Introducción

En tiempos actuales, advertimos cómo lo político está relacionado íntimamente con los distintos modos discursivos y culturales, por lo que se hace preciso abordar las implicaciones sociales que entrañan los sectores políticos, dado que las estrategias discursivas persiguen la transmisión efectiva del discurso oficial. La hipótesis primordial de la presente reflexión sugiere que los textos políticos incorporan ciertas estrategias discursivas, que son instauradas a partir de las representaciones sociales presentes en los individuos y sus contextos, es decir, en sus acepciones culturales. De esta forma, se obtiene una inducción colectiva desde el discurso ideológico para lograr fines hegemónicos. En otras palabras, se consigue la adhesión gregaria de los sujetos como principales entes constitutivos de las sociedades reconocidas como democráticas.

Por otra parte, observamos que ciertas acepciones culturales están dadas primordialmente por el significado y los usos de la lengua, que condicionan el modo de actuar de los individuos. A su vez, es necesario aclarar que el discurso ideológico es entendido como el conjunto de ideas que se conforman en un sistema sociocultural. Tales ideas o ideologías pueden ser transmitidas a través de los discursos, dado los mecanismos que se observan en el interior de estos y que advertiremos en el desarrollo de este texto. La inducción colectiva puede presentarse por medio de dispositivos inherentes a los discursos y sus ideologías, los cuales pretenden persuadir a grupos determinados para fines concretos; por lo que, abordar el discurso desde el papel que éste desempeña en el ámbito social y cultural permite dilucidar de qué manera permea los modos de socialización de los individuos, ya que este abarca tanto a las audiencias que forman parte de su engranaje como, también, a aquellas que no les conciernen de manera directa. De esta forma, tal como lo ha distinguido Foucault (1987, 35-38), el texto como unidad discursiva encierra, en su expresión más profunda, el dispositivo esencial de comunicación y es objeto de estudio en el contexto social e histórico.

El enfoque interdisciplinario en el que está basado el ACD permite develar los aspectos culturales inherentes al discurso, ya que incluye, para su aplicación, condiciones bastante relevantes en el proceso discursivo, tales como la historia, lo cognitivo y el contexto en el que se desarrolla su acción social. El ACD favorece también la comprensión de las relaciones entre discurso y sociedad, entre discurso y reproducción del poder, lo mismo que entre el discurso y la desigualdad social (Wodak y Meyer).

A partir de estos referentes, trataremos de delimitar la manera en que el discurso adapta y establece representaciones socioculturales en las comunidades. Entre los principios básicos del ACD, Fairclough (2001) formula que trata de los problemas sociales y las relaciones de poder, las cuales son discursivas (195). En tal sentido, podemos observar que el discurso abarca la sociedad con su cultura y, al mismo tiempo, este efectúa un trabajo ideológico. El discurso también es histórico, ya que requiere un proceso de interdiscursividad (196). Con esto último, puede asumirse que todo discurso se establece en una relación dinámica con otros discursos y, por ende, es inseparable de una memoria interdiscursiva. “El discurso se encuentra con el discurso del otro en todos los caminos que conducen a su objeto, y no puede no entrar con él en una interacción viva e intensa” (Charaudeau y Maingueneau, 170). Así, el ACD es considerado como un método de análisis interdisciplinario, puesto que el discurso requiere ir más allá de las simples prácticas lingüísticas que lo constituyen, demostrando así su amplia noción cambiante y creadora.

De igual manera, el análisis del discurso requiere indefectiblemente de competencias que nos acerquen a la comprensión de este en su noción sociocultural. Resulta de interés, en tal sentido, el desarrollo que realiza Marc Angenot (2010) acerca del Discurso Social. Dicho teórico, reconociendo alguna influencia durkheimiana [1] , destaca que “hablar de discurso social es abordar los discursos como hechos sociales y, a partir de allí, como hechos históricos” que “funcionan independientemente” fuera de las “conciencias individuales” y que, en el plano de las relaciones sociales, admitiría observar ciertas “regularidades” y “previsibilidad” (23).

Según Angenot (2010), todo discurso social lleva la “marca de maneras de conocer y de re-presentar lo conocido” (27), de modelos instituidos desde posiciones que expresan diferentes intereses sociales en un momento histórico determinado. Para este teórico, el Discurso Social (DS) une “ideas y formas de hablar”. En tal sentido, la ideología es inherente al discurso, ya que resulta imposible desligar el contenido de un mensaje de la forma en que se enuncia. Parafraseando al autor, este considera además que el DS es un grado de “abstracción” anterior a los discursos concretos, es decir, “un sistema regulador que predetermina la producción de formas discursivas concretas” [...]. Estos “mecanismos, sin embargo, imponen aceptabilidad sobre lo que se dice y se escribe y estratifican grados y formas de legitimidad”. Es “[...] la manera según la cual una sociedad dada se objetiva en sus textos, sus escritos y también sus géneros orales” (28).

Por otra parte, la hegemonía, indica Angenot (2010) –retomando la postura Marxista acerca de la hegemonía de las ideas de la clase dominante en cada época–, “es lo que produce lo social como discurso”; es decir, que establece entre las clases “la dominación de un orden de lo decible, que tiene algo ligado a la clase dominante”. Mientras tanto, “la doxa” instala “fetiches” y “tabúes” que predominan, en tanto unidades de sentido, en una época o grupos determinados y que, en cierta medida, establecen límites entre lo que es posible decir o no decir (36). Igualmente, este autor determina la formación de unas “dominancias interdiscursivas”, que pueden definirse como las maneras específicas de conocer y de significar lo que se conoce y que va más allá de la diversidad que puedan manifestar los discursos sociales. Tales dominancias o dominantes establecen la hegemonía (2011, 29). De modo que, el discurso social puede ser especificado como fundamento catalizador de la lengua, la ideología y la cultura.

Por otro lado, y tal como lo ha categorizado van Dijk (2004), la relación entre “discurso y poder” es crucial en la dominación discursiva. Leemos:

El poder social se define como aquel control que un grupo o institución ejerce sobre otras personas. Éste puede ser “coercitivo” (control físico sobre el cuerpo) o “discursivo” (control moral). El poder discursivo “ejerce” un control directo sobre “las mentes” de las personas y también es indirecto en sus “acciones”. Esta noción implica además que la legitimidad del poder radica en que pueda ajustarse a unas normas sociales, políticas o éticas aceptadas por todos. Cuando dichas normas no son respetadas, entonces debe hablarse de “abuso de poder o dominación” (8-10).

Por lo tanto, entender el poder del discurso conduce a la comprensión de la forma en que este influye en los pensamientos y comportamientos de los sujetos como entidades sociales y culturales.

De la democracia política hacia una democratización de la seguridad

A partir de lo dicho, observaremos algunos fundamentos contenidos en los discursos de posesión y proyectos gubernamentales del uribismo y el kirchnerismo [2] , desde los cuales se difunde principalmente la institucionalización de la seguridad como derecho imprescindible de las comunidades democráticas. De esta manera, en primera instancia develaremos que el “Manifiesto Democrático” (MD), instaurado en Colombia por el uribismo, se consolida como un proyecto con un régimen legítimo de un Estado de derecho, promulgado por Álvaro Uribe para recuperar la gobernabilidad del país con la participación ciudadana. Esto se demuestra en sus postulados, en los que se expresa: “Nuestro Estado Comunitario dedicará sus recursos a erradicar la miseria, a construir equidad social y dar seguridad. Habrá más participación ciudadana en la definición de las tareas públicas […] La participación ciudadana garantiza que los recursos lleguen a la gente […]” (2002b 1).

Como se observa, el gobernante involucra a la comunidad en lo referido a las tareas públicas para evitar los manejos inadecuados. Destaca, igualmente, que tales medidas son importantes para la legitimación de lo que denomina “Estado Comunitario”. De esta forma, adjudica a la comunidad una influencia directa sobre la construcción de un gobierno participativo, donde priman la libertad y el derecho a la opinión. Las estrategias discursivas de Uribe, estipuladas en el MD, se enfocan hacia la aceptación popular de su política de seguridad. Esta, considera el mandatario, medirá el avance social de su gestión gubernamental. También, desde su postura discursiva, el futuro es una responsabilidad social y, por lo tanto, evalúa el estado actual del país con tal perspectiva, describiéndolo como una “impagada deuda social” que debe ser “cancelada” para lograr la aprobación popular.

Por otra parte, para el kirchnerismo, la política de seguridad se supone como principio básico para adecuar un proyecto de país, cuyas prioridades implican la inclusión, la justicia y la igualdad social. Tales prioridades se conciben como instancias propicias para desarrollar el modelo formulado especialmente por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, desde el cual se reconoce una transformación paradigmática. Esto es, como fundamento de políticas públicas que simpatizan con la igualdad y el acceso a derechos fundamentales de participación y democracia.

Resulta innegable que las estrategias del poder generalmente se adaptan a los cambios sociales y procuran construir políticas que se adecúen a las circunstancias que les corresponden. En el caso del uribismo y el kirchnerismo se adoptaron modelos similares en cuanto a la construcción de la Seguridad Democrática (SD), como fundamento esencial para la sana convivencia. La implementación del MD en Colombia y del Modelo Argentino de Seguridad Democrática (MASD), que: “sintetiza los principales desafíos que afronta el Ministerio de Seguridad de la Nación en relación con la conducción y modernización de sus propias fuerzas para prevenir y conjurar el delito” (67), se consolidan como pilares de estas nuevas formas de gobierno llamadas democráticas. Lo que se pretende en ambos casos es una construcción participativa que incluya a los diferentes grupos sociales, teniendo en cuenta las necesidades que comprometen la tranquilidad ciudadana. Así, podemos destacar el modo en que los mecanismos de poder se apropian de las representaciones discursivas presentes en las comunidades para justificar sus fines políticos.

Observamos que, en los planteamientos del MD y el MASD, el foco democrático se establece, básicamente, desde la conducción civil hacia una política social que fortalezca las fuerzas de seguridad del Estado. Con esto, se hace referencia fundamentalmente a una gestión democrática de las instituciones, concibiendo que la responsabilidad sobre la seguridad ciudadana deba ser ejercida por el poder político mediante el uso de una metodología viable para aplicar las políticas de seguridad. Al mismo tiempo, se moldean mecanismos de participación que deberían ser proporcionados desde la misma comunidad para el diagnóstico y control de las políticas públicas.

Dicho todo esto, podemos advertir que, en ambos modelos, se instauran los mismos referentes ideológicos que demarcan los principales fundamentos del concepto de SD, dado las premisas establecidas por el MD y el MASD que, aunque diferentes en su forma, persiguen un objetivo común: una democratización de la seguridad. Esto es que implica la participación ciudadana en la construcción de las políticas que tiendan a brindar seguridad a la comunidad desde sus mismos adeudos. De esta manera, se puede determinar que el poder organiza sus políticas desde los modelos sociales instaurados a partir de las condiciones históricas y sociales propias de las colectividades.

En nuestra indagación, advertimos la manera en que las “prácticas discursivas pueden tener efectos ideológicos de peso”. Esta consideración acerca de las representaciones sociales de Fairclough y Wodak (2000, 368) nos indica que tales prácticas ayudan a producir y reproducir relaciones de poder, dado que estas pueden ser desiguales entre las clases sociales o minorías culturales y se proveen principalmente en la forma en cómo representan los objetos y sitúan a las personas. Desde esta perspectiva, denotamos en los discursos observados un manifiesto y determinante contenido ideológico que ha establecido diferenciaciones en cuanto a los sectores productivos, económicos y delictivos de la sociedad, vulnerando, en alguna medida, los derechos fundamentales de algunos para favorecer a otros. Acción que predispone a enfrentamientos y luchas de poder en el interior de las comunidades.

Los aportes de tipo interdisciplinar y sociodiscursivo que nos brinda el ACD nos permiten develar la posible intención, ideas o valores que discurren en los modos discursivos y las actuaciones políticas examinadas. De esta manera, determinamos que ambos mandatarios, en sus textos políticos, revelan modelos discursivos ideológico-hegemónicos. Asimismo, notamos que con sus argumentos de tipo dominante pretenden imponer su ideología en particular sobre los grupos de la oposición política. Además, en cierta medida, recurren a concepciones morales y valores de tipo conservador que, fundamentalmente en el caso de Uribe, garantizan la adhesión a sus proyectos por parte de la comunidad. Dicha adhesión se da también a partir del manejo discursivo que se suscita desde las creencias socialmente compartidas.

Los discursos de Uribe congregan ideológicamente innegables condiciones neoliberales, aunque en contraste con parte de su apuesta discursivo-ideológica donde se vislumbran claras nociones de una élite conservadora. Esto puede percibirse cuando sitúa su discurso desde los postulados de los próceres de la patria, las instituciones y la familia, señaladas como claras jerarquías de un llamado al orden para la colectividad democrática que representa. Asimismo, al observar la ideología uribista, podemos señalar que ha sido enmarcada en una realidad constituida por una cantidad de hechos y valores que la configuran desde la fundamentación de que la SD es el eje fundante del Estado actual, y que clausurar el terrorismo (FARC- Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) es la solución a la problemática del país. Además, se advierte que terrorismo es todo aquello que atenta contra el uribismo o el Estado (que para el caso es lo mismo), y que el presidente (Álvaro Uribe) es el único poder que encarna la figura del Estado. Con lo cual, desde valores como la “autoridad”, Uribe se justifica para alcanzar los objetivos del Estado de derecho que promulga y, finalmente, desde el discurso se conjetura sobre una situación de bienestar económica y social colectiva, como premisa de su gobierno.

Lo anterior puede explicarse desde la noción de que el uribismo adoptó en sus enunciados los principios de la derecha política, es decir, el recurrir a los valores, tales como el orden social y la soberanía del Estado. Esto se debe a que la apuesta discursiva de Uribe consiste primordialmente en un relato sobre los problemas del país y sus posibles soluciones; además, colmado de los valores predominantes en la sociedad y el Estado colombianos. Todo ello, teniendo en cuenta que los valores son un activo preponderante para el ejercicio del poder político, ya que reflejan las necesidades y las tendencias humanas al extremo en que se convierten en el sustrato de las ideologías. Así, desde sus inicios, el discurso del mandatario mantuvo sus estrategias dominantes con unos enunciados arraigados en la línea de los valores, tales como la libertad (frente a la tiranía de la violencia de las FARC), la fortaleza nacional y el orden. Quizá esto se debe a que Uribe entendió –prematuramente– que la presión de la violencia había inclinado a la opinión pública hacia el autoritarismo de derecha, fórmula que, en última instancia, le permitió la adhesión colectiva a su proyecto político.

Dentro de estos mismos lineamientos, podemos distinguir que la ideología política que enmarca los planteamientos discursivos de Cristina Fernández de Kirchner está amparada en un modelo progresista puesto en marcha por su corriente política y con el cual se instaura en el país la continuidad de las medidas tendientes al desarrollo con inclusión social. El proyecto kirchnerista traza un modelo político, en el cual las decisiones pretenden ser más democráticas. Este objetivo intenta lograrse mediante la implementación de políticas progresistas y subsidiarias que propiciaron cierta credibilidad entre los ciudadanos, quienes, en forma masiva, se adhirieron a tal sistema de gobierno. Por otra parte, Fernández ha logrado la consolidación de un proyecto basado en un modelo reformado, poniendo en funcionamiento medidas para mantener la gobernabilidad, pero sujeta a nuevas condiciones dadas en el entorno local, regional y global –tras una década del kirchnerismo en el poder–, lo que ha significado un cambio en la continuidad y, también, el posicionamiento de un régimen fundado específicamente en una aparente hegemonía simbólica, basada en los valores de la justicia (justicialismo) social.

De esta manera, coincidimos con Foucault (2002) en que el discurso es el reflejo de una sociedad, en cuanto a las “relaciones de poder” y que estas pueden generar diferenciaciones y condiciones discriminatorias entre los grupos. Así, el discurso dominante tendrá siempre una “forma de control”, puesto que en cierta medida “oprime” la diversidad discursiva (97). En este sentido, observamos que, tanto Álvaro Uribe como Cristina Fernández, utilizan los discursos en términos de dominación, debido a los niveles jerárquicos que esgrimen en sus enunciados. También, realizamos esta inferencia de los postulados de sus modelos políticos, que se amparan en el cambio y la reconstrucción del país con fines democráticos, lo que garantiza una legitimación del poder del Estado y, por ende, de sus apuestas hegemónicas.

Del discurso social y su influencia en la cultura política

A partir de lo mencionado con antelación, reseñaremos algunos aspectos que resultan relevantes al momento de analizar las representaciones sociales de los discursos hegemónicos. Por otro lado, detallaremos comparativamente algunos aspectos comunes y otros divergentes que caracterizan los discursos observados para este trabajo.

En primera instancia, tendremos en cuenta que el control ideológico está dado desde las representaciones mentales, las cuales ya están vinculadas al contexto de cada persona en cuanto a que son sujetos pertenecientes de un grupo social determinado. Estas representaciones constituyen parte del actuar cotidiano, desde el cual se construyen muchas de las formaciones discursivas que son utilizadas recurrentemente por los modelos ideológicos para tratar de garantizar su consolidación y permanencia en el poder. En esta medida, desde la línea de enfoque de van Dijk (2001), el contexto se puede especificar como “la estructura que involucra todas las propiedades o atributos de la situación social que son relevantes en la producción y comprensión del discurso” (72). De esta forma, los rasgos del contexto no solamente pueden influenciar los discursos (escritos y orales), sino, también, es posible lo contrario; es decir, se pueden modificar las características del contexto. De hecho, tal como pueden reconocerse estructuras locales y globales en los discursos, lo mismo puede darse con referencia a los contextos dados.

Por otra parte y retomando la idea de Angenot (2011) acerca de la hegemonía, podemos reconocer en los discursos observados unas “dominantes interdiscursivas” que, como las define este teórico, van más allá de la diversidad que los discursos manifiestan y se constituyen en hegemónicas, dado los mecanismos que aseguran la dimensión del trabajo discursivo. En este sentido, identificamos en tales corrientes políticas un alcance de poder y control que se suscita por prácticas discursivas que se pueden considerar hegemónicas culturalmente. Esto se debe a que están proporcionadas por un tipo de hegemonía tanto simbólica como discursiva, puesto que abarca valores y creencias sociales, y que está afirmada en la aparente dicotomía de violencia–seguridad, con la cual se logran dos propósitos cardinales: el restablecimiento de la autoridad del Estado y la resolución de los conflictos sociales, fundamentos en los que se enmarca la finalidad de tales ideologías políticas. De esta manera, se obtiene cierto beneplácito del pueblo que los elige y, por ende, la adhesión a sus proyectos de gobierno.

Dicho esto, se observa cómo Uribe hace énfasis en la construcción de una sociedad con seguridad, dado los antecedentes de los grupos terroristas (especialmente FARC, AUC- Autodefensas Unidas de Colombia), que han amenazado la democracia en el país. Así, trata de consolidar un proyecto ideológico que se resiste a los grupos violentos, asegurándose que el común de los ciudadanos se sienta parte y esté incluido en su proyecto de SD, y, por tanto, en contra de tales grupos. Como lo especifica Botero (2011), “[…] en la sociedad colombiana existen unos grupos sociales con intereses materiales muchas veces distintos, casi siempre contradictorios, que no pueden ser asumidos desde la falacia de una dicotomía que los ubique como patriotas o como partidarios del terrorismo” (3). De esta manera, advertimos que se suscita una contradicción, dado los escenarios de participación que ha querido generar el citado mandatario.

Por otra parte, reseñaremos que, un mecanismo muy utilizado para los propósitos hegemónicos es el uso de la “memoria” tanto “individual” como “colectiva”, componente que está visible en algunos fragmentos de los discursos objeto de esta observación. Este es el caso de los actos y hechos terroristas que han marcado, de alguna forma, la historia de ambos países. Para Pardo (2009) “Los modelos mentales están representados en la memoria episódica, y portan una estructura básica que consta de algunas categorías fijas: Configuración espacio temporal, Personajes y Eventos o Acciones” (212) (las cursivas son del original). De este modo, los discursos políticos se proveen de tales configuraciones para lograr sus propósitos ideológicos.

En el caso de Fernández, el mencionado empleo de los acontecimientos y de la memoria colectiva se debe a que el común de los argentinos ha tenido algún tipo de acercamiento con los hechos trágicos que han conmocionado al país en épocas recientes (periódicas dictaduras, desapariciones, actos terroristas). Tales sucesos siguen presentes en el recuerdo del común de los nacionales y esta circunstancia es utilizada, desde los discursos, para alcanzar la aceptación de los ciudadanos. Todo esto, dado la reiterada posición del kirchnerismo en cuanto a los juicios por los crímenes de lesa humanidad, el terrorismo y la defensa de los derechos humanos. También, se advierte la manera en que el manejo de los modelos contextuales recurre a ciertos eventos o personajes que son involucrados en los discursos políticos para lograr un vínculo más cercano y específico con la comunidad que les concierne. Así, Fernández en varios de sus enunciados, recurre por ejemplo a la figura de Perón para validar, de esta forma, su posición en el poder: “Podría seguir con muchas enumeraciones, pero ahora me toca a mí hacerles un pedido. No, ‘todo’ no. No existe ‘todo’. Perón decía: por lo menos, el 50 por ciento […] Bueno, el 54. Está bien. Acepto” [3] .

Se observa la forma en que se traslada a la memoria personal y colectiva la impronta que es justamente en Perón –considerado uno de los grandes gobernantes de la patria y también el principal gestor de las políticas en las que se basa el kirchnerismo–, en quien se apoya Fernández. De esta manera, la mandataria se reafirma a sí misma utilizando tal figura ideológica para su asunción y posicionamiento en el poder que, además, está precedido por una elección de proporciones históricas con más del cincuenta por ciento de la votación, como destaca la gobernante en sus enunciados.

Otro componente ideológico que se visualiza, especialmente en los enunciados uribistas, es el que concierne al campo político en el que promueve el ordenamiento del Estado, el concepto de gobernabilidad y legitimidad: “Nuestro concepto de Seguridad Democrática demanda aplicarnos a buscar la protección eficaz de los ciudadanos con independencia de su credo político o nivel de riqueza. […] Ningún crimen puede tener directa o ladina justificación” (2006 4). Además, mediante estos postulados, reafirma su compromiso de paz con seguridad que promulga su modelo ideológico. De hecho, en gran parte de la propuesta discursiva de Uribe, se promueve el anhelo de alcanzar la paz como premisa fundamental de su administración: “La Nación entera clama por reposo y seguridad” (2002b 4). Señalaremos que el enunciado anterior, lanzado desde su campaña electoral, se constituyó en el principal planteamiento de su discurso a lo largo de los dos periodos presidenciales llevados a cabo en el país. Dadas las expectativas generadas en los nacionales, se promulgaron de manera contundente los logros conquistados en pos de alcanzar dicho propósito y obtuvo, de esta forma, confianza y credibilidad por parte de la comunidad en general. Esto último quedó demostrado con su reelección, donde logró consolidar su ideología política en el poder tras conseguir un alto porcentaje de votos [4] .

Por su parte, Fernández se apropia del uso de lo político como fundamento del cambio y la reconstrucción que, en términos sociales, según argumenta, están sucediendo en la Argentina. Desde esta postura, la gobernante da por sentadas las bases de una nueva sociedad, que –en unos cuantos años– ha permitido un gran cambio en el interior del país y, también, un posicionamiento de la Nación en el mercado global, hechos producidos después de superar la crisis de 2001. Además, enfoca gran parte de su discursividad en estos acontecimientos, lo que le permite mostrar los alcances de su modelo ideológico progresista.

Para Foucault (2002) el discurso, desde la perspectiva crítica, es reflejo del estado de la sociedad en cuanto a las relaciones de poder, las estructuras sociales y las visiones sesgadas y discriminatorias acerca de grupos étnicos, socioeconómicos, sexuales, religiosos o de diversa naturaleza (97). De esta manera, el discurso dominante oprime cualquier atisbo de diversidad discursiva y esta es, sin duda, una forma de control.

Con lo cual, el discurso de Uribe reúne ideológicamente innegables formaciones discursivas frente a los temas económico, social y político, esbozando diversas acciones que indican su postura ideológica al respecto. Se evidencia además una predisposición del gobernante para favorecer, en cierta medida, al sector empresarial del país. Por otra parte, sus planteamientos se reconocen claramente desde la ideología política de derecha y de concepción económica neoliberal, identificados estos por el tipo de estado y noción de gobernabilidad propuestos por el uribismo. En el caso de Fernández, centra su postura discursiva en la inclusión de la Argentina en el mercado global con medidas de corte populista que propenden generar un Estado de bienestar, fundamentado en políticas subsidiarias, el respeto a los derechos humanos y el fortalecimiento de la democracia como paso fundamental para alcanzar los objetivos sociales en que se enmarcan sus fines partidarios.

Con esto, señalaremos que para van Dijk (2004) entender el poder del discurso conduce a la comprensión de cómo este influye en los pensamientos y comportamientos de los sujetos. Considera además que la legitimidad del poder radica en que este se ajuste a unas normas sociales, políticas o éticas aceptadas por todos. Cuando dichas normas no son respetadas, entonces debe hablarse de “abuso de poder o dominación” (3). Desde esta perspectiva, se observa en los discursos políticos indagados cómo la lucha contra el terrorismo se convierte en un instrumento para la legitimación del poder. Esta legitimación se ejerce básicamente por la aprobación que le otorgan los ciudadanos a tales planteamientos discursivos, los cuales están supeditados generalmente a ciertas políticas de organizaciones internacionales vinculadas a los mecanismos hegemónicos. Estos últimos, debido a sus nociones, dejan implícito un statu quo desde el cual se pueden generar discriminaciones y exclusiones que no deberían estar presentes ni en los planteos del discurso político ni en los propósitos gubernamentales de una comunidad constituida desde parámetros de orden participativo y democrático.

La noción de van Dijk (2004 10) sobre la forma en que el discurso influye en los pensamientos y comportamientos de los sujetos nos indica que la legitimación del poder reside en que este se ajuste a unas normas sociales, políticas y éticas compartidas por un grupo. Cuando estas no son respetadas, hay dominación o abuso de poder. De esta manera, identificamos que, especialmente en el caso de Uribe, se legitima su consolidación en el poder, amparado, principalmente, en la lucha contra el terrorismo, el cual es un concepto que se ha instaurado desde sus propias formas discursivas para denominar los grupos de oposición a su régimen de SD.

Dado lo anterior, se destaca la forma en que el sistema discursivo del uribismo puso en marcha algunas técnicas de poder, con las cuales se aseguraba el triunfo y la aceptabilidad nacional de su propuesta ideológica, la cual radica fundamentalmente en la consolidación de un proyecto gubernamental hegemónico en el que se representan la percepción global y subjetiva de la realidad. Tales acepciones culturales fueron proporcionadas por las condiciones sociales particulares que atravesaba la colectividad colombiana que, con su voto, lo posicionó en el poder. También, como inferimos a partir de la postura de Pardo (2010) la necesidad de un sistema de gobierno que consolidara la acción del Estado en toda la Nación permitió la adhesión de los colombianos a la propuesta hegemónico-discursiva de Álvaro Uribe, con su paradigma ideológico de la SD (96). Por su parte, Fernández acude, en sus enunciados políticos, al uso de una interdiscursividad que, según considera Fairclough (2001), permite una connotación histórica de los discursos. Tal disposición es utilizada por la gobernante para amparar su proyecto político en la memoria nacional colectiva, afianzando de este modo su poder hegemónico. Esto se debe, como en el caso colombiano, a las condiciones sociales que facilitaron el posicionamiento del kirchnerismo en el poder.

De esta manera, la interdiscursividad (Charaudeau y Maingueneau 2005) es considerada como la forma en que los discursos sociales se objetivan y complementan en relación con la memoria discursiva (334), lo que facilita en cierta medida la activación de algunos mecanismos de poder que están presentes en las representaciones sociales de las colectividades. Tales mecanismos están dados desde la connotación sociocultural que implica una apelación a precisos enunciados/discursos de tipo dominante, también a populismos para facilitar, como en este caso, la adhesión y continuidad de los discursos hegemónicos en el poder.

Resulta innegable que estos instrumentos de poder han de proveer a los gobernantes del consentimiento y la aceptación general de la comunidad que representan, puesto que sus integrantes, al identificarse con un hecho relevante o una figura específica, se sentirán convocados e incluidos como prioridad. Por lo tanto, se afianzará en el individuo común su compromiso y empatía hacia tales manifiestos políticos, los cuales están amparados en las cogniciones de cada uno de los individuos. Tal como expresa Foucault (1991) el poder es una “forma en la que ciertas acciones modifican otras” (83). De este modo, y asegurándose de la inclusión de los nacionales en algunos hechos que de cierta manera les conciernen, se garantiza el reconocimiento y validación de las acciones que se lleven a cabo dentro de esa misma impronta personal, lo que legitima una continuidad en los procesos ideológicos. Como sostiene van Dijk (2004), el poder discursivo “ejerce un control directo sobre las mentes de las personas y también es indirecto en sus acciones” (6). De esta manera, queda establecido que los discursos, además, pueden inducir algunos comportamientos.

En los enunciados propuestos por estos gobernantes -en cuanto a los aspectos ideológicos comunes-, notamos un manifiesto interés por destacar la democracia. Esto se debe a las circunstancias en que sucedieron el posicionamiento en el poder y la implementación de los mecanismos hegemónicos en ambos países. También, la libertad se constituye en una de las prioridades de ambos modelos gubernamentales, dada la implementación de la política de SD que propende a una sociedad más igualitaria, donde el libre ejercicio de la democracia permite generar un estado de bienestar. Esto último se constituye en el principal objetivo de tales modos discursivos.

Con todo lo anterior, observamos cómo la forma en que se utilizan algunos elementos discursivos influye en gran medida el pensamiento ideológico de los electores, generándose el efecto buscado por los postulados discursivos de los políticos. Así, las representaciones sociales adquieren gran importancia, ya que es, precisamente, a partir de la manipulación de ellas, que se consigue la adhesión de los partidarios y se logra la hegemonía del poder.

Conclusiones

Para finalizar con las observaciones acerca de los discursos políticos, hechas principalmente a partir de la teoría del DS desarrollada por Angenot (2010), plantearemos algunos aspectos conclusivos que nos llevarán a validar la hipótesis propuesta para este análisis. Con esto, daremos cuenta de la forma en que los discursos sociales permiten “fijar legitimidades”, validadas estas desde la configuración de subjetivaciones presentes en los discursos ideológicos –con sus formas de reproducción, significación y representación– y facilitadas, esencialmente, desde el uso de la lengua con sus acepciones sociales, políticas y culturales.

Teniendo en cuenta lo expuesto, y desde las nociones teóricas que nos proporciona el ACD, hemos podido determinar la manera en que los planteamientos de los discursos de Álvaro Uribe y Cristina Fernández se especifican como político-hegemónicos. Esto sucede en la medida en la que están constituidos por ideologías dominantes, dado esencialmente desde los mecanismos de poder y dominación, y configurados a partir de las representaciones socioculturales que están presentes en los colectivos de tipo democrático.

Observamos que tanto el uribismo como el kirchnerismo son ideologías políticas emergentes, surgidas de coyunturas especiales en contextos enmarcados por crisis sociales suscitadas primordialmente por asuntos de poder. Esto, desde la noción de van Dijk (2004), quien considera que el poder puede determinarse desde el discurso, ya que este logra controlar grupos con estrategias que pueden ser cohesivas o coercitivas. Este hecho permite una dominación discursiva en colectivos determinados, lo cual se evidencia en los discursos que hemos indagado.

Para el caso de Uribe, podemos especificar que sus estrategias gubernamentales, establecidas con el fin de regularizar el conflicto interno del país, lograron un nivel de coerción (dado el método de mano dura [5] instaurado por el gobernante). En tal sentido, sus tácticas de control tuvieron un alcance importante sobre los grupos de oposición que no se adhirieron a sus postulados políticos. De este modo, y al implantar la política de SD para contrarrestar la violencia, se alcanzaron ciertos niveles de dominación y control sobre la población civil.

Todo esto nos permite advertir claramente que la dominación puede ser ejercida con prácticas discursivas, proporcionadas desde una realidad que se construye subjetivamente y que es relevante en situaciones sociales. Ese “contexto”, como entiende van Dijk (1995 197), está conformado igualmente por actos de habla y por la cotidianeidad de las prácticas discursivas que constituyen representaciones sociales, y que pueden ser controladas por los mecanismos de poder. En este sentido, damos cuenta de que la recuperación del Estado y el control social se consolidan como las primordiales estrategias discursivas de los proyectos políticos examinados. Esto se debe a que, a partir de un entorno social segmentado por luchas de poder, se ha pretendido democratizar sus ideologías hegemónicas con mecanismos de dominación fundados específicamente desde sus planes de gobierno.

Fundamentalmente en el discurso de Uribe, se manifiesta el deseo de un Estado democrático que además permita garantías para los inversores. Está presente, también, la participación social como parte fundamental del Estado de derecho con cohesión social, premisa que pretende imponer el gobernante. Además, se asegura que dicha participación sea la garantía de una sociedad justa y en equilibrio con el entorno, y la propone como una condición infaltable para el justo crecimiento en todos los aspectos sociales inherentes a una comunidad de connotación participativa e igualitaria: “La participación popular derrumba los muros que frenan las reivindicaciones. El Estado tiene que desempeñarse como garante de cohesión social, defensor del medio ambiente y promotor del crecimiento económico” (2002b 3). Vemos que, desde su propuesta política, convoca a la participación ciudadana, por considerarla una unidad indispensable para restituir el orden y la libertad como principios fundamentales para la sana convivencia. En síntesis, el discurso de Uribe reúne ideológicamente indudables formaciones discursivas frente a los temas económico, social, cultural y político, esbozando diversas acciones que demuestran su firme postura ideológica al respecto.

Por otra parte, los programas de gobierno establecidos por ambos mandatarios han pretendido un crecimiento económico desde la inclusión y la superación de los problemas sociales, procurando, a partir de tales objetivos, el desarrollo con la participación de todos los sectores. Sin embargo, como pudimos observar en esta indagación, la implementación de la política de SD ha permitido la configuración de nuevas construcciones de sentido en los ciudadanos, propiciadas desde los mecanismos de cognición social inherentes al individuo. Tal condición de acepciones de realidad por parte de los sujetos permite que los modos discursivos instauren principios hegemónicos en las comunidades, como parte de los mecanismos que admiten ejercer un control sobre los grupos. Esta perspectiva nos arroja luz en cuanto a la manera en que los modelos políticos indagados logran la adhesión de los sujetos a sus postulados político-hegemónicos por medio de categóricas tácticas que condicionan su aprehensión de mundo, manipulando de esta manera las concepciones ideológicas de los individuos.

En la misma medida, un componente paradigmático que se devela en los modos discursivos indagados es la denominada política de SD. Esta ideología surge desde el precepto de legitimación del Estado de derecho, con el que se pretende establecer la tranquilidad para beneficio de la comunidad. Tal noción hegemónica se convierte en uno de los principios fundamentales de los mencionados gobiernos y se instaura en el entorno social, como un factor determinante en las sociedades llamadas democráticas. No obstante, en su trasfondo, tal política genera innegables exclusiones que dan cuenta de modelos políticos con fuertes tendencias hacia un autoritarismo que funda conflictos de poder.

Pudimos observar, asimismo, que las estrategias discursivas utilizadas por los mandatarios estudiados lograron un nivel de cohesión, debido a que sus proyectos de gobierno instauraron medidas de control hegemónico en torno a la condición de la seguridad ciudadana y con esto, también, lograron un importante alcance de sus discursos que permitieron la adhesión a tales políticas fundamentadas en los valores comunitarios, provistos especialmente desde las representaciones socioculturales de los nacionales que finalmente adhirieron a tales modelos gubernamentales y los han consolidado en el poder de forma consecutiva.

Dados los aspectos ideológicos comunes, denotamos que, en los discursos de ambos gobernantes, se advierte un manifiesto interés por redimir la democracia. Esto se debe a las condiciones particulares en que se facilitaron, en lo que respecta a su posicionamiento en el poder y la implementación de los mecanismos hegemónicos de ambos gobiernos. Por otra parte, la libertad se establece como un referente valórico y una de las prioridades de los dos modelos gubernamentales. Proporcionado esto, especialmente, por la ejecución de la política de seguridad que supone una sociedad más igualitaria, donde el libre ejercicio de la democracia consiente fundar un Estado de bienestar, como objetivo último de los discursos indagados.

Para concluir con este estudio, podemos considerar que las estrategias discursivas de tipo hegemónico utilizan indudables elementos contextuales y cognitivos que, como logramos observar, son proporcionados desde las representaciones socioculturales inherentes a los sujetos. Tales pericias representan factores determinantes en los modelos políticos constitutivos en las sociedades de tipo democrático y son, además, las que consiguen la adhesión de los individuos a los discursos y modelos políticos dominantes. Condición que puede demarcarse desde la aquiescencia que demuestra la comunidad al elegirlos consecutivamente como jefes de gobierno.

Finalmente, como desvelamos en el presente texto, el análisis transdisciplinario nos permitió comprender la auténtica importancia del discurso en el acontecer social. Discurso que ejerce el poder de un modo imperceptible para gran parte de los involucrados. Por todo esto, la investigación sobre los efectos del discurso en las prácticas socioculturales de los ciudadanos permite un acercamiento para comprender la realidad de nuestros grupos sociales. Teniendo en cuenta la divergencia entre los discursos de poder y las acciones a la luz del suceder en la vida cotidiana.

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Fecha de recepción: 15/09/2017

Fecha de aceptación: 21/11/2017