Programa Universitario en la Cárcel, más de 20 años garantizando el derecho a la educación superior
María Luisa Domínguez | luisa.dominguez@unc.edu.ar | Universidad Nacional de Córdoba
Victoria Chabrando | victoriachabrando@gmail.com | Universidad Nacional de Córdoba
Recepción: 01/11/23
Aprobación final: 07/11/23
Motivadxs por la búsqueda de hacer de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) una universidad más inclusiva y de democratización de acceso a la educación superior desde una perspectiva de derechos humanos, en 1999 se crea el Programa Universitario en la Cárcel (PUC) de la Facultad de Filosofía y Humanidades (FFyH). Desde entonces y de manera ininterrumpida, organiza el dictado de cinco carreras de grado (Bibliotecología, Ciencias de la Educación, Filosofía, Historia y Letras) en todos los establecimientos penitenciarios de la provincia de Córdoba.
A 40 años de la recuperación de la democracia, en conversación con Luisa Dominguez[1], actual coordinadora del PUC, nos adentramos en las dinámicas de un espacio que hace más de 20 años construye y democratiza conocimientos y ciudadanía.
El PUC es una de las apuestas institucionales más importantes de la FFyH. ¿Qué destacarías de la historia del Programa a más de 20 años de su implementación?
El Programa Universitario en la Cárcel se crea en 1999 a partir de un convenio entre la FFyH y el Ministerio de Justicia. Su principal antecedente fue el Programa UBA XXII, una propuesta similar de la Universidad de Buenos Aires que data de 1985. Hacer mención de este antecedente no es casual, ya que permite evidenciar que este tipo de programas son apuestas institucionales directamente relacionadas con un estado democrático en el que la educación y el acceso a la cultura son entendidos como derechos humanos.
En estos 24 años de existencia, el PUC ha atravesado distintos momentos que podríamos organizar en tres etapas, en línea con la propuesta del equipo de investigación dirigido por Alicia Acín[2]. Una primera, inaugural, coincide aproximadamente con los primeros ocho años de funcionamiento. Durante ese período se celebraron acuerdos y se crearon las condiciones necesarias para llevar adelante el Programa en la Facultad. El período finaliza en 2007 con la creación del Programa Universidad, Sociedad y Cárcel (PUSyC), dependiente del Rectorado de la UNC, cuyos objetivos, entre otros, buscaban propiciar un encuadre de trabajo articulado entre las iniciativas de las distintas unidades académicas de la UNC en contextos de encierro. El marco institucional de Rectorado fue clave para el fortalecimiento de la iniciativa del PUC como así también para la consolidación de los vínculos con el Servicio Penitenciario de la provincia. Durante este período, las actividades se desarrollaban de manera presencial en la unidad penitenciaria N° 2 del barrio San Martín. En 2008, por demanda de interesadxs, se solicita el dictado de la carrera de Historia en Bouwer y aquí podríamos decir que comienza un segundo momento en la historia del PUC, en el que se asiste a su consolidación (ver, por ejemplo, Corra, Herranz y Pereyra 2022 en la Revista Alquimia) gracias a un contexto político universitario, provincial y nacional favorable para este tipo de iniciativas. Esto se evidencia en la creación de muchísimos programas de este estilo en el país por estos años. De hecho, los datos relevados por la Red UNECE (Red Universitaria Nacional de Educación en Contextos de Encierro) muestran que entre 2006 y 2018 se crearon 23 de las 34 propuestas de este tipo que hay actualmente en Argentina.
Volviendo al PUC, en 2015 sucede un acontecimiento importante, que es el desmantelamiento de la unidad penitenciaria de San Martín y su traslado al Complejo Carcelario Nº 1, ubicado en la localidad de Bouwer, a 20 km de Ciudad Universitaria. Este período implicó una reconfiguración del Programa, sobre todo por el aumento de la distancia física y el esfuerzo económico que comenzaron a significar para la FFyH los traslados de docentes a ese complejo. Esta decisión, además, tuvo como consecuencia la profundización de la dispersión de lxs estudiantes, ya que un grupo grande fue trasladado a otras cárceles de la provincia, en particular a Cruz del Eje (localidad ubicada a 145 km de la ciudad de Córdoba, o sea, a más de dos horas de distancia desde Ciudad Universitaria). Esto implicó que muchxs de ellxs abandonaran sus estudios o se retrasaran considerablemente en el cursado. Si bien un año después se logró recomponer la situación y se acordó continuar con los traslados, las condiciones eran muy desgastantes para lxs estudiantes, lo que derivó en la suspensión de los traslados con fines educativos.
En 2019, se reconoce otro momento, en el que comienza a implementarse una nueva propuesta educativa híbrida de clases presenciales en Bouwer con retransmisión virtual para el resto de las cárceles de la provincia. Esta medida sirvió como base para enfrentar los desafíos impuestos por la pandemia durante 2020 y 2021. En 2022, con el retorno pleno de la Facultad a sus dinámicas presenciales habituales, el Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC) informó que, sin embargo, no se restituirían los traslados de lxs estudiantes ubicados en las cárceles más lejanas e incluso tampoco dentro de los módulos de la propia cárcel de Bouwer. A partir de entonces, el PUC no tuvo otra opción que dictar toda su oferta académica de manera virtual, al tiempo que las actividades extensionistas también se vieron considerablemente limitadas. Esto ha implicado la reconfiguración del dispositivo pedagógico, que pasó de tener una modalidad exclusivamente presencial a una estrictamente virtual, lo que ha supuesto la implementación de nuevas estrategias frente a los nuevos condicionantes.
El PUC además de ofrecer carreras universitarias en la cárcel, es un espacio de formación para estudiantes y graduadxs de la FFyH. ¿De qué modo se integran los propósitos del Programa con las trayectorias estudiantiles?
Parte de las tareas del PUC es articular las realidades intra y extramuros, por lo cual los espacios de formación para la comunidad académica general son fundamentales. Por eso anualmente convocamos a estudiantes y egresadxs a sumarse al equipo de trabajo del PUC, lo que contribuye significativamente a su fortalecimiento. Y esto es así no solo por las múltiples tareas que desarrollan ayudantes y adscriptxs (entre las que se destacan los espacios de comunicación académica, un espacio de intercambio con estudiantes del PUC y la confección del Boletín), sino también porque permiten hacer presente en Ciudad Universitaria una propuesta que funciona a varios kilómetros de distancia y en contextos de privación de libertad. En un ida y vuelta, ayudantes y adscriptxs contribuyen a mitigar el aislamiento y a garantizar la presencia de nuestra institución en la cárcel y, al mismo tiempo, a traer la voz de lxs estudiantes presxs a la Facultad.
Actualmente, ¿cuál es el mayor desafío del Programa?
En este momento el mayor desafío viene siendo la reconfiguración del dispositivo pedagógico del PUC (para conocer más, ver los trabajos de Alicia Acín), un dispositivo muy complejo, desarrollado a lo largo de muchos años por especialistas de nuestra Facultad y que partía de un acuerdo entre las partes que garantizaba la presencia física de estudiantes y docentes en un aula universitaria destinada al dictado de clases. Desde el levantamiento del estado de emergencia, al finalizar la pandemia, se nos informó la decisión de mantener la suspensión de los traslados de internxs con fines educativos. Esto ha implicado repensar integralmente el funcionamiento académico del Programa, el diseño de nuevas estrategias para no perder el contacto con nuestrxs estudiantes (como actividades extracurriculares presenciales, visitas regulares para relevar particularidades de la cursada, etc.), el desarrollo de una oferta académica inclusiva y de calidad, como así también el ingenio de lxs docentes para adaptarse a esta nueva realidad ―aunque la experiencia de la pandemia fue un antecedente muy importante que ha permitido desarrollar buenas propuestas, que seguramente se irán afinando con el tiempo―. En este contexto, una de las propuestas más interesantes viene siendo el Programa de Fortalecimiento a las Trayectorias de Estudiantes del PUC que implementamos este año, que consiste en la conformación de un equipo de tutorxs disciplinares por carrera, que acompañan el estudio y acreditación de las materias de lxs estudiantes del programa.
También tenemos otros desafíos que demandan el diálogo con otros espacios de la Facultad y la Universidad. La historia del Programa ha demostrado que a mayor articulación y proliferación de propuestas en distintas unidades académicas, mayores son las posibilidades de articular con lxs otrxs actorxs que intervienen en este complejo juego interinstitucional, que involucra al Ministerio de Justicia, al Servicio Penitenciario y a la Universidad, como mínimo. Mientras más facultades se sumen con propuestas similares al PUC, tanto académicas como extensionistas, mejor será el posicionamiento de la UNC en los espacios carcelarios, lo que redundaría en la ampliación del acceso al derecho de la educación superior y a la cultura, pero también en mejorar las condiciones materiales de ese acceso.
Finalmente, siempre está como horizonte aumentar la matrícula intramuros (de 180 estudiantes actualmente), mejorar las condiciones de permanencia y fomentar el egreso.
A 40 años de la recuperación de la democracia, ¿cuál es el significado que desde el PUC adquiere esta idea?
Como decía al comienzo, estos programas que se proponen fortalecer la educación pública llevando la universidad a otros territorios son hijos de la democracia, como es el caso de UBA XXII, que surge dos años después de la restitución de la vida democrática en el 83. Alcanzar ofertas de educación superior a las cárceles implica hacer circular conocimientos por instituciones que han sido diseñadas para distintos grupos de personas y empezar a romper el elitismo y hermetismo académicos. Es importante reparar en que, antes de empezar a estudiar, para la mayoría de las personas privadas de libertad, ir a la facultad no formaba parte de su horizonte de posibilidades. Este tipo de programas busca alterar esta lógica de distribución desigual de acceso a la educación y al mundo del trabajo y, consecuentemente, a la calidad de vida en un marco de justicia social. Si no fuera porque vivimos en un estado democrático, difícilmente podríamos haber desarrollado este tipo de propuestas.
Tanto el PUC como el resto de los programas que hay en el país son apuestas de políticas de gestión. Si bien en la actualidad, desde la Red y en acuerdo con la SPU, se está buscando desarrollar un marco institucionalizante para este tipo de propuestas, lo cierto es que dependen de los modelos de gestión coyunturales de las universidades públicas, de modo que su existencia está directamente atada a las propuestas de cada gestión de gobierno (universitario, pero también provincial y nacional). Dicho esto, hoy más que nunca tenemos que defender las universidades públicas y sus notables avances en el ámbito de la inclusión y calidad educativas.
Este año se desarrollaron propuestas para trabajar sobre ciudadanía universitaria y participación democrática con estudiantes del PUC, ¿cuál es el balance de estas iniciativas?
La Jornada de Ciudadanía Universitaria, realizada durante octubre, fue un espacio que se pensó en continuidad con el taller de “Ciudadanía Universitaria. La construcción del oficio de estudiantes universitarixs”, organizado por la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la FFyH durante mayo del 2023. El objetivo de este espacio fue el de acercar a lxs estudiantes privados de libertad instancias de reflexión e involucramiento con la vida democrática de las universidades públicas. En contextos de encierro es difícil que lxs estudiantes se reconozcan como sujetos de derechos, ya que parte de la lógica carcelaria es, precisamente, su escamoteo. El hacinamiento y las malas condiciones de vida son moneda corriente, lo que va erosionando la propia subjetividad y genera un desinvolucramiento con la vida pública. La ciudadanía universitaria en contextos de encierro busca paliar esta situación. De allí que estas jornadas fueron un puntapié para profundizar en el sentido de la educación como un derecho humano y la participación política como parte necesaria de su ejercicio y defensa.
[1] Luisa Domínguez es licenciada en Letras por la UNC y doctora en Lingüística por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente se desempeña como coordinadora del Programa Universitario en la Cárcel (FFyH-UNC), como docente en la Escuela de Letras (FFyH) y como becaria posdoctoral de CONICET.
[2] Secyt 2018- 2022, Proyecto Consolidar: “Producción de subjetividad y acceso a derechos. Sentidos en torno al Programa Universitario en la Cárcel”. Dirección: Dra. Alicia Acin y Mariel Castagno. Investigadores: Jorge Perano, Ana M. Correa, Teresita Pereyra, Silvana M. Herranz, Inés O., León Barreto, José I. Páez y Marcela Morcillo.