Este artículo sintetiza los resultados de mi investigación doctoral que se propuso realizar una reconstrucción histórica de la colonia de exiliados argentinos que se formó en Venezuela entre 1974 y 1983, analizando la política de asilo venezolana, las rutas de exilio, los perfiles políticos y sociodemográficos y las estrategias de acción política anti dictatorial en el contexto político local y transnacional. Hasta esta investigación Venezuela como destino de ese exilio aún no había sido estudiada en profundidad ni interrogada por la historiografía de los exilios políticos producidos por la última oleada de represión estatal y paraestatal en Argentina entre 1973 y 1983.

Palabras claves: Exilio; Dictadura Militar Argentina; Venezuela; Lucha Anti Dictatorial; Derechos Humanos

This article summarizes the results of my doctoral research that aimed to carry out a historical reconstruction of the colony of Argentine exiles that was formed in Venezuela between 1974 and 1983, analyzing the Venezuelan asylum policy, the exile routes, the political and sociodemographic profiles and anti-dictatorial political action strategies in the local and transnational political context. Until this investigation, Venezuela as a destination of this exile had not yet been studied in depth or questioned by the historiography of the political exiles produced by the last wave of state and parastatal repression in Argentina between 1973 and 1983.

Keywords: Exile; Argentine Military Dictatorship; Venezuela; Anti-Dictatorial Struggle, Human Rights

En Argentina el 24 de marzo de 1976 tuvo lugar un golpe militar que derrocó al gobierno constitucional de Isabel Martínez de Perón e instauró una dictadura de siete años hasta 1983. Los años previos al golpe pusieron en evidencia una profunda crisis de autoridad que paralizaba al tercer gobierno peronista (1973-1976). Fue una coyuntura signada por una crisis política y económica y se distinguió por la implementación de políticas represivas estatales y paraestatales contra el proceso de radicalización política y los movimientos sociales y políticos movilizados, ya fueran estos contestatarios, rebeldes y/o de intenciones revolucionarias (Franco, 2012, p. 15).

El Estado terrorista que se implementó en Argentina durante la década del setenta se inscribía en un largo ciclo de la política donde en distintos momentos primó el autoritarismo y la exclusión de los opositores (Jensen, 2004; Sznadjer y Roniger, 2013). Las prácticas concretas de exclusión ya se venían ejecutando durante el tercer gobierno peronista, a través de una política de represión selectiva legal e ilegal desde los aparatos del Estado, bajo un creciente Estado de excepción que se legitimaba en los discursos dominantes por la violencia “subversiva” (Franco, 2012). Durante la dictadura militar que lo siguió, estas prácticas represivas y de exclusión de opositores se articularon regionalmente con el accionar de otras dictaduras enmarcadas en la Doctrina de Seguridad Nacional y las dinámicas que adoptó la Guerra Fría en la región, dando forma a un plan sistemático de muerte y silenciamiento. En el proyecto autoritario, la represión se ejecutó principalmente por medio del secuestro y la desaparición de personas, torturas, encarcelamientos y otras prácticas de persecución y de exclusión. Las salidas hacia el exilio respondieron a esta lógica político-estatal.

En consecuencia, el exilio se transformó en un fenómeno masivo en la Argentina entre 1974 y 1983 como resultado de la política de represión estatal y la violencia paraestatal. De modo general, se puede afirmar que durante este último exilio de argentinos las vías de los escapes se concretaron mayormente como salidas del país bajo la condición de turistas, o mediante huidas clandestinas a países limítrofes, o desde las cárceles recurriendo a visas de salida y siendo recibidos como refugiados o asilados, siendo muy bajo el nivel de asilos en embajadas (Yankelevich, 2010). Las salidas del país fueron una forma de escapar a la represión para resguardar la vida y la libertad, y adoptaron la forma de un proceso colectivo que no tuvo un carácter organizado, sino que más bien se desarrolló a partir de una sumatoria de acciones carácter individual o familiar a lo largo de varios años (Yankelevich, 2008, pp. 208-209). Las vías al exilio más transitadas fueron el aeropuerto internacional de Ezeiza en Buenos Aires y las fronteras terrestres con países limítrofes, mayormente con Brasil y Uruguay, y en menor medida con Paraguay o Bolivia. Además, este exilio fue el más importante de la historia nacional por su cantidad, la diversidad de países de refugio y el impacto de sus políticas de denuncia de la dictadura militar (Jensen, 2007, p. 14).

A nivel regional, desde mediados de los setenta las dictaduras de Seguridad Nacional del Cono Sur (Brasil, Argentina, Chile, Uruguay) incrementaron su cooperación y coordinación represiva con la intención de vigilar, perseguir, capturar o asesinar a militantes políticos más allá sus fronteras nacionales, evitando –además– su establecimiento en países limítrofes y recortando sus posibilidades de articular desde ellos actividades de resistencia y lucha. De modo que para ponerse a salvo de esta ola represiva transnacional la mayoría de estos perseguidos y desterrados políticos fueron obligados a instalarse en países no limítrofes o de otros continentes (Ayala, 2017a). Después del golpe de 1976, Brasil fue el país más utilizado por los exiliados argentinos como espacio de tránsito, circulación y puente hacia Europa, México o Venezuela.

Desde el retorno a la democracia en 1958, Venezuela se convirtió por décadas en un lugar de atracción y recepción de exiliados de las oleadas represivas de la región. Sobre todo, por la imagen internacional de poseer un sistema político democrático estable y una próspera economía petrolera que posibilitaba la inserción relativamente fluida en el mercado de trabajo (Sznadjer y Roniger, 2013), que demandaba profesionales y técnicos con buenos salarios en dólares. Fue uno de los países latinoamericanos que debió afrontar un contingente cuantioso de solicitudes de asilo político en sus sedes diplomáticas de Brasil, Chile, Uruguay, Argentina y Bolivia en las coyunturas de los golpes de Estado y las dictaduras militares que le siguieron. Llegó a ser el principal lugar de exilio en América del Sur de esta oleada de desterrados cono-sureños. En estas coyunturas los gobiernos del socialdemócrata Carlos Andrés Pérez (1974-1979) y el socialcristiano Luis Herrera Campins (1979-1984) pusieron al descubierto sus tensiones y discusiones entre adoptar una política exterior de respeto de los derechos humanos y del derecho de asilo, u otra, que priorizara razones de Estado como la política inmigratoria, la seguridad interna, o la ideología de los solicitantes de la protección internacional del asilo (Ayala, 2017b). Este artículo sintetiza los resultados de mi investigación doctoral, realizada entre 2009 y 2017 (Ayala, 2017b), cuyo objetivo general fue una reconstrucción histórica de la colonia de exiliados argentinos que se formó en Venezuela entre 1974 y 1983.

El texto se organiza en cuatro apartados y una conclusión. El primero es dedicado ala política de asilo de Venezuela en Argentina entre el periodo de estudio, el segundo a las razones, formas y momentos de las salidas al exilio, el tercero a los perfiles socio-profesionales, políticos y distribución geográfica de los exiliados, y el cuarto a las prácticas y formas organizativas de la acción colectiva de estos exiliados en Venezuela.

Desde la década de 1990 la problemática de los exilios de argentinos durante la última dictadura militar comenzó a estudiarse en el marco de proyectos de investigación académicos que apuntaban a reconstrucciones históricas. Por ejemplo, a partir de los estudios de Meyer y Salgado (2002) y Yankelevich (2002) sobre el exilio latinoamericano en México, o de las tesis de posgrado sobre el exilio argentino en Cataluña (Jensen 1998; 2004), Francia (Franco, 2008) y sobre inmigrantes y exiliados en Rio Grande do Sul (Brasil) (Fernández, 2011). En esta década también se publicaron los resultados de una sistemática investigación sobre el caso mexicano (Yankelevich, 2010). A su vez, resultados de investigaciones sobre otros casos nacionales, como las experiencias en México, Suecia, Madrid, Italia, Israel, Brasil, Venezuela y los Estados Unidos fueron publicados en los primeros tres volúmenes colectivos sobre el tema editados en la Argentina (Yankelevich, 2004; Yankelevich y Jensen, 2007; Jensen y Lastra, 2014). A partir de la década de 2010 y hasta el presente se observa una ampliación temática hacia las dinámicas políticas de los exiliados y sus organizaciones (Lastra y Jensen, 2014), las políticas estatales de asilo y refugio (van Meervenne, 2014; Ayala, 2020), las reflexiones teóricas, metodológicas e historiográficas (Sznadjer y Roniger, 2013; Roniger, 2014; Jensen, 2021), la cultura y los intelectuales y los problemas del retorno y el no retorno (Lastra, 2016, 2021; Roniger, Senkman, Sosnowski, Sznajder, 2021; Roniger, 2024), género y la segunda generación, la relación entre cárcel política y exilio (Pisarello, 2014; Jensen, 2019).

Consecuentemente, al momento de iniciar la investigación en el año 2008 existía una vacancia de estudios sobre Venezuela e importantes estudios sobre los exiliados argentinos en otros países de acogida en los que apoyarse. El punto de partida fueron los trabajos pioneros de Silvina Jensen (1998; 2004)), La huida del horror no fue olvido. El exilio político argentino en Cataluña (1976- 1983)y La provincia flotante. Exilio argentino en Cataluña (1976-2006) , el de Marina Franco (2008), El Exilio: argentinos en Francia durante la dictadura , y el de Jorge Christian Fernández (2011), Anclaos en Brasil: a presença argentina no Rio Grande do Sul (1966 - 1989), todos producto de sus tesis de posgrado, y el del historiador Pablo Yankelevich (2004; 2008; 2010), que se dedicó a investigar a la comunidad de exiliados argentinos en México. Su libro Ráfagas de un exilio. Argentinos en México (1974-1983) (Yankelevich, 2010) fue el primer trabajo sistemático sobre exiliados argentinos en un país latinoamericano. El enfoque de la investigación de Yankelevich y sus contribuciones fueron muy importantes para recortar y pensar nuestro objeto de estudio. En primer lugar, por su análisis de la política de asilo y de tolerancia de la actividad política de los exiliados en el país de destino. Análisis que permite identificar los perfiles sociopolíticos de las comunidades de exiliados y, al mismo tiempo, relevar qué peso tuvieron la política de asilo/refugio y la política de seguridad interna del Estado de acogida para recibir a los perseguidos por el terrorismo estatal argentino. En segundo lugar, por la reconstrucción minuciosa del funcionamiento y las actividades que realizaban las organizaciones políticas y las organizaciones de exiliados argentinos en México, que fueron un referente para las actividades de los exiliados argentinos en Venezuela por su magnitud y por sus conexiones regionales. En suma, estos estudios reseñados dieron forma a una matriz de preguntas, hipótesis e indicios para reconstruir los casos nacionales de comunidades del último exilio de argentinos. Y dejaban claro que Venezuela como destino de ese exilio aún no había sido estudiada en profundidad ni interrogada por la historiografía.

Frente a este panorama nuestra investigación se propuso realizar una reconstrucción histórica de la colonia de exiliados argentinos que se formó en Venezuela entre 1974 y 1983 a partir de tres interrogantes generales: ¿Cuáles fueron las características de la colonia de exiliados argentinos que se formó en Venezuela durante la década del setenta? ¿Qué prácticas políticas existieron y qué formas organizativas emergieron para la lucha anti dictatorial en el contexto social y político venezolano? ¿Existieron particularidades respecto a los exilios argentinos en otros países? Estas preguntas iniciales nos llevaron a establecer objetivos más específicos, que implicaron reconstruir, analizar e interpretar los siguientes temas: 1) la política de asilo del Estado venezolano en relación con la situación argentina entre 1974 y 1983 y las formas de exilios que asumieron los argentinos hacia Venezuela; 2) las razones y los momentos de las salidas al exterior, y las rutas de exilio entre Argentina y Venezuela; los perfiles políticos y sociodemográficos de la colonia de exiliados argentinos que se formó en Venezuela durante esos años; 4) sus acciones políticas anti dictatoriales y formas organizativas en el espacio público venezolano y en las redes de denuncia regionales.

Todas estas cuestiones buscaron responderse partiendo del marco analítico general construido por Mario Sznadjer y Luis Roniger (Sznadjer y Roniger, 2013; Roniger, 2014) según el cual las experiencias del exilio se construyen en una interacción dinámica entre el Estado expulsor, el Estado receptor, las comunidades de exiliados y la esfera pública internacional de la época. A su vez, para determinar quiénes eran considerados exiliados se partió de un concepto amplio de cuatro rasgos que debían aparecer en las trayectorias personales: a) las condiciones y motivaciones de las salidas del país (forzadas o condicionadas por las practicas represivas estatales-paraestatales que dieron lugar a diversas formas de destierro y expatriación); b) la imposibilidad de regresar al país de origen por la situación represiva o legal; c) las actitudes y la actividad política (o no) en el país de destino; y c) la auto identificación de los sujetos.

El recorte temporal del objeto de investigación se delimitó a partir de las trayectorias exiliares de los sujetos analizados: la mayoría de los exiliados estudiados llegaron a Venezuela entre 1974 y 1979, motivados por las diversas formas de represión estatal y paraestatal en Argentina, mientras que sus actividades políticas anti dictatoriales se extendieron entre fines de 1975 y fines de 1983. El recorte coincide con una periodización político-institucional delimitada por la vigencia del estado de sitio en Argentina (suspensión de garantías constitucionales) entre noviembre de 1974 y octubre de 1983.

Respecto al recorte geográfico, nuestra investigación se propuso realizar un análisis del caso venezolano en una escala nacional a partir de la reconstrucción de las dinámicas políticas de los exiliados en Caracas (la capital del país) y Mérida (en la región andina), las dos ciudades que registraron actividad política anti dictatorial organizada. Esta decisión partió de un señalamiento de los estudios pioneros del último exilio argentino: el desafío de estudiar las dinámicas de los exiliados en la totalidad del territorio de los Estados de acogida.

La investigación se diseñó con una estrategia metodológica mixta, con un predominio del método cualitativo. Para reconstruir e interpretar la mayoría de los interrogantes el cúmulo de material informativo se sometió a un análisis documental de tipo histórico, a un análisis de contenido y de discurso, y de contraste de fuentes.La documentación escrita tuvo su origen en diversos fondos accesibles en Venezuela y Argentina. En Venezuela, Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela-Archivo Bilateral con Argentina (AMREV-ABA), los diarios venezolanos El Nacional, El Universal y El Diario de Caracas del período 1974-1983 en la Biblioteca Nacional de Venezuela (DH-BNV), Archivo de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (FEDEFAM) y diversos Archivos personales. En Argentina, la Biblioteca Nacional y el Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas en la Argentina (CEDINCI).

Pero ante la comprobación de la escasez de fuentes primarias y secundarias sobre los exiliados argentinos en Venezuela, la construcción y uso de fuentes orales fue clave. Utilizamos de forma intensiva dos tipos de fuentes orales. Por un lado, información extraída de 47 entrevistas realizadas para esta investigación entre 2008 y 2014 (27 de ellas en Argentina, las restantes 20 en Venezuela); y por el otro, testimonios de ex exiliados publicados en Argentina y Venezuela (Martínez Ubieda, 2006) en diversos momentos desde el fin de la dictadura militar.

Todo lo cual nos permitió construir tres bases de datos de la investigación. En la Base de Datos N° 1 (BDD-N°1) compilamos información de 16 variables ^{^[1]} extraídas de 72 trayectorias personales que fueron analizadas en profundidad, las cuales fueron producto de entrevistas personales realizadas ad hoc o bien publicadas como testimonios por otros autores. En la Base de Datos 2 (BDD-N°2) organizamos la información sobre las solicitudes de asilo diplomático y visas presentadas ante la Cancillería venezolana a través de su Embajada en Buenos Aires durante el periodo de estudio. Mientras que en la Base de Datos 3 (BDD-N°3) sistematizamos información parcial sobre las mismas 16 variables de la BDD-N°1 a partir de 246 casos de exiliados de los cuales no dispusimos de testimonios directos y cuyas referencias fueron obtenidas de diversas fuentes de información a lo largo de nuestro trabajo de campo y archivo. Uno de los principales desafíos de esta investigación fue compensar los vacíos de documentación escrita sobre la actividad política de los exiliados argentinos en Venezuela, en especial de la experiencia del Comité Argentino de Solidaridad (CAS), el comité de exiliados unitario que funcionó Caracas entre 1976 y 1980.

La tradición de asilo interamericana tiene una larga historia que se remonta al siglo XIX y que quedó plasmada jurídicamente en las convenciones de La Habana (1928), Montevideo (1933) y Caracas (1954). En esta última se establecieron las Convenciones de Asilo Diplomático y Asilo Territorial (Organización de Estados Americanos, 1954a; 1954b). El asilo diplomático es la protección de perseguidos por razones políticas que puede brindar un Estado en territorio extranjero amparado en la prerrogativa del principio de extraterritorialidad de las delegaciones extranjeras; y en cambio el asilo territorial es el que ofrece un Estado en su propio territorio a personas perseguidas por razones políticas provenientes de otros Estados. En ambos tipos de asilo el principio de no devolución es clave (Dutrénit, 1999).

Para la década del setenta, Venezuela se contaba entre los países que habían firmado y ratificado ambas Convenciones, junto con México y Costa Rica, lo cual les comprometía a honrar y respetar ambas instituciones de protección a los perseguidos políticos, pero sin obligación de dar explicaciones si negaban el derecho a algún solicitante, pues según las Convenciones, el derecho de asilo es una atribución de los Estados. En cambio, importantes países expulsores como Argentina y Chile habían firmado ambas Convenciones, pero no las habían ratificado, por lo que podían no respetar la institución, al no estar obligados legalmente a reconocer asilados ni a expedir salvoconductos para su salida del país. Para sortear ese obstáculo, los Estados asilantes apelaron a la norma consuetudinaria del asilo en el derecho interamericano para obtener reconocimiento del asilo y salvoconductos (Fernández, 2003).

Este apartado presenta la política del Estado venezolano respecto de las solicitudes de asilo político y de visas de residencia permanente tramitadas ante la Embajada de Venezuela en Buenos Aires durante el período por personas que fundamentaron su pedido en persecuciones políticas y falta de seguridades de vida y/o libertad. El análisis de la documentación escrita y oral recabada y analizada permite afirmar que la política de asilo de Venezuela en Argentinadurante el período se caracterizó por dar prioridad a las razones de Estado como la seguridad interna y los lineamientos de política inmigratoria en detrimento del respeto del Derecho Interamericano de Asilo y el respeto internacional a los Derechos Humanos. Durante los gobiernos de Carlos Andrés Pérez (1974-1979) del partido socialdemócrata Acción Democrática y Luis Herrera Campins (1974-1984) del partido socialcristiano COPEI (Comité de Organización Política Electoral Independiente), esto se tradujo en una política de asilo que se caracterizó por posiciones discursivas ambiguas y por una práctica de clara restricción político-ideológica anticomunista de la Guerra Fría, combinada con el encuadre y tratamiento de las solicitudes en políticas selectivas de inmigración. Todo lo cual resultó en la activación de diversas modalidades de rechazo o aceptación de solicitudes de la protección internacional en el nuevo escenario de demandas masivas de asilo y refugio político. El mantenimiento de esta política de asilo restrictiva durante gobiernos de distinto signo fue el resultado de acuerdos de política interior y exterior entre ambos partidos del régimen bipartidista que gobernó Venezuela después de 1958, ambos alineados a la política anticomunista estadunidense de la Guerra Fría.

También quedó demostrado que el período más duro del ciclo represivo argentino de la década del setenta sucedió durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez (marzo 1974-marzo 1979), cuya política hacia Argentina se caracterizó por la prioridad de los vínculos políticos y económicos entre ambos Estados. En abierta contradicción con el discurso pro derechos humanos que Pérez enunciaba como lineamiento fundamental de la política exterior de Venezuela desde inicios de 1976, año en que asumió un compromiso público de acción común en políticas de derechos humanos con el presidente estadounidense James Carter, ^{^[2]} y en que fue nombrado vicepresidente de la Internacional Socialista. Este comportamiento de política exterior que daba prioridad a la seguridad interna y/o la política inmigratoria por sobre derecho de asilo y de derechos humanos es una práctica observable en la mayoría de los países latinoamericanos de la época. ^{^[3]}

En segundo lugar, a diferencia de lo ocurrido en la Embajada venezolana de Santiago de Chile entre 1973 y 1974, donde buena parte de los casi 600 asilados ingresaron sin autorización saltando los muros de la misión (Ayala y Rojas Mira, 2018), los diplomáticos responsables de la Embajada de Buenos Aires lograron controlar mejor los ingresos de perseguidos a la sede diplomática que se encontraba en el piso sexto de un edificio, siendo los asilados un total de 70 personas entre 1974 y 1983. A ello se sumó un importante cerco de vigilancia gubernamental que impedía el ingreso y ponía en peligro la libertad e integridad física de quienes pretendían buscar refugio allí. Estos hechos obligaron a que muchas personas buscaran otras embajadas o huyeran (bajo la forma de turistas o bien cruzando las fronteras de forma clandestina), lo que resultó en un número mucho menor de solicitudes. Sin embargo, a pesar de este fuerte condicionamiento, se registraron solicitudes de asilo diplomático y territorial de ciudadanos argentinos y de algunos de los miles de refugiados sudamericanos que se encontraban en Buenos Aires y otras ciudades de Argentina bajo la protección del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Ante esta situación, los principales modus operandi para llevar a la práctica lo que proponemos entender como una política de asilo restrictiva fueron: a) aceptar las pocas solicitudes de asilo realizadas por personas pertenecientes a partidos tradicionales o de izquierda parlamentaria (previa evaluación de antecedentes políticos y profesionales por la Cancillería en Caracas), excluyendo a las personas con militancia o antecedentes de izquierda combativa o armada, que justamente constituyeron el sector sobre el que se concentró la represión y el terrorismo de Estado antes y después del golpe; b) evitar conceder el asilo diplomático formal y buscar en cambio acuerdos informales para evacuar del país a los solicitantes, con la sugerencia de hacerlo hacia un tercer país para evitar que ingresen a Venezuela; c) entregar visas de ingreso a Venezuela para ser usadas desde países limítrofes o terceros países; d) rechazar y/o no dar respuesta de las solicitudes, que tanto en el caso de los perseguidos como presos políticos siempre fueron urgentes.

Los funcionarios venezolanos de la Cancillería y el Ministerio de Relaciones Interiores (MRI) evaluaron las solicitudes de asilo y de visas para radicación tramitadas por presos políticos o perseguidos políticos argentinos (y por refugiados latinoamericanos que se encontraban en peligro en Argentina) como parte de una corriente de exiliados políticos de izquierda de Sudamérica que comenzó a llegar a Venezuela desde 1973 y que preocupaba al gobierno por su posible afectación a la seguridad interna. Esta valoración se combinó con otra: los embajadores venezolanos en Argentina del período 1974-1979 desvincularon en sus informes (primero al gobierno peronista y después a la Junta Militar) de las persecuciones, asesinatos y desapariciones, atribuyendo su responsabilidad a sectores ultraderechistas de las fuerzas armadas y de seguridad que escapaban al control del gobierno.

Los funcionarios venezolanos utilizaron esta caracterización que desligaba al gobierno de facto de la represión –al igual que las ordenes de aplicar un criterio restrictivo ideológico-político en la asignación de asilos e ingresos al país y la búsqueda de resguardar lo más posible las relaciones bilaterales— como argumento para evitar otorgar el carácter de asilados diplomáticos a perseguidos que reclamaban protección. Y buscaron en su lugar establecer arreglos informales con las autoridades civiles o militares argentinas para otorgarles el carácter de huéspedes y lograr garantías verbales para la evacuación. Este tipo de procedimiento apuntaba a mantener las relaciones cordiales con los gobiernos civiles y militares del período, pero no respetaba ni cumplía con la institución del asilo interamericano en tanto protección a perseguidos políticos, y, en consecuencia, aumentó sensiblemente el peligro de la vida y libertad de las víctimas de la represión en Argentina. Esta política restrictiva de aplicación del derecho de asilo era negada públicamente por el gobierno venezolano en las declaraciones públicas de altos funcionarios.

La política restrictiva de asilo e ingreso a Venezuela (que se combinó durante 1975-1976 con la exigencia de visas para los pasajeros argentinos cuyos vuelos hicieran escala en territorio venezolano) se flexibilizó en diferentes momentos y coyunturas por la intervención de funcionarios sensibles a la situación de peligro que vivían los perseguidos y por las intervenciones de distintos actores políticos internos y externos (partidos políticos, sindicatos, parlamentarios, autoridades universitarias, organizaciones no gubernamentales de derechos humanos internacionales y locales) que llevaron adelante acciones de presión sobre los gobiernos venezolanos en favor de presos políticos, refugiados y perseguidos en peligro en Argentina y otros países del Cono Sur.

Así, a partir del análisis de los expedientes sobre “Solicitudes de Asilo” y “Solicitudes de Radicación” del AMREV-ABA, cruzadas con información de testimonios orales de ex perseguidos y presos políticos argentinos, se comprobó que durante el período 1974-1983 la cancillería venezolana recibió un total de 192 solicitudes de personas de nacionalidad argentina, de las cuales 70 (el 36 por ciento) fueron autorizadas a ingresar a Venezuela y 122 (el 64 por ciento) fueron rechazadas o no fueron respondidas.

TABLA 1.Total de solicitudes de asilo y visas realizadas por argentinos perseguidos ante Venezuela entre 1974-1983

Fuente: Elaboración propia en base documentación expedientes “Solicitudes radicación”, “Solicitudes de Asilo”, período 1974-1983, en AMREV-ABA.

Dentro del grupo de solicitudes autorizadas hallamos dos grandes subgrupos. El primero fue el de unas 25 personas que solicitaron protección diplomática. El carácter de asilado de derecho se otorgó a no más de una docena de personas, mientras que la mayoría recibió un tratamiento como “asilados de hecho”, “huéspedes”, no de derecho. El segundo subgrupo fue el de los que solicitaron visas de ingreso y radicación, unas 45 personas, las que fueron concedidas con diferentes condiciones: en algunos casos podían ser usadas para viajar desde Argentina; en otros, desde países limítrofes; y en otros más, fueron entregadas en consulados de países de la región (principalmente en Brasil).

En este punto cabe subrayar que además del asilo y las visas de ingreso gestionadas desde la EMBAVEN-AR, existieron otras formas de ingreso a Venezuela de perseguidos argentinos que el estudio exclusivo de expedientes nos impide analizar aquí, pero que se comprobaron a partir de entrevistas orales. Esas modalidades fueron el ingreso con visas de trabajo a partir de un contrato laboral, con visas de turistas desde terceros países, el ingreso ilegal, o como turistas a través de la frontera colombo-venezolana.

Una vez en el interior del país debieron gestionar y cabildear para obtener una condición migratoria que les permitiera residir en el país, cosa que todos los entrevistados terminaron logrando con la ayuda de diferentes actores locales. El éxito de estas modalidades, que lograron superar las restricciones impuestas por el MRI-MRE, ayuda a explicar el tamaño de la colonia de exiliados argentinos en Venezuela y sus perfiles políticos, entre los que se cuenta un importante número de militantes de organizaciones de izquierda, tema que trataremos en los apartados siguientes.

En contraste con otros países como México, que dieron autonomía a los embajadores para definir el otorgamiento del derecho de asilo, en la EMBAVEN-AR la decisión final sobre las solicitudes de asilo y visas de ingreso y radicación para perseguidos políticos y refugiados estuvieron en manos de los funcionarios del Ministerio de Relaciones Interiores (MRI). Asimismo, los asilados y perseguidos autorizados a radicarse en el país fueron controlados por vía de dos dependencias del MRI: la Dirección de Identificación y Extranjería (DIEX), encargada de otorgar la condición legal migratoria para poder residir y trabajar, y la Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP), organismo de inteligencia y contrainteligencia que fue el encargado de controlar las actividades políticas y públicas de los exiliados.

2. De Argentina a Venezuela: razones, formas y momentos de las salidas al exilio

Una de las consecuencias de este ciclo de violencia estatal de la década del setenta en Argentina fue que el exilio se transformó en un fenómeno masivo de exclusión política y epílogo de otras prácticas represivas. Entre 1974 y 1983, la persecución, el encarcelamiento, el asesinato y la desaparición forzada, el despido de empleos, la censura y, en general, la intensificación del terror contra miles de cuadros la militancia profesional, estudiantil, intelectual, sindical y política de izquierdas y sus familiares, amigos y compañeros de trabajo, convirtieron a la fuga del territorio nacional en la única alternativa para ponerse a salvo (Jensen, 2007).

Las salidas forzadas y/o condicionadas del país sucedieron fundamentalmente en dos coyunturas. El primer momento se registró entre fines de 1973 y marzo de 1976 como consecuencia de la represión estatal y paraestatal bajo el tercer gobierno peronista. Las salidas y escapes al exterior fueron el resultado de la violencia política desatada por bandas paramilitares y parapoliciales de ultraderecha, como la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A), o de la necesidad de recuperar la libertad cambiando la prisión política por el destierro mediante la solicitud del derecho constitucional de la opción que permitía “elegir” entre la cárcel o la expulsión con imposibilidad de retornar hasta la finalización del Estado de sitio (noviembre 1974-diciembre de 1983).

El segundo momento de salidas al exterior se activó con el golpe militar de 1976 extendiéndose a lo largo de toda la dictadura. Como ha demostrado la historiadora Silvina Jensen (2007), el mayor número de exilios se registró entre 1976-1978 durante la etapa de represión más dura y sistemática dirigida y ejecutada por los militares. Los años 1979 y 1980 fueron el último momento de salidas numéricamente significativas –no obstante, hubo exilios hasta 1983–, efectuadas por sobrevivientes de centros clandestinos de detención y tortura, los presos que accedieron al derecho de opción, o aquellos que sobrevivieron en la clandestinidad o en el exilio interno antes de salir de país. En ambas coyunturas represivas, la práctica del destierro y el exilio fueron el epílogo de prácticas represivas previas (Jensen, 2007).

En este apartado presentamos los resultados de la reconstrucción histórica del proceso de exclusión política y desplazamiento territorial forzado o condicionado de argentinos que se instalaron en Venezuela durante el período 1974-1983 a partir de tres ejes: 1) las razones de las salidas forzadas o condicionadas y su relación con el espectro de prácticas represivas del Estado; 2) las formas de exilio, momentos y modalidades de las salidas al exterior; 3) las razones que brindan los testimonios analizados sobre la elección de Venezuela como país de destino.

Las 72 trayectorias personales analizadas en profundidad revelaron una relación causal entre las razones de las salidas forzadas o condicionadas de Argentina y el espectro de prácticas represivas implementadas durante el ciclo represivo de la década del setenta, tales como: amenazas; persecución política, gremial o ideológica; secuestros seguidos de torturas en centros clandestinos de detención; encarcelamiento por razones políticas e ideológicas y expulsiones; la sensación de miedo a ser víctima de la represión legal-ilegal; las cesantías de puestos de trabajo y/o la imposibilidad de ejercer una actividad profesional; y la imposibilidad de regresar al país por ser perseguido (por temor a ser detenido o por existencia de pedido de captura).

TABLA 2. Momentos y modalidades de las salidas al exterior de exiliados argentinos en Venezuela 1973-1979 (Total=72)

Modos de las salidas	1973	1974	1975	1976-1 (antes del Golpe)	%	1976-2 (después del golpe)	1977	1978	1979	%
Asilo	---	---	2	---	5	6	---	---	1	21,8
Derecho de Opción	---	---	9	---	25	---	1	---	1	6,2
Imposibilidad regresar	---	---	---	1	---	2	---	---	---	6,2
Expulsión	---	---	---	---	---	1	1			6,2
Huida/escape	1	4	18	4	67,5	1	8	3	9	62,5
Totales	1	4	29	5	100	10	10	3	11	100

Como señala la literatura especializada del último exilio argentino, dentro de las diversas dimensiones de análisis del proceso de exclusión política y desplazamiento territorial forzado/condicionado de la década del setenta en Argentina, la cuestión de las razones de las salidas al exterior es quizás una de los más complejas de estudiar dada la característica mayormente clandestina de los planes represivos del Estado argentino.

El análisis de la información sobre momentos y cantidades de salidas documentada en la BDD1 (70 solicitudes aceptadas de asilo y visas) y la BDD3 (246 casos de exiliados) arrojó una serie de comprobaciones. En primer lugar, mostró que la mayoría de las salidas de Argentina se efectuaron entre el golpe de marzo de 1976 y fines de 1979. Esto coincide con las conclusiones obtenidas por otras investigaciones, que revelan que el trienio marzo 1976-diciembre 1979 fue la etapa de mayor dureza represiva de la última dictadura (Jensen, 2004; Franco, 2006).

Sin embargo, se comprobó una especificidad de la colonia de exiliados en Venezuela, puesto que en otros destinos de exilios como España, México y Francia la mayoría de las salidas e ingresos se dieron durante el período dictatorial. En cambio, Venezuela fue un lugar de exilio importante para quienes salieron de Argentina durante el tercer gobierno peronista. Y entre estos últimos casi la mitad ingresaron al país luego de pasar un primer exilio en Perú o después de residir en otros destinos transitorios, intermedios, o también como producto de procesos de reubicación geográfica en el exilio. ^{^[12]} Es decir que Venezuela fue un segundo lugar de exilio en una cadena de exilios seriales ^{^[13]} (re-exilios por restricción de libertad de acción, seguridad y protección por parte del Estado de refugio) producto de la coordinación de acciones represivas entre las dictaduras del Cono Sur. Como se señaló en el apartado anterior, este nivel relativamente bajo de ingresos a Venezuela durante la dictadura militar argentina, cuando el plan represivo generó el mayor número de salidas forzadas o condicionadas, se debió a que el gobierno venezolano aplicó una política de restricción de asilos e ingresos de perseguidos políticos argentinos. A ello se sumó que después el golpe militar otros países estaban mejor dispuestos a recibir perseguidos políticos argentinos.

Las razones que explican la elección de Venezuela como país de destino entre las trayectorias exiliares estudiadas fueron diversas y se presentaron combinadas según los casos y los momentos en que se efectuaron las salidas, pero en todos ellos predominaron parámetros personales por sobre los políticos. Si en otros países como Francia, México o Suecia los factores que definieron la radicación fueron las garantías de protección y la posibilidad de realizar actividades políticas de resistencia, en el caso de Venezuela se comprobó que las principales razones fueron la cercanía geográfica y cultural, y la estabilidad política y crecimiento económico que se combinaron con la existencia de redes familiares, de compañeros de militancia, profesionales, políticas, sindicales, religiosas; y de una colonia de inmigrantes argentinos importante (11.500 en 1980).

3. Los exiliados argentinos en Venezuela: perfiles socio-profesionales, políticos y distribución geográfica

Desde su redemocratización en 1958, Venezuela se transformó en un importante receptor de migración argentina por razones económicas y políticas. Durante la década del setenta fue considerado un país de refugio estable y seguro para los perseguidos políticos de la región, transformándose en un lugar de atracción de exiliados latinoamericanos, en especial Caracas y alrededores, aunque también hubo radicaciones en la zona de industrias básicas y mineras del Estado Bolívar (Bidegain Greissing, 1984, p. 27) y en ciudades como Maracaibo, Mérida o Barquisimeto.

Al mismo tiempo, entre 1974 y 1979, la expansión económica originada en la bonanza petrolera generó en el país una fuerte demanda de fuerza de trabajo calificada que se combinó con un nivel de cambio alto del bolívar –la moneda nacional— respecto del dólar. Factores de atracción para los migrantes del Cono Sur y otras zonas de América Latina y el Caribe donde los regímenes militares no solo expulsaron personas por motivos políticos, sino que también reorientaron sus políticas económicas en una redistribución regresiva de los ingresos, con incremento de la desocupación. En este sentido, Venezuela fue un país receptor de las tres corrientes principales de migración internacional que se originaron en la región durante el período: la movilidad de profesionales y técnicos en busca de mejores condiciones laborales y salarios; la migración de tipo fronterizo, con dinámicas similares a las migraciones internas campo-ciudad; y los movimientos de exiliados y refugiados por conflictos armados internos o represión política de dictaduras militares (Pellegrino, 1989, pp. 256-257) .

Las experiencias del exilio argentino durante los años del terrorismo de Estado fueron múltiples y diversas (Jensen, 2004), y el caso de Venezuela no fue una excepción. Sin embargo, a partir del estudio de testimonios sobre trayectorias personales pueden rastrearse algunos denominadores comunes que dan cuenta de las especificidades de esas múltiples experiencias ¿Qué características tenía la colonia de exiliados argentina en Venezuela? ¿Qué perfiles políticos, laborales, educativos y etarios tenían y de qué regiones de Argentina procedían? ¿Cuántos llegaron a ser? ¿En qué regiones de Venezuela se instalaron y por qué causas? ¿Por qué se instalaron en Venezuela?

Las trayectorias exiliares analizadas configuran una experiencia colectiva dentro de la cual pueden delimitarse perfiles socio-profesionales, de clase y de pertenencia política. Los perfiles socio profesionales muestran una pertenencia mayoritaria al sector de profesionales y técnicos, con alto nivel educativo, pertenecientes a los amplios sectores medios argentinos de la época, que disponían de mejores recursos y relaciones para garantizar la salida al exterior en comparación con los sectores obreros y populares, los cuales tuvieron una representación minoritaria. En los casos estudiados, la población de adultos jóvenes es mayoritaria, lo que concuerda con los resultados de Cataluña y México (Jensen, 2004; Yankelevich, 2010). Estos perfiles coinciden también con las características generales de la población argentina en Venezuela durante la década del setenta señalada por los estudios sociodemográficos (Pellegrino, 1989) y dan cuenta de la existencia de importantes redes familiares, profesionales y potenciales cadenas migratorias hacia un país que alentaba la inmigración argentina con alto nivel de cualificación profesional y técnica. A inicios de la década de 1980 la colonia de inmigrantes argentinos en Venezuela presentaba características demográficas tales como tener el más alto nivel educativo, la mejor remuneración relativa, provenir y distribuirse en las principales zonas urbanas, y concentrar la mayoría de sus actividades en el sector servicios y como profesionales (Pellegrino, 1989).

Respecto a las pertenencias políticas, sindicales y/o ámbitos de actividad militante y profesional, se comprobó que las oleadas represivas afectaron a un amplio espectro de actores políticos, sociales y culturales movilizados en el período de estudio. Durante el tercer gobierno peronista, entre 1974 y marzo de 1976, encontramos entre los exilados en Venezuela casos de militantes de organizaciones político-militares de izquierda, artistas e intelectuales, académicos y profesionales considerados “subversivos” por el poder de turno (por su apoyo o relación con organizaciones de izquierda o por su actividad profesional o académica), militantes estudiantiles y activistas sindicales pertenecientes a las corrientes combativas y revolucionarias.

En cambio, la dictadura implementó un plan sistemático de desapariciones forzadas masivas y terror generalizado a manos de las fuerzas militares y de seguridad que amplió mucho más el espectro de los exiliados que llegaron a Caracas: militantes de las diversas izquierdas de la época (armada, reformista, social, religiosa); miembros de partidos tradicionales; activistas gremiales, sociales y profesionales; y un grupo amplio y numeroso de simpatizantes, familiares, ex militantes, profesionales e intelectuales que consideraban que podían ser objetivos seguros del aparato represivo. Además, después del golpe de Estado las estrategias de salidas al exilio incluyeron al grupo familiar.

Estos perfiles políticos, gremiales y sociales de la colonia de exiliados en Venezuela coinciden con las características generales del último exilio de argentinos. Tal como lo ha sugerido el trabajo pionero de Jensen (2004, pp. 244-250) para el caso de Cataluña, estuvo conformado por militantes de las izquierdas armadas y no armadas, gremialistas y “exiliados del miedo” a los que en los meses posteriores al golpe se sumaron algunos políticos de los partidos tradicionales, cuyas estructuras y dirigentes permanecieron dentro de la Argentina.

La cuantificación de la colonia de exiliados argentinos en Venezuela por el terrorismo de Estado presenta diversos problemas. Uno de ellos es la ausencia de registros oficiales específicos tanto en el Estado expulsor como en el de acogida, sumada a la restricción del acceso a la información sobre refugiados de la oficina regional del ACNUR. Las estadísticas migratorias venezolanas solo ayudan a delimitar las características generales de la población argentina en ese país, debido a que la mayoría de las salidas al exilio se realizaron durante todo el período como huida de la persecución real o potencial y bajo la condición de turista o de forma clandestina, y en menor medida como expulsiones directas o desde las cárceles, mediante el derecho de opción. [14] En resumen, debido a la falta de fuentes específicas, en nuestro caso de estudio no existe la posibilidad cierta de diferenciar los desplazamientos territoriales forzados por la violencia y represión de la migración de tipo económica. De hecho, se observa una tendencia a coincidir y superponerse la emigración vinculada a la demanda laboral producto de la expansión económica venezolana, con la originada en la represión política argentina.

Respecto a la cuantificación de la colonia argentina en Venezuela, nuestro análisis nos lleva a proponer una estimación moderada de 450 a 600 exiliados y afectados directos entre 1974 y 1983. Las investigaciones de Adela Pellegrino (1987; 1989) apoyadas en información de los censos venezolanos demostraron que entre 1974 y 1981 este país recibió un importante flujo de emigrantes argentinos, que incrementó su presencia en casi un 300%: de 3.971 en 1971 pasaron a 11.541 en 1981. De acuerdo a nuestra propuesta de cuantificación, los porcentajes de exiliados argentinos en Venezuela para ese período podrían representar entre el 3,9 y el 5,2 % del total de residentes en ese país para 1981. Esta estimación de 450 a 600 personas afectadas directas situaría a Venezuela como una colonia de desterrados relativamente pequeña en relación con el total de la población de argentinos residentes en ese país y al mismo tiempo de tamaño mediano con respecto a las comunidades de México (4.000), Cataluña (más de 1000), Suecia (1600 a 2000) y Francia (2000). Por último, es importante subrayar que la representación y proyección de los resultados cuantitativos son estimaciones de base y muy probablemente estudios posteriores demuestren que su número es más elevado, pues el exilio es un fenómeno en que tiende al subregistro cuantitativo y cualitativo. Además, en nuestro caso de estudio si consideramos al exilio como familiar deberíamos agregar de 2 a 3 familiares por cada exiliado en más de la mitad de los casos estudiados, criterio de cuantificación que elevaría la cantidad de exiliados entre 1000 y1200 personas como piso de la colonia argentina en Venezuela durante el periodo de estudio.

La distribución geográfica de los exiliados argentinos alcanzó la mayoría de las 24 dependencias federales del territorio de la Republica venezolana, aunque más del 60 % se estableció en zonas urbanas y permaneció en ellas durante todo el exilio, sobre todo en Caracas o su área metropolitana, donde se encontraban los centros económicos, culturales y políticos, y los principales grupos de exiliados organizados. Y en aquellos casos que inicialmente se radicaron en lugares alejados del interior, se observó un proceso de dispersión en un primer momento y luego de reconcentración en las grandes ciudades durante las etapas medias y finales del exilio, que se extendió aproximadamente por una década. El estudio de las razones de distribución geográfica indicó que se siguieron las trayectorias de redes personales y oportunidades de empleo en la profesión, oficio o actividad que se habían abandonado en Argentina. Para los que continuaron con una militancia activa, la importancia política de la región o ciudad fue determinante para elegir el lugar de radicación. En tal sentido, se destaca que la inserción social se realizó como inmigrantes a través de la obtención de empleo, lugar de residencia y legalidad migratoria. No existió programa gubernamental de apoyo a exiliados.

TABLA 3. Distribución geográfica de exiliados argentinos en Venezuela, 1973-1983 (Total=329)

En los apartados siguientes veremos cómo, una vez en el exterior, además de los desafíos de ubicarse, subsistir económicamente y, en algunos casos, desarrollar proyectos de vida en tierras extrañas, muchos de los exiliados argentinos mantuvieron una activa lucha contra el régimen autoritario que los expulsó, con el objetivo de crear las condiciones para regresar a la patria de origen, al tiempo que experimentaron y reflexionaron sobre los contextos sociales e institucionales que les tocó vivir, como ha sugerido Roniger (2014, p. 69).

En el contexto internacional de la Guerra Fría Global durante las décadas de 1970 y 1980 los exiliados de la oleada represiva en los países del Cono Sur de América Latina tuvieron la posibilidad de constituir redes transnacionales de acción política con otros exiliados y organizaciones en los países de acogida que les permitieron reformular solidaridades y alianzas internacionales a partir de la defensa de los principios internacionales de derechos humanos y la denuncia de las dictaduras por las violaciones a los mismos (Sznadjer y Roniger, 2013; Roniger, 2014). Pero también descubrieron que podían continuar su militancia organizada en el exterior, tanto en la resistencia y conspiración política contra el régimen expulsor, o como parte de redes transnacionales de solidaridad y cooperación, a partir de la participación orgánica o individual en proyectos revolucionarios o de liberación nacional, ya sea en sus etapas de lucha armada o formación gubernamental. Nuestro estudio de las prácticas y formas organizativas que adoptaron las acciones colectivas de denuncia y solidaridad político-humanitaria de los exiliados argentinos en Venezuela muestra que tuvo tres etapas o momentos entre 1975 y 1983.

4.1.Primer momento. Formación de comités de exiliados y de solidaridad, 1975- 1978

Durante esta primera etapa entre 1975 y 1978 las acciones de los exiliados argentinos en Venezuela se caracterizaron por un bajo impacto público a causa de las restricciones que el gobierno venezolano imponía a sus actividades políticas por considerarlo un exilio de organizaciones de la izquierda armada. A fines de 1975 un grupo de exiliados de la izquierda peronista fundó en Caracas un Comité de Solidaridad con el Pueblo Argentino (COSPA) intentando replicar la experiencia del COSPA México (Yankelevich, 2010) –otros COSPA también funcionaron en Madrid y Barcelona (Jensen, 2007, p. 123)–. Pero ante la falta de consensos con otros exiliados de partidos políticos parlamentarios y activistas sindicales y estudiantiles, sumado a las restricciones que el gobierno venezolano imponía para la actividad pública, no lograron constituirse como representantes de la voz de los exiliados argentinos en Caracas para denunciar a la represión en Argentina. Y de igual forma que estaba sucediendo en México, estos exiliados que no lograron consensuar en el COSPA con los militantes de la izquierda peronista, fundaron el Comité Argentino de Solidaridad (CAS) a inicios de 1976. El CAS funcionó en Caracas y buscó enfocarse en la denuncia de la represión y el autoritarismo, la búsqueda la solidaridad internacional con sus víctimas dentro y fuera del país y reunir a todo el espectro político del exilio no vinculado a las organizaciones armadas y el sindicalismo combativo. Con estos fines nombró como su presidente a Adolfo Gass, senador de la Unión Cívica Radical (UCR), perteneciente a la agrupación política interna Movimiento de Renovación y Cambio de tendencia socialdemócrata, que debió exiliarse con su familia después del golpe militar de marzo de 1976, y podría obtener el visto bueno y reconocimiento de las autoridades venezolanas para funcionar públicamente. La participación en el CAS fue variable en el tiempo y las coyunturas, con un núcleo activo de diez a quince personas y reuniones de decenas de exiliados, que se realizaban una vez por mes en la parroquia “La Ascensión del Señor” en la zona de las Cumbres de Curumo.

El análisis de las fuentes orales y escritas señala que esta situación de restricción gubernamental de las actividades políticas de los exiliados argentinos por el gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez los llevó a desarrollar una estrategia doble para viabilizar la denuncia de la situación argentina y gestionar la solidaridad: por un lado constituyeron un comité de exiliados unitario por origen nacional, el CAS, y por el otro impulsaron un comité de solidaridad venezolano, el Comité Venezolano de Solidaridad con el Pueblo Argentino (COVESPA), que apuntaló el trabajo de denuncia de la dictadura argentina en la esfera pública y en los sectores políticos venezolanos.Por una parte, mediante la creación del CAS, buscaron la unidad multipartidaria y organizacional para realizar la denuncia informada de las violaciones de los derechos humanos y buscar la solidaridad política. Por la otra, apoyaron la creación del COVESPA, con actividad en Caracas y Mérida, que surgió por la iniciativa de académicos, juristas, intelectuales y políticos con experiencia en actividades de solidaridad internacional. Durante este primer momento las acciones del COVESPA lograron multiplicar el impacto público y político de la denuncia de la situación argentina, sin las restricciones que pesaban sobre los exiliados, a quienes además les resultó difícil explicar la situación política y represiva en la Argentina hasta que esta se hizo internacionalmente conocida hacia fines de la década del setenta. Hacia 1978 se produjo un incremento de los enfrentamientos y disputas entre agrupaciones políticas dentro del CAS, que limitaron notablemente el trabajo de solidaridad práctica con los sujetos víctimas de la represión y con la denuncia de las violaciones de los derechos humanos.

En ese contexto algunos exiliados del CAS comenzaron a participar en paralelo de otras experiencias asociativas de defensa de los derechos humanos que se estaban gestando en Venezuela, tanto de carácter regional como transnacional. Hacia fines de 1978 se abrió una nueva etapa en que las acciones colectivas de los exiliados en la esfera pública venezolana que estuvieron a cargo de organizaciones especializadas en la defensa de los derechos humanos, integradas por exiliados y activistas locales, o conformada por familiares y víctimas de la represión.

4.2. Segundo momento. Formación de organizaciones de defensa de los derechos humanos (1978-1982)

Entre mediados de 1978 y el fin de la guerra de Malvinas en junio de 1982, la actividad de denuncia y solidaridad de los pequeños grupos de exiliados argentinos activos de Caracas se articuló mayormente en redes con otros exiliados de países del Cono Sur y activistas de derechos humanos locales mediante la formación de organizaciones de defensa de los derechos humanos y asistencia a los refugiados. Aunque los espacios del CAS y el COVESPA subsistieron, en esta segunda etapa los exiliados argentinos en Venezuela también se integraron en otros proyectos asociativos como organizaciones regionales de defensa de derechos humanos y redes transnacionales de denuncia de la situación humanitaria en Argentina. Entre las principales organizaciones cabe mencionar el Programa ProRefugiados Latinoamericano (Prorefugiados) y la Fundación Latinoamericana para el Desarrollo Social (FundaLatin), que trabajaban de modo articulado con el grupo local de la Comisión de Familiares de Presos y Desaparecidos en Argentina (CoSoFam), Amnistía Internacional-Sección Venezuela (AI-Ve) y, desde 1980, con la Comisión Pro Derechos Humanos en la Argentina (CPDHA).

Estas experiencias militantes brindaron a los exiliados argentinos un capital organizativo y relacional que les permitió, primero, articular una red efectiva dentro del país de acogida y, posteriormente, crear un entramado regional de defensa de los derechos humanos, que se transformó en la base desde donde impulsar iniciativas de federaciones regionales de organizaciones de derechos humanos. Tal fue el caso del proyecto de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (FEDEFAM) a partir de 1980.

Desde 1978 el trabajo de ProRefugiados (dentro de Venezuela y en sus amplias redes regionales) y la constitución de FundaLatin abrieron un nuevo momento en las acciones de los exiliados, que permitió a las redes políticas y humanitarias creadas junto a religiosos y activistas venezolanos en el ámbito local proyectarse hacia la región y al espacio transnacional para ampliar su lucha política en torno a los ejes de la defensa de los derechos humanos y la exigencia del sistema de gobierno democrático.

El trabajo deFundaLatintambién mostró el potencial de las redes religiosas transnacionales para movilizar sus infraestructuras y recursos regionales en defensa de los derechos humanos. Los más significativos entre ellos fueron el capital relacional del sacerdote Vives Suriá, presidente de FundaLatin, como ex dirigente máximo de Caritas Venezuela y las redes regionales de católicos renovadores, de órdenes religiosas progresistas y de organizaciones ecuménicas de defensa de derechos humanos.Como demostró María Soledad Catoggio (2016, pp. 203-204) en su análisis comparado entre FundaLatin y Comité de Defensa de los Derechos Humanos en el Cono Sur (CLAMOR), de la Comisión Arquidiocesana de los Derechos Humanos y Marginados de Sao Paulo,como organizaciones humanitarias de proyección regional, la articulación entre líderes y grupos religiosos, organismos de derechos humanos y Estados sensibles a los crímenes de las dictaduras ayudó a consolidar una agenda regional de demandas en materia de derechos humanos durante las décadas de 1970-1980. Esta agenda se construyó fundamentalmente en torno a la figura de la desaparición forzada y facilitó la internacionalización de las demandas regionales contra los Estados autoritarios en los foros globales.

En este contexto, a mediados de 1980, un pequeño grupo de ex militantes de la izquierda peronista y no peronista que habían participado en las actividades de los exiliados desde 1975 (COSPA, CAS, ProRefugiados y FundaLatin) decidió crear en Caracas la Comisión Pro Derechos Humanos en la Argentina (CPDHA) con el objetivo de agrupar a los exiliados argentinos para acciones de información y denuncia sobre la situación política, gremial y humanitaria, la búsqueda de solidaridad con las organizaciones y personas que luchaban por los derechos humanos en el interior de Argentina, y al mismo tiempo exigir un pronto retorno del sistema democrático que garantizara el regreso de los exiliados. Con estos propósitos humanitarios y prodemocráticos amplios que consideraban urgentes, y ante el espacio vacante que dejó la desmovilización pública del CAS, definieron al nuevo espacio asociativo como una plataforma pro derechos humanos de solidaridad con Argentina. ^{^[15]}

A modo de balance puede afirmarse que en este segundo momento las transformaciones observadas en las lógicas organizativas y acciones políticas anti dictatoriales de los exiliados en Venezuela fueron también el resultado de cambios en las dinámicas políticas del exilio argentino en clave transnacional y de las lógicas del movimiento de solidaridad internacional con las víctimas de las dictaduras del Cono Sur. A la continuidad de la doble crisis de las formas organizativas del período previo –representada por la desarticulación de las principales organizaciones políticas en el exilio y la baja eficacia de los comités multipartidarios– se sumaron cambios y reacomodamientos en las dinámicas políticas y económicas tanto del país de origen como el de refugio.

Mientras que Argentina estuvo signada por la crisis económica y política de la dictadura, la resistencia de los organismos de derechos humanos y la activación de protestas obreras, en Venezuela creció el reconocimiento de la problemática argentina en el ámbito local y la tolerancia gubernamental de las acciones en defensa de los derechos humanos y por el retorno de la democracia. En la esfera pública internacional, después de 1979, el apoyo a acciones colectivas de defensa de los derechos humanos y por la restauración de la democracia en Argentina se incrementó notablemente: la dictadura argentina se convirtió en signo equivalente de desaparición forzada y apropiación de menores. En esta segunda etapa todos estos factores hicieron de Venezuela un espacio de oportunidades políticas para realizar acciones colectivas en la esfera pública local bajo la identificación de “exiliados argentinos”, en un contexto local e internacional de mayor reconocimiento de las violaciones de los derechos humanos, civiles y políticos a manos de la dictadura militar argentina.

4.3. Tercer momento: Entre la defensa de los derechos humanos y la reactivación de los partidos políticos (1982-1983)

Entre mediados 1982 y octubre de 1983 delimitamos una tercera etapadela actividad política de los exiliados argentinos en Venezuela. En este nuevo momento, la denuncia de las violaciones a los derechos humanos, la búsqueda de solidaridad con los organismos de derechos humanos, los sindicatos y partidos políticos, y la exigencia de apertura democrática se intensificaron en dos sentidos. En una primera fase, entre el fin de la guerra de Malvinas y mediados de 1983, se reactivó la movilización pro derechos humanos y pro democrática, en cuyo marco se fomentó la discusión sobre el carácter de la democracia futura, las demandas de derechos humanos y las condiciones de retorno para los exiliados. Posteriormente, entre julio y octubre de 1983 se abrió una segunda fase, en la que los exiliados se volcaron a apoyar a los principales partidos en la disputa electoral, desde plataformas y redes de movilización y también de manera independiente. Sin embargo, durante esta última etapa la defensa de los derechos humanos siguió siendo fundamental, aunque en la coyuntura preelectoral se afianzó la lucha partidaria. En ese marco, las movilizaciones continuaron teniendo como eje las demandas de respeto de los derechos humanos, de las libertades democráticas plenas, de la democracia integral, y del derecho de los exiliados a retornar al país. El grupo de exiliados activistas de Caracas que estaba detrás de los comités, comisiones y plataformas de apoyo electoral, continuaba siendo más o menos el mismo que se había movilizado y participado de los diversos espacios asociativos desde 1976.

En el tercer momento, frente a la inminente apertura institucional y durante la campaña electoral en Argentina, los exiliados activistas que permanecían vinculados a la CPDHA y el CAS, al igual que otros que comenzaron a participar en aquella coyuntura, constituyeron dos espacios de movilización político-electoral a favor de algunos de los dos partidos principales de la contienda electoral: el primero se denominó Exiliados Peronistas en Venezuela (EPV) formado por ex militantes de JP-Montoneros y de la CPDHA, y el segundo el Grupo de Apoyo a Alfonsín en Venezuela (GAAV), constituido porex militantes de izquierda, profesionales y académicos independientes que continuaron vinculados al grupo del CAS y al entorno de Adolfo Gass y el matemático e informático Manuel Sadosky, especializado en el área de políticas de ciencia y tecnología. El caudal de contactos que había acumulado el CAS fue reutilizado para apoyar la plataforma en el exterior del sector partidario “Corriente de Renovación y Cambio” de la UCR que encabezaba Raúl Alfonsín y del que Gass formaba parte desde su fundación en 1972; mientras que los grupos peronistas ex montoneros apoyaron al PJ como “Exiliados Peronistas”.

Pero si bien una buena parte del activo de exiliados que participaron del CAS y la CPDHA terminó movilizándose tras estos dos bloques en disputa, ofreciendo su apoyo a cambio de que sus demandas fueran incorporadas en las medidas políticas de futuro gobierno, hubo otros exiliados que continuaron su militancia en las organizaciones de derechos humanos que surgieron en el segundo momento.

Esta partidización de las acciones e identificaciones colectivas del exilio argentino en Caracas se realizó con la esperanza de que ambos partidos mayoritarios tomaran y resolvieran las demandas de los organismos de derechos humanos y de los exiliados. No hubo una vinculación orgánica entre las plataformas EPV y GAAV con las del PJ ni la UCR, sino que esta movilización más bien buscaba aprovechar tácticamente las condiciones para colocar en la agenda política de la apertura democrática las demandas de los exiliados y el movimiento de derechos humanos. La movilización por la defensa de los derechos humanos y el derecho al retorno, que fue el eje de la política anti dictatorial fuera de Argentina hasta la reactivación partidaria en 1981, cobró todavía más énfasis en el proceso de apertura institucional, durante la campaña electoral y más allá de 1983.

El grupo de exiliados de Caracas que estuvo detrás de los comités, comisiones y plataformas de apoyo electoral continuó siendo más o menos el mismo núcleo de 20 a 30 militantes activos que se había movilizado y participado de diversas formas organizativas desde 1975-1976. Puede decirse que en general ninguno abandonó su militancia en comités, comisiones u otros modos de organización en defensa de derechos humanos, pero que durante el año 1983 se movilizaron con alegría, incertidumbres y miedos por el futuro de la democracia en la Argentina, por la perspectiva de que los crímenes y violaciones de los derechos humanos pudieran quedar impunes y por las condiciones para su regreso del exilio.

La hipótesis principal para este tercer momento es que el contexto de crisis política de la dictadura en la postguerra de Malvinas y los inicios del proceso incierto de apertura democrática estimuló un nuevo tipo de acción política entre los exiliados argentinos en Venezuela, orientado a apoyar e incidir en el proceso de redemocratización. Durante esta última etapa del exilio, los exiliados en Caracas definieron sus identificaciones partidarias como peronistas, radicales o independientes, pero sin dejar de movilizase por la democracia y el respeto de los derechos humanos, por la justicia para las víctimas del terrorismo estatal y por el derecho al retorno.

En consecuencia, durante esta tercera etapa los exiliados desarrollaron una estrategia colectiva que apuntó a incidir en la política interna argentina a través de un debate sobre el carácter de la democracia a construir, el apoyo a los actores internos que se oponían a la dictadura, el rechazo de las interpretaciones de la represión y de las leyes de impunidad y la amnistía que los militares impulsaban para evitar ser juzgados por sus crímenes. Las demandas que sostuvieron las acciones colectivas de los exiliados fueron la necesidad de justicia para las víctimas de violaciones de los derechos humanos y condiciones políticas y legales que garantizaran su derecho a retornar.

La primera conclusión es que los procesos de desplazamiento territorial de argentinos que se instalaron en Venezuela durante el período 1974-1983 fueron resultado directo o indirecto del accionar represivo legal e ilegal del Estado argentino durante el tercer gobierno peronista y la dictadura militar. Este estudio apoyado en las experiencias e itinerarios de miembros la comunidad de exiliados argentinos este país nos permitió comprobar que fueron el producto de las estrategias de los sujetos en interacción con los contextos del país expulsor, del país de acogida y en las condiciones políticas regionales e internacionales en que se desplegaron los viajes forzados. En el plano personal los itinerarios de estos exiliados y sus familias estuvieron condicionados por las posibilidades de acceso a información, recursos financieros, redes y documentación de salida del país de origen. Mientras que en el plano general fueron producto de los cambios en la situación política interna argentina y de la política de recepción venezolana, en interacción con las posibilidades de protección de refugiados que ofrecían otros países de la región y del mundo.

La segunda conclusión es que la política de asilo restrictiva de Venezuela en relación con las solicitudes de perseguidos políticos argentinos y su tratamiento de solicitudes dentro del marco de su política inmigración selectiva durante todo el período de estudio delimitaron los perfiles sociales, profesionales y políticos de los exiliados argentinos en el país y su cantidad, número y proporción dentro de la comunidad argentina en ese país.

La tercera, que la colonia de argentinos que llegaron a Venezuela entre 1974 y 1983 huyendo de la represión estatal y paraestatal en Argentina fue integrada por militantes políticos, sociales, culturales y gremiales de jerarquía intermedia o baja dentro de sus organizaciones, así como por no militantes que formaban parte del amplio espectro de actores políticos, sociales y culturales que fueron objeto de persecución durante el gobierno peronista y la dictadura militar.

Una cuarta conclusión es que las razones que explican la elección de Venezuela como país de destino entre las trayectorias exiliares estudiadas fueron diversas y dependieron de las particularidades de los casos y de los momentos en que se efectuaron las salidas: la cercanía geográfica y cultural y la estabilidad política y el crecimiento económico se combinaron con la existencia de redes familiares, de compañeros de militancia, profesionales, políticas, sindicales, religiosas; y de una comunidad de argentinos importante.

El quinto hallazgo fue que la mayoría de ellos pertenecía a los amplios sectores medios argentinos de la época y se concentró en zonas urbanas de Venezuela, sobre todo en Caracas (y su área metropolitana) y en Mérida, aunque hubo una distribución geográfica que abarcó casi todas las 24 dependencias federales. Con respecto a la cuantificación de la colonia de exiliados, nuestro análisis nos lleva a proponer una estimación moderada de 450 a 600 exiliados afectados directos entre 1974 y 1983, sin contabilizar a los familiares.

Otra conclusión importante del trabajo es que, a lo largo del período 1975-1983, las estrategias de acción política anti dictatorial de los exiliados debieron moverse dentro de las oportunidades y restricciones que le demarcaban la sociedad civil y la política gubernamental venezolana. Las mismas se modificaron a lo largo del período, por lo que identificamos tres etapas. Un señalamiento común de los trabajos pioneros del exilio argentino para las nuevas investigaciones fue la necesidad de profundizar en el estudio de sus relaciones con otros exiliados y organizaciones a nivel internacional y transnacional. Nuestra investigación ofrece en este sentido un análisis original ya que las propias características del exilio argentino en Venezuela nos condujeron a trabajar en esa dirección: debido a las fuertes restricciones del Estado venezolano para dar acogida a los militantes de la izquierda revolucionaria y al control y vigilancia de quienes lograron establecerse allí, sus márgenes para acción política anti dictatorial eran muy estrechos, sobre todo en los primeros años. En ese contexto, sus formas de organización por nacionalidad mantuvieron un grado de institucionalización muy bajo en comparación con otras colonias que fueron estudiadas en profundidad como las de México, Cataluña o París. Además, la percepción del peronismo y las izquierdas argentinas de la época de la opinión pública y la elite política gobernante local era muy negativa, lo que dificultó las acciones de denuncia y búsqueda de solidaridad de los exiliados. Así, la militancia anti dictatorial en defensa de los derechos humanos de los exiliados argentinos en Venezuela encontró un verdadero cauce de salida en el trabajo conjunto con otros exilios latinoamericanos, con actores locales y con redes políticas, religiosas y humanitarias internacionales.

Esta investigación también realiza aportes a otros dos campos de estudio. Por un lado, al campo de estudios sobre los exilios latinoamericanos que buscan caracterizar globalmente las dinámicas nacionales, regionales y transnacionales de las comunidades de exiliados durante el último ciclo regional de dictaduras militares. Dentro de este campo, el caso de Venezuela como lugar de exilios se había estudiado escasamente y de forma aproximativa. Nuestra investigación brinda información e hipótesis que podrían retomarse en otros estudios sobre otras colonias de exiliados latinoamericanos y caribeños que se formaron en Venezuela desde su redemocratización después de 1958. Por el otro, también contribuye a la historiografía venezolana sobre las décadas de 1970 y 1980, ya que analiza las políticas estatales de ese país hacia las dictaduras de Seguridad Nacional del Cono Sur y sus víctimas, en particular sus políticas de asilo e inmigración. Como resultado, ubica a Venezuela como país con comunidades de exiliados latinoamericanos numerosas y como un importante centro regional de radicación y desarrollo de redes políticas, sindicales, religiosas y humanitarias de alcance regional, internacional y transnacional gracias a su régimen democrático que contrastaba con el contexto regional dominado por dictaduras.

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^{^[1]} Estas variables fueron: nombre, edad, sexo, lugar de origen, militancia (o no), fecha de salida, actividad laboral-profesional, forma de salida (asilo, escape, derecho opción, como turista o emigrante), países de tránsito/exilio, fecha de llegada a Venezuela, ciudad o Estado de radicación, grupo familiar, inserción laboral, participación en organizaciones de exiliados, partidos políticos u organizaciones de derechos humanos, retorno/no retorno.

^{^[2]} “Acción común por los Derechos Humanos acordaron Carter y Carlos Andrés Pérez”, El Nacional, Caracas, 2 de julio de 1977, p. 7.

^{^[3]} Para el caso de México, el país latinoamericano que más importancia daba al respecto del asilo en su política exterior en la época, véase Wollny (1990).

^{^[4]} Una solicitud realizada desde Consulado Asunción-Paraguay. AMB, escapada a Paraguay, tenía a sus 4 hijos en Chubut, 08/04/1975, en AMREV-ABA.

^{^[5]} Dos solicitudes realizadas desde Rio de Janeiro (F.B.), en AMREV-ABA.

^{^[6]} Una solicitud realizada desde Consulado Lima, Perú. MPS, escapado a Perú, vivía en Salta, 12/08/1977.

^{^[7]} Incluida la solicitud de presidente Carlos Andrés Pérez a favor de Hipólito Solari Irigoyen.

^{^[8]} Solicitudes realizadas desde Consulado Rio de Janeiro, Brasil, avaladas por ACNUR. Casos de: EP, MH, 11/01/1978; TAS, 28/04/1978; TFI y HHL, 27/10/1978.

^{^[9]} Realizadas en enero, caso de dos hermanas, VLO y CLO, 19/01/1979, gestionadas desde Venezuela por un familiar profesor de la Universidad Central de Venezuela.

^{^[10]} Dos fueron autorizaciones de ingreso de refugiados ACNUR desde Brasil (casos EP y MH de 1978) y la tercera desde Argentina a favor de VLO de enero 1979.

^{^[11]} Una solicitud fue hecha por ACNUR a favor de argentino preso en Uruguay.

^{^[12]} La noción de proceso de reubicación geográfica del exilio fue tomada de Yankelevich (2010, p. 41).

^{^[13]} Tomamos la noción de exilio serial del trabajo de Sznadjer y Roniger (2013, p. 226), quienes lo definen “como el desplazamiento subsecuente, y en ocasiones recurrente, de un sitio de exilio a otro, conforme los países en los que se asientan los individuos desplazados restringen su libertad de acción. Tales restricciones con frecuencia se deben a las políticas de asilo, a presiones que ejercen los países de origen, o a que algún país anfitrión entre a una fase de represión política y dictadura.” Por otro lado, Jensen (2004) ha denominado a estos casos como re-exilios .

[14] Según el artículo 23 de Constitución Nacional de Argentina los presos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional durante la vigencia del Estado de sitio tienen derecho al uso del derecho de salida del país como una alternativa para resolver su situación legal. El Estado de sitio se mantuvo vigente en Argentina entre el 6/11/1974 y el 28/10/1983. Luego del golpe de Estado, este derecho constitucional fue suspendido por periodos o aplicado de forma discrecional.

^{^[15]} Entrevista con M. L. y P. E. (no grabada), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, 29 de mayo de 2014.

Estado-Ciudad	Cantidad	Porcentaje %
Caracas-Distrito Capital	195	59,2
Estado Mérida - Mérida	24	7,2
Estado Zulia - Maracaibo	10	3
Estado Barinas	6	1, 8
Estado Lara - Barquisimeto	6	1,8
Estado Bolívar	6	1,8
Estado Guárico	3	0,09
Estado Sucre	3	0,09
Estado Carabobo -Valencia	3	0,09
Estado Táchira - San Cristóbal	2	0,06
Estado Portuguesa - Guanare	1	0,03
Estado Nueva Esparta- Margarita	1	0,03
Sin datos	69	20,3
Total	329	100

Año	Perseguidos	Presos políticos	Acompañantes	Total	Aceptadas	No respondidas/ rechazadas
1974	0	0	0	0	0	0
1975	10 ^{^[4]}	34	11	55	17	38
1976	11 ^{^[5]}	1	20	32	27	5
1977	2 ^{^[6]}	5 ^{^[7]}	4	11	9	2
1978	5 ^{^[8]}	48	0	53	6	47
1979	2 ^{^[9]}	31	5	38	7 ^{^[10]}	31
1980	0	2 ^{^[11]}	0	2	3	(1)
1981	0	0	0	0	0	0
1982	0	0	0	0	0	0
1983	1	0	0	1	1	0
Total	33	120	37	192	70	122