PENSAR LA (IN)SEGURIDAD URBANA EN CLAVE FEMINISTA. EXPERIENCIAS EN BARRIO CIUDAD SOL NACIENTE
THINKING URBAN (IN)SECURITY IN A FEMINIST KEY. EXPERIENCES IN THE NEIGHBORHOOD CIUDAD SOL NACIENTE
Carolina Blanco[1]
CIECS - CONICET
MAIL: carolina.blancovergara@gmail.com
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3009-264X
Colaboración: Mónica Alvarado, Mariel Arias y Laila Fleker
Resumen
El presente artículo propone una reflexión en torno a los alcances y limitaciones de las metodologías utilizadas para la identificación de los espacios de la vida cotidiana vinculados a la experiencia de la inseguridad urbana por parte de las mujeres del barrio-ciudad Sol Naciente, en la Ciudad de Córdoba, Argentina. La práctica se enmarca en un proceso de investigación que busca analizar los efectos que las políticas habitacionales más recientes han tenido en los barrios populares sobre los hechos de violencia y la percepción de la inseguridad, poniendo énfasis en las mujeres como sujetas prioritarias del derecho a la ciudad. Partiendo de la hipótesis de que las mujeres de los barrios populares experimentan la inseguridad urbana asociada a factores de género y segregación residencial que generan condiciones de mayor vulnerabilidad, se diseñó una metodología de triangulación múltiple que cruza diferentes escalas y niveles de análisis con la intención de desentramar la multiplicidad de factores que intervienen en sus experiencias. Se espera que la reflexión sobre la metodología aporte a cuestionar los modos hegemónicos de producir la ciudad, para avanzar en la construcción de modelos alternativos que promuevan ciudades más seguras e inclusivas.
Palabras claves: Ciudades seguras, Metodologías, Urbanismo Feminista
Abstract
This article proposes a reflection on the scope and limitations of the methodologies used to identify the spaces of daily life linked to the experience of urban insecurity by the women of the Sol Naciente neighborhood-city, in the City of Cordoba Argentina. The practice is part of a research process that seeks to analyze the effects that the most recent housing policies have had in popular neighborhoods on acts of violence and the perception of insecurity, emphasizing women as priority subjects of the right to the city. Starting from the hypothesis that women in popular neighborhoods experience urban insecurity associated with gender factors and residential segregation that generate conditions of greater vulnerability, a multiple triangulation methodology was designed that crosses different scales and levels of analysis with the intention of unravel the multiplicity of factors that intervene in their experiences. It is expected that the discussion on the methodology contributes to questioning the hegemonic ways of producing the city, to advance in the construction of alternative models that promote safer and more inclusive cities.
Keywords: Safe Cities, Methodologies, Feminist Urbanism
Fecha de recepción: 13 de octubre de 2020
Fecha de aceptación: 23 de noviembre de 2021
1. Introducción
El desafío de construir una metodología que permita identificar la multiplicidad de factores que intervienen en la producción de la inseguridad barrial, teniendo en cuenta factores de género y segregación residencial, surge en el marco de una serie de proyectos de investigación[2] que se vienen desarrollando desde el 2012 en adelante, con el trabajo y la participación de numerosos/as actores/as de la academia y organizaciones de la sociedad civil[3]. En ellos se buscaba darle continuidad a una serie de Programas Regionales,[4] impulsados por ONU Hábitat y ONU Mujeres, para promover ciudades más seguras. El presente artículo expresa una síntesis muy breve de los resultados alcanzados en varios años de producción, focalizando en los aspectos metodológicos del proyecto. Nos interesa evaluar la estrategia metodológica formulada para el estudio de un caso en particular, en la medida en la que se apoya en un conjunto de metodologías feministas críticas, comprometidas con la realidad social, cuyo propósito es cuestionar los modos hegemónicos de producir el espacio urbano para contribuir con otras formas de hacer y habitar la ciudad. Para ello, explicitaremos el trayecto por el cual se fue construyendo la metodología y las posiciones adoptadas frente a los interrogantes fueron surgiendo en el camino. Hacer explícita la “cocina de la investigación” permite someter al análisis crítico el proceso mismo de construcción del conocimiento, aspecto fundamental para desmontar la pretendida neutralidad desde la que se piensa y construye la ciudad.
Nuestro trabajo parte del supuesto de que, a pesar de los avances conquistados en materia de derechos por y para las mujeres, los espacios públicos de las ciudades continúan siendo mayoritariamente masculinos (Falú, 2014).
Uno de los factores que dificultan la “irrupción” plena de las mujeres como ciudadanas en lo público (…) son las violencias que se ejercen contra éstas en los espacios públicos, las que podrían operar a modo de mecanismo de restricción de los derechos de las mujeres a la ciudad. (Falú, 2014 p. 14)
La inseguridad urbana, junto a los factores objetivos y subjetivos asociados a la misma (violencias y miedos), constituye uno de los obstáculos más importantes para el ejercicio de la ciudadanía, el uso y disfrute de la ciudad y una de las causas de las lógicas dominantes de ocupación del suelo urbano, caracterizadas por un aumento de la segregación residencial socioeconómica y una creciente privatización y fragmentación del espacio urbano. De estos supuestos, se desprenden tres pilares centrales en torno a los cuales gira la investigación.
Primero, sostenemos que la percepción de la violencia es tan importante como la violencia en sí misma para un análisis de la inseguridad urbana con enfoque de género que apunte a garantizar el acceso igualitario a la ciudad. Esto implica desplazarse de la “perspectiva del crimen” (Ortiz Escalante, 2014), presente en las políticas públicas y en la forma tradicional de abordar el problema de la (in)seguridad, para pasar a considerar los múltiples tipos de violencias que se ejercen contra las mujeres y que no son considerados delitos por la ley, así como la forma en la que el miedo y la percepción de la inseguridad influyen en el uso y apropiación desigual del espacio urbano. Segundo, consideramos a la dimensión territorial un elemento constitutivo de las prácticas y representaciones asociadas a la (in)seguridad urbana. La segregación residencial, contribuye a la estigmatización de las comunidades de menores recursos potenciando los mecanismos de aislamiento espacial y exclusión social de los que son objeto (Tecco, 2011). Esto genera condiciones propicias para un aumento de la violencia, vinculada con una deficiente o abusiva presencia institucional (Wacquant, 2007) y un aumento de la percepción de la inseguridad vinculada con un sentimiento de indefensión y abandono (Reguillo, 2000). Las denominadas “zonas de no derecho”, “territorios de privación y abandono”, “barrios prohibidos de la ciudad”, (Wacquant, 2000), experimentan la inseguridad de su propia exclusión territorial y social (Falú, 2009). Finalmente, la perspectiva del derecho es central en nuestro abordaje en tanto entendemos que la violencia ejercida hacia las mujeres en el espacio urbano limita su derecho a la ciudad, constituyendo una forma específica de violencia de género y de privación arbitraria de su libertad (Ortiz Escalante, 2014). Garantizar el derecho de las mujeres a la ciudad es un aspecto ineludible para fomentar su autonomía, eliminar todas las formas de discriminación y violencia contra ellas y apuntar hacia la construcción de sociedades más igualitarias.
La Ciudad de Córdoba, resulta un escenario propicio para analizar las problemáticas expuestas. En las últimas décadas, las crecientes disparidades socio-territoriales, puestas en evidencia por la proliferación de barrios privados y la expansión hacia la periferia de planes de vivienda social de escasa calidad ambiental y limitada provisión de servicios, demuestran que el derecho a la ciudad no es accesible para todo/as (Falú, 2009), antes bien, es una deuda pendiente con amplios sectores de la sociedad. La desigualdad en el acceso a la ciudad, viene de la mano de un fenómeno característico de las metrópolis latinoamericanas: la creciente segregación residencial socioeconómica (Ibíd.). De acuerdo con definiciones clásicas, la segregación residencial puede entenderse como la aglomeración espacial de hogares con similares características (étnicas, etarias, culturales, etc.), conformando “áreas homogéneas” con escasa interacción entre sí (Sabatini et al., 2001; Rodríguez Vignoli, 2001). Cuando hablamos de segregación residencial socioeconómica, nos referimos a la segmentación espacial de viviendas por grupos socioeconómicos. Ahora bien, la noción de segregar implica separar o apartar algo intencionalmente y, en el campo de lo social, tiene una larga tradición ligada a la marginación de distintos grupos sociales (Rodriguez Merkel, 2014). Por ello, conviene indagar en sus causas y efectos y no tomarla como un fenómeno “espontáneo” ligado a las preferencias personales, sin consecuencias sociales (Rodriguez Merkel, 2014).
En el caso de Córdoba, distintos estudios demuestran que la segregación residencial socioeconómica ha ido en aumento, tanto por la acción de los mecanismos del mercado, que determinan posibilidades desiguales de acceder al suelo urbano, como por efecto de los planes habitacionales estatales que han desplazado a los sectores de baja renta hacia las zonas menos cotizadas de la ciudad (Díaz y Caro, 2002; Marengo y Elorza, 2016; Molinatti y Peláez, 2017; Tecco y Fernández, 2005; etc.). Un caso emblemático de este último tipo lo constituye del “Programa Nuevos Barrios: Mi Casa, Mi Vida” (en adelante PMCMV) formulado el 2001 e implementado desde el 2003 por el Gobierno de la Provincia de Córdoba con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)[5]. Se trata de un plan habitacional que oficialmente estaba dirigido a la reubicación “grupos de familias vulnerables, afectados por inundaciones y factores ambientales críticos de la ciudad” (según reza el Reglamento Operativo, 2003) pero en la práctica se transformó en un instrumento para resolver parte del déficit habitacional y para la erradicación de barriadas populares asentadas en suelo de alto valor inmobiliario (Marengo y Elorza, 2016; Molinatti, 2016; Molinatti y Peláez, 2017). Desde que comenzó a implementarse el PMCMV a la actualidad, se han construido más de 8.000 viviendas agrupadas en 31 nuevos barrios[6] (17 barrios y 14 “barrios ciudades”)[7], localizados mayoritariamente en zonas periféricas de la ciudad (ver figura 1), con baja accesibilidad, limitada provisión de servicios, falta de integración urbana y falta de mixtura social (Molinatti, 2016; Molinatti y Peláez, 2017).
Una de las facetas de la segregación residencial, es la fragmentación urbana que la acompaña (Burguess, 2009), es decir, la falta de continuidad espacial dada por distintos dispositivos (murallas, autopistas, grandes distancias, etc.) que impiden la integración física y social de la ciudad (PNUD, 2009). No se trata de fenómenos aislados entre sí: mientras la expulsión de los pobres hacia la periferia, dada por la mercantilización de los bienes urbanos y las deficientes políticas habitacionales, va generando un proceso de segregación residencial, la apropiación que las clases medias-altas hacen del espacio urbano, mediante la construcción de barrios privados y cercados, constituyen ejemplos de fragmentación territorial. Se produce de esta manera una segregación residencial sin gradientes que contribuye a reforzar las lógicas de exclusión social. Como señala Svampa (2004), este modo de habitar, conlleva la “puesta en acto de una frontera espacial”, que va generando una profunda la separación entre “el adentro” y “el afuera”, constituido uno como el espacio seguro y otro como el espacio amenazante, lo que contribuye a potenciar el miedo al afuera y a arraigar un sentimiento de sospecha y temor hacia los demás: “el otro, al que se teme, está afuera”.
En este contexto, la inseguridad se ha transformado en una preocupación constante de las sociedades y está presente en las agendas gubernamentales. Sin embargo, esta preocupación manifiesta, entra en contradicción la “lógica inercial” de políticas habitacionales que tienden a incrementar la polarización social y espacial. A ello se suma la renuencia de los gobiernos locales a incorporar la violencia de género en las políticas de seguridad, visibilizar a las mujeres e integrarlas como sujetas activas en la construcción de la ciudadanía (Falú, 2014). Teniendo en cuenta la confluencia de estas problemáticas, nos propusimos analizar la experiencia de la inseguridad urbana en sectores populares, que habitan barrios producto de las políticas habitacionales estatales, poniendo énfasis en las mujeres como sujetas prioritarias del derecho a la ciudad.
El estudio de caso se centró en el barrio ciudad Sol Naciente, ubicado en el límite noroeste de la ciudad (ver figuras 1 y 2). Se trata de un barrio que alojó a 638 familias relocalizadas desde otros asentamientos: Canal de las Cascadas, Costa Canal San Francisco, Costa Canal Villa Rivera Indarte, Villa Tersuave, Boulevares de los Cortaderos, Villa Manuela y El Infiernillo I y II. Fue uno de los últimos en construirse en el marco del PMCMV, materializándose la primera etapa en el año 2007 y finalizando el traslado total de la población hacia el año 2009. Al igual que otros barrios ciudad, Sol Naciente cuenta con una serie de equipamientos (escuela primaria, dispensario, plaza central, locales comerciales, posta policial y consejo territorial) y servicios básicos (agua, electricidad y recolección de basura). La relativa independencia de los barrios ciudad le permitió al gobierno provincial localizarlos lejos de la ciudad primada, en zonas de baja accesibilidad. El traslado y la convivencia forzada de grupos provenientes de distintos barrios, sin un proceso de socialización previo, la insuficiente dotación de servicios y la escasa calidad ambiental, contribuyen a la presencia de usos conflictivos. Si bien estas dimensiones de análisis son compartidas con otras líneas de investigación, la innovación de la presente es la incorporación de la perspectiva de género como eje transversal, por lo general ausente o no suficientemente tenida en cuenta en las políticas habitacionales y de seguridad.
Figura 1: Plano con la localización de los nuevos barrios ejecutados por el PMCMV en la Ciudad de Córdoba, Argentina.
Fuente: elaboración propia en base a planos aportados por la Dirección General de Catastro, Municipalidad de Córdoba y datos extraídos de fuentes secundarias (Cisterna, 2011; Martínez de Rusconi y Maffrand, 2014; Molinatti y Peláez, 2017).
Figura 2. Localización y accesibilidad vial al barrio ciudad Sol Naciente.
Fuente: elaboración propia en base a planos de la Dirección General de Catastro, Municipalidad de Córdoba y fotos de Google Earth.
2. Aproximación Conceptual
Del caos inicial a la estructuración del problema
Inseguridad es un concepto polisémico y un problema complejo y multicausal que involucra numerosos actores, variables y dimensiones. Se trata de un problema de difícil abordaje susceptible de caer en reducciones simplistas que obstaculizan la capacidad de encontrar respuestas eficaces. Para evitar las limitaciones propias de los enfoques unidimensionales, proponemos un acercamiento en dos movimientos: un primer momento de desagregación conceptual y un segundo de integración o convergencia metodológica.
Una primera aproximación conceptual supone distinguir dos dimensiones claras no siempre relacionadas de la inseguridad: una objetiva, que informa de los hechos de violencia concretos, y otra subjetiva, que refiere a la percepción de la inseguridad. Distintos estudios (Fraile, 2007; Gómez, 2011, Ortiz Guitart, 2004; Rebotier, 2009; etc.) indican que existe un desfasaje entre la producción y distribución geográfica de la violencia y las representaciones que se tienen de aquella. Es decir, los lugares que se perciben como inseguros, no siempre coinciden con aquellos donde se registran las mayores tasas de violencia y criminalidad. Esto impone diferenciar entre los hechos de violencia y la percepción de la inseguridad, las causas y consecuencias asociadas a cada una de ellas.
La inseguridad urbana tiene una dimensión espacial, no sólo porque se expresa en prácticas y representaciones socio-espaciales (enfrentamientos, violencias, miedo al espacio público, limitación de la movilidad personal, etc.) sino porque existe el “lugar como expresión del miedo” (Uribe Castro, 2002). Este último se observa en fenómenos como la fortificación de viviendas, el aumento de los dispositivos de vigilancia, enrejado de los espacios públicos, éxodo generalizado de las clases medias y altas hacia la periferia, etc. El ser humano reacciona frente a su entorno y esa reacción la refleja y la expresa en su forma de habitar (Ibíd.).
Burguess (1998, cit. por Falú 2009) sostiene que la violencia urbana tiene lugar en cada escala espacial en la que se organiza la sociedad, por lo que debe ser analizada como un problema social con expresión urbana. Una mirada micro espacial permite advertir que las características del entorno urbano no son ajenas a los factores que las personas identifican como causales de la inseguridad. Elementos como las dimensiones del espacio público, la accesibilidad, el confort, la intensidad de uso de los espacios por grupos diversos, la existencia de redes sociales e instituciones de referencia y la identificación con el lugar, entre otros, influyen en la decisión de las personas para transitar, permanecer o evadir determinados lugares (Gómez, 2011; Goycoolea Prado, 2006; Lindón, 2008; Ortiz Guitart, 2004; Segovia y Rico, 2017; etc.)
A mayor escala, las ciudades muestran los mecanismos de defensa ante el miedo marcados por una creciente selectividad en las relaciones socio-espaciales. La auto-reclusión en barrios cerrados de los sectores de alta renta y el impacto de la segregación residencial sobre la población de menores recursos pueden entenderse formando parte de este proceso. La segregación residencial contribuye a la estigmatización de las comunidades de menores recursos y a un incremento de la violencia real vinculada a procesos de exclusión social. Las instituciones encargadas de la seguridad pública perciben a los habitantes de los barrios segregados como responsables y no receptores de la violencia, por lo que desatienden sus demandas. Los proveedores de servicios públicos (taxis, ambulancias, servicios de entrega a domicilio, etc.) restringen sus recorridos por temor. Rebotier (2009) sostiene que se construye de manera indiscriminada un discurso dominante sobre la inseguridad urbana que parece lejano de la realidad medida. Para Wacquant (2007), los discursos del miedo constituyen una dimensión de la exclusión social que es legitimada por los sectores medios y altos de la sociedad, como también por quienes habitan las zonas estigmatizadas. Empero, los efectos más severos, recaen sobre estos últimos. Las “cartografías del crimen” y las “cartografías del miedo” –a menudo contradictorias- informan en buena medida sobre el orden social y espacial vigente.
En tanto construcción socio-cultural puede entenderse que, sin bien los miedos han sido una constante en la historia de la humanidad, son dinámicos y se reconfiguran con el tiempo (Regillo, 2000). Entre los aspectos más influyentes en la construcción social del miedo contemporáneo, la literatura señala: la incertidumbre provocada por la vertiginosidad de los cambios científico-tecnológicos, la inestabilidad socio-económica, el debilitamiento del rol del Estado y el descrédito hacia las instituciones modernas (Merino y Sanchez, 2007). A esto se añade la influencia de los medios masivos de comunicación, que reproducen mensajes reiterados relacionados con violencias y tragedias diversas, que aparecen ocurriendo con altos niveles de impunidad y “espectacularidad” (Ibíd.). Todo ello contribuye a producir un sentimiento generalizado de desconfianza e indefensión (Op. cit.). Por otro lado, la inseguridad como construcción social, entraña un aspecto vinculado a la distribución desigual del riesgo (Beck, 1998) en el marco de sociedades asimétricas. Las formas de experimentar la inseguridad varían de acuerdo al sujeto y al contexto geográfico y social. Factores como la edad, género, clase, etnia, procedencia, inserción social y territorial inciden en la producción de violencias y en la experiencia personal de la inseguridad (Burgess, 2009; Del Valle, 2006, Lindón, 2008; Ortiz Guitart, 2004, etc.).
Finalmente, la inseguridad urbana tiene una dimensión temporal, no sólo porque cada época tiene una forma particular de producirla, experimentarla y conceptualizarla, sino porque el mismo espacio es percibido y practicado por distintos actores en temporalidades diversas. Es decir, la misma porción del espacio puede ser utilizada por distintas personas de forma diferente a lo largo del día y percibida de manera diferente por distintos grupos poblacionales en función de distintas franjas horarias (Gómez, 2011; Goycoolea Prado, 2006, Ortiz Escalante, 2014).
En síntesis, abordar un problema complejo como el de la inseguridad urbana supone distinguir dimensiones diferenciadas pero relacionadas entre sí: 1) los hechos de violencia concretos, 2) la percepción de inseguridad, 3) las características sociales relevantes de la población bajo análisis, 4) las características cambiantes y relacionales del espacio o el lugar, tanto en sus aspectos físicos como sociales y en sus diversas manifestaciones escalares. El “lugar como expresión del miedo” (Uribe Castro, 2002), las prácticas y representaciones socio-espaciales, son dimensiones profundamente relacionadas que configuran subjetividades y modifican los modos de habitar.
3. Pensando la inseguridad urbana desde una perspectiva de género
Aportes del urbanismo feminista
Tradicionalmente, el análisis y la gestión de la (in)seguridad urbana ha sido abordado desde la perspectiva del crimen enfocándose en aquello que se considera por ley que es delito, sin considerar la violencia que no está tipificada como tal (Ortiz Escalante, 2014). Esta aproximación es extremadamente sesgada, porque no se ocupa de las violencias reales, sino únicamente de aquella que los países prohíben, castigan o sancionan, excluyendo además la experiencia del miedo y la percepción de la inseguridad (Ibíd.). Se trata de una visión androcéntrica de la (in)seguridad, porque invisibiliza la mayor parte de las violencias que se ejercen contra las mujeres y otros grupos oprimidos, así como también los aspectos específicos que atentan contra sus derechos, libertad e integridad.
En general, la información oficial, que es posible recabar, “omite como delitos algunas manifestaciones de violencias hacia las mujeres por estar naturalizadas socialmente, tales como las distintas formas de acoso en la vía pública, la calle, el transporte” (Rainero, 2014, p. 94). Adicionalmente, en muchos países, una parte importante de la violencia de género todavía no es considerada un crimen, lo que permite que se siga perpetuando (Ortiz Escalante, 2014). La ausencia de sanción, incluye prácticas muy variadas que van desde la “violencia más suave” como puede ser el acoso sexual callejero o laboral y las distintas formas de abuso físico o verbal, hasta la no penalización de violencias extremadamente graves como son la mutilación genital femenina, el intercambio mercantil de niñas en matrimonio infantil, la violación como “correctivo” y el asesinato como “crímenes de honor”. “También existe violencia institucional, cuyo origen puede hallarse en leyes estatales como, por ejemplo, aquellas que prohíben el aborto o las que violan los derechos sexuales y reproductivos, o bien, en la falta de respuesta institucional y estatal frente a la violencia contra las mujeres, como en el caso de feminicidio en diferentes países de América Latina” (Ibíd., p. 51).
Las formas en la que se manifiesta la violencia hacia los hombres y las mujeres en las ciudades son diferentes. Las agresiones que mayoritariamente se ejercen contra el cuerpo de los varones, como homicidios o lesiones, por lo general, carecen de connotación sexual y suelen darse en el espacio público, en el marco de conflictos específicos (Falú, 2014). En cambio, cuando delitos del mismo tipo tienen por objeto a las mujeres, suelen estar imbuidos de un claro componente sexual y pueden ocurrir en cualquier espacio, sin ningún detonante en particular (Ibíd.). “Las mujeres experimentan desde hostigamiento verbal, hasta acoso sexual y violación en plazas, parques, calles y transportes públicos” (Ibíd.p. 20). Esto genera reacciones diferentes frente a la violencia por parte de hombres y mujeres. Por ejemplo, si un hombre es víctima de un asalto o de una golpiza, “muy probablemente, lo explicará a su círculo cercano y se atreverá a denunciar lo que ha pasado. En cambio, cuando una mujer es violada, difícilmente lo va a compartir con mucha gente y, según en qué contexto viva, no va a querer denunciar esa violación por miedo a ser revictimizada y culpada” (Ortiz Escalante, 2014, p. 52). La tendencia social a responsabilizar a las mujeres por las agresiones de las que son víctimas, genera un marco de impunidad que contribuye perpetuar y potenciar la violencia de género como tal (Falú, 2014).
De lo dicho hasta ahora se desprende que las tasas de delitos no dan cuenta acabadamente de las agresiones contra las mujeres, de allí la necesidad de relativizar estas estadísticas. Pero más allá de los aspectos cuantitativos de la violencia, las mujeres son afectadas por la percepción de la inseguridad. Distintos estudios (Falú, 2014; Gómez, 2011; Kessler, 2009; Ortiz Guitart, 2004; Rainero, 2014) demuestran que, en general, las mujeres se sienten más inseguras que los varones en la ciudad. La experiencia del miedo de las mujeres en la ciudad, limita su derecho a disfrutar del espacio público, apropiarse de los recursos urbanos y participar en la sociedad en condiciones de igualdad. Cuando sienten temor, las mujeres abandonan el espacio público, disminuyen su radio de movilidad, cambian sus recorridos, utilizan con menos frecuencia las ofertas de la ciudad y en general le temen a la ciudad nocturna (Segovia y Rico, 2017). El miedo es un factor de peso que obstaculiza la “irrupción” plena de las mujeres en la ciudad y dificulta la posibilidad de efectivizar el conjunto de derechos conquistados (Falú, 2014).
En cuanto a respuestas a la inseguridad urbana, por parte de las instituciones y desde la misma población, se inscriben en el debate mundial dos líneas contrapuestas: por un lado, políticas que se focalizan en mitigar las consecuencias de la inseguridad con medidas fundamentalmente represivas; en oposición a estas, políticas que indagan sobre las causas del problema y se traducen en estrategias preventivas y promotoras de mayor confianza ciudadana (Rainero, 2006). El primer polo tiende a privilegiar medidas punitivas y restrictivas, como una mayor presencia policial, mayor vigilancia y mayor control en el acceso a determinados espacios, imponiendo un “estricto control social” que tiende a la criminalización y el abandono del espacio público (Oliver Frauca, 2006). En el segundo polo se destacan los enfoques participativos que buscan comprometer a la sociedad organizada en la gestión de programas de carácter preventivo y apuestan a la promoción del espacio público como lugar privilegiado para la construcción de la ciudadanía (Rainero, 2006).
Desde el urbanismo feminista, como corriente de pensamiento y acción, se busca analizar la (in)seguridad urbana, diferenciando y complejizando qué se entiende por violencia de género, miedo, (in)seguridad o percepción de la inseguridad, yendo más allá de lo que se tipifica como delito y, por lo tanto, de lo que está marcado por la ley (Ortiz Escalante, 2014). Retomando los lineamientos de los programas de Ciudades Seguras de ONU Hábitat (implementados desde 1996), se considera que el miedo y la percepción de la inseguridad es tan importante como la violencia en sí misma, para promover ciudades más seguras y que “la ciudadanía es experta en la violencia urbana” (Ibíd., p. 50). En ese sentido, se promueven colaboraciones entre los gobiernos estatales, las municipalidades, los barrios y la ciudadanía para prevenir la violencia, no solo mediante el diseño del entorno, sino también gracias a la educación, el desarrollo y la gestión comunitaria (Ibíd.). A su vez, se aboga por que el diseño del espacio urbano vaya acompañado de los elementos sociales y económicos de la planificación urbana para promover una mayor integración socio-territorial y democratizar el acceso a los recursos urbanos (Ibíd.).
4. Estrategia metodológica
Hacia una triangulación múltiple cualitativa
En consonancia con los planteos el urbanismo feminista, nuestro trabajo propone una lectura integral de (in)seguridad urbana, que contemple sus diversas casusas y consecuencias, incorpore la perspectiva de los/as protagonistas y se enfoque en el espacio urbano como instancia privilegiada para la construcción de la ciudadanía, ya que es a partir de la materialidad del espacio que las relaciones sociales son producidas y reproducidas (Blanco, 2007). Para dar respuesta a este imperativo, se diseñó de una metodología de triangulación múltiple, que cruza dos escalas y tres niveles de análisis, y combina diferentes fuentes y técnicas de recolección y análisis de datos. A continuación, se detallan los criterios de entrada para cada uno de los ejes y se ilustran los posibles cruces en un gráfico esquemático (figura 3).
● Escala Macro Territorial: la escala de observación es el barrio y su inserción en la ciudad. En esta escala se estudian las dinámicas “externas” al barrio: su localización y accesibilidad, relaciones de distancia y proximidad, relaciones objetivas y subjetivas del barrio con el entorno, entre el “adentro” y el “afuera”, etc.
● Escala Micro/Meso Territorial: la escala de observación es el barrio y su entorno inmediato. En esta escala la mirada está puesta en las dinámicas “internas” al barrio: las características de la población y del espacio que habitan, la relación de los vecinos entre sí, las prácticas y representaciones socio-espaciales, etc.
● Nivel de las Experiencias: la unidad de observación son los habitantes del barrio y la variable de análisis sus experiencias. El propósito de este eje es identificar las formas específicas en las que distintos grupos poblacionales experimentan la violencia y perciben la inseguridad. En esta instancia nos preguntamos: ¿A qué o a quien(es) le temen las personas? ¿Le temen al espacio o a quienes lo habitan? ¿Quién teme y por qué teme? ¿Cuáles son las espacialidades y las temporalidades del miedo?
● Nivel de las Estrategias: la unidad de observación son los habitantes del barrio y la variable de análisis sus estrategias. El propósito de este eje es identificar las formas específicas en las que los distintos grupos poblacionales responden a la experiencia de la inseguridad. En esta instancia nos preguntamos: ¿Qué constricciones impone la experiencia de la inseguridad en la vida cotidiana de las personas? ¿Qué estrategias desarrollan frente al miedo? ¿Cómo afectan sus trayectorias de vida?
● Nivel Institucional: la unidad de análisis son las políticas y las relaciones institucionales formales e informales. Se trata de un nivel de análisis transversal a las escalas que busca identificar la calidad de los recursos institucionales y sociales con los que cuenta la población para dar respuesta a la problemática de la inseguridad en contextos de segregación socio-espacial.
Figura 3: Ilustración esquemática de la metodología de triangulación múltiple, mostrando los cruces posibles entre de las dos escalas y los tres niveles de análisis.
Fuente: elaboración propia
5. Técnicas de recogida de datos y análisis de la información en escala barrial
La experiencia de la (in)seguridad urbana en los espacios de la vida cotidiana
La primera fase de aplicación de la metodología consistió en una aproximación a escala barrial, cruzando el nivel de las experiencias y el nivel de las estrategias. El objetivo era analizar las relaciones que existen o pueden establecerse entre los hechos de violencia, la percepción de la inseguridad y las características del espacio en el que se inscriben, sin que esto implique un determinismo geográfico -a determinados espacios corresponderían tales prácticas o representaciones-, pero sí considerando que “el espacio no es neutro ante las distintas manifestaciones de violencia” (Goycoolea Prado, 2006, p. 13) y que el modo en que se configura, usa y gestiona contribuye a posibilitar o atenuar situaciones conflictivas. Asimismo, se buscaba conocer y comprender las estrategias que las mujeres desarrollan frente al miedo, para contribuir con el diseño de herramientas que promuevan ciudades más seguras e inclusivas. En concreto, en esta etapa nos propusimos: 1) identificar de los espacios de la vida cotidiana vinculados a los hechos de violencia y la percepción de la inseguridad por parte de las mujeres del barrio ciudad Sol Naciente; 2) sistematizar la presencia de usos conflictivos desde la perspectiva de las propias habitantes y 3) explicitar las respuestas habitacionales que surjan desde las protagonistas.
Para lograr estos objetivos se implementó –con ajustes ad hoc- la metodología de “Auditoría de Calidad Urbana con perspectiva de Género” desarrollada por Adriana Ciocoletto y Col.Lectiu Punt 6 (2014). Se trata una herramienta de evaluación urbana que permite identificar, a través de un “análisis integral de aspectos sociales, físicos y funcionales” del espacio, si las condiciones del barrio responden a las necesidades de las personas, teniendo en cuenta la diversidad desde la que se expresan (Ibíd., p. 7). Para implementar la metodología se parte de identificar las tareas cotidianas que realizan las personas y los espacios en que se desarrollan, mediante caminatas exploratorias en las que se obtienen datos para realizar un “diagnóstico participado”. Previamente, se definen tipologías de espacios que sirven como guías y unidades de observación, siendo estas:
- Equipamientos cotidianos: comprende a todos los equipamientos urbanos definidos como indispensables para el desarrollo de la vida cotidiana en todas las etapas vitales. Son también los espacios de referencia de la comunidad, donde se desarrolla el intercambio, la ayuda mutua y la socialización. Esta categoría abarca equipamientos muy variados, que van desde establecimientos educativos, recreativos, culturales y de salud, incluyendo todas las instituciones que las personas consideren necesarias.
- Espacios de relación: son aquellos espacios donde las personas pueden interactuar al momento de realizar actividades cotidianas en su entorno urbano. Son también espacios de ocio, juego, encuentro y socialización, que posibilitan que las personas convivan, se (re)conozcan y aprendan en la diversidad. En esta categoría se incluyen: plazas y otros espacios públicos, calles, esquinas, espacios intermedios entre lo público y lo privado y cualquier otro espacio que cumpla con las funciones mencionadas.
- Red cotidiana: los equipamientos cotidianos y los espacios de relación, junto con los comercios, las paradas de transporte y las calles que conectan todos los lugares del barrio, conforman la red cotidiana. Esta es observable a escala de vecindario (en un espacio de máximo 300 metros hacia afuera de la vivienda) a escala barrial (en espacio mayor, medible en un radio de 10 minutos a pie), y una escala supra-barrial (en un espacio fuera del barrio, medible en un radio aproximado de 20 minutos a pie).
Tomando como base estas categorías de análisis, se desarrolló una tabla para volcar y procesar los datos que se obtuvieron en el trabajo de campo a través de diversas técnicas cualitativas y participativas (ver Tabla 1 y Tabla 2). En total, en el período comprendido entre el 2012 y el 2018, se realizaron cuatro caminatas exploratorias con informantes claves, más tres caminatas grupales con vecinas del barrio, que culminaron en tres grupos focales donde se realizaron debates y mapeos colectivos de diagnóstico y propuesta. En estos encuentros participaron un total de 39 mujeres con edades comprendidas entre los 16 y los 56 años.
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TABLA 1: PLANILLA PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS |
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Unidades de observación |
Características del espacio |
Prácticas socio-espaciales |
Representaciones socio-espaciales |
Estrategias |
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espacios de relación |
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equipamientos cotidianos |
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red cotidiana |
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TABLA 2: EJEMPLO DE CARGA DE DATOS |
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Unidades de observación |
Características del espacio |
Prácticas socio-espaciales |
Representaciones |
Estrategias |
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Espacios de relación: Plaza central |
Falta de iluminación, de equipamiento y de arbolado. La plaza “está vacía”, “no hay bancos, no hay juegos, no hay nada”, “parece un baldío”. |
Los equipamientos fueron robados a pocos días de inaugurado el barrio. Ausencia de actividades y personas. |
“Uno de los sitios más peligrosos del barrio” “Representa la falta de unidad del barrio” |
No se usa. Se han apropiado como espacios recreativos otros terrenos vacíos linderos al barrio. |
6. Análisis y discusión de los principales resultados
La experiencia de la (in)seguridad urbana en las mujeres del barrio ciudad Sol Naciente
La información recolectada en el trabajo de campo permitió identificar la red cotidiana del barrio (ver figura 4) junto a los principales equipamientos y espacios de relación que utilizan las mujeres y los miembros de la familia que están bajo su cuidado (niños, jóvenes, adultos mayores), así como un acercamiento a las experiencias de inseguridad por parte de éstos.
Si bien, la primera fase de aplicación de la metodología a escala barrial, intentó centrarse en la relación entre convivencia y las características del entorno urbano, los principales resultados apuntan a la persistencia de desconfianzas relacionadas con la forma en la que fueron trasladados los vecinos al barrio en el marco del PMCMV. Al ser Sol Naciente un barrio conformado por barriadas populares provenientes de diversos sectores de la ciudad, las mujeres enfatizan que “no hay unión”, “no hay confianza en el otro”; “todo el mundo desconfía de todo el mundo”. La instalación de familias provenientes de distintos sectores sociales en un mismo espacio de convivencia, sin un proceso de socialización previo, opera en la percepción de la inseguridad, generando temores y desconfianzas hacia los demás.
Simultáneamente, contribuye a la construcción de estas experiencias, el escaso sentido de pertenencia e identidad barrial que se genera en relación a un entorno urbano de características tan homogéneas, con escaso mantenimiento y bajo grado de consolidación social. La plaza central constituye un ejemplo paradigmático de esta situación, es señalada como “uno de los sitios más peligrosos” del barrio. Esta sensación se debe a la falta de iluminación, equipamiento y arbolado -que fueron sustraídos a los pocos días de su inauguración por algunos vecinos del barrio- así como a su falta de uso y mantenimiento. Las mujeres comentan que se puede ver el equipamiento original de la plaza en los jardines delanteros de las viviendas de quienes los sustrajeron, pero ni la policía ni la administración provincial encargada de la gestión barrial, hacen nada para revertir esta situación: “nunca repusieron las cosas ni obligaron a los que se los robaron a que las devuelvan”. Para las mujeres, la plaza central representa la “falta de unidad del barrio”. Al ser el principal espacio de encuentro y reunión social, su abandono indica la “falta confianza y el individualismo que reina entre los vecinos”.
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Figura 4: Mapa de la red cotidiana de las mujeres del barrio ciudad Sol Naciente. Fuente: elaboración propia |
Figura 5: Mapa de las barreras intangibles en el barrio ciudad Sol Naciente. Fuente: elaboración propia |
A partir del relato de las vecinas “emerge” la existencia en el barrio de dos subgrupos con escasa interacción entre sí: hacia el norte se ubica la zona de “las personas que trabajan”, siendo estas las personas que poseen trabajos formales o en relación de dependencia, y hacia el sur se ubica la zona de la “las personas que no trabajan” o “hacen changas” (trabajan a demanda), según comentan algunas entrevistadas, para referirse principalmente a los “carreros” que trabajan en la recolección de escombros y residuos utilizando carros tirados por caballos (ver figura 5). La barrera intangible entre las personas que tienen diferentes ingresos y estatus de trabajo, coincide con la disposición de los equipamientos en barrio: los que gozan de una mejor situación económica se ubican en la zona más equipada del barrio (hacia el norte) y los que tienen trabajos más devaluados se ubican en las zonas menos próximas a la centralidad barrial (hacia el sur) (comparar figuras 4 y 5). Estas observaciones, permiten hipotetizar la posibilidad de que se reproduzcan a escala barrial las lógicas de privilegio y exclusión, centro-periferia, que ocurren en escalas geográficas mayores. Sin embargo, queda pendiente averiguar si la significación atribuida por las vecinas al espacio tiene algún correlato con la base material.
El servicio de trasporte urbano es identificado como una parte fundamental de la vida en el barrio y también una de las principales carencias asociadas a la inseguridad: “toda la vida del barrio está en dos calles, que es por donde pasa el colectivo”. A Sol Naciente se accede en trasporte público a través de una única línea de colectivo (la 27), su frecuencia no es buena (de 45 minutos a 1 hora.) y sólo ingresa hasta la mitad del barrio (ver figura 6). Esto genera que las mujeres tengan que caminar varias cuadras y sientan temor en el trayecto: “siempre tenés que pasar por la zona donde te roban para tomarte el bondi”.
Figura 6: Recorridos de las líneas de colectivo que llegan al barrio ciudad Sol naciente.
Fuente: elaboración propia en base a planos municipales aportados por la Dirección General de Catastro y a datos obtenidos desde el Grupo ERSA (L 27) y Coniferal (L 14).
A esto se suma que “los colectiveros no respetan los recorridos, ni las paradas, pasan por dónde quieren y se paran a dónde quieren”. Cuando se pregunta a las vecinas a qué se debe esta transgresión en los itinerarios del transporte público, explican que algunos choferes no quieren ingresar al barrio porque han tenido problemas con algunos vecinos en disputas relacionadas al cobro del servicio: “hay pasajeros que quieren viajar sin pagar el boleto, a veces el chofer los deja y a veces no, porque hay quienes se abusan, ¿vio?”. Cuando se dan situaciones de este tipo, “a veces se arman peleas y los vecinos les tiran piedras a los colectivos, entonces después el colectivo no quiere pasar por esas casas”. También hay colectiveros que simplemente “no quieren entrar al barrio, entonces pasan rápidito, nomás, entran y salen por dónde quieren y ni se paran (…) aunque si ven una chica bonita ahí si se paran” (risas). En este contexto las mujeres identificaron a algunos choferes como responsables de acoso hacia mujeres y adolescentes, dirigiéndole comentarios inapropiados y miradas lascivas.
En este escenario, las mujeres adoptan diversas estrategias de prevención y cuidado para poder acceder al servicio de transporte público, del cual son las principales usuarias: se acompañan entre ellas a la parada y acompañan a sus hijos e hijas, se avisan cuando el colectivo está entrando al barrio y se esperan en grupos en la parada para acompañarse en el trayecto de regreso hasta sus casas. La organización familiar, de vecinos y vecinas en posiciones cercanas a la residencia, es clave para llevar a cabo la actividad de acompañamiento.
Las mujeres intentan caminar no más de dos o tres cuadras solas, ni entrar o salir del barrio antes de las seis de la mañana o pasadas las siete de la tarde. Cuando los y las jóvenes planifican salidas nocturnas para ir a bailar, se organizan en grupos para viajar juntos y salir del barrio antes de que anochezca. Asimismo, intentan no volver al barrio mientras sea de noche, prefieren esperar en el centro hasta que se haga de día para retornar a sus hogares en horarios diurnos. Adicionalmente, el transporte público retira su servicio al barrio entre 1,20 hs. y las 5,30 hs. de la mañana y resulta muy difícil encontrar taxis o remixes dispuestos a ingresar al barrio (en cualquier franja horaria) debido a que los conductores lo identifican como “zona roja” (zona de máxima inseguridad). Por esta razón, algunos vecinos utilizan sus propios autos como servicio de taxi. Las jóvenes y las mujeres reconocen utilizar estos “taxis truchos” cuando son operados por un vecino de confianza.
En relación a las instituciones encargadas de la seguridad ciudadana, en el barrio existe una posta policial que según las vecinas “funciona mal”. Los policías no se encuentran durante su horario de trabajo y pocas veces atienden a los llamados. Por otro lado, las denuncias deben realizarse en una unidad judicial fuera del barrio, para lo cual es necesario tomarse un colectivo o un taxi, de lo que resulta que, a falta de dinero, muchas veces la denuncia queda sin hacerse. Otro factor inhibitorio para la denuncia de violencias en el barrio es el miedo a ser víctimas de una represalia por parte de los denunciados, prácticas que suelen ser ignoradas por la policía local. Finalmente, emerge recurrentemente en los relatos de las jóvenes la denuncia al acoso policial: los varones suelen ser víctimas de pesquisas y detenciones arbitrarias por “portación de rostro”, las mujeres los identifican como responsables de acoso callejero.
Los espacios pensados desde el plan habitacional para el encuentro de los vecinos (como un salón de usos múltiples o el consejo territorial) son administrados por un grupo de “punteros políticos” que hacen un uso restrictivo de los mismos. Las vecinas denuncian que cuando quieren usar estos espacios, quienes los administran (otras vecinas del barrio), les piden un aporte en dinero para su uso y mantenimiento, cuestión que no está contemplada por la administración estatal. Una de nuestras informantes claves comenta que la Iglesia Evangelista del barrio realiza una serie de actividades solidarias de apoyo a la comunidad, como una copa de leche para niños y un comedor comunitario para adultos mayores. Sin embargo, la mayoría de las entrevistadas ignoraba estos aportes, lo que apunta, una vez más, la falta de comunicación e interacción entre los vecinos: “la información no circula”, “acá no nos enteramos de nada y por eso nos perdemos de muchas cosas”, cometan algunas entrevistadas.
La escuela es el lugar donde se intenta avanzar en la (re)construcción del lazo social y el reconocimiento entre vecinas y vecinos. La directora y maestras han realizado diversos talleres con niños/as acerca de sus percepciones y representaciones sobre violencias, sentidos y significados del barrio, contribuyendo a la (re)apropiación del entorno. Algunos profesionales del dispensario también han realizado actividades comunitarias con diversos grados de éxito. El principal obstáculo para fortalecer los lazos comunitarios sigue siendo la falta de conocimiento y reconocimiento entre sí, la ausencia de comunicación y la desconfianza. Tampoco existe una organización vecinal que pueda canalizar demandas colectivas y construir propuestas. Parece necesario impulsar el surgimiento de procesos de auto-identificación por parte de los agentes que estimulen la capacidad de desarrollar respuestas creativas, organizadas y autogestivas.
En relación a las propuestas para mejorar la convivencia y la habitabilidad barrial, las mismas se centraron en los siguientes ejes:
● Educación: crear escuelas secundarias, escuelas de oficios y talleres para los jóvenes, con posibilidades de salida laboral.
● Recreación: centros deportivos y talleres con actividades para jóvenes, en especial, para alejar a los varones de los “malos hábitos” (no hay actividades para jóvenes en el barrio).
● Espacio público: recuperar la plaza del barrio como espacio de encuentro comunitario para adulto/as, jóvenes y niño/as. Incorporar más iluminación, en especial, en los accesos del barrio.
● Salud: mejorar el trato con algunos/as profesionales, incorporar más insumos para el dispensario, poder acceder a los hospitales u otros centros de segundo nivel de atención de la salud.
● Comercio: colocar un supermercado en el barrio o distribuidores mayoristas y minoristas. Realizar ferias de verduras.
● Seguridad: instalar una oficina del Poder Judicial para hacer trámites y realizar denuncias, con atención especial para las mujeres. Sumar más móviles policiales recorriendo el barrio, pero con agentes “serios y responsables en su tarea”.
● Transporte: sumar más líneas de transporte, que vayan a otros barrios, no sólo al centro, aumentar la frecuencia de los recorridos, disminuir la distancia entre paradas.
7. Reflexiones finales
¿Qué pueden aportar las metodologías feministas para la renovación urbana?
En el presente trabajo nos propusimos analizar los espacios de la vida cotidiana vinculados a los hechos de violencia y percepción de la inseguridad por parte de las mujeres del barrio ciudad Sol Naciente. Asimismo, nos preguntamos por los alcances y limitaciones de la metodología utilizada, poniendo en cuestión la contribución que pueden hacer los enfoques feministas, para interpelar los modos hegemónicos de producir la ciudad y avanzar en la construcción de alternativas que promuevan ciudades más seguras e inclusivas.
La primera fase de aplicación de la metodología en escala barrial, utilizando la Auditoría de Calidad Urbana con perspectiva de Género (Ciocoletto, 2014), con ajustes al caso, nos permitió identificar múltiples formas de inseguridad urbana que experimentan las mujeres de los sectores populares, no sólo en los espacios “públicos” o “estrictamente privados”, sino también en espacios intermedios, equipamientos urbanos, en la vinculación con las instituciones, los/as vecinos del barrio y los/as referentes de la comunidad. En ese sentido, la metodología hizo un aporte excepcional al permitirnos superar dicotomía público-privado, tan presente en las miradas androcéntricas de la ciudad, y avanzar en el reconocimiento de otras formas de violencias y miedos que limitan el uso y apropiación de la ciudad.
Los resultados obtenidos en esta etapa permiten adelantar algunas conclusiones: 1) las mujeres identifican las violencias y la percepción de la inseguridad barrial como uno de los aspectos más condicionantes de su vida cotidiana: restringe su movilidad en términos de tiempo y espacio, limita las posibilidades de disfrutar de los recursos urbanos y condiciona las opciones laborales y educacionales de la familia 2) El miedo reduce las formas de socialización, promueven el abandono del espacio público y la reclusión de las mujeres en el ámbito privado, lo que contribuye a reforzar la desconfianza hacia los demás y dificulta la posibilidad de construir lazos colectivos. 3) Las instituciones responsables de la inseguridad ciudadana reproducen estigmatizaciones con los/as habitantes del barrio, quienes son visualizados como potenciales delincuentes y no como referentes para la resolución de conflictos. 4) Existen diversas formas de violencia institucional (por acción u omisión): incumplimiento del servicio de transporte público, falta de atención policial o abuso de autoridad, demoras en la atención de los servicios públicos o malos tratos, falta de respuesta institucional ante diversos reclamos, etc.; sobre la que es necesario indagar en mayor profundidad. 5) Una parte importante de la violencia que experimentan las mujeres arrastra contenido sexual y es vivida de forma amenazante, intimidatoria e inhibitoria: las conductas agresivas masculinas repelen a las mujeres de los espacios comunes y las impulsan a adoptar “estrategias introvertidas” (modificar la vestimenta, evitar ser demasiado amables o relacionarse a solas con determinados integrantes de la comunidad).
En cuanto a la pregunta que nos hacíamos respecto de si las mujeres le temen al espacio por sus cualidades físicas o a las personas que lo habitan, surge información en ambos sentidos. Por un lado, expresan temor respecto de espacios con características específicas: calles y espacios públicos con falta de iluminación y/o de mantenimiento, paradas del transporte público, espacios “abandonados” o sin uso, basurales, y, en general, los bordes del entorno barrial en los que se pierde la continuidad urbana. Por otro lado, los espacios “masculinizados” en su uso, es decir, apropiados exclusivamente por varones, que se organizan en forma de “barras” (como lo definen las mujeres del barrio), constituyen factores expulsivos. Este es un aspecto sobre el que se debe profundizar, especialmente en relación a los vínculos entre mujeres y hombres jóvenes, que es en la franja etaria donde se planteó más explícitamente esta problemática.
En relación a los obstáculos que pueden surgir de la aplicación de la metodología, el más significativo fue la imposibilidad de llegar a sectores que se localizan en las zonas sur y medias del barrio. La técnica de muestreo utilizada, por convocatoria abierta o “bola de nieve”, condujo a que, en todas las instancias, participaran mujeres del mismo sector barrial: el que se ubica en torno a los equipamientos. Debido a esto nos fue imposible verificar si la significación atribuida por las vecinas a la estratificación socio-espacial tiene algún correlato con la base material. Por otro lado, se reprodujo un fenómeno que ha sido señalado reiteradamente en la literatura: en los criterios de selección aleatorios, tienden a estar sobre representados en la muestra los sectores medios-bajos integrados y a estar excluidos los más marginados (que de por sí no participan de las dinámicas sociales). Esta situación demanda analizar por otros medios la composición socio-económica barrial, para poder utilizar criterios de selección intencional.
Quizás, el resultado más interesante de la metodología fue el vinculado con la participación vecinal en el proceso de diagnóstico y propuestas de mejora barrial. Las mujeres pudieron identificar diversos espacios que no se usan porque no se adaptan a las necesidades locales, lo que produce su abandono y contribuye a potenciar el sentimiento de inseguridad. Las propuestas para la mejora barrial se centraron en la incorporación de distintos equipamientos, la mejora de los existentes (con ampliación o redefinición de funciones) y, sobre todo, apuntaron a mejorar la accesibilidad y conectividad barrial, mediante mejoras en el servicio de transporte público, acaso el servicio más escaso y más elemental, especialmente para las mujeres que en su mayoría carecen de vehículo privado o no saben manejar.
Como cierre, interesa resaltar que, si bien quedan varios temas pendientes para analizar y profundizar, como, por ejemplo, la relación del barrio con “el afuera” desde una aproximación macro-territorial, el enfoque participativo a nivel comunitario, proporcionó información valiosa sobre la experiencia las mujeres, que un análisis a nivel macro no permite identificar. Las caminatas exploratorias y los grupos de discusión, siguiendo el esquema de la “red cotidiana” (Ciocoletto, 2014), permitieron que la población identificara por sí misma -y no mediante la mirada de referentes de autoridad- los problemas barriales más relevantes y sus jerarquías desde su propia perspectiva. Ello nos forzó a realizar una ruptura epistemológica con nuestras propias prenociones, tanto académicas como de pertenencia y jerarquía social. En definitiva, cuestionar los modos hegemónicos de producir la ciudad, requiere interpelar el pensamiento de los/as productores/as del espacio urbano. Para ello es necesario cambiar la forma de mirar, preguntarse y preguntar por la ciudad, desarrollando metodologías de investigación y acción participativas que permitan recoger la complejidad social, actuando desde las experiencias micro como fuente de conocimiento real y tangible, ya que es que desde las múltiples subjetividades con sus necesidades y particularidades como se puede construir una ciudad realmente inclusiva (Gutiérrez et al., 2015).
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