opositor de legisladores de la COTBN e introducir un diagnóstico y un proyecto contestes con sus modos de apreciación de la problemática y con las disposiciones de sus propuestas. Esto es, ya que no es un discurso de convencimiento o de argumentación en respaldo del contenido de la ley, sino de descripción de un estado de cosas muy amplio, podríamos inclinarnos a pensar que pretende, más que otra cosa, ser portavoz de una modalidad enunciativa científico-ecológica antes que la justificación de una serie de disposiciones específicas. Una forma de enunciar la problemática que pueda considerarse afín al sector ambiental que más se resiste a sus propuestas.
Ya analizamos que las modalidades enunciativas remiten al diverso conjunto de estatutos —que dan derecho a hacer determinados usos autorizados del lenguaje—; de ámbitos institucionales —que en este caso se refieren a la legislatura y los modos adecuados para la deliberación pública—; y de posiciones que habilita el discurso para los sujetos que los pronuncian. Esto es interesante para el abordaje que estamos realizando de la táctica del productivismo, en la medida en que se echa mano del poder autorizante y sustentado en
evidencia científica que conlleva la problematización ecológica de la situación de los bosques nativos, para reunir apoyo y aceptación desde el ala opositora. Esto despierta en las y los promotores de la postura de la COTBN la necesidad de exponer que se trata de un argumento sin asidero en el contenido concreto de los artículos del proyecto en cuestión. Por eso se suscita en el recinto todo un debate y una denuncia sobre la disputa discursiva y un problema de congruencia. Para la legisladora Adela Coria se trata de un caso de “doble discurso” y para el legislador Birri de una violación del principio de congruencia entre el discurso y la acción.
Como lo analizábamos anteriormente, además de utilizar un lenguaje ambiental, el oficialismo busca mostrar una continuidad entre todo el proceso desde que se crea la COTBN hasta que se vota la Ley 9814. La tarea de la oposición se configura, hacia el futuro y a partir de este escenario, en dos frentes: por un lado, en lo que se muestra como una “lucha semántica” (Nadia Fernández, Partido Comunista) o una “guerra discursiva” (Adela Coria, Bloque unipersonal), que convoca a las y los legisladores a discutir contenidos, disputar sentidos y aclarar el mapa de actores y responsabilidades con la nueva ley de ordenamiento territorial. Es decir, aunque el discurso ambientalista no puede modificar el contenido de la normativa que será aprobada, debido a una posición en las relaciones de fuerza del campo discursivo parlamentario que parece asumir claramente, no abandona el juego parlamentario y responde a las tácticas del discurso productivista. Los aspectos más importantes que se disputan en el recinto mismo cuestionan varias nociones del oficialismo: que la ley sancionada no es continuación del proceso de la COTBN, que no goza de los mismos apoyos, que utilizar un lenguaje ambientalista no es sinónimo de defender el ambiente, que el nuevo ordenamiento territorial de bosques nativos se halla en conflicto con los criterios de protección de la ley nacional y que, por ello, no permitirá una adecuada conservación de los recursos boscosos de la provincia.
Por otro lado, la disputa de la COTBN no se define exclusivamente en el terreno de la polemización pública por las interpretaciones sobre el proceso y resultado de la ley de bosques, sino también en el campo de la legalidad de la 9814, un aspecto igual de importante que el de la legitimidad que acabamos de analizar.
El corrimiento de la normativa de las disposiciones, sobre todo de la Ley nacional 26331, se anticipa ya en el recinto en dos sentidos: en primer lugar, respecto de las formas en que fue tratada y sancionada, puesto que no fue producto de un proceso participativo. Pero, en
segundo lugar y, sobre todo, por su contenido en diversidad de aspectos que se señalan durante todo el debate.
(…) los puntos contenidos en el proyecto en tratamiento resultan contrarios a los Presupuestos Mínimos de la Ley nacional 26.331. Este despacho de Cámara en comisión, de ser aprobado, resultaría inconstitucional (aplausos), por no adecuarse el texto y el espíritu, a la ley referida (Modesta Genesio de Stabio, Vecinalismo Independiente, Legislatura de Córdoba 4/8/2010).
(…) en el marco de esta ley, se tendrá que ver si se recurre a la Corte como se hizo en Salta, o qué se hace; todo depende del nivel de organización de quienes han tenido participación en la redacción del proyecto de la COTBN, y que presentamos de buena gana y convencidos de su contenido (Nadia Fernández, Partido Comunista, Legislatura de Córdoba 4/8/2010).
(…) lamentablemente, es un final que ninguno de los setenta legisladores desea: si se vota de la manera que el bipartidismo legislativo está planteando, seguramente va a ser tachada de inconstitucionalidad. (Aplausos) (Roberto Birri, Frente Cívico, Legislatura de Córdoba 4/8/2010).
La amenaza del pedido de inconstitucionalidad que realizan algunas y algunos legisladores no consigue que siquiera se modifique una palabra del texto en tratamiento. El oficialismo no somete ningún aspecto del contenido del proyecto al debate sobre su adecuación respecto de los presupuestos mínimos de protección de los bosques nativos, o de cualquier otro conjunto de referencias. La legalidad de la ley no es discutida por la pertinencia de sus disposiciones, sino que es sostenida a partir del consenso declarado y de las tácticas de legitimación analizadas.
Esta Cámara tiene como función fundamental legislar. Si la ley resulta ser inconstitucional, otro poder del Estado lo va a determinar con posterioridad (Enrique Sella, UPC-Villa María, Legislatura de Córdoba 4/8/2010).
Muchas veces hemos escuchado durante la sanción de distintas leyes, al acabarse los argumentos, que eran anticonstitucionales. Nosotros vamos a defender y sostener la legalidad de la ley. Seguramente hay legisladores que no están de acuerdo, eso pasa siempre en las legislaturas, señor presidente. Entonces, ¿por qué nos rasgamos las vestiduras si hoy disentimos en algunas cuestiones? (Daniel Passerini, UPC, Legislatura de Córdoba 4/8/2010).
Lo que el oficialismo intenta mostrar, hasta el final del debate, es que las objeciones de las y los legisladores afines a la COTBN no tienen sustento legal o validez objetiva, sino que son expresión subjetiva de inconformidad y frustración de quienes no logran ver plasmadas sus perspectivas en la normativa sancionada. Para UPC no existe ilegalidad en el procedimiento o resultado de la ley, sino un inevitable desacuerdo político entre partes. Nuevamente, se desdibujan las condiciones de desigualdad entre la COTBN y el oficialismo, la influencia del capital agroganadero o las propias diferencias de peso entre los bloques partidarios para la
incidencia real en la toma de decisiones, y se promueve una idea ficticia de arena pública en la que simplemente existen diferentes posicionamientos frente a una polémica. Sin embargo, desde nuestra mirada, los campos discursivos no son meras configuraciones de abanicos de sentidos, sino, sobre todo, opciones temáticas atravesadas por relaciones de fuerza específicas. En los campos discursivos algunas prácticas discursivas se hallan habilitadas, evidentes o legitimadas, y otras prohibidas, ocultas o desautorizadas.
Lo que se conoce en sociología política como toma de decisiones por consenso (Urfalino, 2013) remite, en realidad, a aquellos procesos en los que se arriba a una decisión por medio de un acuerdo derivado y percibible del diálogo deliberativo. De manera que la existencia de un consenso es contradictoria con un mecanismo que descansa en el voto, como el caso de la dinámica de la Unicameral cordobesa. Así, la decisión por consenso y la votación —incluso de voto por unanimidad— son dos procedimientos distintos de cierre de la decisión colectiva. El primero no realiza un recuento de preferencias, mientras que la segunda se basa en una regla numérica de agregación que considera las preferencias de las mayorías (simples, absolutas o calificadas).
Es cierto que una dimensión importante del consenso —y que lo diferencia de la agregación de preferencias— es la calidad de la decisión, puesto que hay una concepción del consenso que asocia estrechamente aprobación y calidad de la decisión, esto es, una noción de “consenso de calidad” (Urfalino, 2013, p.78). De esta manera, aunque nuestro campo discursivo de análisis no puede considerarse un caso de decisión por consenso, sí podemos asumir que se están tensionando permanentemente dos perspectivas políticas diferentes: una que valora aquellas decisiones que responden a la regla de las mayorías, es decir, que privilegia la representatividad de las voluntades; y otra que prioriza la calidad del proceso de toma de decisiones y la existencia de un acuerdo compartido, aunque no necesariamente unánime.
Otra discusión que da Urfalino (2013) refiere a los diversos requisitos que debe cumplir una deliberación para ser considerada como tal. El autor dice al respecto que la deliberación y la decisión colectivas son un fenómeno normativo, es decir, producen una obligación con su resultado. Por otro lado, requiere el uso de una regla de cierre o un mecanismo, a la vez que se establece que la deliberación es la actividad de un colectivo que no se reduce a la pluralidad de sus miembros. Hasta aquí nos identificamos con los procesos que venimos discutiendo y podríamos asegurar que el tratamiento de la 9814 se condice con estas características. No
ocurre lo mismo con la condición más importante de la deliberación, por medio de la cual basta con que uno o varios participantes no tengan su opinión completamente fijada para que haya deliberación:
(…) la exigencia normativa que debe ser respetada para que pueda decirse que existe sin lugar a dudas deliberación es que todos los participantes no tengan ya su voluntad completamente determinada y fijada y que, por consiguiente, los discursos intercambiados sean capaces de contribuir a la formación de la determinación de algunas de estas voluntades (Urfalino, 2013, p.53).
Desde esta posición teórica deberíamos decir que existe deliberación en el campo discursivo cordobés durante un proceso extenso que comienza con la creación de la COTBN y que continúa sobre todo en la Comisión de Asuntos Ecológicos, pero no en lo que respecta a la sesión legislativa del 4 y 5 de agosto de 2010. En esta ocasión, todas y todos los participantes saben de antemano que, en términos procedimentales, el oficialismo cuenta con los votos necesarios para que el proyecto sea aprobado y que el debate es una mera formalidad y no una oportunidad política para definir o modificar posturas por medio del intercambio de argumentos.
Sin embargo, nuestro análisis del corpus documental nos muestra que el debate es verdaderamente extenso, controvertido, que hay un intercambio de enunciados, diálogos y referencias alrededor de las principales dimensiones polémicas de la protección de los bosques nativos. Sobre todo, hemos visto en qué medida el problema de los consensos es estructurante del intercambio. De manera que, para nuestro análisis de discurso, las distinciones entre decisión, deliberación o consenso, por ejemplo, pueden ser ilustrativas, pero no definen el carácter político y la relevancia o pertinencia de un determinado campo discursivo bajo indagación. Sí lo define, por el contrario, el hecho de que exista un juego de opciones estratégico-discursivas. Es decir, aunque el desenlace del tratamiento parlamentario esté preestablecido y sea inevitable, persiste el interés político de los diversos discursos de movilizar tácticas y estrategias con relación al futuro del ordenamiento territorial de los bosques nativos de Córdoba.
Consideramos que mientras se configure un específico juego de opciones discursivas que valga la pena disputar, de acuerdo con las diversas estrategias políticas de los discursos en lucha, mientras contemple unas relaciones de fuerza en las que haya posibilidad de oposición y resistencia (aunque ello no suponga la posibilidad estricta de modificar una toma de decisiones concreta), hay una deliberación o contienda discursiva plausible de ser analizada, como lo
podemos identificar en el caso de la sanción de esta ley, y unas estrategias que incluso exceden al propio debate en el recinto. Como apunta Foucault (1988):
La puesta en juego de relaciones de poder no es, evidentemente, más exclusiva del uso de la violencia que de la adquisición del consenso; sin duda, el ejercicio del poder no puede prescindir del uno o de la otra, y con frecuencia de ambos a la vez. Pero, a pesar de que el consenso y la violencia son los instrumentos o los resultados, no constituyen el principio o la naturaleza básica del poder. El ejercicio del poder puede producir tanta aceptación como se desee: puede acumular muertos y refugiarse tras las amenazas que pueda imaginar. En sí mismo, el ejercicio del poder no es una violencia a veces oculta; tampoco es un consenso que, implícitamente, se prorroga. Es un conjunto de acciones sobre acciones posibles; opera sobre el campo de posibilidad o se inscribe en el comportamiento de los sujetos actuantes: incita, induce, seduce, facilita o dificulta; amplía o limita, vuelve más o menos probable; de manera extrema, constriñe o prohíbe de modo absoluto; con todo, siempre es una manera de actuar sobre un sujeto actuante o sobre sujetos actuantes, en tanto que actúan o son susceptibles de actuar. Un conjunto de acciones sobre otras acciones (pp.14-15).
En este artículo abordamos el nivel de controversia que caracteriza al campo discursivo de legislación de la Ley 9814 y que lo define como un terreno privilegiado para estudiar las tácticas y estrategias discursivas en conflicto en las problemáticas ambientales. El análisis del registro documental reconoce dos discursos que se ven permanentemente enfrentados en el campo de deliberación sobre la ley de bosques de Córdoba. Por un lado, el discurso ambiental fundamentalmente protagonizado por la Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (COTBN); por otro lado, el discurso productivista, sobre todo vehiculizado por el sector agropecuario encabezado por la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (CARTEZ) y expresado en las intervenciones de algunas y algunos legisladores oficialistas.
Al respecto, una cuestión significativa en el debate es la vinculada a la generación y definición de los consensos en torno a las visiones en conflicto y la votación del proyecto en tratamiento. La preocupación por la definición de qué significa el consenso o la existencia de una ley consensuada se relaciona con el hecho de que los recursos formales dentro del En esta ocasión, todas y todos las/os participantes Unicameral favorece la posibilidad de que el oficialismo, desde el Ejecutivo y por medio de sus representantes en el Legislativo, inserte casi sin obstáculos las leyes de su necesidad. Esto aplica incluso en circunstancias como las del ordenamiento territorial de los bosques nativos, que debía llevarse adelante por medio de un proceso participativo según instrucciones de la Ley nacional 26331. Estas son unas condiciones
de posibilidad de la normativa que no pueden desconocerse en el estudio del enfrentamiento parlamentario entre diversos discursos.
Así, observamos que en el recinto parlamentario se configuran dos sentidos alrededor del consenso. El primero, en torno al proyecto oficialista que establece que la decisión de constituir a la Cámara en Comisión de un momento a otro responde a que, finalmente, la Legislatura se hallaba frente a un proyecto de consenso sobre el ordenamiento territorial de los bosques nativos. En estos términos, el que importa es el consenso capaz de reunir la mayoría de los votos, por lo que los esfuerzos de participación que se llevaron adelante en el contexto de la Comisión de Asuntos Ecológicos no fueron suficientes para superar la falta que ya presentaba el proyecto de la COTBN.
Analizamos que los argumentos del discurso oficialista pretenden caracterizar el tipo de valores y funciones propios de la institución parlamentaria. Es decir, si la ley es “mejor” por conseguir los votos necesarios, aunque el contenido no sea el más adecuado o no tenga suficiente respaldo jurídico y científico, es porque parece cumplir con los imperativos fundamentales del marco en el que se sanciona. Esto delinea una mirada particular tanto sobre la ley, como respecto de que los mejores resultados que debería producir un parlamento en cumplimiento de sus objetivos básicos son normativas “votadas” más allá de la calidad de los instrumentos que incluye.
A su vez, el proyecto del oficialismo consigue sancionar, con este posicionamiento estratégico, aquellas posturas que se consideran extremas e intransigentes y ensalzar prácticas de moderación, concesión y negociación equilibrada que mejoren una situación de supuesto deterioro de la calidad deliberativa. Esto es, frente a la existencia de un proyecto atribuible al ambientalismo (de la COTBN) o al productivismo (de CARTEZ), el del oficialismo se configura — en la argumentación de sus promotores y promotoras— como la normativa de todo un cuerpo legislativo: una política de Estado que trasciende los extremos y que puede, por lo tanto, extenderse como la ley de todas y todos los cordobeses.
Según el análisis de las y los legisladores del discurso ambientalista el proyecto del consenso que defiende el oficialismo, si bien reúne los votos necesarios para su aprobación, no representa una propuesta de acuerdo o equilibrio en la que se toman en consideración los criterios ambientales de protección de los bosques nativos. Analizamos que este discurso moviliza una noción diferente de consenso, entendido como el resultado del proceso que la COTBN lleva adelante y al que se le da continuidad en la Comisión de Asuntos Ecológicos. Aquello que se construye desde el ambientalismo es una asociación del sentido del consenso
con la participación y la pluralidad para la producción de una buena ley, más allá de la obtención de las mayorías en términos políticos.
Identificamos que las y los legisladores de la COTBN apuntan a cuestionar las mayorías partidarias y a reivindicar las mayorías populares, a la vez que hacen reiterada mención de la idea de democracia como apego a procesos de deliberación entre diversos sectores de la sociedad. Así se introduce en la polémica la necesidad de que los procesos respeten ciertos valores políticos más allá de los oportunismos.
En este artículo también exploramos la dimensión de la legitimidad y el modo en que ambos discursos confrontan al respecto en el recinto. El ambientalismo reclama para sí una legitimidad de la que el oficialismo no podría jactarse según los parámetros normativos y ecológicos. Se trata de la legitimidad de la que están investidos los aportes diversos y plurales de los sectores académicos, técnico-gubernamentales y socioambientales; los cuales promueven criterios con fundamento o experiencia para la adecuada protección de los bosques nativos. La táctica discursiva, aquí, apunta a establecer que la participación social desinteresada no busca otro consenso que no sea el de salvaguardar el bosque nativo, aspecto que discursivamente legitima la bondad y preferencia del proyecto de la COTBN y de la Comisión de Asuntos Ecológicos, frente a la movilización de intereses agroganaderos que supone la búsqueda de consensos del oficialismo con quorum propio en el recinto. Nos detuvimos en el hecho de que la autoridad científica de una mayoría de instituciones y cátedras universitarias, así como de equipos técnicos del sector estatal, es la que posibilita sostener que la defensa del ambiente no es un ambientalismo irracional e ingenuo, sino la única respuesta seria, objetiva y justificada frente al deterioro de los bosques nativos.
La contienda discursiva desde el oficialismo frente a la denuncia del ambientalismo de carecer de legitimidad en la promoción de su propio proyecto se puede rastrear en cinco tácticas diferentes. Por un lado, el discurso oficialista busca mostrar la continuidad entre el trabajo de la Comisión de Asuntos Ecológicos y la Ley 9814. En segundo lugar, el consenso de las mayorías edifica la legitimidad de la propuesta en tanto es promovida por legisladores y legisladoras representantes de los departamentos del norte de Córdoba que aseguran conocer adecuadamente las necesidades de sus pobladores respecto del vínculo con el bosque nativo. Tercero y cuarto, se pretende debilitar la legitimidad de la COTBN a partir de denunciar dos aspectos concretos: el supuesto acuerdo académico del que dan cuenta los diagnósticos, criterios y propuestas de la COTBN; y la arbitrariedad de su conformación en apariencia plural
y representativa. La quinta táctica de legitimación del proyecto del oficialismo es la de utilizar abiertamente el lenguaje ambiental en el recinto.
Finalmente, consideramos que la normativa resultante presenta deficiencias sobre todo respecto de las disposiciones de la Ley nacional 26331, que se anticipan ya en el recinto en dos sentidos: en primer lugar, respecto de las formas en que fue tratada y sancionada, puesto que no fue producto de un proceso participativo. Pero, en segundo lugar y, sobre todo, por su contenido problemático en diversidad de aspectos que se señalan durante todo el debate. Esto supone que el discurso ambientalista ensaye una amenaza táctica de solicitud de declaración de inconstitucionalidad en el Poder Judicial, si la ley es sancionada.
Sin embargo, como mencionamos en la introducción, el campo discursivo legislativo no fue cerrado con la sanción de la Ley 9814, en parte porque la polémica continuó posteriormente al debate, a la vez que el ordenamiento territorial de los bosques nativos de Córdoba debe ser actualizado cada cinco años, según lo indica la Ley nacional 26331. Desde la perspectiva de análisis del poder que hemos sostenido en este artículo, consideramos que la experiencia deliberativa de 2008-2010 en conjunto con el estudio del intento de actualización que se gesta sin resultados positivos hacia 2017 y la sanción de otras normativas ambientales como la Ley 10208 de política ambiental de Córdoba de 2014, pueden ser un insumo interesante de cara a los desafíos futuros en materia de protección ambiental de los bosques.
ÁVILA CASTRO, María Paula (2016) “‘Una amenaza sin precedentes’. Problematización contemporánea de la cuestión de los bosques nativos en Córdoba y el país”. Crítica y Resistencias. Revista de conflictos sociales latinoamericanos, 9, 70-89.
CEDHA (2009). “Consideraciones críticas acerca del anteproyecto de ordenamiento territorial del bosque nativo presentado por la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (CARTEZ)”. Centro de Derechos Humanos y Ambiente. Recuperado de: https://center-hre.org/
DEON, Joaquín (2016). “¿Caminando hacia el movimiento contra el desmonte en Córdoba?” Cardinalis, 4(6), 63-90. Recuperado de: https://revistas.unc.edu.ar/index.php/cardi/article/view/14884
FOUCAULT, Michel (1988). “El sujeto y el poder”. Revista Mexicana de Sociología, 50(3), 3-20. https://www.jstor.org/stable/3540551
FOUCAULT, Michel (2015). Saber, historia y discurso. Buenos Aires: Prometeo. FOUCAULT, Michel (2018). La Arqueología del saber. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
FOUCAULT, Michel (2019). Historia de la sexualidad. Tomo 1: La voluntad de saber. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
KOBERWEIN, Adrián (2018). “Ciencia, derecho, política y cultura en el conflicto por el bosque nativo en la provincia de Córdoba, Argentina”. Revista del Museo de Antropología, 11(1), 217-228. https://doi.org/10.31048/1852.4826.v11.n1.19917
ROSSI, Leonardo (2016). Córdoba respira lucha. El modelo agrario: resistencias y nuevos mundos posibles. Villa María: Eduvim.
NATANSON, José (2009). “Argentina: elecciones en tiempos de grieta”. Revista Nueva Sociedad, 281. Recuperado de: https://nuso.org/articulo/argentina-elecciones-grieta-macrismo-kirchnerismo/
SALIZZI, Esteban (2020). “Agronegocio, deforestación y disputas en torno al Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia de Córdoba (Argentina)”. Territorios, 43, 1-28. https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/territorios/a.7982
SCHNEIDER, Cristian, DE LUCA, Natalia y DASSANO, Melina (2018). Ley de bosques en Córdoba: el sentido de la participación ciudadana en políticas públicas. En FARN (Ed.) Informe Ambiental Anual 2018. (pp.313-332). Buenos Aires: Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). Recuperado de: https://farn.org.ar/wp-content/uploads/2020/06/2018_IAF.pdf
SILVETTI, Felicitas; SOTO, Gustavo; CÁCERES, Daniel y CABROL, Diego (2013). “¿Por qué la legislación no protege los bosques nativos de Argentina? Conflictos socioambientales y políticas públicas”. Mundo Agrario, 13(26), 1-21. https://www.mundoagrario.unlp.edu.ar/article/view/MAv13n26a05
URFALINO, Philippe (2013). Cerrar la deliberación. Buenos Aires: Prometeo.
VERA, Alejandro y GIMÉNEZ, Laura (2011). “Ley de bosques Córdoba”. Coalición Argentina para la Iniciativa de Acceso. The Access Initiative. Recuperado de: https://sites.google.com/site/leydebosquescordoba/home
Ley provincial 9814 (2010). Ordenamiento territorial de bosques nativos de la provincia de Córdoba. http://www.saij.gob.ar/9814-local-cordoba-ley-ordenamiento-territorial-bosques-nativos-provincia-cordoba-lpo0009814-2010-08-05/123456789-0abc-defg-418-9000ovorpyel?q=%28numero-norma%3A9814%20%29&o=0&f=Total%7CTipo%20de%20Documento/Legislaci%F3n/Ley%7CFecha% 7COrganismo%7CPublicaci%F3n%7CTema%7CEstado%20de%20Vigencia%7CAutor%7CJurisdicci%F3n
/Local/C%F3rdoba&t=1
Versión taquigráfica del debate y votación de la ley 9814 en la Unicameral cordobesa, 29º reunión de la 26º sesión ordinaria, con fecha 4 de agosto de 2010. La versión taquigráfica no se encuentra publicada y ha sido obtenida por medio de un envío de la Dirección de Gestión de Datos Legislativos de la Legislatura de Córdoba.
1 Agradecemos las observaciones recibidas del referato sobre este concepto. El/la evaluador/a nos preguntaba si no estábamos confundiendo proceso con estado parlamentario. Para precisar qué se entiende por proceso parlamentario y distinguirlo de otras consideraciones como la de estado parlamentario, sugerimos concebirlo como el conjunto de prácticas discursivas y extradiscursivas que se suceden aproximadamente desde que se crea la COTBN hasta que la Ley 9814 es sancionada. En términos conceptuales esto se vincula con la noción de campo discursivo, el cual se constituye cuando se despliegan las estrategias de los discursos enfrentados, más allá de las disposiciones formales del sistema representativo. De esta manera, priorizamos la deliberación y confrontación político-discursiva como parámetro de la existencia de un campo y un proceso legislativo. Si bien, como se nos apuntaba muy acertadamente en el referato, el resultado legislativo de la Ley 9814 termina desconociendo el tremendo trabajo participativo de la COTBN y su adecuación a las disposiciones de la Ley nacional 26331; el análisis que ofrecemos en este artículo no pone el énfasis en una valoración sobre la adecuación normativa del ordenamiento territorial de Córdoba, sino en el juego político que se configuró.
2 El estudio forma parte de un trabajo de tesis doctoral que, sobre el caso de Córdoba, también analiza otros aspectos de la contienda, en especial, la confrontación discursiva de modelos productivos que se tensionan en el campo discursivo, por la definición de la emergencia forestal y el problema de la pobreza, así como sobre los diversos esquemas de protección, definiciones y prácticas del ordenamiento territorial cordobés.
3 Se trata de un partido político cordobés que surge en 1998 como coalición de diferentes fuerzas partidarias, encabezado por el Partido Justicialista y liderado por José Manuel de la Sota. En 2019 cambia su denominación por “Hacemos por Córdoba”. Desde 1998 hasta el presente, es decir, por más de veinte años, vence en todas las elecciones a la gobernación de la provincia de Córdoba, con De la Sota o Schiaretti como jefes del Ejecutivo.
4 En Córdoba, este partido político gobierna la provincia por última vez entre 1983 y 1998, pero consigue representantes en la Unicameral en las diversas elecciones legislativas hasta el presente, lo cual lo constituye como una de las principales fuerzas de oposición al oficialismo justicialista.
5 En el marco de una reforma constitucional por Convención Provincial Constituyente, en septiembre de 2001 la provincia de Córdoba adopta un sistema legislativo unicameral que no solo elimina y unifica las Cámaras de Diputados y Senadores, sino que también disminuye la cantidad total de legisladores.
6 Reglamento Interno de la Legislatura. Capítulo III de las discusiones de la Cámara en comisión. Artículo 170.- La Cámara podrá constituirse en comisión para considerar los asuntos que estime conveniente, tengan o no despacho de comisión. Artículo 171.- Para que la Cámara se constituya en comisión deberá preceder petición verbal de uno (1) o más Legisladores, acerca de la cual se decidirá sobre tablas. Si la petición fuera rechazada, el proyecto pasa o vuelve a comisión según corresponda. Artículo 172.- La Cámara constituida en comisión resolverá si ha de proceder conservando o no unidad del debate. En el primer caso se observarán las reglas establecidas en el Capítulo I —de la Discusión en General— de este Título y en el segundo cada orador podrá hablar indistintamente sobre los diversos puntos que el proyecto o asunto comprenda. La Cámara podrá resolver por votación todas las cuestiones relacionadas con la deliberación y trámite del asunto o asuntos motivo de la conferencia, pero no podrá pronunciar sanción legislativa. La discusión de la Cámara en comisión será siempre libre. Artículo 173.- La Cámara, cuando lo estime conveniente, declarará cerrado el debate en comisión a indicación del Presidente o por moción de algún Legislador y de inmediato se procederá a votar el proyecto en general y en particular, acorde lo establecido en el Título XII —De la votación— del presente Reglamento.
7 Según Natanson (2019), hacia 2009 el panorama político argentino se congela por el conflicto entre el gobierno de Cristina Fernández y los productores agropecuarios que aconteció en 2008, lo cual da forma a una nueva configuración de poder y enfrentamiento político entre dos minorías intensas.