Políticas hídricas en el departamento de Lavalle (Mendoza, 1932-1940): escenario de intervenciones múltiples y fragmentadas
[Water Policies in Lavalle Department (Mendoza, 1932-1940): Scenario of Multiple and Fragmented Interventions]
Laura Ortega
(Universidad Nacional de Cuyo)
Resumen
En el marco de las consecuencias de la crisis económica de los años 1930, múltiples fueron las medidas diseñadas y ejecutadas en Mendoza con miras a fomentar la producción. Para ello era necesario mejorar la red hídrica y expandirla hacia otros territorios. Uno de ellos fue el Sur, el cual se convertiría en un espacio privilegiado para ejecutar grandes obras hídricas. En la presente contribución se analizan las políticas y proyectos destinados a potenciar la expansión del área cultivable en un territorio periférico. Antes que el Sur, Lavalle (Noreste) fue escenario de proyectos e intervenciones con el fin de incrementar tierras cultivables y alcanzar una justa distribución del agua. El caso implica dilucidar, además, aspectos fundamentales de la agencia relacionada al agua (Departamento General de Irrigación), como también reflexionar sobre su conformación interna y sus frondosos vínculos con el sector productivo.
Palabras Claves: Irrigación; Mendoza; Lavalle; Agencias Estatales
Abstract
Within the context of the consequences of the economic crisis of the 1930s, there were multiple measures designed and executed in Mendoza to promote production. For this, it was necessary to improve the water network and expand it to other territories. One of them was the south, which would become a privileged space to carry out large water works. In this contribution, the policies and projects aimed at promoting the expansion of the cultivable area in the edge territory are analyzed. Before the south, Lavalle (northeast) was the scene of projects and interventions in order to increase arable land and achieve a fair distribution of water. The case also implies explaining fundamental aspects of the agency related to water (Departamento General de Irrigación), as well as considering its internal structure and its extensive links with the productive sector.
Keywords: Irrigation; Mendoza; Lavalle; State Agencies
Recibido: 03/11/2021
Evaluación: 01/04/2022
Aceptado: 01/09/2022
La crisis internacional de 1929-1930 afectó considerablemente la economía argentina (Belini y Korol, 2012), obligando a las autoridades a redefinir el papel desempeñado hasta el momento por el Estado.[1] Así, una de las estrategias discutidas giró en torno a la necesidad de diversificar la matriz productiva nacional, lo que implicaría una decidida intervención estatal. En Mendoza, la crisis también afectó sobremanera a su actividad principal, la vitivinicultura (Girbal-Blacha et al., 2007; Mateu, 2005; Olguín, 2014; Barrio, 2020). La dirigencia política local coincidió con el diagnóstico nacional y analizó distintas alternativas, entre las que figuró la diversificación productiva provincial. Así se fomentó el desarrollo de la fruticultura, el tomate, la olivicultura (Rodríguez Vázquez y Barrio, 2016; Barrio y Rodríguez Vázquez, 2020; Rodríguez Vázquez y Barrio, 2018), la explotación de hidrocarburos (Timmerman, 2020), etc. Sin embargo, para conseguir que la producción y diversificación agrícola se incrementaran se precisaba de la expansión y/o mejoramiento de las infraestructuras y servicios existentes. Esto último se tornaba una situación apremiante por las características ambientales de la provincia, signadas por un clima semiárido y de escasas precipitaciones (200 mm anuales).
Ante este panorama las autoridades locales electas en 1932 diseñaron un plan de reactivación (Gobierno de Mendoza, 1932). Entre las medidas encaradas estuvieron las dirigidas al recurso hídrico, buscando promover la construcción de desagües, mientras estudiaban las posibilidades de expansión o recuperación de hectáreas cultivables. De esta manera analizaron las condiciones de algunos espacios periféricos al núcleo central de la vitivinicultura (oasis Norte), por ejemplo, en el oasis Sur (zona castigada por los excesos de aguas por desbordes de ríos fundamentalmente en verano), o en la zona Este provincial (comprendida por los departamentos de San Martín, Junín y Rivadavia, Santa Rosa y La Paz) con similares problemáticas (Ortega, 2018; 2020). No obstante, donde primero buscaron alternativas fue en zonas alejadas del curso medio del río Mendoza, como en Lavalle, ubicado en el extremo inferior de ese río. Evidentemente, la cercanía de estos territorios con el área central de la élite mendocina guiaba estos primeros esfuerzos públicos mucho más que otras localidades.
Para contextualizar resulta importante considerar que Mendoza estructuró su territorio en torno a tres oasis. El oasis Norte, irrigado por los ríos Mendoza y Tunuyán inferior, fue donde se asentó la población y las actividades productivas. Posteriormente se desarrolló el oasis Centro, que aprovechó las aguas del tramo superior del río Tunuyán; y el oasis Sur irrigado por los ríos Atuel y Diamante.[2] El abastecimiento de agua, entonces, era provisto por cuatro ríos cordilleranos (Mendoza, Tunuyán, Atuel y Diamante) y solo en temporada estival. No obstante, no todas las áreas que podían ser abastecidas lo eran realmente. Entre las causas de esta situación se encuentran tanto las relacionadas con las carencias de infraestructura, como también por la falta de acceso a derechos de riego pautados por la normativa. Estos inconvenientes habían sido advertidos con anterioridad al periodo aquí analizado.
El presente artículo concentrará la mirada en lo acontecido en el Departamento de Lavalle, sin desatender lo que sucedía en el resto de la Provincia sobre la temática hídrica. Resulta necesario expresar que este territorio, como también la población que lo habitaba (fundamentalmente los huarpes), ha sido objeto de profundas investigaciones desde las más variadas disciplinas como la historia, la sociología, la geografía, la antropología, a través de distintos enfoques (Prieto, 1982; Triviño, 2004; Sanjurjo, 2017; Escolar, 2006; Saldi, 2014; 2021; Escolar y Saldi, 2022; Grosso-Cepparo y Torres, 2015; Grosso-Cepparo, 2017; Torres, 2008, entre otros). De este modo, el interés del trabajo aquí presentado busca dilucidar un aspecto relacionado con la política hídrica aplicada en ese espacio periférico entre 1930-1940. Para ello se propone identificar intereses, actores y agencias estatales que encarnaron ese proceso, en un contexto de profunda redefinición de roles por parte del estado provincial y el nacional.
Ahora bien, la perspectiva analítica que sustenta el trabajo, combina tanto la perspectiva historiográfica como aportes de las ciencias políticas y administración pública. De este modo la mirada está guiada por quienes analizan al Estado como un ente no homogéneo, contenedor de multiplicidades burocráticas, portador de objetivos e interés muchas veces contradictorios. Asimismo, sin desconocer el peso de las relaciones Estado-capitalismo, en este trabajo se adopta un enfoque micropolítico, es decir, que reconoce la heterogeneidad intraestatal (Gutiérrez, 2018), más en un país federal como Argentina. Además, esta mirada permite identificar las tensiones estatales horizontales, es decir entre poderes –Ejecutivo, Legislativo y Judicial–, verticales –entre niveles de gobierno– e interburocráticas –comprendidas en un mismo poder provincial o nacional– (Bohoslavsky y Soprano, 2010; Di Liscia y Soprano, 2017; Rodríguez Vázquez y Raffa, 2018; Banzato, 2016; Gutiérrez, 2018).
El recorte temporal (1932-1940), en tanto, se sustenta en la continuidad dada por el diseño y ejecución de proyectos y obras en el territorio analizado, y no solo por la perdurabilidad del ciclo político representado por el acceso a la gobernación provincial del Partido Demócrata, de corte liberal-conservador.
Por otro lado, respecto del espacio geográfico, se encuentra ubicado en el noreste de Mendoza y constituye un territorio que refleja similares condiciones de aridez a las de la provincia (Grosso-Cepparo y Torres, 2015, p. 20). Su oasis bajo riego representa el 3% de la superficie departamental y concentra el 88% de la población urbana y rural; y su zona no irrigada abarca el 97% del total de la superficie. La zona gozó de prosperidad hasta alrededor de 1870, posteriormente, ante la implantación de un nuevo modelo económico, la vitivinicultura de base capitalista (Richard-Jorba, 1998a), dejó de percibir los caudales de los ríos Mendoza, San Juan y Desaguadero. Esta situación se profundizó a partir de la sanción de la ley de aguas (1884), junto con la construcción de diversas obras hídricas derivadoras como el dique Cipolletti “aguas arriba” (Saldi, 2014, p. 116). Por lo tanto, en Lavalle existe una pequeña zona irrigada abastecida por el río Mendoza (zona centro-norte del departamento y la otra, una porción del noreste), y el resto de su superficie constituye un área no irrigada (ver mapa 1).[3]
Mapa 1. Departamento de Lavalle, Mendoza
Fuente: Sistema Estadístico Municipal de la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) (2003), Gobierno de Mendoza.
El artículo se organiza en dos secciones. En la primera se exponen brevemente las características del ordenamiento institucional del agua en Mendoza. Se introduce también un repaso del accionar en Lavalle por parte de la Dirección Nacional de Irrigación. Y acompañan esta misma sección una indagación acerca de las actividades de otras dos importantes agencias provinciales, sus relaciones y características de su estructura funcional durante los años 30 del siglo XX. De este modo, una vez delimitado el escenario de actuación de las distintas agencias estales con funciones en materia hídrica, se da paso a la segunda sección. En ella se analizan concretamente las acciones públicas para el departamento señalado y sus resultados. Por último, se arriban a las conclusiones finales.
Intervenciones estatales referidas al recurso hídrico en Mendoza
Con la finalidad de dar cuenta de la complejidad del accionar estatal en materia hídrica a continuación se presentará, por un lado, el ordenamiento institucional provincial del agua denotando su particular gestión; por otro, una serie de intervenciones en materia hídrica de diversas agencias gubernamentales realizadas durante los años 30 del siglo XX. La exposición de estas últimas demostrará que en materia hídrica la actividad estatal adquirió como característica la presencia de tensiones, superposiciones, déficit de gestión y hasta contiendas en el seno de la definición de políticas públicas; a la vez que se dilucidará el peso e influencia de determinados intereses socioeconómicos en ellas
La Administración del agua en Mendoza
Si bien se reconocen antecedentes sobre la regulación del recurso hídrico desde la época prehispánica como también en la era independiente, en este trabajo se considera la organización institucional a partir de la sanción de Ley de Aguas (1884). Esta, en términos generales, dispuso que la concesión del recurso hídrico se realizara mediante una ley específica. Asimismo, impuso el principio de inherencia, es decir, el derecho de riego perteneciente solo al predio; que los regantes participaran del manejo del agua a través de la conformación de inspecciones de cauces (en adelante IC), donde además elegirían sus propias autoridades de canales. Por otro lado, como resaltan Díaz-Araujo y Bertranou (2000) establecía que las grandes obras hidráulicas deben ser aprobadas por la Legislatura; y por último, creó un organismo especializado con autonomía, estabilidad política y autarquía financiera, el Departamento General de Irrigación (en adelante, DGI).
Un punto a destacar se refiere a que la Constitución Provincial le otorgó al organismo una amplia facultad sobre el manejo del agua al definirle competencia sobre todo los asuntos que se refieran a la “irrigación”. En este sentido, los especialistas han interpretado como extensible esta atribución a todos los asuntos atinentes al agua (Pinto et al., 2006).
Otro aspecto que considerar refiere a la distribución del agua que, cuando se realiza en forma primaria (es decir a través de diques y canales matrices), es competencia del DGI; en tanto que el reparto secundario y terciario les corresponde a los regantes congregados en las IC. Ambas eran entidades autónomas, elegían sus propias autoridades y sancionaban sus presupuestos, y el DGI controlaba sus actos solo en lo atinente a sus aspectos legales.[4]
Por otro lado, no debe desconocerse que este sistema institucional moderno hizo caso omiso a los derechos y realidades de las poblaciones huarpes alojadas en la zona de las Lagunas de Guanacache (noreste de Lavalle), algo que ha sido ampliamente documentado y analizado (Montaña et al., 2005; Escolar, 2006; Martín, Rojas, y Saldi, 2010; Escolar y Saldi, 2013; 2022; Saldi, 2021, entre otros). Estos hechos constituyen un despojo hídrico en favor de la implantación de un modelo productivo centrado en la vitivinicultura.
La presencia del Estado Nacional: La Dirección Nacional de Irrigación
Las administraciones conservadoras[5] que arribaron al gobierno mendocino en 1932 en materia hídrica buscaron proveer a los territorios de infraestructura que facilitara la extensión de cultivos. Como primera medida en Lavalle debieron hacer frente a los inconvenientes ocasionados por los desagües, debido a que estos provocaban inundaciones de tierras, caminos, ocasionando pérdidas materiales (Ortega, 2020). Los primeros trabajos comenzaron en 1934 a partir de fondos provinciales, pero la etapa más destacada en esta materia se logró a partir de 1936, cuando se sancionó la ley nacional 12.282. De esta forma la Dirección Nacional de Irrigación destinó recursos para la construcción de desagües.
En consonancia, la Provincia creó la Dirección Provincial de Desagües (1936) dependiente del Ministerio de Economía, Obra Pública y Riego (en adelante MEOPyR). Su principal función sería la de realizar las proyecciones y la construcción, fiscalización y mantenimiento de los desagües con los recursos provisto por la Nación. Así, los primeros esfuerzos fueron dirigidos a diversos distritos de Lavalle (Gráfico 1) para luego continuar con el resto de la Provincia.
Gráfico 1. Fondos destinados al mejoramiento de desagües en determinados distritos del Departamento de Lavalle por la Dirección de Desagües y obras Hidráulicas (Mendoza).
Fuente: Elaboración propia sobre la base de Provincia de Mendoza, 1942, Tomo I, y Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Patrimonio Legislativo, Exp. N° 15221-C-1939.
Imagen 1. Inauguración Desagües en Jocolí-Lavalle
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Fuente: Gobierno de Mendoza, Tres años de gobierno, 1935-1938.
Como puede observarse la distribución de los fondos destinados a las obras presentó el inconveniente de no atender equitativamente las necesidades distritales.[6] Además, su construcción presentó otros importantes inconveniente técnicos en la ejecución de las obras, como también tensiones entre las agencias involucradas (Ortega, 2020). Las falencias técnicas denunciadas destacaban que la construcción de los desagües en las localidades de Jocolí y Costa de Araujo “habían sido proyectados en oficinas y nunca se constataron con la realidad”. En este sentido, se reclamaba que en algunos parajes “la construcción del desagüe transitaba por encima del nivel por donde bajaba el agua” (Mathus Hoyos, 2013, 165).
Los reclamos de los regantes y políticos opositores al gobierno no se hicieron esperar y solicitaron informes a las oficinas nacionales. Las autoridades técnicas de la Nación argumentaron que no supervisaban la evolución de las obras en el territorio puesto que tal facultad no había sido prevista en los convenios celebrados, pues era considerado una intromisión a la Provincia.[7] Como puede observarse, esta situación denotó fallas en la coordinación vertical entre ambas jurisdicciones y la discrecionalidad de la agencia mendocina en la aplicación de los fondos nacionales. Un reclamo que se acrecentaría giraba en torno a que además de los gastos incurridos en la construcción, el Estado mendocino solventaba otros gastos administrativos de su estructura provincial con los fondos transferidos por la instancia nacional.[8] Esta situación alcanzó su punto máximo de tensión cuando Nación no aprobó más los presupuestos, debiendo traspasarse estas funciones al DGI, la agencia creada en 1936.
Las tensas relaciones entre el DGI y Ministerio de Economía, Obra Pública y Riego
Para llevar adelante la política hídrica las autoridades mendocinas de los años 30 del siglo XX, crearon diversos dispositivos organizacionales según las necesidades; lo cual resulta indicativo de la complejidad intrínseca del quehacer estatal.
Como se expuso en un comienzo, existía en Mendoza un organismo constitucional autárquico y autónomo encargado de todos los asuntos referidos al agua: el DGI. No obstante, en 1932, fue creada la Comisión de Estudios de Desagües y Obras Hidráulicas (a través de la ley 971).[9] Posteriormente, y ante la multiplicidad de objetivos, fue instituida una agencia centralizada y dependiente del poder ejecutivo provincial, la Dirección Provincial de Desagües y Obras Hidráulicas (1939).[10] Esta institución colisionaba con las competencias propias del DGI y fue disuelta en 1941, como se mencionó recientemente.
Tabla 1. Agencias provinciales con funciones en materia de desagües e hidráulica (Mendoza, 1932-1943)
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Agencia |
Año |
Normativa provincial |
Finalidad |
Autoridad superior |
Orientaciones de la política pública provincial |
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Dpto. Gral. Irrigación |
1884 |
Ley 1884/Ley 332 C. Prov. |
Todos los tópicos concernientes al agua |
Autónoma/autárquico |
Todos los tópicos concernientes al agua |
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Comisión de Estudios de Desagües y Obras Hidráulicas |
1932 |
971 |
Obligatoriedad de construcción de desagües pluviales o drenajes en la Provincia |
Autónoma del P. Ejecutivo/ al legislativo. |
Defensa contra aluviones y Desagües |
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Dirección de Desagües y Obras Hidráulicas |
1936 |
1210 |
Control de ejecución de obras/estudios/presupuestos/licitación. |
Ministerio de Industrias y Obra Pública |
Defensa contra aluviones y Desagües |
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1939 |
1374 |
Subordinación financiera |
Dir. Nac. de Irrigación |
Ampliación de la red de riego/sistematización de ríos/energía hidroeléctrica. |
|
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1941 |
1451 |
Convenio de traspaso de la agencia entre Gobierno Provincial y el DGI |
DGI |
Fuente: Elaboración de propia a partir de Los Andes (1932-1943).
Existen indicios acerca de que entre el DGI y la Dirección Provincial de Desagües y Obras Hidráulicas (1939) se dieron diferentes fricciones. Indicativo de ello fueron las declaraciones del Superintendente del DGI, Francisco Gabrielli (1942), quien advirtió que el accionar tanto de la Comisión de Estudios de Desagües (1932), la Dirección de Desagües y Obras Hidráulicas (1936) y la Dirección Provincial de Desagües y Obras Hidráulicas (1939), en materia de desagües había sido ineficiente (Ortega, 2020). Se enfatizaba que:
Existe en la práctica múltiples ejemplos que demuestran que la iniciativa de poner bajo la dirección y control del DGI todos los problemas que tienen relación directa con el riego, su distribución y utilización, ha sido una solución eficaz y no debe cometerse para el futuro ese error, (que si bien tuvo origen en un deseo de activar la ejecución de obras hidráulicas muy demoradas y de inmediata necesidad), de separar del DGI, secciones que trabajen independientes, cuando el buen sentido y la práctica, determinan que siendo labores que tienen igual finalidad, deben coordinarse y no independizarse. Por otra parte, así lo dispone la Constitución Provincial y las leyes vigentes (Memoria del DGI, 1942, pp. 9-10).
La hipótesis de las tensas relaciones entre agencias quedó expuesta también en la prensa. Allí se señaló la falta de coordinaciones entre organismos provinciales, nacionales y hasta municipales. Se denunció que se ejecutaban obras sin conocimiento del DGI, lo que colocaba al mismo en situaciones de tensión con los regantes, ya que el organismo debía implementar soluciones de emergencia que no alcanzaban a ser totalmente eficaces al tener que realizarlas sin los estudios pertinentes.[11]
Ahora bien, cabe preguntarse por qué el gobierno provincial no recurrió desde un comienzo al DGI. Esto ocurrió así debido a la difícil situación presupuestaria por la que atravesaba la institución hídrica (incluso previo a 1932),[12] y que comenzó a revertirse lentamente a partir de 1936. Además, dado el carácter autónomo y autárquico del DGI se tornaba más lento su desempeño frente a las urgencias del MEOPyR; de ahí que la creación de la Dirección de Desagües y Obras Hidráulicas bajo la directa dependencia del ministerio referido (sin déficit, y mucho más expedita) se erigiera como la solución más conveniente (Ortega, 2020).
Advertimos además que, más allá de la impronta técnica que siempre acompañó a este organismo, las instancias internas de gobierno del DGI (Superintendencia y Consejo de Apelaciones) contaron –durante el periodo analizado– con una representación muy importante de uno los grupos más concentrados de la industria vitivinícola: el Centro de Bodegueros de Mendoza (ver tabla 2). De manera preliminar puede afirmarse que esta situación le imprimió al organismo una tendencia a direccionar sus objetivos a cuestiones más relacionadas al reparto del agua y la resolución de conflictos entre regantes, con una influencia destacada de las demandas y urgencias de los sectores productivos más poderosos.
Por su parte, si bien la dirigencia de la provincia sentía afinidad con ese sector social y económico, buscaba desempeñar además funciones relacionadas con la planificación hídrica integral, en consonancia con las discusiones que se estaban dando en ámbitos nacionales –como la Dirección Nacional de Irrigación, en las asociaciones profesionales de ingenieros, etc. y que versaban sobre las grandes obras hídricas e hidroeléctricas (Ballent, 2021)–.
Tabla 2. Autoridades DGI (1932-1943)
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Áreas |
Años/Autoridades |
Observaciones |
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1932-1936 |
1937-1940 |
1941-1943 |
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Honorable Consejo Apelaciones |
Ítalo Calise |
CBM |
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Dr. Alberto Cano |
Vinculado familiarmente con el dirigente demócrata Guillermo Cano (abogado), Gobernador de Mendoza (1935-1938). |
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Arturo Furlotti |
CBM |
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Ricardo Mercado |
s/d. |
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Norberto Ramírez |
s/d. |
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Juan Toso |
Dr. Joaquín Guevara |
J. Toso: CBM/ J. Guevara: fue un Importante productor vitivinícola y abogado/ S. Arizu: CBM/ S. Videla Gazari: s/d. |
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Sotero Arizu |
Ing. Samuel Videla Gazari |
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Dr. Juan Alurralde |
Descendiente de los propietarios del establecimiento vitivinícola Carlos Alurralde y Cía. |
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Julián Correas |
Con Establecimiento vitivinícola asentado en Rivadavia, y perteneció a una tradicional familia mendocina donde uno de sus componentes fue tres veces gobernador de la provincial. |
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Pedro Arenas |
Destacado bodeguero, descendiente del Mario Arena dirigente del partido Liberal |
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Heriberto Gibson |
CBM |
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Fernando von der Heyde |
CBM |
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Carlos Ottone |
Abogado, productor y descendiente de intermediarios inmobiliarios |
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Tribunal Administrativo |
El Superintendente del período más 5 consejeros del HCA. |
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Superintendente |
Emilio Vicchi (1932-1935) / Pedro Arenas |
Ing. Facundo Gomensoro |
Francisco Gabrielli |
E. Vicchi: Hermano del dirigente político demócrata y gobernador de Mendoza Adolfo Vicchi (1941-1943). F. Gabrielli: Dirigente demócrata, exministro, ingeniero. |
Fuente: Elaboración propia sobre la base de Lacoste (2003) El vino del inmigrante: los inmigrantes europeos y la industria vitivinícola argentina, en Consejo Empresario Mendocino, Mendoza; y Memorias del DGI (1932-1946) y Los Andes (1932-1943). Nota: CBM Centro Bodegueros de Mendoza.
Como puede observarse en la tabla 2, el gobierno del organismo provincial autónomo y autárquico referido a todos los temas hídricos en Mendoza, el DGI, mantenía fuertes vínculos con el poderoso sector bodeguero provincial. Este sector, además, no alternaba en sus puestos de poder dentro del organismo con la misma frecuencia que el Superintendente (elegido en el Senado local). Por lo tanto, es posible esgrimir que muchas de las políticas del DGI fueran afines a sus intereses. Si bien lo anterior debe ser aún más investigado, a continuación, se expondrán algunos resultados que avalan la hipótesis sobre la fuerte representación de los intereses del CBM en el DGI.
En el período previo al analizado en este trabajo, entre 1919-1932, no hubo estabilidad en la conducción del DGI. Los Superintendentes no concluían sus mandatos de cinco años, y se sucedían al ritmo de la inestabilidad política del período en el que la Provincia atravesó varias intervenciones nacionales.[13]
Ante esta situación la función de Superintendente la ejercieron diversos miembros del Honorable Consejo de Apelaciones, constituyéndose el mismo en una suerte de reserva de institucionalidad del organismo en tiempos turbulentos (ver tabla 3 y 4). La Ley de aguas de 1884 establecía que este cuerpo debía constituirse por un representante de los usuarios por cada cuenca hidrográfica, donde la tradición imponía que fuera alguien representativo de los intereses productivos.
Tabla 3. Autoridades del Consejo de Apelaciones (DGI), 1918-1931
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1918- 1928 |
Consejo de Apelaciones |
Observaciones |
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Salvador Reta |
Abogado con participación activa en el Colegio de Abogados de Mendoza, surgida en 1917. |
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Gaudencio Magistocchi |
Enólogo egresado de la Escuela Vitivinícola Nacional, tuvo además bodega y ejerció de profesor. |
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Tiburcio Zapata |
Importante empresario vitivinícola. Heredero de Juan Zapata, empresario bodeguero y comerciante de fines del siglo XIX. |
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Guillermo Videla |
Empresario vitivinícola destacado. Bodeguero elegido director suplente de la gremial Sociedad Vitivinícola (1916). |
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Ernesto Moretti |
Propietario y director técnico de la Bodega Moretti Hnos. y cía., empresa inaugurada en 1886. |
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1929- 1931 |
Vicente Carra |
Partidario liberal que, en 1937, fue electo Senador provincial |
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Pedro Benegas |
Hijo de Tiburcio Benegas, destacado bodeguero, dueño de la empresa Trapiche. Político empresario, promotor de la vitivinicultura. Conformó y presidió la Unión de Bodegueros y Viñateros (1916). |
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Eufrasio Covarrubias |
Ingeniero de notable labor profesional en el DGI en diversas oportunidades. En 1920 fue nombrado ministro de Industrias y Obras Públicas. |
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Nicolás Ojeda |
s/d |
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Sebastián Toso |
Heredero de Pascual Toso (Bodegas y establecimientos Toso Hnos., presentes en Mendoza desde 1890). |
Fuente: Elaboración propia sobre la base de documentación del DGI (1918-1932) (s/e) y Barrio (2010; 2016).
Tabla 4. Superintendentes del DGI, 1918-1931
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1918-1925 |
Superintendentes |
Observaciones |
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Leopoldo Suárez |
Enólogo y político lencinista. |
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Ramón Moyano |
s/d |
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Pedro Escudé |
Senador provincial electo por Gral. Alvear (1923). Ejerció hasta 07/07/1920. |
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Adolfo Ahumada |
s/d |
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Vicente Sosa |
Desde el 03/05/1921 hasta 09/09/1921. Senador provincial. 1921 |
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Rafael Correa Llanos |
Ejerció el cargo hasta 16/09/1921. De profesión abogado, radical, senador provinci. |
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Ing. Eufrasio Covarrubias |
Ver tabla 3 |
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Federico Segura |
Graduado de la Escuela de Vitivinicultura, ejercía desde 1910 diversas gestiones en organismos públicos. Se desempeñó como Superintendente luego de Leopoldo Suárez, desde 30/05/1922 al 14/10/1924. |
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Ing. L. Ivanissevic |
Ingeniero civil especializado en hidráulica. Tenía una destacada carrera profesional en Buenos Aires, en la empresa de aguas y saneamiento. Ejerció el cargo hasta el 13/01/1925. En años posteriores se desempeñaría nuevamente en la provincial como director de la dirección de obras hidráulicas e hidroeléctricas (Ministerio de Economía Obras públicas y Riego), en 1938. |
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Gaudencio Magistocchi |
Ver tabla 3 |
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Tiburcio Zapata |
Ver tabla 3 |
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Luis Piaggio |
Empresario de reconocida y larga trayectoria en las asociaciones representativas del sector bodeguero. |
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Guillermo Videla |
Ver tabla 3 |
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Ernesto Moretti |
Propietario y director técnico de la Bodega Moretti Hnos. y cía. Los emprendimientos de la familia Moretti estaban presentes en la Mendoza (Luján de Cuyo) desde fines del s.XIX. |
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Rafael Correa Llanos |
Ver anteriormente |
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Vicente Segovia |
Ingeniero, ministro de industria (1919) y presidente de la Comisión de Fomento Industrial Vitivinícola (1921). |
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1926-1928 |
Rafael Correa Llanos |
Ver en esta misma tabla |
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Vicente Segovia |
Ver anteriormente |
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Gustavo André |
Descendiente el agrónomo contratado por Julio A. Roca para impartir sus enseñanzas referidas a la agronomía. Fundó en Lavalle una colonia agrícola. Ejerció la superintendencia hasta 09/1926.
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Carlos Lencinas |
Político radical electo gobernador entre 1922 y 1924. Ejerció de Superintendente breve tiempo, desde el 21/12/1926 al 4/01/1927. |
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Gustavo André |
Ver anteriormente |
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Fernando Orfila |
Ejerció el cargo hasta 21/07/1927. José Carlos Orfila fue uno de los hijos de José Orfila, un español que llegó a la Argentina a fines del siglo XIX y se radicó Mendoza y fue promotor de varios negocios. El que más réditos le dio fue el vitivinícola. Además, su hermano Alejandro Orfila fue gobernador de Mendoza por el radicalismo lencinista. Fernando fue también otro de los hermanos. |
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Gustavo André |
Ver en esta misma tabla |
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Exequiel Tabanera |
Ejerció el cargo hasta 11/10/1927. Fue un destacado senador radical electo por Lavalle |
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Gustavo André |
Ver en esta misma tabla |
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Carlos Lencinas |
Ver en esta misma tabla |
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Virgilio Squazzini |
Se desempeñó como secretario de la Cámara de Diputados de Mendoza en 1925, por lo que se deduce que su nombramiento fue de carácter político. |
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Francisco Carvalho |
Accionista de Bodegas Giol S.A. y ejerció el cargo hasta el 28/12/1928. Además se desempeñó en diversas gremiales empresarias nacionales y mendocinas relacionadas a la actividad vitivinícola. |
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1929-1931 |
Ing. Guillermo Céspedes |
El ingeniero Céspedes tuvo una gran actuación profesional. Dentro del DGI llevó adelante tareas conducentes a ordenar la administración interna del organismo como también fue impulsor del Digesto de Aguas provincial. |
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Ing. Edmundo Romero |
Ver tabla 3. |
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Ing. Dante Ardigó |
Destacado ingeniero que se desempeñó en el cargo hasta el año 1931 y posteriormente tuvo actuación en ferrocarriles nacionales. |
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Manuel Guiñazú |
Oriundo del Departamento de Luján de Cuyo, fue senador provincial en dos oportunidades (1914 y 1920). Comandó la superintendencia de irrigación hasta 14/03/1932 |
Fuente: Elaboración propia sobre la base de documentación del DGI (1918-1932) y Barrio (2010; 2016).
De manera que, si bien entre 1918 y 1931 se sucedieron algunos destacados técnicos como los ingenieros Ivanissevic, Céspedes y Segovia, y otros profesionales enólogos, ingenieros o abogados (Suárez, Correa Llanos, etc.), la mayoría de los superintendentes eran, a la vez, destacados representantes del sector productivo empresarial o del campo político del momento. Resulta notoria entonces la fuerte participación de representantes del sector bodeguero. Estos habían conformado el Centro de Viñateros en 1916 y, posteriormente, algunos de sus miembros se congregaron en la Sociedad Vitivinícola de Mendoza (Sociedad Anónima, en 1919). Finalmente, en 1934 fue instituido el Centro de Bodegueros de Mendoza concentrando así los intereses del sector (Lacoste, 2002; Barrio, 2016).
Por otro lado, la hipótesis acerca de la imbricación de los intereses de las gremiales bodegueras y el DGI se sustenta también en hechos acaecidos en un intervalo temporal posterior al analizado aquí. Durante el primer peronismo, la elección del primer superintendente en 1946 consolidó a un “hombre de campo más que un ingeniero” (Memoria DGI, 1946), en referencia a Ángel Cremasci (oriundo de Lavalle, de extracción radical previa). Esta elección se distanciaba no solo del perfil técnico del que siempre se quiso revestir al cargo, sino también de la ausencia de vínculo con los intereses productivos del sector bodeguero más concentrado de la industria. Algo similar ocurrió en 1948 con la designación de Alejandro Barraud, representante del Centro de Bodegueros del Este en cuestiones hídricas. Este sector productivo congregaba los intereses de bodegueros trasladistas,[14] enfrentados, con los intereses del CBM.
Asimismo, Alberto Citón y Plácido Cremasci fueron en 1950 incorporados al HCA, como representantes de los regantes, siendo a la vez ávidos exponentes del Centro de Bodegueros del Este (ver Tabla 5).
Como puede advertirse a partir de la reconstrucción realizada, el organismo encargado constitucionalmente de administrar y controlar el agua en Mendoza fue permeable a los intereses productivos más concentrados y tradicionales del sector vitivinícola (1932-1943), que ejercieron diversos cargos de su estructura de gobierno. Los elementos expuestos tanto del periodo previo (1919-1931) como del posterior (1946-1955) permiten sostener esta hipótesis. De esta forma, el DGI en tanto agencia autónoma y autárquica con un claro perfil técnico por las tareas encomendadas devino, en la práctica, un ente mixto.
Tabla 5. Autoridades del DGI, 1946-1955
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Años/Estructura de Gobierno |
1946-1949 |
1949-1951 |
1952-1955 |
Observaciones |
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Consejo de Apelaciones |
Ítalo Calise |
CBM |
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Salvador García Peralta |
s/d |
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Arturo Furlotti |
CBM |
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Francisco Ferraro |
s/d |
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Onofre Riera |
s/d |
s/d |
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Marcelino Segundo García |
s/d |
s/d |
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Ernesto Arizu |
Sotero Arizu |
Ambos del CBM |
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Valentín Herrero |
s/d |
Productor vitivinícola del oasis Sur. Heredero de Alberto Herrero (Diputado Nacional) |
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David Crocco |
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s/d |
Alberto Citón |
CBE |
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Heriberto Gibson |
CBM |
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s/d |
Plácido Cremaschi |
CBE |
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Superintendentes |
Ángel Cremasci |
Alejandro Barraud |
Jorge Segura |
Alejandro Barraud (CBE) |
Fuente: Ortega (2009; 2013; 2016).
La estructura interna del DGI
El DGI enfrentaba serios desafíos en su administración interna que pueden haber contribuido también a que el gobierno provincial no lo considerara para otras actividades más complejas relacionadas con la hidráulica. Al déficit presupuestario se le adicionaban otros inconvenientes que influían en su labor diaria e impactaban en su relación con los regantes. Sin bien la escasez de agua era un inconveniente atribuible a las condiciones físicas del medio otros aspectos relacionados con la gestión la profundizaban.
Concretamente el DGI tenía importantes dificultades a la hora de determinar los coeficientes de riego, tarea imprescindible para distribuir el agua a las explotaciones de forma equitativa. Los coeficientes habían sido establecidos por la Ley de Aguas en 1884, pero en la práctica y con el transcurrir de los años esas cifras se fueron modificando en vista de la técnica, la experiencia y las dotaciones del recurso cada temporada. Para el periodo que aquí se investiga este cálculo no era eficiente y despertaba diversos reclamos, algo que era reconocido incluso por los propios técnicos del DGI (Mathus Hoyos, 2013, p. 117).
La situación más conflictiva se presentaba en el oasis Norte, en la zona servida por el río Mendoza, lugar de asiento de la mayor cantidad de explotaciones. A la vez, se complejizaba por la falta de estaciones de aforo, instrumental y recurso humano calificado para realizar las mediciones correspondientes (Ortega, 2021).
Otro elemento significativo consistió en el desconocimiento que tenía el ente público acerca, por ejemplo, de las necesidades de los cultivos o de la calidad de los suelos, información con la que no se disponía de forma precisa. Esto resultaba vital debido a que los requerimientos hídricos de la vid eran distintos de los de la fruticultura, la olivicultura o las hortalizas; lo mismo ocurría con los suelos, existían en el territorio diferencias en cuanto a su composición, nutrientes y permeabilidad. De manera que tanto la extensión de hectáreas cultivadas, el tipo de cultivos y su ubicación eran situaciones poco conocida por el DGI, constituyéndose en un déficit de información importante frente a las demandas de la sociedad.
Tal desconocimiento se trasladaba al padrón de concesiones de agua, registro oficial donde figuraba información relevante respecto a tales derechos, cantidad real de hectáreas bajo riego, ubicación geográfica, canal por cual se servían las tierras, cultivos existentes, etc. Ahora bien, lo más álgido de estas deficiencias internas se relacionaba con el hecho de que a partir de mencionado padrón se estimaban las cuotas que debían pagar los regantes en concepto de sostenimiento de la institución. Por ello resultaba necesaria su actualización permanente, algo que no sucedía y que generaba diversas demandas de los usuarios: “Resulta sensible que la Superintendencia no posea todavía un registro fiel de la superficie beneficiada por el derecho de riego, pareciendo inconcebible que una estadística tan elemental e indispensable para su desenvolvimiento no se haya hecho con anterioridad, pues fácil suponer que ignorándose la materia imponible no se pueda tener un principio firme de financiación.” (Los Andes, 13 /01/1932, p. 8).
A la vez, estas discrepancias entre el DGI y los regantes se profundizaban aún más en la recaudación y en los mecanismos para llevarla a cabo. El servicio de agua de riego, como se sabe, se sustentaba a partir del pago de una cuota denominada sostenimiento de los usuarios. Además, los regantes abonaban una prorrata a la IC a la cual pertenecían. El monto era sometido a consideración de los regantes y determinado según las necesidades de cada inspección anualmente. Este importe contribuía a conservar los aspectos básicos de la estructura de la IC (por ejemplo, pago del sueldo de los repartidores de agua a nivel de acequias) como también para hacer frente al plan de obras propuesto por los regantes.
En la década del 20 y comienzos de los años 30 la recaudación de ambos conceptos era realizada por las IC. Esto les permitía posteriormente remitir los importes a la sede central del DGI. Con ello se posibilitaba que las IC contaran prontamente con los fondos que les permitiera mantener una administración fluida. El no pago de la prorrata o de la cuota sostenimiento, a la vez, facultaba al Inspector a suspender el servicio a los morosos. La recaudación de estos dos pagos en los años 30 resultaba deficitaria. La prensa denunciaba que el déficit no solo era atribuible a la falta de voluntad de pago de los regantes, sino que existían variadas razones. Entre ellas destacaban la errónea estimación de la recaudación, puesto que era igualmente equívoca la forma de registrar las hectáreas a servir con agua.[15]
Ante esta situación, el DGI tomó una decisión que incrementaría las discrepancias con la masa de usuarios al centralizar las cobranzas de los deudores. Asimismo, por debajo de la discusión se hacían presentes diferentes interpretaciones acerca del alcance de la autonomía de las IC. Por un lado, se recurría a los preceptos que reconocía la Constitución Provincial de 1916, donde se manifestaba que los cauces eran autónomos al determinar y administrar sus propios recursos y elegir sus autoridades. Por otro lado, se argumentaba acerca de la necesidad de concentrar estas actividades en el organismo constitucionalmente habilitado, el DGI.[16]
Lo cierto es que a más de un año de sancionada la resolución, pocos cauces habían adherido sus cuentas a la oficina referida. De 404 cauces aproximadamente con presupuestos sólo 36 habían remitido su recaudación a mencionada oficina;[17] y al mismo tiempo no eran los cauces más importantes.[18] Las IC continuaron por largo tiempo sus prácticas de nombrar recaudadores propios, en una clara afrenta a las medidas del ente.[19]
Los comportamientos autonómicos persistieron en toda la Provincia. De entre ellos, los de los regantes de Lavalle quienes no dudaron en hacer llegar sus reclamos a las mismas oficinas del DGI. En tanto, en el Desagüe General del Norte, en San Rafael (Sur provincial) los regantes congregados en las IC manifestaban su disconformidad con el DGI a partir de la prensa, en abierta confrontación con las autoridades centrales, expresando que seguirían con sus prácticas.[20] Hasta 1943 esta situación mantuvo expectante a los regantes y a las autoridades del DGI, que no lograban que sus resoluciones fueran totalmente cumplidas por el universo de IC.
Para finalizar esta sección del artículo puede concluirse que entre 1932 y 1940 en Mendoza, en lo que respecta al accionar estatal referido al recurso hídrico, se sucedieron diferentes intervenciones de organismos tanto nacionales como provinciales. Entre estos últimos, se encontró la particularidad de que el organismo encargado constitucionalmente de las políticas hídricas atravesaba profundos desafíos de gestión y era permeable a los intereses de los sectores más concentrados de la industria vitivinícola. Sumadamente, en varias oportunidades hubo situaciones de tensión entre el DGI y el propio ejecutivo provincial, denotando entonces la complejidad intrínseca del accionar estatal, para nada unívoco y a veces con objetivos contradictorios.
Proyectos y acciones para Lavalle: las lagunas y la zona irrigada
A continuación, se analizarán algunas políticas hídricas en Lavalle de forma más detallada, las que necesariamente deben ser comprendidas en el marco más general expuesto en la sección anterior.
El traslado de cultivos
En los primeros años de la gestión conservadora en la Provincia se diagramaron algunas medidas tendientes a proveer más agua o de mejor manera. Así, durante la gobernación de Ricardo Videla[21] se propuso estudiar la posibilidad de trasladar zonas de cultivos ubicadas en los extremos del río Mendoza hacia otras mejor localizadas. Una de esas zonas fue la de Jocolí-Lavalle hacia otro espacio en el tramo medio del río Mendoza, es decir que se planteó retirarla de ese extremo. Las autoridades consideraban que, debido a la longitud de los canales de la zona y los inconvenientes para mantenerlos en condiciones, se producían grandes pérdidas de agua. Esto precipitaba la decisión de analizar el traslado de tales zonas de cultivos hacia otros espacios menos desafiantes. De esta manera se encomendó al DGI y a la Dirección de Fomento Agrícola (perteneciente al Ministerio de Industria) mencionada tarea.
Las autoridades provinciales estimaban que con esta medida se economizaría agua y también reducirían los gastos de mantención de los canales; además los cultivos estarían más cerca de los mercados de consumos, reduciendo también sus costes de producción. No obstante, los resultados de los estudios determinaron la no conveniencia del traslado en vista de lo costoso de las expropiaciones necesarias para realizarlos.[22]
Las Lagunas de Guanacache
En 1935, las autoridades solicitaron al DGI también que diera respuesta a los pobladores de las tierras no irrigadas y estudiara la posibilidad y conveniencia económica de restituir el riego en los distritos de Lagunas de Rosario, San Miguel y San José (Lavalle, ver mapa 2).[23]
La particularidad de este caso radica en la zona de interés gubernamental, porque se sitúa en el extremo de la red hídrica del oasis Norte, lugar de asentamiento de antiguas poblaciones huarpes, y por el hecho de que ese territorio fuera compartido por otras dos provincias: San Juan y San Luis. Además, se buscaba subsanar esta carencia de agua en respuesta a demandas de la sociedad civil afectada y de diversas autoridades políticas.
En 1935 el diputado conservador y futuro vicegobernador (1938-1941) Armando Guevara Civit, presentó un proyecto de ley para que fueran brindados fondos para la construcción de un canal derivado del río Mendoza a la altura de Lavalle, distrito Lagunas del Rosario con capacidad suficiente para el riego de 10.000 hectáreas. En otro proyecto se buscó destinar mayores recursos para la construcción de otro canal para regar 4.000 hectáreas en los distritos de San José y Asunción (Lavalle).[24] En este sentido, remarca Diego Escolar que “en 1937 un centenar de pobladores rurales, fundamentalmente laguneros, se movilizaron para peticionar al gobierno mejoras para esas regiones olvidadas” (Escolar, 2006, p. 160). Por lo tanto, se aunó un pedido social y un interés político (Escolar y Saldi, 2013).
Por su parte, Leticia Saldi analizó este caso y aseguró que el DGI no se expidió al respecto, y que el ente “no pretendía delegar su poder obedeciendo a los pedidos del poder ejecutivo” (2014, p. 115). Asimismo, en un trabajo reciente Escolar y Saldi (2022), refuerzan sus hipótesis demostrando la larga lucha de criollos y laguneros huarpes por el reconocimiento de sus derechos de agua, sin ser escuchados por la élite política mendocina. A la luz de una perspectiva más centrada en el análisis de la complejidad del accionar estatal, y del hallazgo de nuevas fuentes, el presente artículo busca arribar a otras interpretaciones, sin dejar de considerar los destacados aportes de los autores señalados.
En este sentido, tres años después de los requerimientos del ejecutivo, el organismo decimonónico expuso sus conclusiones en su memoria anual (1937). Se destacó en el informe que hasta ese momento “el régimen hidráulico de las Lagunas de Guanacache no había sido estudiado”, y que los estudios con los que se contaban se limitaron solo a reconocimientos generales (1908).[25]
Además, se evidenció el interés de la instancia nacional por abordar con estudios este tema como también el de las demás provincias con incumbencia en la cuestión: San Luis y San Juan. En este sentido, los tres estados subnacionales plantearon soluciones dispares al problema. Mendoza buscaba determinar si se podía restituir el riego a las lagunas pues pretendía construir “un embalse del Bajo, al pie de las Lagunas del Rosario para regularizar y utilizar los sobrantes y crecidas de agua que convergían a formar el Desaguadero, siempre que tales sobrantes sean suficientes”.[26] San Juan, en tanto, con miras a mejorar las condiciones de desagüe del Departamento Sarmiento, quería estudiar las lagunas pero para desecarlas totalmente, canalizándolas. Su interés era claramente evitar “las perdidas por evaporación en los bañados y descender la napa freática en ese departamento, mejorando el saneamiento de esa zona de cultivos”. Finalmente, San Luis pretendía “desviar el río Desaguadero hacia la salina del Berbedero”, con lo cual se podrían crear nuevos regadíos tanto en la zona Este de Mendoza como el Oeste de San Luis.
No obstante del reconocimiento de la necesidad de esperar la finalización de estudios más integrales, los técnicos del DGI aportaron conclusiones sobre la posibilidad de restituir el riego a Guanacache y Lagunas del Rosario, Distrito San Miguel y San José en Lavalle.[27] En el primer caso resolvieron que era imposible pues estaba colmada la capacidad de riego del río Mendoza no existiendo sobrantes a distribuir, además de que las periódicas crecidas como las del aluvión de 1934 no llegaron a la zona mencionada. En cuanto al distrito de San Miguel, que en otras épocas se abastecía del río Desaguadero, ya en 1937 el caudal del río San Juan se constituía como la única fuente que lo alimentaba, por lo que no se creyó oportuno crear nuevas zonas de cultivos debido a que no existían certezas en cuanto a disponer de un caudal mínimo de agua. Respecto de San José, la conclusión también fue negativa argumentando que los caudales del río a la altura del distrito eran muy precarios tornándose imposible brindar una solución definitiva y estable. El informe finalizaba recomendando esperar las soluciones de la Dirección Nacional de Irrigación. Además, instaba a que se esperaran por los resultados de los estudios provinciales sobre el traslado de cultivos, algo que se expuso en el apartado anterior.
Mapa 2. Lagunas de Guanacache, Desaguadero y del Berbedero
Fuente: https://es.m.wikipedia.org/wiki/Lagunas_de_Guanacache,Desaguadero_y_del_Berbedero Nota: Actualmente la zona cuenta con protección y reconocimiento internacional al ser declarada Sitio Ramsar.
Los estudios de la Dirección Nacional de Irrigación
El DGI quedó expectante del accionar del gobierno nacional pues la Dirección Nacional de Irrigación invirtió recursos con la finalidad de que se llevaran adelante estudios que permitieran determinar la conveniencia o no de restituir y/o extender el riego en las zonas de las lagunas. Si bien aún no se ha podido acceder a mencionados informes la reconstrucción de la tabla 6 permite adelantar que efectivamente los estudios fueron llevados a cabo y que el tema resultaba de interés no solo para la dirigencia mendocina sino también para la nacional y para las otras provincias cuyanas. En este sentido, los análisis que realizó la dirección nacional –que contaba con mayores dotaciones de recursos humanos para estas tareas– abarcó el tema desde diversos enfoques (hidráulico,[28] topográfico[29] y de otro tipo[30]), recepcionando también los reclamos de la sociedad de la zona no irrigada y de diversos sectores políticos. Así se dispuso de partidas para la realización de los estudios pertinentes. No obstante, los recursos direccionados a las Lagunas de Guanacache se interrumpieron a partir de 1941. Si bien desconocemos las conclusiones a las que arribó la Dirección Nacional de Irrigación, puede relacionarse dicha merma con conclusiones desfavorables para la zona no irrigada de Lavalle. Acompaña esta interpretación el hecho, expuestos también en la tabla, de que los fondos fueron dirigidos definitivamente hacia otras zonas con mayores perspectivas productivas (en el oasis Sur, por ejemplo), según las fuentes y coincidiendo en esto con el accionar del gobierno provincial (Ortega, 2020).
Tabla 6. Distribución presupuestaria según cuencas provinciales. Dirección Nacional de Irrigación (1935-1943)
|
Año |
Presupuesto para Mendoza (en $) |
Oasis |
Intervenciones |
Monto en $ |
|
1935 |
164.000 |
Norte |
Obras Dique Cipolletti. Cuenca del río Mendoza (Ley 11922) |
64.000 |
|
Sur |
Río Diamante: Defensas, Cauces y Tomas. Estudios |
100.000 |
||
|
1936 |
230.000 |
Norte |
Río Mendoza. Obras de protección (Ley 12248) |
30.000 |
|
Obras Dique Cipolletti. Cuenca del río Mendoza (Ley 11922) |
80.000 |
|||
|
Sur |
Río Diamante: Defensas, Cauces y Tomas. Estudios |
60.000 |
||
|
Río Atuel Defensas, Cauces y Tomas. Estudios |
20.000 |
|||
|
Varios |
Desagües. Ley 12282 |
40.000 |
||
|
1937 |
805.000 |
Norte |
Laguna de Guanacache y red de desagües. Estudios |
55.000 |
|
Protección de la Ciudad contra Aluviones |
475.000 |
|||
|
Sur |
Río Diamante: Defensas, Cauces y Tomas. Estudios |
140.000 |
||
|
Río Atuel Defensas, Cauces y Tomas. Estudios |
30.000 |
|||
|
Varios |
Desagües. Ley 12282 |
80.000 |
||
|
Estudios río Diamante, Tunuyán, Atuel, Dique de Embalse |
25.000 |
|||
|
1938 |
237.000 |
Norte |
Laguna de Guanacache y red de desagües. Estudios |
30.000 |
|
Protección de la Ciudad contra Aluviones |
50.000 |
|||
|
Obras Dique Cipolletti. Cuenca del río Mendoza (Ley 11922) |
90.000 |
|||
|
Sur |
Río Diamante: Defensas, Cauces y Tomas. Estudios |
7.000 |
||
|
Varios |
Estudios río Diamante, Tunuyán, Atuel, Dique de Embalse |
60.000 |
||
|
1939 |
570.000 |
Norte |
Laguna de Guanacache y red de desagües. Estudios |
30.000 |
|
Protección de la Ciudad contra Aluviones |
400.000 |
|||
|
Varios |
Estudios río Diamante, Tunuyán, Atuel, Dique de Embalse |
60.000 |
||
|
Construcción de desagües en San Rafael, Gral. Alvear, Lavalle, San Martín, Rivadavia, Junín, Sta. Rosa, Guaymallén, Maipú, Tunuyán y otras zonas, |
80.000 |
|||
|
1940 |
540.000 |
Norte |
Laguna de Guanacache y red de desagües. Estudios |
15.000 |
|
Protección de la Ciudad contra Aluviones |
483.000 |
|||
|
Varios |
Estudios río Diamante, Tunuyán, Atuel, Dique de Embalse |
42.000 |
||
|
1941 |
768.000 |
Norte |
Protección de la Ciudad contra Aluviones |
600.000 |
|
Varios |
Estudios río Diamante, Tunuyán, Atuel, Dique de Embalse |
21.000 |
||
|
Sur |
Río Diamante: Defensas, Cauces y Tomas. Estudios |
97.000 |
||
|
Dique de Embalse y obras para almacenar agua del río Atuel en el Nihuil. |
50.000 |
|||
|
1942 |
1.306.000 |
Norte |
Protección de la Ciudad contra Aluviones |
700.000 |
|
Varios |
Estudios río Diamante, Tunuyán, Atuel, Dique de Embalse |
6.000 |
||
|
Sur |
Dique de Embalse y obras para almacenar agua del río Atuel en el Nihuil. |
600.000 |
||
|
1943 |
1.630.000 |
Norte |
Protección de la Ciudad contra Aluviones |
700.000 |
|
Sur |
Río Diamante: Defensas, Cauces y Tomas. Estudios |
30.000 |
||
|
Dique de Embalse y obras accesorias para almacenar agua del río Atuel en el Nihuil. |
700.000 |
|||
|
Varios |
Estudios río Diamante, Tunuyán, Atuel, Dique de Embalse |
200.000 |
Fuente: Elaboración propia sobre la base de Ministerio de Obras Públicas de la Nación. 1935-1943. Plan de Trabajos Públicos, Buenos Aires.
La zona irrigada de Lavalle
Por otro lado, en la zona irrigada del departamento, entre 1934-1937 se sucedieron una serie de eventos de amplia repercusión pública que denota la alta conflictividad entre los regantes para con las autoridades (Escolar y Saldi, 2022). En este sentido, a la crisis económica de los productores durante los primeros años de la década del 30 del siglo XX, se adicionaron los problemas de escasez hídrica. En esta situación colaboraban las deficientes condiciones de la infraestructura existente en la zona, las que dificultaban aún más el reparto formalmente estipulado del agua en ese tramo del río Mendoza.
Un ejemplo de lo indicado puede encontrarse en la situación de los regantes de las circunscripciones de colonia Tres de Mayo y Santa Rita (en el distrito de Jocolí). Estos denunciaban que el servicio de agua se hallaba interrumpido desde hacía 15 días, habiendo perdido el segundo corte de sus alfalfares, y señalaban que ante estas continuas situaciones se habían perdido las siembras de maíz, por ejemplo.[31] Como se observa, no era un núcleo dedicado al cultivo más preponderante por entonces en Mendoza, la vitivinicultura. Este tipo de cultivo se relacionaba más con el modelo productivo tradicional de esa zona.
En tanto, los inconvenientes que exponían los regantes en general giraban también en torno a la rehabilitación de cauces, la necesidad de realizar estudios topográficos, aforo de canales, diseño de desagües, levantamiento de tomas, etc., demanda que las autoridades ejecutivas habían prometido solucionar.[32]
A la vez, un grupo de regantes perteneciente a las IC servidas por el Canal Tulumaya presentaron al Gobernador los resultados de un estudio que encomendaron al ingeniero Galileo Vitali,[33] sobre las obras de sistematización necesarias para la mejora del riego. Estas gestiones facilitaron el otorgamiento de un préstamo reembolsable a estos regantes por un total de $87.323 m/n (Ley 1214).[34] Puede observarse en esta breve referencia la conformación heterogénea dentro del grupo de usuarios pertenecientes a la zona irrigada de Lavalle, lo cual tornaba dificultoso que resultaba también diseñar soluciones uniformes.
Imagen 2. Regantes de Lavalle
Fuente: Imágenes extraídas de Los Andes (9/11/1935).
Nota: En la parte superior izquierda de las imágenes se observa la comisión de regantes que hizo llegar sus reclamos al Gobernador (Los Andes, 13/03/1938). También se observa el canal Jocolí prácticamente sin agua en vista de las falencias indicadas en este artículo, en la parte superior derecha de la imagen. Por último, en parte inferior se ilustran los trabajos sobre la Laguna Bertolucci, San Francisco, Lavalle.
Otro aspecto para destacar en este clima de tensión es cómo el canal (por el cual debería haberse encauzado el malestar de los productores) no fue el determinado por el ordenamiento institucional, es decir a través del DGI, sino que los usuarios solicitaban entrevistas directamente con el Gobernador.[35]
Si se considera la tabla 2, sobre las autoridades del DGI, puede interpretarse que esta acción de los regantes de Lavalle de la zona irrigada fue llevada a cabo de ese modo porque los mismos no encontraban en el DGI la representación de sus intereses. No obstante, estos inconvenientes, finalmente fue este sector de los usuarios de Lavalle, es decir, los ubicados en la zona ya irrigada –mejor organizados respecto a los pobladores de la zona no irrigada– donde el Estado nacional y provincial dirigió recursos y obras hídricas (desagües, canalizaciones y mayores dotaciones, ver gráfico 1).
Respecto de esto último, no debe olvidarse lo señalado por Escolar y Saldi (2022), con relación a que las poblaciones de la zona no irrigadas y los habitantes de las lagunas fueron, una vez más, desoídos en sus reclamos por derechos de agua por parte de las autoridades. Estas estaban más inclinadas en favorecer al componente poblacional de inmigrante europeo, al que asociaban a su ideal de progreso.
Ahora bien, el último registro al que se ha tenido acceso y donde se observa la persistencia de un interés público por dotar a Lavalle de mayores obras fue el impulsado por el Senador nacional Gilberto Suárez Lago (Demócrata). Este legislador fue uno de los promotores de las gestiones para la concreción del proyecto de El Nihuil en el Sur mendocino. En esta oportunidad pretendió incluir en el mismo proyecto los recursos para la concreción de un nuevo canal de riego para Lavalle. No obstante esto último no fue logrado, pero sí prosperaron las acciones destinadas al Sur provincial.[36] En este sentido, finalmente, el interés estatal tanto nacional como provincial estaba puesto en avanzar y explotar decididamente otras geografías con grandes proyectos hídricos e hidroeléctricos, incluso antes del ascenso del primer peronismo. Así quedó reflejado por ejemplo en el I Congreso Argentino del Agua (realizado en Mendoza durante 1941), del que participaron representantes gubernamentales, asociaciones de profesionales y sectores económicos del país; y donde Lavalle ya no formaba parte de la planificación nacional y provincial (Ortega, 2020).
Consideraciones finales
Estudios previos han demostrado que tanto Nación y Provincia coincidieron entre fines de los años 30 y 40 del siglo XX en fomentar las grandes obras hídricas en las zonas Centro y Sur de Mendoza. No obstante diseñar y consensuar esas opciones requirió que, primero, se evaluaran otras posibilidades, que han sido objeto de atención en este artículo.
Uno de los territorios de interés por parte de la dirigencia conservadora nacional y provincial fue el Departamento de Lavalle. Este poseía características ambientales e históricas particulares, y se constituyó entre (1932-1940) en escenario de propuestas e intervenciones estatales superpuestas, y de resultados dispares, debido a que no todos los pobladores pudieron beneficiarse de las políticas implementadas, acentuando históricas inequidades.
El análisis de este caso permitió, a la vez, interpretar el accionar estatal referido al recurso hídrico en Mendoza desde otras aristas, detectando sus contradicciones, tensiones y conflictos intra e interestatales. Se pudo observar cómo en un espacio determinado se desplegaron un conjunto de acciones del Estado central, a partir de la Dirección Nacional de Irrigación, en conjunción con el Gobierno Provincial. Ambos coordinaron actividades, aunque no estuvieron exentas de conflictos. Asimismo, se identificó que ese accionar del Estado provincial se tornó, por momento, muy tenso con el ente provincial encargado de los asuntos hídricos (el DGI). Este último atravesó por su propio proceso de redefinición de roles, pues buscaba modernizarse ante los evidentes desafíos que planteaba el contexto de los años 30. El proyecto modernizador implicó, entre otras cosas, mejorar la infraestructura existente y construir grandes nuevas obras de captación de agua para favorecer la expansión del área cultivable, y con ello diversificar la matriz productiva local.
A la vez, el DGI tuvo en su seno una fuerte representación de los intereses bodegueros más concentrados de la industria, lo que pudo haber contribuido en el establecimiento de determinadas políticas a favor de ciertas zonas más que a otras.
De este modo, Lavalle se constituyó en un espacio donde la dirigencia evaluó las posibilidades de extender la red de riego que facilitara la expansión de las hectáreas cultivable. Este interés se vio reverdecido por los reclamos de las poblaciones de la zona de las Lagunas de Guanacache, desfavorecidas desde la sanción de Ley de Aguas (1884), como también por los reclamos de los regantes de la zona irrigada.
Así, la agitación de los regantes por las deficiencias en la provisión de agua, los costos y las formas realizar los pagos del sostenimiento de la red, junto con la mejor organización y capacidad de reclamo de un sector de regantes en particular, facilitó la decisión de abandonar el reclamo de los laguneros, inclinando las acciones –una vez más– en favor de aquellos usuarios de la zona irrigada, es decir aquellos detentadores de derechos de riego, situación que no ha sido modificada hasta el presente.
Por último, para comienzos de 1940, ante las limitaciones técnicas avizoradas en los estudios locales, y muy posiblemente los nacionales, se determinó no avanzar más sobre los márgenes del río Mendoza. Esto condujo a que todos los esfuerzos y recursos fueran redirigidos al Sur provincial, mucho más próspero según las convicciones de las autoridades estatales, pues avizoraban en esos territorios posibilidades de complementar los fines de riego con la generación de energía eléctrica.
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