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REPERTORIOS DE COERCIÓN Y CULTURA DE MERCADO EN LA
PROVINCIA
DE BUENOS AIRES EN EL SIGLO XIX
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Ricardo Salvatore*
Traducción a cargo de Ana Inés Punta y Sonia Tell
Resumen
Durante el período post-independiente, la provincia de Buenos Aires atravesó
por un experimento republicano autoritario en el que las relaciones entre los
sectores dominantes y los subalternos fueron alteradas y redefinidas. La llega-
da al poder de Juan Manuel de Rosas y los federales significó un incremento de
la violencia de estado contra opositores políticos y militares. Por otra parte, la
difusión de una economía de mercado creó las bases de relaciones contractua-
les en una variedad de campos e instituciones. Esto fue así en las relaciones
entre amos y sirvientes en la casa, entre los oficiales y los soldados en los
regimientos, entre los residentes rurales y los jueces de paz, entre los hacenda-
dos y los peones en las estancias. Aunque la coerción no desapareció, el poder
para ejercerla encontró límites debido a la expansión de las relaciones de
mercado. Para dar cuenta de estos cambios en su complejidad y diversidad,
este artículo emplea el concepto de “repertorios de coerción”. El concepto
puede ser útil para analizar y comparar relaciones de poder en múltiples espa-
cios sociales e institucionales. Además, el artículo plantea el problema de la
relación entre coerción y cultura de mercado, sugiriendo que en una situación
de escasez de fuerza de trabajo y con las clases subalternas movilizadas militar-
mente, el contractualismo tendió a penetrar las relaciones de poder, aún aque-
llas basadas previamente en la coerción.
Summary
During the post-Independence period, Buenos Aires province engaged in a
republican-authoritarian experiment in which the relations between dominant
and subaltern were altered and redefined. The ascent to power of Juan Manuel
de Rosas and the federalists meant an increase in the violence meted out by the
Cuadernos de Historia, Serie Ec. y Soc., N° 10, CIFFyH-UNC, Córdoba 2008, pp. 7-51
[ 7 ]
1
Publicado originalmente como Ricardo D. Salvatore: “Repertoires of Coercion and Market
Culture in Nineteenth-Century Buenos Aires Province”, International Review of Social History
45 (2000), pp. 409-448, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam. En la
presente edición –cuya traducción fue revisada por el autor– no se incluyeron las imágenes de
la versión original, las citas fueron reformuladas para ajustarse a las pautas editoriales de
Cuadernos de Historia; en el caso de libros citados se mantuvo la edición trabajada por el autor.
Nota del Editor
* Universidad Torcuato Di Tella
8
state against its political and militar opponent. On the other hand, the diffusion
of a market economy created the basis of contractual relations across a variety of
social fields and institutions. This was true regard to relations between masters
and servants in the household, between officers and soldiers within regiments,
between rural residents and justices of the peace, between ranchers and peons
at the estancia. Though coercion did not disappear the power to coerce found
limits because of the very expansion of market relations. To address theses
changes, in the complexity and diversity, this article uses concept “repertoires of
coercion”. The concept may be useful to analyze and compare relations of
power in multiple social or institutional spaces. In addition the article address
the question of the relationship between coercion and market culture, sugges-
ting that in a situation of labor scarcity, and de military mobilization of the
subaltern classes, contractualism tends to pervade relations of power, even
those previously based upon coercion.
Durante el período de 1820-1865 la provincia de Buenos Aires no fue un
terreno fértil para las formas más típicas de trabajo forzado (peonaje por deudas,
esclavitud, servidumbre contractual, trabajo de convictos). En cambio, se desa-
rrollaron una variedad de arreglos contractuales (trabajo asalariado, mediería,
arrendamiento, intrusos tolerados en las estancias) alrededor de la producción de
tasajo, cueros, sebo y lana para exportación y ganado en pie para la provisión de
la ciudad.
2
Una sociedad con baja densidad de población, crónica escasez de
trabajadores y una intensa movilidad ocupacional y geográfica de la fuerza labo-
ral, generó las condiciones necesarias para el desarrollo de mercados activos de
trabajo. Incapaces de refrenar o contener a los trabajadores rurales a través del
endeudamiento o de la coerción directa, los terratenientes aprendieron a aceptar
la lógica del mercado: para atraer a los peones tenían que ofrecer salarios com-
petitivos.
3
Esta sociedad de “trabajo libre” sin embargo, no estuvo exenta de
coerción, ya que la formación del estado nacional demandó el reclutamiento de
masas de soldados no voluntarios, así como constantes incursiones intimidato-
rias contra los pueblos indígenas y también, la violenta supresión de opositores
políticos. La construcción de un orden social se tradujo en el encarcelamiento de
sirvientes negros, en la ejecución pública de delincuentes comunes, en el “depó-
sito” (encierro) de esposas infieles o insubordinadas, así como en un despliegue
de otras formas de violencia.
2
Aún como una sociedad de “trabajo libre”, la provincia de Buenos Aires post independencia
fue bastante peculiar. No tenía nada que se pareciera a una ley de “amo y sirviente” (las leyes de
conchavo eran más un pariente lejano) y carecía de una verdadera experiencia en regulaciones
gremiales.
3
He desarrollado este argumento en Salvatore, 1991: 441-451 y en Salvatore, 1991b:251-278.
9
La adopción de instituciones políticas liberales por parte de los líderes de
la post-independencia, la abolición gradual de la esclavitud (a través de la manu-
misión y la contratación salarial de esclavos), y la rápida difusión del trabajo
asalariado han tendido a oscurecer el grado y diversidad de la coerción en este
período formativo de la Confederación Argentina.
4
Los historiadores liberales
han privilegiado el estudio de la violencia política –particularmente de aquella
dirigida contra las clases letradas o gente decente– sobre cualquier otro tipo de
coerción. Los historiadores de las estancias y los gauchos han contribuido a esta
confusión, presentando la persistencia de ciertos mecanismos para restringir la
movilidad de los trabajadores rurales como el legado más importante y lamenta-
ble de la Argentina del siglo XIX.
5
Así, la violencia política y la victimización de
los trabajadores rurales permaneció como uno de los temas más duraderos de la
narrativa histórica post-independentista. Ambos tipos de historia han descuidado
formas importantes de violencia como la ejercida sobre los negros y mulatos, los
indígenas, las mujeres y los niños. Además, la historiografía ha minimizado la
incidencia de la forma más extendida de coerción del estado en este período: la
militarización forzada.
6
Para reconstruir la dinámica de dominación y resistencia durante este pe-
ríodo, necesitamos entonces una visión más comprensiva de la coerción. Estu-
dios recientes sobre los afro-argentinos, los soldados, las familias y las cautivas
han agregado nuevas dimensiones al problema de la dominación y la resistencia,
pero todavía carecemos de una comprensión más general de la diversidad, inten-
sidad y evolución del poder coercitivo de la Argentina decimonónica.
7
Presentar
4
Para la preponderancia del trabajo asalariado con relación al trabajo esclavo en la provincia
de Buenos Aires en el período colonial tardío ver Johnson, 1995:409-424; Amaral, 1987:235-
278 y Salvatore & Brown, 1987:431-459. Carlos Mayo cree que en el período 1740-1820 ya
había surgido un mercado libre de trabajo rural. Mayo, 1995, capítulo 6.
5
Una interpretación influyente retrata el destino de los sectores populares como las perpetuas
víctimas de la coerción del estado y de los terratenientes. Una serie de actos legislativos crimina-
lizando las actividades y las condiciones de los pobres (leyes de vagancia, leyes de pasaporte,
códigos rurales, etc.) combinaban la violencia privada ejercida por los hacendados en el domi-
nio de sus estancias para despojar al pobre de su propiedad y libertad. En otras palabras, estos
autores afirman que la transición de la colonia al siglo XIX tardío implicó la persistencia del
mismo nivel de coerción contra los sectores populares. El surgimiento de una cultura de merca-
do no trajo mejorías sobre los niveles y grados de coerción contra los sectores populares. Véase
por ej. Rodríguez Molas, 1968; Slatta, 1983; Azcuy Ameguino y G. Martínez Dougnac, 1989;
Lynch, 1981. Como veremos, esta interpretación necesita una revisión sustancial.
6
La literatura ha prestado más atención que los historiadores a este tipo de violencia. El popular
poema El gaucho Martín Fierro, publicado en 1872, trataba de la experiencia personal de un
gaucho sometido al poder coercitivo de las justicias, de los oficiales militares y de los hacenda-
dos.
7
Reid Andrews, 1980; Salvatore, 1992: 25-47; Socolow, 1987: 99-136; Cicerchia, 1989: 91-
109 y Szuchman, 1988.
R. Salvatore Repertorios de coerción y cultura de mercado en la provincia ...
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un panorama más amplio demanda un esfuerzo en términos de descripción –se
deben incluir otras situaciones de coerción en la narrativa tradicional del período
post-independencia– así como tener la determinación para abordar el difícil tema
de la comparatividad. ¿Fue la restricción a la movilidad de los peones una forma
de coerción más importante que la violencia sufrida por los afro-argentinos en su
relación con sus amos? ¿Fue la violencia generada por esta sociedad contra las
mujeres y los niños menos intensa que la dirigida contra los hombres adultos?
¿Cómo se puede comparar la intimidación y el terror ejercido contra los disiden-
tes políticos con tácticas similares empleadas contra la población indígena?
Un problema importante consiste en diseñar los medios o instrumentos
conceptuales para comparar situaciones de coerción distribuidas a lo largo de
una variedad de campos sociales o de contextos institucionales.
8
Antes de poder
decir nada sobre cómo la coerción cambió a lo largo del tiempo –su declinación
o incremento en relación con la emergencia y difusión de los mecanismos de
mercado y de una cultura de mercado– es necesario hacer un mapeo de las
distintas formas de este fenómeno y evaluarlo como una totalidad. La coerción
militar, judicial, política, de género, racial y otros tipos de coerción necesitan así
ser situadas en un marco comparativo donde puedan ser evaluadas su intensidad
y extensión. Mientras que la comprensión de formas particulares de dominación
requiere de una especial atención, nuestras historias locales y especializadas han
fragmentado en forma desmedida el campo de visión histórica, volviendo casi
imposible los juicios generales sobre la evolución de la coerción y de la libertad en
sociedades y períodos históricos concretos. Necesitamos afrontar el problema de
la comparatividad e idear la forma de agregar y ponderar diferentes tipos de
coerción.
Plantear una respuesta inteligible al problema de las relaciones entre coer-
ción y cultura de mercado implica una comprensión de la diversidad, flexibilidad
y desigual difusión de las formas de coerción y violencia en una sociedad dada.
9
Esto enfrenta al investigador con un conjunto de preguntas difíciles. ¿Cómo con-
signar y registrar la diversidad de la coerción? ¿Cómo estar atentos a las múltiples
situaciones de poder de las que emerge la coerción? ¿Cómo se pueden comparar
los niveles e intensidades de la violencia en distintos entornos e instituciones?
¿Cómo dilucidar la “masa” de situaciones coercitivas a partir de la muestra
8
Para el concepto de “campos sociales” ver Bourdieu, 1980. Para su discusión, ver Calhoum,
1993:61-88.
9
Quizás nunca podremos construir un índice general de coerción en el que las diferentes
situaciones de violencia puedan ser contempladas y sumadas en su peso correcto dado que la
incidencia y la difusión de ciertas formas de coerción (la ejercida contra mujeres y niños, por
ejemplo) permanecerán ocultas, o sus características no serán estadísticamente tratables.
11
limitada que uno encuentra en el archivo? ¿Deberíamos hacer una distinción
entre las actitudes frente a la coerción y la real incidencia de esta última?
10
En este artículo sugiero la utilidad del concepto “repertorios de coerción”
para visualizar y comprender las múltiples situaciones de violencia que genera
una sociedad. Como un simple inventario de los medios de coerción disponibles
a un conjunto de agentes de dominación, actuando en determinados sitios insti-
tucionales, los repertorios de coerción brindan una forma de cartografiar la difu-
sión de la coerción a través de la sociedad. Presentado como una perspectiva
heurística más que como una herramienta analítica, planteamos que el ejercicio
de “mapear” las situaciones de coerción puede ayudarnos a “observar” los nive-
les generales y la intensidad de la coerción en un régimen político, en una forma-
ción social y en una cultura. Este enfoque privilegia la tarea de desplegar múlti-
ples situaciones de coerción como una forma de comprender la dinámica de la
coerción y resistencia en toda su diversidad y multidimensionalidad. También
enfatiza la inserción institucional de las prácticas coercitivas y los límites impues-
tos por la resistencia subalterna. Subyace en este enfoque la idea de que, para
lograr sus órdenes imaginados, cada uno de estos campos sociales posee un
conjunto de reglas y penalidades propias y que, la aplicación de estas reglas y
penalidades genera una serie de respuestas esperables por parte de los agentes
subalternos. En otras palabras, la conducción de la guerra, la crianza de los
niños o el confinamiento de los prisioneros “requiere” de ciertas formas de coer-
ción que “invitan” a cierto tipo de resistencia. Los repertorios de coerción, el
resultado de esta dinámica entre dominación y resistencia representan un límite o
frontera al ejercicio de la coerción, socialmente definidos. Para el historiador,
aquellos proveen una aproximación sintética para visualizar y comprender el
problema de la coerción en toda su diversidad y complejidad.
En este ensayo aplico el concepto a las múltiples formas de violencia
prevalecientes en la provincia de Buenos Aires durante el período 1820-1865. El
mapeo de diferentes situaciones de coerción en campos sociales tales como el
hogar, la economía privada, el sistema judicial, la política o las relaciones indio-
blanco presenta un panorama mucho más comprensivo que el que hasta ahora
se ha intentado. El objetivo de este ejercicio tiene tres propósitos. Primero, enfo-
cando otras situaciones de coerción, intento contradecir la centralidad de ciertas
formas de violencia (violencia política y de control del trabajo) en la narrativa
histórica tradicional sobre la nación. En segundo lugar, quiero subrayar la multi-
10
Los enfoques clásicos sobre dominación y castigo (Durkheim, Weber) tienden a considerar los
“sistemas penales” como un todo societal o como “formas de dominación”. Mi interés, en
cambio, es fragmentar el poder, la dominación y el castigo en diferentes contextos instituciona-
les, en menues de medios concretos de coerción. Ver Garland, 1990, Cap. 2; y Weber, 1944,
Vol. 2.
R. Salvatore Repertorios de coerción y cultura de mercado en la provincia ...
12
dimensionalidad y complejidad de la coerción y la naturaleza contestada o resis-
tida de cada situación coercitiva. En tercer lugar, el mapeo brinda un panorama
general del poder relativo de los sujetos subalternos en la provincia de Buenos
Aires para este período. Es de esperar que esta forma de presentar la historia de
la pos-independencia pueda mejorar nuestra comprensión de las relaciones entre
el orden estatal, la economía de mercado y las culturas subalternas.
Un objetivo adicional de este artículo es discutir, a la luz de estos reperto-
rios, la relación entre coerción y cultura de mercado en la provincia de Buenos
Aires durante la post-independencia. Necesariamente, la pluralidad y la naturale-
za contestada de la coerción nos llevan al territorio de las relaciones contractua-
les y de los mercados. En una sociedad con alta movilidad ocupacional y espa-
cial existía la posibilidad de “salir” (exit) de las situaciones coercitivas y de “ex-
presar” (voice) las injusticias de la coerción ilegítima. Esto empujaba a los acto-
res dominantes a incorporar incentivos económicos y de otro tipo como contra-
partida o sustituto de acciones o amenazas coercitivas. De esta forma, los arre-
glos contractuales y los incentivos de mercado entraron en las negociaciones de
la vida cotidiana. Incapaces de mantener a la población confinada por largos
períodos de tiempo (con excepción, quizás del ejército, la única institución con
suficiente fuerza disciplinaria), la mayoría de los sujetos dominantes tenían que
inclinarse a la lógica del mercado, sin abandonar completamente las medidas
coercitivas o las amenazas.
Con relación a este punto sugiero que mientras Argentina permaneció
como una tierra donde escaseaba la mano de obra (una situación típica de todo
el período en consideración), la coerción siguió siendo cuestionada en variados
campos institucionales y sociales, y lo que es más importante, siempre permane-
ció muy cercana a las relaciones contractuales. Ya fuera en el hogar, en el ejérci-
to, en la justicia o en la estancia, la coerción siempre aparecía acompañada de
varios tipos de incentivos. En esta particular configuración de poder, sólo la vio-
lencia política fue no-negociable; la política no ofrecía alternativas o escapes.
Para ilustrar este argumento contribuiré con algunas evidencias impresionistas
sobre la “atracción” que ejerció el mercado aún en situaciones coercitivas. Den-
tro de este contexto general de repertorios de coerción en relación a una cultura
contractual o de mercado, trataré de explicar el problema de por qué la Argenti-
na de la primera mitad del siglo XIX no pudo desarrollar ningún sistema perdura-
ble de trabajo coercitivo.
Repertorios de coerción
Para estudiar el fenómeno que llamamos coerción sin reducir su compleji-
dad es útil pensar en términos de la serie de repertorios de coerción disponibles
13
para los actores dominantes en determinados contextos institucionales. El con-
cepto de Charles Tilly de “repertorios de contención”, un constructo diseñado
para el estudio de la acción colectiva puede ser extendido provechosamente al
análisis de la coerción. Tilly usa este término para referirse a “una limitada serie
de rutinas que son aprendidas, compartidas y representadas a través de un pro-
ceso de elección relativamente deliberado”, para hacer reclamos de distinto tipo
a las autoridades o a los superiores”.
11
Cada época y cada contexto regional
presenta un despliegue de formas con las que individuos y grupos pueden expre-
sar sus quejas y un conocimiento experimental sobre cuáles son las formas más
efectivas para cada propósito. De un conjunto más amplio de formas posibles de
acción colectiva, la gente elige un grupo limitado de ellas para expresar sus que-
jas, las que con el tiempo se vuelven altamente rutinarias. El “repertorio” repre-
senta, de manera abreviada, la experiencia acumulada por la gente sobre las
formas y la efectividad de la acción colectiva.
De acuerdo con Tilly, los repertorios de contención resultan de cuatro
factores principales: las rutinas y formas de organización cotidiana, los estánda-
res de justicia prevalecientes, la experiencia popular en la protesta y las pautas de
represión contemporáneas.
12
Las confrontaciones producidas por la penetración
del mercado y del poder del estado en la vida social de las comunidades engen-
draron una serie de acciones colectivas, que luego, seleccionadas a través de la
experiencia, consolidaron ciertos “repertorios de disputa”. Si nos situamos en el
otro lado de la relación dominante-subordinado, podemos argumentar que tam-
bién los sectores dominantes tienen un número limitado de opciones para ejercer
la coerción. Fuerzas ideológicas y legales, imperativos del estado, la contestación
popular y el control de sus pares restringen su campo de acción frente a los
grupos subalternos. En consecuencia, podemos definir los repertorios de coerción
como un conjunto completo de formas de coerción cuyo alcance y diversidad
están determinados por la experiencia pasada. Tanto las instituciones como los
actores dominantes aprenden a través de la experiencia que la coerción puede ser
ejercida a través de formas diferentes, y que algunas son más efectivas que otras.
En cada coyuntura histórica los grupos dominantes se encuentran cons-
treñidos –ya sea por la sanción legal, la moralidad pública, la condena de sus
pares, o por la resistencia de los sectores subalternos– a una elección limitada de
acciones. A causa de estas limitaciones, los grupos dominantes sienten a menu-
do que necesitan combinar la coerción con la persuasión y con variados tipos de
incentivos. Los repertorios de coerción comprenden tanto la posibilidad de admi-
11
Ver Tilly, 1992; Tilly, 1979; Tilly, 1986. Para la discusión sobre los conceptos de Tilly ver
Tarrow, 1994, Cap. 2. Para la aplicación de esta construcción a la acción colectiva en la
historia de América Latina ver Sowell, 1998: 302-336.
12
Tilly, 1986:10.
R. Salvatore Repertorios de coerción y cultura de mercado en la provincia ...
14
nistrar distintas medidas o dispositivos coercitivos, como el conocimiento ganado
sobre los límites y efectividad de esas acciones.
13
La dinámica previa de domina-
ción y resistencia es central para la experiencia (en realidad, el conocimiento
experiencial) sobre la que se construye cada “repertorio”. Los límites de la coer-
ción –la posibilidad de ejercer un cierto haz de acciones represivas o intimidato-
rias– están modelados por la experiencia de confrontación anterior y por los
“derechos” informales y formales ganados por los sujetos subalternos, dentro de
un campo social dado.
También es importante tener en cuenta, para enmarcar los límites del
ejercicio de la coerción, factores tales como la existencia o no de instituciones de
confinamiento modernas, los límites territoriales o legales establecidos por el es-
tado nación, la movilidad de la población, o la tolerancia de la sociedad a la
violencia. Además, los discursos sobre la relativa “debilidad”, “brutalidad” o
incorregibilidad de ciertos sujetos subalternos son cruciales para dar forma al
consenso, entre los sectores dominantes, sobre la necesidad y oportunidad de la
coerción. Dado que la subalternidad como tal es un espacio o posición social y
culturalmente definido, el ejercicio de la autoridad siempre se funda sobre nocio-
nes de alteridad construidas por los sectores dominantes. Las concepciones sobre
el “lugar adecuado” que deberían ocupar las mujeres, los niños, los esclavos, los
sujetos coloniales y otros grupos subalternos en una relación de poder dada ayu-
dan a definir mejor a los repertorios de coerción disponibles.
14
En general, los repertorios de coerción disponibles en un momento tempo-
ral determinado dependen de: (a) restricciones tecnológicas, legales y financieras
que definen la posibilidad de aplicar ciertas formas de coerción; (b) el nivel de
tolerancia de la sociedad frente a diversas formas de violencia; (c) la resistencia
de los sectores subalternos, en el sentido de experiencia acumulada en el trato
con los poderosos y con las instituciones estatales; (d) la existencia de discursos
generalizados que legitimen o deslegitimen ciertas formas de coerción cuando
son aplicadas a sujetos o tipos sociales particulares; y (e) la difusión de relaciones
contractuales en la sociedad. Los discursos, las tecnologías, las normas cultura-
les, la experiencia y los mercados delimitan y definen el haz de posibilidades
corporizadas en un repertorio de coerción dado.
Este último factor requiere de más análisis. Las fuerzas del mercado tien-
den a diseminar relaciones sociales contractuales incrementando así el costo de
aplicar medidas coercitivas para los sectores dominantes. Por ello, necesitamos
redefinir nuestros “repertorios” con relación a estas dos fuerzas paralelas. Cerca-
13
Prefiero esta formulación a los conceptos de Foucault de “tecnologías de poder”. Un repertorio
asegura la posibilidad de elección entre diferentes formas y medios de coerción sin estar ligado
a una cierta configuración de conocimiento del poder y no se asume necesariamente la efecti-
vidad de la coerción. Ver Foucault, 1977 y Colin-Gordon, 1980.
14
Para una definición de “subalternidad” ver Guha, 1997 y Beverly, 1999.
15
nos a los repertorios de coerción institucionales están los incentivos (que son
medios no-coercitivos para alcanzar los mismos objetivos) que pueden sustituir a
las acciones coercitivas.
15
Algunos de estos incentivos son lo suficientemente fuer-
tes como para erosionar la lógica de la coerción, dotando a las instituciones de la
lógica del mercado. Otros en cambio refuerzan, complementan y contribuyen a
la persistencia de prácticas coercitivas. Aunque la difusión de esta serie de incen-
tivos actúa a través de la compleja interacción de procesos culturales y de prác-
ticas sociales (la difusión de la “cultura de mercado”), las instituciones adoptan
estos incentivos en relación a sus propias reglas, objetivos y prácticas. Y general-
mente las instituciones internalizan los mecanismos de mercado sólo cuando los
dispositivos coercitivos han fallado. En este sentido, la experiencia institucional
es determinante.
Para nuestro análisis son importantes dos dimensiones de los repertorios
de coerción: la variabilidad institucional y la graduación e intensidad de la coer-
ción. En primer lugar, la coerción es una fuerza heterogénea y multidimensional,
desigualmente distribuida a través de campos sociales y ejercida a través de
modalidades diferentes. En una sociedad y período dados, la coerción aparece
en una variedad de campos sociales o sitios institucionales (plantaciones, ejérci-
to, conventos, hospitales, familia, etc.), cada uno con su propia problemática de
orden y su modo de canalizar disputas y resolver conflictos. Así, aparecen dife-
rencias importantes cuando comparamos la intensidad de la violencia ejercida
sobre diferentes grupos subalternos: mujeres, esclavos, peones, etc. Esto hace
bastante difícil comparar niveles o grados de coerción, al punto que la coerción
misma está fragmentada en múltiples vectores, cada uno de ellos cualitativa-
mente diferente del otro. Existe en la coerción cierta capacidad adaptativa (una
cierta forma de violencia puede ser aplicada en muchos campos de poder); pero
cada contexto institucional redefine el ejercicio, los límites y la intensidad de la
coerción acortando, extendiendo, o modificando el repertorio.
La noción de “repertorio” supone que al menos ciertos medios de coerción
son peculiares a un contexto institucional determinado y que sólo puedan ser
usados efectivamente dentro de ese campo de poder. El estado, por ejemplo,
reclama para sí mismo el ejercicio de ciertas formas de violencia (ejecuciones
públicas, prisión, azotes) restringiendo el uso privado de estas modalidades puni-
tivas. Los ejércitos, las prisiones o las escuelas desarrollan sus propios regímenes
de disciplina, a partir de algunas concepciones básicas de que provienen de pre-
decesores comunes (los conventos, por ejemplo), pero adaptando sus propios
repertorios de coerción a las peculiaridades de su dinámica interna. La disciplina,
que aparentemente es una aspiración común, adquiere connotaciones y modali-
15
Fogel & Engerman, 1974. Por otro lado sus críticos niegan que la esclavitud pudiera permitirles
elecciones como productores o consumidores, ver David et al, 1976.
R. Salvatore Repertorios de coerción y cultura de mercado en la provincia ...
16
dades bastante particulares en diferentes situaciones institucionales. Así, es im-
probable que las formas empleadas por los padres para disciplinar a sus hijos
niños sean similares a las usadas por los gerentes para disciplinar a sus trabaja-
dores, o a las empleadas por los guarda-cárceles para disciplinar a los presos.
Las instituciones son espacios gobernados por ciertas reglas (formales e informa-
les), reglas que son apropiadas a la función de cada institución. En consecuen-
cia, sus repertorios de coerción pueden superponerse, asemejarse, pero nunca
serán iguales.
16
En segundo lugar, las gradaciones de coerción (su intensidad, modalidad
y difusión) dependen del destinatario. Las nociones culturalmente definidas de
fortaleza/debilidad, civilización/barbarie; naturaleza pacífica/violenta gobiernan
las percepciones de los dominantes sobre los subalternos.
17
Basados en estas
construcciones, cada sujeto subalterno aparece frente al dominador como más o
menos sensible a la represión. Los azotes, por ejemplo, podían ser usados contra
varios sujetos subalternos: esclavos, mujeres, niños, soldados, prisioneros, etc.-
pero no se lo podía hacer con la misma frecuencia o intensidad, ya que la tole-
rancia por parte de la sociedad frente a este castigo variaba de acuerdo al desti-
natario y a las circunstancias.
18
La atribución de predisposiciones especiales a
determinados grupos o sujetos también influye sobre la intensidad y naturaleza
de la coerción. Las formas de violencia estatal destinadas a los “indios”, tales
como expediciones militares punitivas o el secuestro de parientes rara vez son
aplicadas a otros sujetos. Esto se debe a la caracterización de los pueblos origina-
rios como situados fuera de las fronteras de la ley, del mercado y de la civilización
y, por lo tanto, insensibles a la sanción legal, a la condena moral o a los estímu-
los económicos.
19
16
Aquí sigo la definición de Douglas North de la institución como un campo gobernado por
reglas formales e informales, North, 1990.
17
Esta formulación contrasta con la tesis de Norbert Elias de una disminución general en el nivel
de violencia asociada al “proceso civilizatorio”. Él ve en cambio el proceso de “civilización”
como aquel que produce diferencias culturales en formas que simultáneamente disminuyen la
violencia contra ciertos sujetos sociales al tiempo que incrementan la violencia contra otros. El
autocontrol de las emociones y el crecimiento de la sensibilidad hacia los otros varía enorme-
mente dependiendo de quién es el “otro”. Para una discusión de los puntos de vista de Elias, ver
Garland, 1990: 215-225.
18
De la misma manera, las mujeres son definidas como seres dotados con dosis extras de pasión,
deseo, y ambivalencia moral, y en consecuencia tienen menos razón y perspicacia. Por lo tanto,
los castigos y correctivos destinados a las mujeres tienden a ser significativamente diferentes de
aquellos destinados a los hombres: la reclusión para las mujeres, por ejemplo, tiene lugar en
instituciones religiosas, mientras que los hombres son confinados en penitenciarías.
19
Por tolerancia al castigo o a la violencia, entiendo algo análogo a lo que Barrington Moore
llama “dolor moral” o “sentido de la injusticia”. Una sociedad dada tolera ciertas formas de
castigo o ciertos tipos de violencia hasta que alcanzan un cierto umbral. Sus miembros aceptan
un cierto “implícito contrato social” hasta que alguno de los términos de dicho contrato son
ostensiblemente violados, Moore, 1989.
17
En segundo lugar, dentro de un ambiente institucional, el grado de arbitra-
riedad y de crueldad en el uso del poder coactivo depende del relativo aislamien-
to de ese campo de poder. Las instituciones militares y las prisiones, en tanto no
sean objeto de crítica en la esfera pública, pueden imponer sus propios métodos
de castigo, aunque éstos sean ilegales. Otros campos de poder –como las fábri-
cas o los hospitales– son más transparentes a la sociedad y en consecuencia,
están más sujetos al escrutinio de los trabajadores, reformadores sociales y perio-
distas. La posibilidad de que los sectores subalternos puedan expresar sus quejas,
haciendo públicos agravios que generalmente se mantienen dentro de las institu-
ciones, tiende a restringir el uso de ciertos medios de coerción. Excepto en condi-
ciones de total impunidad, los grupos dominantes resultan afectados por la con-
dena moral de sus comunidades. Bajo ciertas condiciones, los grupos subalter-
nos podrían desafiar con éxito la legitimidad de ciertas formas de coerción.
20
La
resistencia subalterna al castigo corporal, por ejemplo, si está enmarcada en el
discurso liberal y es ayudada por los reformadores liberales o radicales, contribu-
ye a desacreditar esta forma de castigo.
El concepto de repertorios de coerción hace posible representar a la socie-
dad como fragmentada en un conjunto de campos sociales y sitios instituciona-
les, cada uno de ellos marcado por su propia combinación de coerción y libertad.
Este procedimiento apunta a un objetivo limitado: describir mejor la variedad de
situaciones coercitivas (y, por contraste, el espacio para el desarrollo de la auto-
nomía y de la libertad), a lo ancho de un amplio rango de espacios sociales
conflictivos. Operativamente el método es simple: implica compilar para cada
espacio de poder o campo social (el hogar, la estancia privada, el militar, la
policía, el campo judicial, etc.) un cierto arreglo u ordenamiento de medios de
coerción y de incentivos que están disponibles en un cierto período. Los “reperto-
rios”, en forma similar a los inventarios, las listas o los ordenamientos, son útiles
porque nos ayudan a visualizar la diversidad de situaciones coercitivas y a esta-
blecer entre ellas comparaciones significativas. Si la sociedad está fragmentada
en diferentes campos sociales lo que necesitamos es un “mapa” de todos los
repertorios de acciones punitivas y amenazas disponibles en cada uno de estos
espacios de poder.
Mapear los repertorios de coerción es algo más que un ejercicio taxonómi-
co. Nos ayuda a visualizar –y en consecuencia a evaluar– el estado general de las
relaciones conflictivas entre los sectores dominantes y los subalternos en una
variedad de dominios sociales. Nos indican los límites a la autoridad de aquellos
que ocupan posiciones dominantes, así como los poderes de negociación de
aquellos que están en posiciones subalternas. Dado que la coerción no es homo-
20
Para el paso de una resistencia oculta a una abierta ver Scott, 1990. Ver también Hirschman,
1970.
R. Salvatore Repertorios de coerción y cultura de mercado en la provincia ...
18
génea ni mensurable, un simple listado de posibilidades de acción coercitiva no
puede generar comparaciones inequívocas. No obstante, el mapeo de estos “re-
pertorios” puede servir como un dispositivo de representación importante para
los historiadores sociales. Sólo poniendo juntos –y en el mismo nivel– los diferen-
tes regímenes de autoridad (sus reglas, limitaciones y formas de contestación)
podemos determinar la difusión de relaciones coercitivas y contractuales en una
sociedad dada.
Si la coerción y la persuasión (incentivos) fueran mensurables y homogé-
neas sería posible clasificar y ordenar los campos sociales de acuerdo a su grado
de coerción.
21
Pero la coerción y la persuasión no son ni mensurables ni homogé-
neas. Los historiadores pueden cuantificar la coerción sólo en casos de una obe-
diencia burocrática obsesiva. Los oficiales de la Armada británica, por ejemplo,
guardaban registros de los azotes dados a los marineros. O en casos que refieren
a formas menores de coerción: multas por violaciones a la disciplina fabril, por
ejemplo. En la mayoría de los casos, la cuantificación no es una opción para los
historiadores sociales. Adicionalmente, la diversidad cualitativa del fenómeno
plantea un problema de agregación (y ponderación) insuperable. En consecuen-
cia, necesitamos recurrir a formas de representar las relaciones de poder que
hagan un uso intensivo de la información cualitativa disponible.
Los registros históricos más interesantes nos presentan micro-situaciones
de poder que no pueden fácilmente agregarse ni ponderarse. Los archivos judi-
ciales, para mencionar una de las fuentes más fértiles para la historia social, nos
dan sólo una muestra selectiva de interacciones entre los sectores dominantes y
los subalternos. A partir de estas acciones a un nivel micro podemos inferir algu-
nas generalizaciones sobre el poder relativo de los grupos dominantes, sobre los
reclamos de los sujetos subalternos y sobre los tipos de coerción más frecuentes.
La representatividad de los casos registrados con relación a la totalidad de las
interacciones sociales debería ser juzgada en el contexto de una coyuntura histó-
rica determinada. Una interacción micro-social dada puede ser considerada “tí-
pica” sólo en relación a ese contexto histórico. Las estadísticas sobre crimen,
migración, empleo y composición del hogar pueden ayudarnos a contextualizar
los principales procesos y fuerzas en acción, pero no son buenos substitutos del
análisis de las interacciones sociales a un nivel micro.
En general, son muchos los actos de resistencia que no han encontrado
lugar en los registros oficiales. Cuanto más grande es el grado de dominación y
hegemonía en una sociedad dada, es menos probable que las voces de disenso
21
En este caso, un movimiento que fuera del punto más coercitivo al menos coercitivo sería
análogo a un movimiento que fuera desde la coerción hacia el contrato y si varios campos
sociales mostraran el mismo tipo de movimiento se podría decir que la sociedad como un todo
estaría experimentando una transición desde la coerción al contrato.
19
aparezcan en los archivos oficiales y privados.
22
No obstante, estos obstáculos no
han impedido que los historiadores sociales analicen los diferentes componentes
de lo que Foucault llama el “archipiélago disciplinario”: hogares, fábricas, prisio-
nes, escuelas, regimientos, etc. Lo que necesitamos es una manera de reunir y
disponer estos hallazgos puntuales dentro de un constructo o concepto más am-
plio. Es decir, necesitamos considerar los diferentes repertorios de coerción como
posibilidades interrelacionadas dentro de un conjunto de interacciones sociales
más amplio—interacciones que constituyen simultáneamente las normas del or-
den que atraviesan la sociedad y el estado.
Mapeo de repertorios: el período rosista (1829-1852)
En esta sección aplicaré el concepto de repertorios de coerción a las for-
mas de violencia usadas durante el período rosista (1829-1852). Examinaré sólo
algunos aspectos importantes de estos campos de poder: política y gobierno, el
sistema judicial, el ejército, la estancia y el orden doméstico. Omitiré así otras
instituciones como las escuelas y las iglesias, así como otros poderes reguladores,
principalmente por la falta de información confiable sobre las interacciones mi-
cro-sociales. La selección realizada refleja la necesidad de colocar en el mismo
plano la violencia desatada por el estado contra distintos actores sociales (disi-
dentes políticos, indígenas, trabajadores rurales itinerantes y soldados) y las op-
ciones de resistencia disponibles para diferentes grupos subalternos.
El gobierno (violencia política)
Juan Manuel de Rosas, en posesión de “facultades extraordinarias”, tenía
sin duda los mejores medios de coerción a su disposición. Podía utilizar a los
jueces de paz, al ejército, a la policía o a la Mazorca para hacer cumplir la ley,
perseguir a sus opositores y “restaurar” el orden y la tranquilidad. Su administra-
ción sería recordada más tarde como una dictadura o una tiranía, debido a la
violencia y al terror que ejerció sobre los unitarios, porteños letrados de clase
media, acusados de complotar con gobiernos extranjeros contra la Confedera-
ción Argentina. Usando listas confeccionadas con tal propósito, el gobierno confiscó
las propiedades de los unitarios y los forzó a exiliarse en Chile, Uruguay, Brasil,
Bolivia y otros lugares. La Mazorca, una sociedad secreta de activistas que apo-
yaban al gobernador Rosas, asesinó a adversarios políticos y llevó adelante toda
clase de actos de intimidación.
23
El propósito de toda esta violencia, según los
22
Ver Scott, 1990.
23
Aunque los opositores de Rosas afirmaban que hubo cientos de estos asesinatos, el historiador
R. Salvatore Repertorios de coerción y cultura de mercado en la provincia ...
20
federales, era evitar el desmembramiento y destrucción de la república, amena-
zada, según afirmaban, por un grupo de “anarquistas”.
La guerra civil misma (que enfrentaba a unitarios contra federales) produ-
jo un nivel de violencia extraordinario.
24
Debido a la falta de cárceles era común
ejecutar a los prisioneros de guerra en el lugar del combate. El degüello era la
técnica preferida para estas ejecuciones. Después de un proceso sumario, famo-
sos líderes unitarios fueron fusilados y sus cabezas cortadas y expuestas en picas
durante varios días.
25
Lo mismo hacían los unitarios cuando tomaban prisione-
ros. Aunque los unitarios eran el objetivo principal de la violencia política, otros
grupos también sufrieron las consecuencias de la guerra civil. Los desertores eran
amenazados con el pelotón de fusilamiento y los campesinos que resistían las
requisas armadas de grano, ganado o caballos para el ejército podían esperar el
mismo trato que los enemigos unitarios.
26
Aunque gran parte de esta violencia
tuvo lugar fuera de los límites de la provincia de Buenos Aires –la guerra civil se
libró principalmente en otras provincias–, el mensaje de terror alcanzó también a
la población bonaerense.
Ningún grupo experimentó tanta violencia por parte del gobierno como los
indios pampas y ranqueles. En incursiones destinadas a aterrorizar a tribus o
grupos no aliados con el gobernador Rosas, los soldados atacaron los toldos
indígenas matando hombres adultos, saqueando todo lo que encontraban, se-
cuestrando mujeres y niños e incendiando los toldos.
27
Los indios tomados prisio-
Ernesto Quiroga Micheo sostuvo que la Mazorca llevó a cabo alrededor de ochenta homicidios
durante el período 1833-1852. Los restantes asesinatos políticos fueron ejecutados por oficiales
del ejército y el jefe de policía; Quiroga Micheo, 1993: 38-55.
24
Concebida como una “guerra total” contra grupos de rebeldes ilegítimos, la guerra civil tenía
que ser librada hasta el final, a toda costa, por todos los buenos federales. De lo contrario, la
república federal amenazada por un grupo de “anarquistas”, aliados con poderes extranjeros,
podía ser destruida. Estas poderosas razones fueron utilizadas para justificar la violencia diri-
gida contra los unitarios, para el reclutamiento forzado para el ejército, las requisas de provisio-
nes y confiscaciones, etc.
25
El 3 de octubre de 1841, seis unitarios fueron ejecutados públicamente por un pelotón de
fusilamiento en Tucumán, por orden del general Oribe. Marco Avellaneda, acusado de haber
asesinado al gobernador Alejandro Heredia, recibió un castigo ejemplar: su cabeza fue cortada
y expuesta en la plaza pública en una pica, durante quince días; Saldías, 1968: 253-254.
26
Comprometidos en una “guerra total” muchos de los líderes militares, unitarios y federales,
afirmaron que esta violencia punitiva era un castigo justo, el único remedio para la anarquía
política.
27
Prudencio Arnold, un oficial que comandó varias campañas contra las tribus indígenas
durante el período rosista, escribió: “El indio es bárbaro y salvaje; pero el cristiano no lo es
menos [bárbaro y salvaje] [...]. ¿Cómo no esperar sus represalias, si cuando nuestros destaca-
mentos les quitan el producto del malón les incendian sus toldos, les matan sus hombres y
mujeres viejas, les sacan lonjas de la piel para formar maneas y fiadores, que después prenden
del pescuezo de los caballos [cristianos] en días de paseo?”; Arnold, 1970: 103. Para una visión
comprensiva de las relaciones no cristianas durante el período post independiente ver Becchis,
1983 y Martínez Sarasola, 1992.
21
neros en combate eran enviados a la cárcel para ser usados luego como rehenes
(para intercambiar por cautivas cristianas), o eran entregados como sirvientes a
otras tribus indígenas aliadas con el gobierno. Los indígenas cautivos, en su ma-
yoría mujeres y niños convertidos en sirvientes, circulaban como una mercancía
valiosa entre oficiales, soldados y estancieros. Aunque los indios capturados en
ataques armados eran sometidos a la misma técnica de degüello que los prisio-
neros unitarios,
28
era rara su ejecución pública. En julio de 1836, el fusilamiento
en una plaza de Buenos Aires, de ciento diez indios chilenos cautivos –incluyen-
do hombres, mujeres y niños– provocó la condena generalizada de la población
de la ciudad. Esto pudo haber prevenido la repetición de semejante exhibición de
violencia racial con posterioridad.
Esta coerción tenía un propósito: la incorporación de las tribus indígenas
bajo la protección del estado provincial, en condiciones en que se asegurara el
derecho de propiedad para los cristianos. Rosas esperaba que las tribus indepen-
dientes –los denominados indios del desierto– se convirtieran en “aliados” y en-
traran en la maquinaria estatal como “hijos” honestos y dependientes, viviendo
de las provisiones del estado. Esto implicaba suscribir tratados de paz en que los
indios prometieran dejar de robar ganado de las estancias, así como re-asentarse
en zonas controladas por el ejército. A esto se sumaba, por supuesto, el evitar
cualquier tipo de asociación con los unitarios. Si los indios hacían todo esto,
podían esperar regalos periódicos: provisiones con las que alimentar y vestir a su
población. Éste era el incentivo dado a los pueblos indígenas para entrar en un
largo proceso de negociación con el estado provincial. En este proceso, los nego-
ciadores indígenas estaban sujetos a una coerción adicional, no usada con otras
poblaciones: los parientes de caciques y capitanejos eran tomados como rehenes
y confinados en casas de espera del estado, donde aguardaban por años una
entrevista con el gobernador o la firma de un tratado de paz.
28
Los federales justificaban estas ejecuciones en términos de la necesidad de exterminar a sus
enemigos políticos y militares (los unitarios), a quienes consideraban “una raza de anarquis-
tas”, que no merecían consideración ni tenían derechos. El coronel federal Mariano Maza
escribió desde Catamarca: “Los salvajes unitarios han querido nuevamente arrebatarnos a
nuestro Restaurador. Como ya es preciso no dar cuartel, en este momento hago fusilar a todos
los salvajes que tenía prisioneros, entre ellos a Luis Manterola, que servía en la artillería del
asesino Lavalle. A Tiburcio Olmos también se le dio el pasaporte. Mi amigo, cuchillo y bala con
esta raza; y si hoy hubiera tenido mil prisioneros, a los mil los habría despachado”. Citado por
Saldías, 1968: 255. Del otro lado, los unitarios no mostraron menos crueldad y violencia. Con
la seguridad de la convicción religiosa, el general Lamadrid quería quemar en la hoguera a
todos los montoneros encontrados en Cuyo (en 1838). “A estas cabezas es preciso acabarlas si
queremos que haya tranquilidad”; Saldías, 1968: 256.
R. Salvatore Repertorios de coerción y cultura de mercado en la provincia ...
22
El ejército (disciplina militar)
Esta institución fue el locus de varias formas de coerción, la mayoría de
las cuales afectó a campesinos, peones y jóvenes rurales. El ejército tuvo que
combinar varios mecanismos para reclutar nuevos soldados: (1) El enganche, un
sistema que alistaba hombres mediante un adelanto de dinero, a cambio de un
contrato por uno o dos años de servicio; (2) los contingentes, pequeños grupos de
hombres reclutados por la fuerza y enviados por los jueces de paz al ejército de
manera periódica; (3) sentenciar a los delincuentes a períodos de servicio en el
ejército (habitualmente de dos a cuatro años); (4) comisionar a milicianos ya
registrados en sus distritos a regimientos de línea (normalmente en tiempos de
guerra), y (5) las levas de guerra: conscripciones indiscriminadas al comienzo de
una guerra o campaña militar. (6) Había, además, campañas contra los unita-
rios (las llamadas restauraciones) que, debido a su importancia política e ideoló-
gica atraían a muchos reclutas voluntarios.
29
La coerción estatal aparecía princi-
palmente en (2), (3) y (5), mientras que los incentivos económicos, la presión
comunal y las afinidades políticas pesaban fuertemente en (1), (4) y (6). El grado
en que el ejército usaba estos distintos mecanismos dependía de su relativa efica-
cia, y esto, a su vez, dependía del grado de resistencia u obediencia mostrado por
la población rural.
Durante este período, observamos un uso decreciente de las levas de gue-
rra (5) y una creciente dependencia de la conscripción de milicianos (4) y de
sentenciados por la justicia (3). Quizá el cambio más significativo introducido por
el gobernador Rosas fue atar el reclutamiento militar al sistema de justicia crimi-
nal. Regularmente, campesinos y peones acusados de una variedad de delitos
eran arrestados y procesados por los jueces locales y luego (con sus manos y
piernas en grillos) eran escoltados a los cuarteles del ejército, en Santos Lugares,
donde el propio gobernador los sentenciaba a períodos de servicio militar.
30
A
pesar de la insistencia de Rosas, el sistema de contingentes no produjo muchos
conscriptos. Los hombres adultos huían cuando los jueces trataban de completar
la cuota mensual y sólo los muy jóvenes eran capturados. Así, la mayoría eran
conscriptos de doce a catorce años, reclutados para las bandas de los regimien-
tos (para tocar trompas, flautas y tambores). Para los cuerpos especiales –el
Batallón de Escolta de Rosas, por ejemplo–, el ejército prefería soldados contra-
tados: los enganchados. Algunos eran hombres nuevos reclutados en las provin-
cias, otros eran veteranos que habían decidido quedarse después de terminado
29
Hasta cierto punto, eran movilizaciones sociales y políticas rurales destinadas a reparar los
daños provocados por los unitarios.
30
Estos plazos variaban de uno a catorce años, siendo la sentencia más común de cuatro años,
por robo u homicidio.
23
su período de servicio compulsivo. Este método de reclutamiento (voluntario o
por enganche) fue particularmente útil en tiempos de gran peligro para la Confe-
deración (en 1850-1851 por ejemplo), cuando los hábiles veteranos voluntarios
fueron preferidos a los reacios y no entrenados campesinos y peones.
La población rural con menores recursos sociales y económicos fue la que
recibió todo el peso del servicio militar forzado. Los jóvenes sin padres ni protec-
ción eran el blanco de arresto más fácil. Los migrantes de las provincias y los
trabajadores itinerantes que carecían de conexiones locales también estaban en
la mira de las autoridades reclutadoras. Los desertores y los evasores al recluta-
miento eran considerados peores que los “extranjeros” o “forasteros”; su renuen-
cia a servir a la “causa federal” era un motivo seguro de arresto. Una gran parte
de los conscriptos era blanca y trigueña, ya que los negros y mulatos representa-
ban para entonces una minoría entre la población.
31
Los indígenas, que no eran
considerados confiables para el ejército, estaban menos sometidos al recluta-
miento forzado. No obstante, el ejército federal incorporó algunas unidades indí-
genas, pero siempre para operaciones en el territorio de frontera y bajo la estre-
cha supervisión de una fuerza cristiana de mayor número.
Los oficiales usaban otros mecanismos para inculcar las reglas de obe-
diencia y jerarquía entre los reclutas. Una razón que alentaba a los soldados a
desertar era el uso de palos (golpes con la espada) como medio de disciplina.
32
Los insultos y el uso del trabajo de los soldados para las empresas particulares de
los oficiales (los soldados trabajaban en las estancias o chacras de los oficiales)
eran otras formas de coacción que los veteranos encontraban difíciles de tolerar.
Aunque era más raro, se daban casos en que los oficiales inflingieran heridas a
los soldados rebeldes. Cuando esto ocurría, los soldados normalmente deserta-
ban.
Además de la coerción el ejército utilizó una amplia gama de incentivos.
Los soldados, aunque se hubieran unido al ejército involuntariamente, recibían
un salario: una ración compuesta de carne, sal y vicios (tabaco y yerba) y un
uniforme. Además, recibían sumas de dinero (auxilios) al principio o al final de
una batalla. Regularmente, parte de los cueros de los animales faenados para
suministro de los batallones era distribuido entre la tropa.
33
Para los veteranos de
ciertas campañas (la “campaña de Córdoba, o la “campaña del desierto”), Ro-
sas estableció recompensas especiales en dinero, ganado o tierra. Las licencias o
31
Con el tiempo, los regimientos separados de negros que habían luchado en la revolución de
independencia se fusionaron con otros regimientos, y para la década de 1840 no había regi-
mientos compuestos sólo por negros. Esto fue parte de un proceso de nivelación que benefició
a los afroargentinos durante la post independencia. Ver Reid Andrews, 1980: 60-64.
32
He discutido esto en Salvatore, 1994.
33
He discutido esto en Salvatore, 1993.
R. Salvatore Repertorios de coerción y cultura de mercado en la provincia ...
24
permisos negociados entre soldados y oficiales eran parte de la vida normal de
los batallones. El “permiso para trabajar” era una concesión peculiar, que permi-
tía a los soldados trabajar por un salario en la economía privada durante perío-
dos de uno a tres meses, retornando luego a sus batallones.
El sistema de justicia criminal (coerción legal)
Durante la era rosista, la combinación de antiguas leyes e instituciones
coloniales con un discurso liberal sobre instituciones y derechos produjo ambi-
güedad y confusión.
34
Un sistema arbitrario de adjudicación, que dejaba el poder
de sentencia final al gobernador, coexistía con el funcionamiento de cortes de
justicia regulares, que observaban los términos y procesos legales.
35
El poder de
castigar era compartido así por el gobernador, por los tribunales de Buenos Aires
y por los jueces de paz locales. Algunas de las antiguas formas de castigo, tales
como el cepo, los azotes y las ejecuciones públicas, sobrevivieron dentro de esta
confusión de jurisdicciones y sistemas legales.
Para delitos menores (aquellos que no ameritaban enviar el reo a Rosas),
los jueces de paz imponían una variedad de penas: multas, días de trabajo gra-
tuito para la parroquia local, uno o dos días en el cepo, o un número variable de
latigazos. Para los delitos más serios, como asesinatos, deserción, robo o vagan-
cia, los jueces locales sustanciaban el caso y lo enviaban a Rosas para su deci-
sión. Normalmente, el gobernador sentenciaba al acusado con penas que iban
de dos a cuatro años de servicio forzado en el ejército. Los delitos políticos –
juzgados en los tribunales ordinarios– eran severamente castigados. Un evento
público memorable fue la ejecución, el 23 de octubre de 1837, de los hermanos
Reynafé y de Santos Pérez, acusados del asesinato del general Quiroga. Como
era la costumbre los cuerpos fueron colgados de la horca –después de haber sido
fusilados– y expuestos durante medio día a la vista del público. Por medio de un
sorteo se decidió cual de los cómplices (también sentenciados a muerte) sería
fusilado; el resto fue obligado a presenciar las ejecuciones.
36
34
Barreneche, s/f.
35
Los defensores del régimen justificaban el recurso de Rosas a la justicia sumaria durante este
período de “anarquía”. Rosas, dice el autor de “Cartas sobre la América del Sur”, un artículo en
defensa del régimen publicado en La Gaceta Mercantil en enero de 1844, usaba castigos menos
crueles que los gobiernos europeos. La rápida resolución de los casos omitiendo ciertos reque-
rimientos del debido proceso, se justificaba por la “ruina de la autoridad y la ley” previa a la
administración de Rosas. Myers, 1995: 232-234.
36
El interés público generado por este juicio es capturado por Mazzuchi y Sambuceti, 1993: 26-
36. Un relato ficticio de la ejecución y las grotescas reacciones del público pueden encontrarse
en Gutiérrez, 1944: 180-197. Aunque mucho menos frecuentemente, las ejecuciones públicas
también se extendían a los homicidios comunes y, ocasionalmente, a los desertores.
25
Aunque los jueces, policías y guardias no economizaron violencia, formas
de castigo corporal bastante comunes en la época colonial, como el potro o la
rueda, fueron poco usadas en este período. La tortura judicial para obtener con-
fesiones, en particular, parece haber desaparecido.
37
Por otra parte, creció el uso
de castigos públicos destinados a enseñar (y amedrentar) a los observadores
acerca de los poderes de las autoridades republicanas. Después de una década
de “anarquía”, la función didáctica de los azotes públicos y del cepo (y, ocasio-
nalmente, de las ejecuciones públicas) fue considerada esencial para “restaurar
las leyes”. Debido a que las cárceles y prisiones no eran garantía de confinamien-
to (los presos escapaban con facilidad), los grillos y las barras siguieron usándose
en la práctica, a pesar de su prohibición en 1813. Dos prisiones (la Cárcel Públi-
ca y el Depósito de Policía) servían para detener temporalmente a toda clase de
acusados (deudores, opositores políticos, delincuentes comunes y desertores).
Una de ellas, la Cárcel Pública recibía sirvientes domésticos (la mayoría esclavos)
para darles azotes o “corrección” a pedido de sus amos.
El sistema de justicia criminal tenía un amplio repertorio de coerción (mul-
tas, azotes, detención, trabajo forzado, cepos, etc.). Un doble propósito orienta-
ba sus esfuerzos: preservar la “tranquilidad” de la campaña y producir suficientes
reclutas para el ejército federal. Una justicia local orientada hacia la resolución
de conflictos entre vecinos y a la preservación del orden público coexistió con una
justicia centralizada que identificaba y arrestaba a desertores, evasores del reclu-
tamiento y federales poco comprometidos con la causa.
38
Este complejo sistema
de justicia produjo diferentes niveles de violencia. Una justicia local “moralizan-
te”, que trataba con vecinos dotados de derechos políticos, era en general menos
coercitiva que la justicia centralizada “reclutadora”, que reprimía a los transeún-
tes desprovistos de aquellos derechos. También es razonable afirmar que había
mayor margen de negociación a nivel local; los arrestados tenían allí mayores
oportunidades de lograr que sus sentencias se modificaran.
La estancia (¿justicia privada?)
A diferencia del gobierno o del ejército, la estancia tenía un repertorio de
coerción limitado. Sus tierras eran abiertas (no hubo alambrado hasta la década
de 1850), los rebaños de ganado pastaban libremente, a veces mezclados con los
de los vecinos, y los contratos de trabajo eran informales y, la mayoría de las
veces, verbales. Unas pocas grandes estancias –como las de Rosas o Anchore-
37
Para una descripción de la tortura judicial y de otras formas de violencia judicial durante el
período colonial ver Rodríguez Molas, 1983:8-44.
38
He tratado este tema en Salvatore, 1993-1994: 93-118. Para una descripción de las funciones
de los jueces de paz ver Díaz, 1959. Además, los jueces locales y policías tenían que cooperar
con los políticos de la Federación, identificando y arrestando a los adversarios políticos.
R. Salvatore Repertorios de coerción y cultura de mercado en la provincia ...
26
na– tenían esclavos que complementaban el trabajo de los peones asalariados.
39
Por encima de ellos, un personal reducido (un administrador y unos pocos capa-
taces) supervisaba una fuerza de trabajo dispersa, establecida en diversos pues-
tos, desde donde manejaban los rodeos. La mayoría de los estancieros, sin em-
bargo, eran propietarios de pequeñas manadas –de menos de 1.000 cabezas– y
no poseían esclavos.
40
Estos estancieros tenían que confiar en peones contrata-
dos temporalmente, que abandonaban sus empleos con frecuencia.
41
La rota-
ción de peones era tan alta en las estancias de Rosas, que al final de cada
trimestre cada una de ellas había perdido entre el 15 y el 48 por ciento del total
de su fuerza de trabajo.
42
Bajo estas condiciones, los incentivos económicos eran más efectivos que
la coerción para asegurarse cuidadores de ganado y pastores de ovejas que se
necesitaban. Dado que se operaba en un contexto de guerras civiles recurrentes,
que exacerbaban la escasez de trabajadores, los estancieros tenían que seducir a
estos trabajadores móviles para que se quedaran en la propiedad. Algunos de los
medios de los que disponían los estancieros para aumentar su fuerza de trabajo
era traer peones de otros distritos –incluyendo a las provincias del norte: ofrecer
salarios más altos; prometer beneficios adicionales a los recién llegados, como
era el pago a destajo para tareas extraordinarias, o darles la posibilidad de traer
a sus familias a la estancia.
43
Los pastores recibían una parte del nuevo rebaño y
el crédito dado por la pulpería de la estancia representaba un incentivo adicional.
A pesar de esos beneficios, los estancieros encontraban difícil conformar una
fuerza de trabajo estable y se veían forzados a contratar jornaleros para realizar
tareas estacionales como la cosecha de granos, la yerra del ganado o la esquila
de ovejas.
44
39
Esto no era una novedad del período rosista. En la época colonial, los grandes estancieros
daban responsabilidades especiales a los esclavos, nombrándolos capataces de los peones mes-
tizos. Para una descripción de la movilidad ocupacional de los peones negros, ver Mayo, 1995b:
26-36. Sobre el funcionamiento de una gran estancia compleja, la de los Anchorena, ver Brown,
1979, Cap. 8.
40
Estudios recientes han cuestionado seriamente la creencia convencional sobre el gran poder
de los estancieros. Su influencia en las políticas del gobierno y su concentración de recursos
económicos eran menos importantes de lo que se pensaba previamente y hasta fines del siglo
XIX, no actuaban ni con la cohesión ni con el propósito que caracterizan a una clase social. Ver
Mayo, 1991:761-779; Salvatore, 1992b: 251-278; y Halperín Donghi, 1992: 11-45. Para una
perspectiva general de la literatura ver Fradkin, 1993: 7-44.
41
Seguros que la policía no se molestaría en arrestarlos por incumplimiento de contrato, los
peones se movían de un distrito al otro en busca de familia, entretenimiento o mejores oportu-
nidades. Muchos simplemente lo hacían para escapar de las obligaciones militares.
42
Slatta, 1983: 32-33, especialmente Table 1.
43
Con reticencias, los estancieros aceptaban la lógica del mercado. Ver Salvatore, 1992b: 262-
267.
44
Ver Brown, 1994: 255-264.
27
Algunos autores han visto en este período la emergencia de una forma
peculiar de dependencia que ataba a los peones a los estancieros. El recluta-
miento forzado, sostienen estos autores, producía tal temor en la campaña que
se empleaban en la estancia simplemente para estar a salvo de la persecución
policial o militar.
45
Otros autores sostienen que los peones estaban forzados a
permanecer en la propiedad debido a las pesadas deudas contraídas en la pulpe-
ría de la estancia. Sin embargo ninguna de estas formas de dependencia era
sostenible o efectiva. En un medio político donde la protección a los desertores
era considerada casi una traición, los estancieros no estaban ansiosos de dar un
refugio seguro a sus peones. Aquellos que lo hacían descubrían que los jueces de
paz y los comandantes militares tenían autoridad para irrumpir en sus propieda-
des y arrestar a sus peones. Así, sus promesas de “protección” a los fugitivos de
la justicia resultaban difíciles de cumplir. Las cuentas de la estancia muestran
que la deuda no impedía que los peones abandonaran sus empleos. Los jueces,
que no consideraban su obligación tener que perseguir a los deudores, raramente
arrestaban a los peones que abandonaban la estancia antes del término de su
contrato.
46
¿Significa esto que la estancia se convirtió en un ámbito libre de coerción?
En absoluto. Se ejerció coerción sobre los pocos esclavos que quedaban en las
estancias medianas y grandes. Aunque éstos iban al campo con la promesa de
una vida mejor; algunos para trabajar como capataces, otros con un acuerdo de
futura libertad (algunos esclavos descontaban de sus salarios las cuotas para
adquirir su manumisión), su incentivo para producir no era siempre económico.
Los estancieros amenazaban a sus esclavos con ventas no deseadas a otros
destinos o con la dispersión de sus familias.
47
Con respecto a los trabajadores
libres asalariados, documentos de la época presentan casos de capataces que,
para disciplinar a sus trabajadores, usaban castigos corporales, lenguaje insul-
tante o amenazas de muerte.
48
Pero la efectividad de estas prácticas debió haber
sido muy limitada, ya que los trabajadores podían dejar la estancia el día des-
pués de haber sido insultados o azotados.
49
También hubo casos de coerción
45
Esto es lo que llamo la “tesis del temor-protección”. Ver, por ejemplo, Lynch, 1981; Rodríguez
Molas, 1968; Carretero, 1972 y Gori, 1951.
46
Algunos de ellos fueron arrestados más tarde en otros distritos por no portar la papeleta de
conchavo (certificado de trabajo), pero este tipo de arrestos eran relativamente raros.
47
Ver Goldberg y Mallo, 1993:64-65.
48
Sabemos que en las estancias tardocoloniales los esclavos eran encerrados de noche; no se
encuentran prácticas de este tipo en el período rosista, principalmente porque los buenos
gauchos esclavos eran tan escasos y útiles que eran tratados como hombres libres. Ver Salvatore
y Brown, 1987. Algunos inventarios de estancias muestran la existencia de grillos, aunque muy
probablemente eran usados para retener a los pocos esclavos que quedaban.
49
Se sabe que Rosas trató de imponer un rígido código disciplinario: los trabajadores tenían que
R. Salvatore Repertorios de coerción y cultura de mercado en la provincia ...
28
temporaria (detención forzada o trabajo impago) sobre los trabajadores adultos,
la mayoría de los cuales involucraba a estancieros que tenían alguna autoridad
judicial o militar. Otras formas de coerción han sido pasadas por alto por los
historiadores, como aquellas sufridas por huérfanos asignados al estanciero en
crianza, o por las mujeres indígenas capturadas en incursiones militares y distri-
buidas luego entre “buenas familias”. Es en relación con estos sujetos indefensos
que ocasionalmente aparecen en los expedientes judiciales algunas quejas sobre
abuso físico y malos tratos.
En general, sin embargo, las estancias del período rosista se habían con-
vertido en un espacio de negociación más que de coerción.
50
La limitada habili-
dad de los estancieros para ejercer coerción era resultado de una experiencia de
fracasos sucesivos en el intento de coaccionar a la fuerza de trabajo. En el caso
de las estancias de Rosas, estos intentos involucraban al trabajo servil indígena,
a los peones traídos de España y mantenidos hasta que pagaran sus pasajes
marítimos y a los esclavos.
51
La compra de esclavos se volvió un camino sin
salida, en la medida en que la abolición del tráfico y las leyes de emancipación
gradual redujeron el número de esclavos y elevaron sus precios. Los “libertos”
quizá estaban más dispuestos a tomar empleos, pero sus salarios no eran diferen-
tes a los de otros trabajadores. El intento de atraer tribus indígenas enteras a
trabajar en las estancias de Rosas terminaron en un fiasco: los caciques recibie-
ron regalos de Rosas durante varios meses pero no entregaron a cambio trabajo
alguno.
52
Como tomaron literalmente la invitación de Rosas, se sirvieron de todo
el ganado y de las yeguas que necesitaban, causando enormes pérdidas a la
estancia.
53
La suerte de Rosas con los jóvenes peones españoles contratados no
fue mejor. Después de un tiempo, los jóvenes (que debían su pasaje a Rosas)
dejaron de pagar sus deudas e insistieron en ser reasignados a otro lugar. Algunos
entregar sus armas al capataz, pagar multas en las estancias que éste administraba antes de ser
gobernador (c.1820-1828), si no llevaban lazos y bolas al trabajo y recibían azotes a la menor
violación. Una relación tradicional de esta versión puede encontrarse en Gálvez, 1962, especial-
mente páginas 43-45. John Lynch reproduce esta versión al pie de la letra; ver Lynch, 1981:114,
122, 124.
50
El limitado poder de la estancia para coaccionar a los trabajadores estaba basado en parte,
en su separación del poder político. Los estancieros competían con el estado por recursos
escasos (trabajo, ganado, caballos) y no podían garantizar al estado una base de financiamien-
to segura (el mayor ingreso del estado provenía de los aranceles a la importación y exportación).
51
Salvatore, 1991.
52
En 1858 Rosas contó al estanciero Anchorena que una “multitud” de indios estaban viviendo
en la estancia. Omitió mencionar cuantos de ellos estaban trabajando realmente para la estan-
cia. Rosas to J.J. Anchorena, Cerrillos, 13 de junio de 1828, AGN VII-16-4-7, n° 1364.
53
Al final, de los cientos de “valientes” que residieron en las tierras de Rosas durante meses,
menos de treinta se emplearon como trabajadores de la misma. Algunos de ellos, con nombres
cristianos y ropas nuevas, permanecieron con Rosas durante años.
29
de ellos se unieron al ejército, otros fueron a trabajar al gobierno y otros simple-
mente abandonaron la estancia.
54
Si el gobernador, que poseía vastas extensiones de tierra e información
especial sobre los movimientos y el pasado de los sujetos subalternos, era inca-
paz de crear una fuerza de trabajo coactivo viable, es poco probable que otros
estancieros, con menos propiedad, influencia e información, fueran capaces de
hacerlo.
55
Por esta razón, los estancieros tuvieron que depender de la lógica inexo-
rable del mercado: el método más efectivo para atraer peones era pagarles por
día. Esto era enormemente costoso para la estancia, pero era la única forma de
asegurar trabajadores para tareas tales como la yerra y los rodeos que requerían
de un gran número de peones. Además, los estancieros podían ofrecer a los
trabajadores cierto acceso a la tierra, un porcentaje de las crías, una muda de
ropa nueva u otros beneficios. Algunos de estos beneficios, sin embargo, conver-
tían a los peones en “agregados”, individuos que residían con sus familias dentro
de los límites de la estancia. Admitidos bajo la vaga promesa de “ayudar” a la
estancia cuando se necesitara, la multiplicación de agregados no resultó una
solución para la economía de la estancia. De hecho, las Instrucciones a los ma-
yordomos de Rosas recomendaban no admitir allí “agregados” debido a los altos
gastos que implicaban en términos de ganado y recursos.
La permanencia o no de la familia de los peones era otro de los aspectos
a negociar. Uno de los cambios introducidos en este período fue la admisión
selectiva de mujeres en la estancia. Los estancieros comenzaron a rechazar a los
peones que venían con sus familias, principalmente porque la presencia de muje-
res jóvenes creaba tensiones innecesarias entre los trabajadores.
56
Sólo el capataz
y los “puesteros” –peones a cargo de rebaños de ganado– tenían el privilegio de
criar a su familia en la estancia. Este cambio en las políticas de los estancieros
coincidió con la “fiebre del lanar” (1840-1860). Como los criadores de ovejas
pudieron organizarse, delegando el reclutamiento de peones en los medieros y los
arrendatarios (normalmente vascos e irlandeses), los estancieros pudieron ser
más selectivos en relación a los trabajadores criollos empleados para las activida-
des ganaderas.
57
54
A fin de retener al resto, Rosas tuvo que diseñar un sistema de salarios que pagaba extra por
cada año de antigüedad, elevando los costos de la mano de obra para la estancia.
55
En otro lugar he discutido las dificultades que los estancieros enfrentaban en la tarea de
reconstruir relaciones de trabajo, en el período post independiente. En Corrientes, los Robertson
usaban un capataz violento y carismático, el señor Campbell, para mantener controlados a los
trabajadores, mientras que el crédito que otorgaba para comprar la producción local de cueros,
sebo y cerda hacía milagros. La experiencia duró sólo un par de años y luego fue abandonada.
Salvatore, 1994b:74-102.
56
Brabazon, 1981:176-177.
57
La economía de la lana, por otra parte, trajo más mujeres a las actividades “productivas”. Los
estancieros que se rehusaban permitir a las mujeres el cumplimiento de tareas tales como
esquilar, ordeñar y limpiar lana corrían el riesgo de poner en peligro la producción.
R. Salvatore Repertorios de coerción y cultura de mercado en la provincia ...
30
El hogar doméstico (poder sobre la familia y los sirvientes)
El control de los amos sobre los sirvientes domésticos, ya disminuido en el
período tardo-colonial, se volvió una cuestión altamente conflictiva durante el
período rosista. Los investigadores han notado la peculiar naturaleza de la escla-
vitud en el Buenos Aires tardo-colonial, donde hombres y mujeres esclavos bus-
caban trabajo en el mercado abierto, negociaban salarios y trabajaban fuera de
la casa del amo, pagando a éste una parte de sus ingresos.
58
Sus amos eran
hombres y mujeres de escasos medios, altamente dependientes de los ingresos
generados por sus esclavos.
59
En la mayoría de los lugares de trabajo (hornos de
ladrillo, panaderías, corrales de ganado, lugares de construcción), esclavos y hom-
bres libres trabajaban y dormían juntos. Y, lo que era más importante, los escla-
vos que trabajaban por un salario naturalmente intentaban comprar poco a
poco su libertad.
La naturaleza casi contractual de la esclavitud doméstica limitaba las
posibilidades de coerción por parte de los amos.
60
Los esclavos contratados afue-
ra estaban casi libres de la vigilancia de sus amos; sólo tenían que ajustarse a las
regulaciones del gremio y acatar las instrucciones de sus nuevos jefes. Los escla-
vos domésticos que vivían en casa de sus amos estaban sujetos a una coerción y
supervisión más estrecha.
61
A pesar de que los azotes estaban restringidos por ley
(los esclavos podían solicitar su venta si los amos los azotaban), los amos po-
dían, si querían, imponer a sus sirvientes tareas humillantes o indeseadas. Podían
además, encerrarlos de noche, o reducir su provisión de comida y ropa. Pocos
amos hicieron esto en la práctica, ya que preferían el uso de incentivos a fin de
asegurarse respeto y buen servicio. Así, alquilaban sus esclavos para trabajar
fuera de la casa, los enviaban a la chacra o a la estancia, les permitían guardar
sus ahorros, les prometían alguna herencia o recompensa después de la muerte
del amo o, más comúnmente, arreglaban la futura manumisión del esclavo.
Durante la post-independencia, las posibilidades de coerción por parte de
los amos se redujeron aún más. La Asamblea de 1813 declaró la libertad de los
hijos de esclavos y estableció un régimen transicional por el cual estos niños
(libertos) fueron puestos bajo la custodia de sus amos.
62
Contemporáneamente,
58
Ver Johnson, 1995 y Saguier, 1989: 45-54.
59
La ley obligaba a los esclavos a proporcionarles un pago diario. Johnson, 1995: 416.
60
“Para cientos de esclavos en el Buenos Aires tardocolonial, la esclavitud significaba semanal-
mente o, menos aún, mensualmente, pagos en moneda entregados a los amos.” Johnson,
1995:418.
61
A principios del siglo XVIII, cerca del ochenta por ciento de los esclavos de la ciudad de Buenos
Aires eran sirvientes domésticos, el veinte por ciento restante trabajaba en negocios de artesa-
nos o en chacras cercanas. Johnson, 1995: 411.
62
A la edad de veinte años los varones y dieciséis las mujeres, obtendrían su libertad. Mientras
tanto brindarían servicios a sus amos a cambio de educación y alimento y después de alcanzar
31
los “rescates” (compras de esclavos) realizados por el estado con propósitos mili-
tares, dieron a los esclavos adultos otra oportunidad de escapar de la servidum-
bre. Los esclavos rescatados tenían que servir cinco años en el ejército para de
poder obtener la libertad.
63
En 1831, un registro obligatorio de libertos extendió
la protección del estado para lograr la libertad definitiva de estos hijos e hijas de
esclavos. Con el creciente número de manumisiones –por compra o como re-
compensa por buenos servicios– y con escasas importaciones adicionales de nue-
vos esclavos, el número de esclavos declinó.
64
Es cierto que algunas medidas
legislativas prolongaron la agonía de la esclavitud,
65
pero para la década de 1840
su importancia y viabilidad habían declinado significativamente.
En la ciudad, cada vez se volvió más difícil retener a los esclavos, quienes
eran atraídos por el entorno social más libre de la campaña.
66
Aquellos esclavos
que estaban en posición de negociar su lugar de residencia pedían ser enviados al
campo. Aquellos que se sentían maltratados por sus amos podían forzar su venta
a otro amo. Más comúnmente, esclavos y esclavas escapaban a la frontera sur
donde, con una identidad diferente, podían empezar de nuevo.
67
Las guerras de
independencia, con sus rescates y confiscaciones, alentaron a los esclavos a
hacer demandas a sus amos. A fin de retener a sus sirvientes, muchos amos
firmaron “promesas de libertad” que transformaron significativamente las rela-
ciones laborales.
68
la edad de quince años los primeros y catorce las mujeres, sus amos deberían pagarles un
salario.
63
Otros esclavos eran simplemente confiscados a los amos españoles y transferidos al ejército.
Goldberg y Jany, 1968: 61-75.
64
Si los índices de manumisión fueran los mismos que en el período tardocolonial, los esclavos
que quedaban para 1853 (el año en que la constitución abolió la esclavitud) deben haber sido
muy pocos. El proceso había comenzado en el período tardocolonial, cuando el 1,5 por ciento
de la población esclava total era manumitido cada año. Cf. Johnson, 1979: 258-279. La
población total de negros y mulatos en la ciudad de Buenos Aires se incrementó mínimamente
entre 1810 y 1822 y permaneció estacionaria de 1822 a 1836. Esta estagnación pudo reflejar
la transferencia de negros y mulatos de la ciudad al campo proceso que se desarrolló paralela-
mente a la emancipación gradual. Ver Goldberg, 1976: 88.
65
Los propietarios de libertos se las arreglaron para extender su “patronazgo” sobre los esclavos
jóvenes y a pesar de la prohibición del comercio de esclavos, los que eran capturados en buques
extranjeros encontraban un lugar en el mercado de esclavos local. Ver Crespi, 1993: 109-124.
66
Los esclavos podían pasar por hombres libres en el campo, donde los que eran de color podían
“blanquearse”. Una vez que habían adquirido propiedades y conexiones sociales era difícil
sujetarlos de nuevo a la esclavitud. Ver Goldberg, 1976.
67
La proporción de mulatos era mayor en las áreas de más antigua colonización, mientras que
la proporción de negros era más amplia en áreas de reciente colonización. Esto es interpretado
por Goldberg como una clara evidencia de que el “blanqueamiento” era una estrategia de los
esclavos trasladados al campo para obtener su libertad.
68
Algunos esclavos fueron a la justicia en busca del cumplimiento de las “promesas de libertad”
hechas por sus amos. Ver Mallo, 1991: 121-146.
R. Salvatore Repertorios de coerción y cultura de mercado en la provincia ...
32
Durante el período de Rosas, las viejas relaciones amo-esclavo se re-orien-
taron hacia una nueva base contractual. Muchos sirvientes esclavos compraron
su libertad con ahorros obtenidos de su trabajo o del robo. Los que carecían de
otras oportunidades de empleo, permanecieron con sus amos como asalaria-
dos.
69
En cuanto trataron de comportarse como asalariados libres, estos ex escla-
vos se enfrentaron con la oposición de los jefes de hogar. En el corazón de estos
conflictos estaban las nuevas condiciones de los contratos de trabajo. Las seño-
ras de la casa esperaban que sus sirvientes desempeñaran las mismas tareas y
fueran tan respetuosas como bajo la esclavitud; los sirvientes, en cambio, espera-
ban el respeto que se merecían como hombres y mujeres libres. Así, la transición
hacia relaciones asalariadas trajo aparejadas tensiones crecientes dentro de la
casa, tensiones que giraban en torno a cuestiones como pequeños robos, salidas
y la cantidad y calidad del trabajo.
70
Los amos todavía podían enviar a sus sirvientes rebeldes a la cárcel del
Cabildo para “ser corregidos”: un mes en prisión y unos pocos azotes ayudaban
a restablecer la actitud deferencial del esclavo.
71
Pero dentro de la casa, la impo-
sición del trabajo se había vuelto altamente conflictiva. Los amos continuaron
amenazando a sus esclavos con castigos corporales, el confinamiento dentro de
la casa y la venta de familiares, pero estas amenazas se volvieron improductivas
y poco prácticas. Si el esclavo escapaba era poco probable que la policía lo
arrestase y devolviese a su amo.
Lo mismo podría decirse de las relaciones de género dentro del hogar. La
autoridad del hombre sobre las mujeres de su familia, laboriosamente forjada
durante el período colonial,
72
comenzó a resquebrajarse en el período post-inde-
69
La transición hacia el trabajo pago fue el cambio más importante con relación al servicio
doméstico femenino.
70
Como resultado de estas crecientes tensiones, muchas morenas y pardas acusadas de robo,
insolencia o comportamiento insultante fueron enviadas a la cárcel “para corrección”. Los
robos parecen haber sido la causa más común de arresto del servicio doméstico femenino.
Muchas sirvientas se sentían con derecho a apropiarse del dinero o ropa de sus amos, llevadas
por la urgencia de “vestirse” para ganar respetabilidad, o simplemente por necesidad de dinero
para ayudar a su familia o amantes.
71
En el campo, las mujeres cautivas liberadas de los toldos indígenas a veces eran reducidas a
servidumbre bajo la costumbre de la crianza. En la práctica, estas sirvientas eran tratadas peor
que los esclavos, y estaban sujetas a castigos y abuso. Méndez,1991:50-51.
72
Durante el período colonial, la casa fue el locus central de la autoridad patriarcal. Aquí el
hombre de la casa dominaba a su familia y sirvientes, la mayoría esclavos de su propiedad, y
usaba tanto de la coerción legal como de la extralegal para mantener el respeto y obediencia de
su mujer, sus hijos y sirvientes. El cabeza de hogar tenía varios medios de coerción a su
disposición con relación a los esclavos: confinamiento, castigo corporal, privación de alimento
y venta (separando al esclavo de su familia). Disponía también de mecanismos similares con
relación a su mujer e hijas: el castigo corporal, la privación de alimento y ropa y el confinamien-
to en la casa. En casos extremos podía usar los claustros conventuales para disciplinar a una
hija rebelde o a una mujer infiel.
33
pendiente. En particular, el “derecho de corregir” a las mujeres que se arrogaban
los hombres se volvió un tema conflictivo, en la medida que las mujeres llevaron
a la justicia casos de abusos por parte de sus maridos, encontrando, para su
sorpresa, que los jueces eran sensibles a sus demandas.
73
Ricardo Cicerchia ha
mostrado cómo las mujeres pobres acudían a la justicia buscando reparación por
los abusos de sus parejas, demandando sostén económico o acusándolos de
maltrato. En la mayoría de esos casos, las mujeres demandantes ganaban los
juicios.
74
Los abusos masculinos hacia las mujeres fueron particularmente violen-
tos y crueles en este período –heridas de cuchillo a veces acompañadas de inten-
tos de violación– pero el coraje de las mujeres para denunciar estos casos y
luchar en los juzgados por su condena produjo resultados inesperados. El caso de
una mulata apaleada que se las arregló para hacer que desterraran a su esposo,
o el de una blanca pobre que con la ayuda de las amigas hizo sentenciar a su
agresor al servicio militar son indicativos de las oportunidades abiertas para las
mujeres de todas las clases, por el sistema judicial.
75
Por varios medios, las mujeres cuestionaron la autoridad patriarcal. Las
esposas solicitaron a los tribunales eclesiásticos que les concedieran la separa-
ción, desafiaron el privilegio de los esposos de administrar la riqueza heredada y
les demandaron la provisión de alimentos y vestimenta, cuando éstos no cum-
plían con sus responsabilidades. Las mujeres de las clases más bajas, que tenían
menos posibilidades de pagar los gastos de un juicio, optaron por una solución
más expeditiva para sus dificultades maritales: la fuga. Algunas escapaban hacia
la frontera sur, donde la venganza de esposos y padres no podían alcanzarlas.
Otras mujeres respondieron a la violencia masculina con la misma moneda. Los
casos de mujeres que atacaban a sus maridos con cuchillos y armas no fueron
infrecuentes. Desprovistos del apoyo de la iglesia y del estado, los hombres cabe-
za de familia vieron sus repertorios de coerción sobre las mujeres reducirse sensi-
blemente.
La atracción de los mercados
Desde las últimas décadas coloniales hasta fines del siglo XIX, la provin-
cia de Buenos Aires sufrió una escasez crónica de trabajadores.
76
Este rasgo de la
73
Con la ayuda de un escribiente narraban en detalle la violencia de sus esposos, esperando
impresionar a los jueces masculinos: los reclamos por golpes con la espada durante el embarazo
ciertamente tenían su efecto.
74
Ciccerchia, 1994: 49-72.
75
Los jueces de la élite a menudo se ponían del lado de la víctima, horrorizados por la violencia
ejercida contra las mujeres.
76
Lyman L. Johnson encuentra esta situación característica del siglo XVIII tardío, cuando las
R. Salvatore Repertorios de coerción y cultura de mercado en la provincia ...
34
economía tuvo una profunda influencia en la formación de las instituciones coer-
citivas; la escasez en el mercado de trabajo condicionó a las autoridades a ejercer
menos violencia o coacción de lo que hubiese sido posible en un mercado con
exceso de oferta de trabajo. El discurso sobre los derechos individuales y la igual-
dad que se propagó durante las guerras de independencia, combinado con la
experiencia de una alta movilidad ocupacional, espacial y social engendró una
multiplicidad de prácticas contractuales cuya influencia puede ser rastreada en
distintos contextos institucionales, públicos y privados. Los agentes subalternos,
acostumbrados a negociar con sus superiores, generalmente podían negociar su
salida de situaciones coercitivas. Una sociedad menos igualitaria, más deferen-
cial y jerárquica hubiese producido menos oportunidades para este tipo de nego-
ciación.
La atracción de los mercados afectó, de varias maneras, la efectividad y
difusión del poder coercitivo en la provincia de Buenos Aires. La permeabilidad
de las instituciones a los incentivos generados en el mercado de trabajo, ya era
visible en el período post-independiente y se difundió aún más durante la dicta-
dura de Rosas, con la consolidación de un estado más intrusivo y vigilante.
Paradójicamente, la intensificación de la violencia política contra los unitarios y
de la violencia racial contra los “indios enemigos” fue acompañada por la difu-
sión de relaciones contractuales en diversos campos de interacción social. En las
guarniciones militares y en los hogares con esclavos, el poder de los oficiales y de
los amos de imponer obediencia y respeto encontró su límite en la atracción de
los mercados de trabajo. La alta movilidad del trabajo y las prácticas de negocia-
ción de la economía privada se volcaron al terreno de la política pública, de las
instituciones del estado, penetrando incluso la esfera doméstica.
Varios factores engendraron esta peculiar configuración de coerción e in-
centivos en la provincia de Buenos Aires post-independiente. Entre ellos, la exis-
tencia de una cultura plebeya rebosante de ideas de autonomía personal y de
derechos civiles activadas por las luchas de la independencia y por las guerras
civiles. Fue igualmente importante a este respecto la configuración de la política
y la formación estatal durante el turbulento período post-independiente. La auto-
ridad del estado, y la legitimidad del mandato de Rosas de “restaurar el orden”,
dependió decisivamente de un contrato básico (no escrito) entre el campesinado
y el gobierno para la provisión de servicios militares y otras contribuciones a la
patria. Los abusos a este pacto de reciprocidad erosionaron las bases de la obe-
diencia y la cooperación patriótica de los paisanos. Las interacciones de merca-
do (transacciones en los mercados de bienes y de trabajo) contribuyeron a crear
una cultura de negociación y desobediencia entre los subalternos, en la medida
en que moldearon sus conductas individuales y auto-percepciones.
reformas borbónicas aceleraron el ritmo del crecimiento económico y el incremento de la
demanda de trabajo excedió el de su oferta. Ver Johnson, 1995.
35
Una sociedad caracterizada por una escasez crónica de trabajo, como fue
la de Buenos Aires durante los primeros cincuenta años después de la indepen-
dencia, tiende a generar intentos recurrentes para restringir la movilidad de los
trabajadores. Al mismo tiempo, esta tipo de sociedad produce incentivos cons-
tantes para que los trabajadores, aún aquellos bajo coacción, mejoren su situa-
ción entrando en relaciones salariales contractuales. La atracción de los merca-
dos tiende a erosionar la eficacia de cualquier sistema coercitivo. Los trabajado-
res sujetos a diversas restricciones incluyen los altos salarios dentro de su cálculo
de los riesgos y beneficios de huir del lugar de trabajo. El poder de los mercados
fue generalizado en la provincia de Buenos Aires, afectando a instituciones coer-
citivas tales como la esclavitud, el ejército y la policía. La escasez de trabajo y el
difundido contractualismo entre las clases subalternas también afectaron a las
relaciones de poder dentro de los hogares y en los juzgados.
77
Unos pocos ejem-
plos de situaciones de coerción en las décadas de 1840 y 1850 nos ayudarán a
aclarar este punto.
En 1850, Manuel Flores, un migrante de Córdoba, fue arrestado en Mar
Chiquita por haber perdido sus papeles de conscripción. Después de llegar de su
provincia, Flores había vivido seis años en Dolores sin tener problemas. Se enroló
en el 5° Regimiento de Infantería por dos años, después de lo cual desertó y se
trasladó a Ajó. Allí trabajó un tiempo como asistente del juez de paz. Su deser-
ción pasó desapercibida hasta que se mudó a Mar Chiquita, donde el Juez de
Paz Juan Manuel Saavedra sospechó de él y ordenó su arresto. Flores estuvo
engrillado durante dos meses hasta que el juez de paz le hizo la siguiente propo-
sición: si aceptaba trabajar como peón en la estancia de Saavedra podía evitar
que lo enviaran al cuartel de Rosas, en Santos Lugares. No teniendo mejor alter-
nativa, el hombre aceptó la proposición y fue a trabajar como domador, reci-
biendo 120 pesos al mes (un salario más alto que el de un peón regular). Pero no
duró mucho en este trabajo ya que rápidamente abandonó la estancia, llevándo-
se al hijo de Saavedra como compañero de aventuras.
78
Este caso muestra la naturaleza y limitaciones de la coerción en la provin-
cia de Buenos Aires. Sólo las personas dotadas de la autoridad del estado (como
los jueces de paz) podían restringir los movimientos de los peones itinerantes,
especialmente si éstos eran desertores. Este poder fue usado en este caso para
hacer cumplir un contrato de trabajo. Flores fue coaccionado a aceptar este
77
Las limitaciones de espacio nos impiden discutir estos otros campos sociales. Para el servicio
doméstico femenino la transición de la esclavitud al trabajo pago significó no sólo una expan-
sión de su libertad de movimiento, sino también un mayor pretensión dentro del hogar, en
relación con cuestiones como las horas de trabajo, el descanso y el trato personal.
78
Flores fue nuevamente arrestado más tarde, porque Saavedra envió a otro de sus hijos en su
persecución. “Manuel Flores (o Manuel González), filiación”, Ranchos, 30 de noviembre de
1850, AGN X, 29-11-4.
R. Salvatore Repertorios de coerción y cultura de mercado en la provincia ...
36
contrato, pero no necesariamente engañado, ya que recibió un salario competiti-
vo por su trabajo. A pesar de la autoridad que representaba el juez, Flores pudo
terminar su “contrato” antes de lo esperado y escapar. Debido a que el trabajo
era escaso en las pampas y a que la policía rural era ineficaz, las autoridades
judiciales no podían obligar a las personas a trabajar por un lapso prolongado.
Los estancieros, que carecían de autoridad estatal, tenían menos oportunidades
que Saavedra de conseguir y retener peones calificados. Sus representantes,
mayordomos y capataces, ofrecían “protección” temporal a los fugitivos de la
justicia a cambio de trabajo pago, pero este tipo de arreglos resultaba difícil de
cumplir. Tarde o temprano, el peón tenía que viajar a otro distrito –conduciendo
ganado, custodiando carretas con provisiones, etc.– y, al hacerlo, se arriesgaba a
ser aprehendido por la policía.
79
Una larga disputa judicial entre Thomas Carr, un albañil inglés, y el Juez
de Paz de Lobos, también muestra los límites de la autoridad estatal. En 1810
Carr se había mudado de Dolores a Lobos en busca de mejores oportunidades de
empleo. Sabiendo que el juez de paz local necesitaba un albañil, fue a verlo para
ofrecerle sus servicios. A fin de pagar lo menos posible por su trabajo, el juez
arrestó a Carr con cargos falsos y le ofreció la libertad a cambio de un contrato
de trabajo por 10 pesos el día. Después de ocho días de estar engrillado, el albañil
inglés estuvo dispuesto a aceptar la propuesta del juez. En veintiún días Carr
construyó un jagüel y un pisadero en la chacra del juez. Después de que el trabajo
estuvo terminado, el albañil descubrió que no recibiría su pago. Como resultado
de esto, cuando se le ordenó construir las paredes de ladrillo para el regimiento,
se rehusó a hacerlo. El juez lo castigó entonces con ocho días adicionales de
prisión. Pero como seguía rehusándose a trabajar, Carr fue despachado a la
ciudad, acusado de viajar sin pasaporte, para esperar allí el veredicto de Rosas.
Antes de la partida del albañil, el juez –probablemente temeroso de lo que el
gobernador pudiera decir– le pagó 145 pesos por una parte de sus servicios.
Después de tanta exhibición de poder arbitrario, el juez terminó reconociendo su
deuda con el albañil inglés y le pagó.
80
79
Este fue el caso de Andrés Illescay, un ex esclavo que en 1833 se había unido voluntariamente
al Regimiento de Blandengues, en Bahía Blanca. Habiendo recibido un adelanto monetario
considerable (100 pesos por cada enganche), cada año Illescay renovaba su compromiso con
el regimiento. En octubre de 1843, mientras luchaba en una campaña cerca de Azul, en el sur de
la provincia, desertó de su regimiento y se fue a la estancia de Juan Fernández en busca de
refugio. Allí, a pesar de su condición, el mayordomo de Fernández lo contrató. Illescay tenía que
conducir ganado de la estancia a un saladero cerca de Bahía Blanca y trabajó en este empleo
durante diez meses en total hasta que un día, habiendo sido enviado a Magdalena con un
rebaño fue arrestado por deserción. La “protección” del estanciero aparentemente no había
llegado muy lejos. “Andrés Illescay, filiación”, Bahía Blanca, 6 de agosto de 1844, AGN X 26-5-
3.
80
“Thomas Carr, filiación”, Lobos, 4 de diciembre de 1850, AGN X 43-7-7.
37
¿Qué podemos extraer de esta proximidad entre el ejercicio de la coerción
y las fuerzas del mercado? Momentáneamente, el poder de coacción del juez fue
suficiente para inclinar la decisión de un trabajador sobre dónde o bajo qué
condiciones trabajar. Pero al final, los salarios tenían que ser pagados; incluso los
prisioneros podían rehusarse a trabajar gratis. En ambos casos, una situación
coercitiva rápidamente se convirtió en una relación contractual, pero el “contra-
to” obtenido por medio de coerción resultó insostenible. Esto era así porque los
trabajadores –incluso aquellos con pocas conexiones sociales en la provincia,
como los migrantes del interior o los inmigrantes extranjeros– podían escapar de
su confinamiento temporario y encontrar trabajo en otro lugar, ganando un sala-
rio competitivo. Los empleadores estaban dispuestos a tomar trabajadores por
jornal sin hacer demasiadas preguntas. Desde otro lugar, el fugitivo podía denun-
ciar la oferta ilegal del juez, comprometiendo su situación y carrera. En un parti-
do vecino siempre habría una autoridad dispuesta a sacar provecho del conoci-
miento de que cierto funcionario federal había violado la ley.
Dentro de los cuarteles del ejército, encontramos un tipo diferente de si-
tuación coercitiva, regulada por otras reglas institucionales y otros valores. Para
infundir disciplina entre soldados no voluntarios, los oficiales recurrían a menudo
al castigo corporal. Pero aún dentro de este riguroso sistema disciplinario, los
oficiales tenían que considerar la movilidad general de los subalternos rurales y
moderar el uso del azote. Martín Garay era un miliciano enrolado en el Segundo
Escuadrón de Lanceros de Chascomús. Había servido durante muchos años en
el ejército federal y cuando la guerra civil se apaciguó, se estableció en Chasco-
mús y se enlistó en la milicia local. En junio de 1846 su comandante lo sentenció
a 300 azotes por no presentarse a dos formaciones militares. No dispuesto a
sufrir este castigo, Garay se fugó de la cárcel. Aún sabiendo que al hacerlo se
arriesgaba a la pena de muerte, el miliciano no pudo tolerar la idea de ser azota-
do en público. Fue arrestado meses más tarde en Las Flores.
81
En una sociedad en transición hacia una cultura de mercado, la toleran-
cia al castigo corporal es baja, particularmente si las clases bajas han participado
en una lucha colectiva para liberar a la nación de la ocupación extranjera. Las
guerras de independencia elevaron la auto-estima de los sectores subalternos de
maneras que recién ahora estamos comenzando a comprender. En la Buenos
Aires de la post-independencia, el castigo corporal, un trato comúnmente asocia-
do con la esclavitud, conllevaba un estigma difícil de aceptar. Era comúnmente
aceptado que una persona sujeta a este tipo de castigo se escapara tan pronto
como pudiese. En muchos casos, las autoridades militares podían asumir con
seguridad, que un soldado o miliciano ofendido, tarde o temprano se vengaría
del superior que había ordenado ese castigo. Como dejan en claro cientos de
81
“Martín Garay, filiación”, Las Flores, 4 de junio de 1846, AGN X 21-2-4.
R. Salvatore Repertorios de coerción y cultura de mercado en la provincia ...
38
testimonios de ex desertores, el azote era una ofensa moral tan importante que
justificaba el riesgo de desertar de las filas. Pero nuevamente era el mercado de
trabajo el que facilitaba la fuga de los soldados: el hecho de que ex desertores
pudieran vender su trabajo de forma ocasional y sin asumir demasiados compro-
misos, ayudaba a tomar esta difícil decisión.
Otro caso judicial revela que aún en las relaciones de género, la coerción
producía menos resultados de lo esperado. El caso de Juan Carpintero, un porte-
ño de clase alta que violó a una mujer casada de clase baja, y luego argumentó
que había pagado por sus servicios sexuales, nos proyecta al terreno doméstico,
un entorno dominado por las tensiones sobre el control del trabajo y la sexuali-
dad de las mujeres. Éste fue un caso inusual, en el que la víctima denunció al
agresor convirtiendo una relación privada violenta en un asunto judicial y públi-
co. La coerción en este caso no se convirtió en un “contrato” porque la víctima
no aceptó este la proposición (violenta). Es sugestivo, no obstante, que el agresor
usara la ficción del contrato para tratar de eludir la pena. En realidad, no pudo
hacerlo. A pesar de su posición social y de sus argumentos, Carpintero tuvo que
pasar un largo período en prisión. Su abogado no pudo persuadir al tribunal de
su inocencia.
82
Los jueces no aceptaron el argumento de que la mujer era una
prostituta que buscaba dinero de un miembro honorable de la élite. Los cortes en
las manos de Carpintero (hechos por el cuchillo de la víctima) y un antecedente
de agresión (Carpintero había violado a una joven cerca de Merlo) convencieron
a los jueces que éste era un claro caso de violación.
83
Aquí, el límite a la coerción
no provenía del mercado, sino de la condena de sus pares. Nociones compartidas
acerca del derecho de la víctima de defenderse del ataque físico de un hombre
más fuerte, así como reglas de procedimiento sobre lo que constituía evidencia
probatoria, inclinó a los jueces del lado de la mujer de clase baja. La publicidad
que rodeó el suceso también jugó un papel. Una vez denunciada la violación,
esta debía ser castigada si quería mantenerse el buen orden de las familias.
Carlos Mayo ha estudiado cómo, en la frontera de Buenos Aires, secues-
trar mujeres y fugarse con ellas eran las dos formas más comunes de formar
parejas sexuales.
84
Esta clase de relaciones implicaba un grado importante de
coerción sobre la mujer pero, al mismo tiempo, evidenciaban la falta de control
de los jefes de hogar sobre sus parejas. Una vez que la mujer escapaba (volunta-
riamente o no) con otro hombre, su esposo tenía pocos medios de recuperarla.
82
“Criminal contra Juan Carpintero por haber forzado a una mujer casada”, AHPBA, Juzgado
del Crimen, 34-5-98-1 (1831).
83
Las palabras de la víctima y las de su sobrina de ocho años, en la apreciación de los jueces,
tenían el mismo peso que las palabras de Carpintero y la evidencia: el cuchillo y la almohada
ensangrentados y el sumario hecho en el caso previo, pesaron a favor de los argumentos de la
víctima.
84
Mayo, 1985: 3-9.
39
Como los esclavos o los aprendices fugitivos, las mujeres que escapaban se con-
vertían en sus propios amos. Esto tenía mucho que ver con las limitaciones del
poder del estado para hacer cumplir “derechos” masculinos privados, como así
también con la fluidez de las relaciones sociales en la frontera. En un contexto
social caracterizado por migraciones y gran movilidad ocupacional –donde los
migrantes se “casaban” en un pueblo y se mudaban a otro– la misma institución
del matrimonio estaba en constante cambio.
85
Esta notable movilidad de las
familias a través de la campaña era sostenida por activos mercados de tierra y de
trabajo en la frontera. La disponibilidad de empleos como peones (varones) y
como sirvientes domésticas (mujeres) en estancias y chacras, así como la posibi-
lidad de ocupar tierra a través de una variedad de formas contractuales, mante-
nían activas las corrientes de migración del interior.
Las reacciones de los agentes económicos a las políticas coercitivas tam-
bién condicionaban la viabilidad de ciertos tipos de políticas públicas, influyendo
finalmente sobre el repertorio de coerción del estado. Las carestías de alimentos,
producidas por las levas masivas, elevaban el costo político y social de tales
políticas a niveles intolerables. El reclutamiento forzado durante la guerra con el
Brasil (1825-1828) produjo dramáticos efectos en los mercados. La necesidad de
armar un ejército en un lapso breve llevó a una de las campañas de reclutamien-
to forzado más violentas, indiscriminadas y masivas, que causó pánico y un
rechazo generalizado entre la población campesina de la provincia.
86
A fin de
escapar de la conscripción forzada, cientos de labradores y criadores huyeron a
los bosques, a las islas del Delta, a la frontera sur, o simplemente se ocultaron en
el monte. J. M. Beruti, un observador contemporáneo, notó que después de una
de esas conscripciones (en agosto de 1826), el campo aparecía “casi sin hom-
bres”. Este éxodo impidió a las comunidades rurales levantar la cosecha de gra-
nos. Como resultado, hubo una considerable carestía de alimentos después del
reclutamiento y el precio del pan se elevó significativamente.
87
Aunque no se
produjeron revueltas por este motivo, el gobierno aprendió la dura realidad de la
resistencia campesina: el reclutamiento forzado podía afectar los mercados de
bienes agrícolas, desencadenando carestías de alimentos que agravaban el des-
contento inicial.
88
85
Mateo, 1993:123-148.
86
La misma situación se reportó en 1813 en la provincia de Córdoba. La leva tuvo el efecto de
hacer desaparecer a los hombres, haciendo casi imposible la cosecha de granos en los distritos
agrícolas. Pianetto, 1968:45-48.
87
J. M. Beruti, Memorias curiosas, citado en Halperín Donghi, 1982:158-159.
88
Después de 1828 el gobierno pareció haber aprendido esta lección y aunque no abandonó las
levas forzadas hizo un uso más restringido de ellas, combinando soldados levados con otros
contratados por un salario, los llamados enganchados.
R. Salvatore Repertorios de coerción y cultura de mercado en la provincia ...
40
Las fuerzas del mercado también afectaron la política indígena del gobier-
no. En 1856 los pobladores de Patagones, un pueblo de frontera, protestaron
contra una reciente regulación del gobierno que prohibía la compra de ganado a
los indios. A fin de hacer la paz con el cacique Yanquetruz, los colonos le recono-
cieron derechos de posesión sobre el ganado robado por su tribu. En realidad,
estaban re-comprando o recuperando su propio ganado a un precio que conside-
raban justo.
89
Desafiando la política del gobierno de presionar a las tribus indíge-
nas a firmar tratados de paz, los colonos estaban comerciando directamente con
los indios. De hecho, los vecinos de Patagones habían firmado un tratado de
comercio con Yanketruz por fuera de las vías estatales. Para los colonos, la acep-
tación de esta peculiar forma de comercio era una cuestión de supervivencia; la
opción era sufrir carestía de alimentos. Los colonos asumían que los pueblos
indígenas, actuando como agentes económicos racionales, responderían a la ley
de la oferta y la demanda. Si se ponía en práctica la prohibición propugnada por
el gobierno, enviarían su ganado a Chile o a las provincias vecinas.
Si la política de frontera del gobierno se volvió cautiva de los acuerdos
privados entre pobladores cristianos y las tribus indígenas –debido a la lógica de
la escasez– otras instituciones también sintieron la presión de las fuerzas del
mercado. Así, la esclavitud doméstica, la policía y la vida militar –tres activida-
des basadas en la coerción– mostraron una gradual adaptación a la movilidad
requerida por el mercado de trabajo. Debido a la atracción de los altos salarios
pagados al trabajador libre, la esclavitud se convirtió en una institución bastante
peculiar. Los propietarios contrataban a sus esclavos fuera de la casa, recibiendo
a cambio una parte de su salario. Los esclavos, una vez fuera de las residencias
de sus amos, encontraban escasa supervisión o vigilancia de parte de sus nuevos
jefes –generalmente panaderos, herreros, fabricantes de ladrillos, pequeños co-
merciantes o viudas– y eran prácticamente “libres”, en todo sentido. En la prác-
tica, la esclavitud se volvió una obligación de pagar un monto diario o mensual
al amo-propietario.
90
De esta forma, los ingresos de los amos terminaron depen-
diendo de las fluctuaciones del mercado de trabajo.
Bajo la administración de Rosas el estado extendió su alcance sobre la
campaña, como resultado del incremento del número de Jueces de Paz rurales y
del mayor control ejercido por el gobernador. Pero incluso bajo un régimen que
centralizaba las decisiones judiciales, los jueces locales tuvieron que encontrar
soluciones negociadas al problema del orden social. La imposibilidad de los Jue-
89
Comandante militar de Patagones al Ministro de Guerra Bartolomé Mitre, Patagones, 6 de
octubre de 1856, AGN X 19-6-1.
90
La transferencia de esclavos al mercado de trabajo como oferentes de servicios de trabajo no
forzó la baja los salarios de los trabajadores libres. El crecimiento de la demanda de trabajo fue
tan rápido que los salarios siguieron creciendo.
41
ces de Paz de pagar salarios de mercado a sus tenientes-alcaldes, significaba que
la aplicación de las leyes dependía de la buena voluntad de los residentes locales.
Así, para arrestar ladrones, desertores u otros “indeseables”, los jueces locales
tenían que solicitar la cooperación de los vecinos, ya que el juzgado raramente
tenía más de un alcalde o teniente-alcalde. La influencia de los residentes locales
sobre el resultado de la política local (esa justicia no estaba relacionada con los
asuntos de guerra o política “nacionales”) se hacía evidente en la práctica penal.
Multas y arrestos de corto término constituían los castigos más comunes aplica-
dos a los vecinos. Por otro lado, los trabajadores itinerantes considerados “va-
gos” eran castigados con mucha severidad, generalmente con un largo período
de servicio en el ejército.
Durante el período de Rosas, un contractualismo desenfrenado existió dentro
de los cuarteles militares. Todos los soldados incluidos en la lista de pagos de
sueldos (ya fueran los reclutados por la fuerza, o con incentivos monetarios o por
medio de la retórica patriótica) recibían salarios. En cada cuartel había innume-
rables ocasiones de conflicto entre oficiales y soldados. Las demoras en los pa-
gos, el uso indebido de fondos del gobierno y la apropiación ilegal de raciones
eran las quejas más comunes expresadas por la soldadesca.
91
Las guerras civiles
habían acostumbrado a los soldados a recompensas económicas que trataron de
mantener en los tiempos de paz. Individualmente, los soldados negociaban sali-
das, licencias, “auxilios” de uniformes y dinero, vicios (tabaco y yerba) y otros
beneficios materiales. Colectivamente, los soldados amenazaban a sus oficiales
con desertar, o con servir bajo las órdenes de otro comandante, a fin de detener
el abuso físico o verbal o de eliminar el “trabajo privado”.
La escasez de mano de obra, ciertas reglas institucionales, nociones com-
partidas sobre derechos, la condena de los pares y una intolerancia al castigo
corporal parecen haber puesto límites a la coerción en estos diferentes entornos:
la estancia, el sistema judicial, el hogar y el ejército. Las fuerzas de mercado bajo
la forma de incentivos, presiones, o poder retórico influenciaron el ejercicio de la
coacción. Los ejemplos provistos muestran que a través de una variedad de
campos sociales, los medios de coerción disponibles para los sectores dominan-
91
Como S. Gayol ha señalado para el período 1870-1890, los esfuerzos por modernizar la
fuerza de policía se vieron obstaculizados por la escasez crónica de trabajadores. Debido a los
altos salarios en otras ocupaciones, la policía era incapaz de retener a sus mejores hombres.
Durante la estación de cosecha, la reducción de hombres adquirió proporciones catastróficas.
El tamaño de la fuerza efectiva era siempre menor que el número de puestos disponibles y la
calidad de los hombres menor de la deseada. Los altos índices de recambio de la fuerza de
trabajo hacían de la instrucción y el disciplinamiento de los policías un objetivo ilusorio. Una
fuerza analfabeta, con poco conocimiento de las calles que patrullaban –y a menudo sin cono-
cimiento de las armas que usaban– difícilmente podían garantizar el orden en las calles. Gayol,
1996:127-131.
R. Salvatore Repertorios de coerción y cultura de mercado en la provincia ...
42
tes no eran tan eficaces para producir obediencia y respeto, menos aún aumen-
tos de productividad. El abuso sexual, los azotes, el confinamiento temporal y las
amenazas de conscripción forzada pierden parte de su fuerza persuasiva si esa
violencia no es reforzada por la complicidad de la clase y el poder político y si las
clases subalternas no aceptan la lógica implícita en el mensaje de los poderosos.
La posibilidad misma de este tipo de resistencia subalterna cotidiana descansaba
en la viabilidad de relaciones contractuales que conllevaba un alto grado de
movilidad ocupacional y espacial.
Conclusión
Los historiadores de la vida y la conciencia subalterna a menudo se ven
confrontados con la necesidad de deconstruir y problematizar ciertas metanarra-
tivas sobre la nación. En la Argentina post-independiente, la historiografía liberal
ha presentado la emergencia del estado nación como la supresión exitosa de
subalternidades rebeldes e irrecuperables: gauchos, indios pampeanos y trabaja-
dores negros. El acrecentamiento de la esfera de la libertad burguesa fue predica-
da sobre la supresión del disenso interno y regional, sobre la pacificación de los
conflictos intraélites y sobre la “civilización” de la cultura rural. En esta narrativa
está implícita la noción de que el proceso de formación del estado requería del
ejercicio de ciertas formas de coerción: la conscripción forzada, la supresión de
los levantamientos regionales y el exterminio de las tribus beligerantes. Y que la
expansión de las libertades burguesas resultó de un cambio del régimen político:
la emergencia de una nación-estado centralizada y de un gobierno constitucio-
nal. Esta narrativa tradicional deja afuera muchas situaciones de coerción coti-
diana generada en los regimientos, en los hogares, en las prisiones, en las estan-
cias y chacras, etc. Al centrarse en el entramado legal, militar y político del
proceso de construcción de la nación-estado, los historiadores liberales han lo-
grado suprimir la presencia molesta de los sectores subalternos: soldados, muje-
res, negros, pequeños criadores y otros que contribuyeron colectivamente a la
construcción de las “libertades” sobre las que se fundó la nación.
En mis trabajos de estos últimos diez años, ha sido mi objetivo replantear
esta narrativa unidireccional por una historia compleja de las distintas subjetivi-
dades que lucharon por incorporación y autonomía, en el contexto de cambios
significativos en términos de la formación del estado y del desarrollo de las rela-
ciones de mercado. En trabajos anteriores he desafiado la interpretación tradicio-
nal sobre la economía de la estancia, he reinterpretado el significado del federa-
lismo rosista; he examinado las disputas entre soldados y oficiales en los regi-
mientos, y he estudiado las interacciones entre los jueces de paz y los subalternos
rurales. Otros investigadores han trabajado sobre la cuestión de la disciplina
43
familiar, las tensiones entre amos y esclavos y las relaciones de género. En este
artículo, he querido resumir todos estos aportes con la ayuda de un concepto que
pudiera dar cuenta de la diversidad de las “situaciones de coerción”. De hecho,
este ensayo presenta una visión más inclusiva y comprehensiva, que concilia los
diferentes espacios de contención y los múltiples pares de relaciones entre subal-
ternos y dominantes.
Esta forma de representar el problema de la coerción –que no es la única
posibilidad heurística, sin duda– se origina en una reflexión sobre el mercado y la
transición del estado en el Buenos Aires post-independiente. Mi intento de incor-
porar múltiples formas de coerción en varios escenarios institucionales va dirigido
contra de las pretensiones de un particular legado historiográfico. Esta tradición
ha presentado los dominios político y militar como el territorio privilegiado para
la narrativa del surgimiento de la nación y a la economía privada y la esfera
doméstica como áreas no problemáticas y no conflictivas. Para esta historiogra-
fía, la construcción de un estado moderno ha resultado en la expansión del
dominio de la libertad, como producto de la resolución de los conflictos interre-
gionales, de la supresión de subalternidades no asimilables al progreso y del
impulso civilizatorio de los inmigrantes europeos. En contraste con esta visión, he
sostenido la necesidad de reexaminar la cuestión de la coerción y la libertad en
una variedad de campos sociales, re-posicionando las voces y acciones de los
sectores subalternos en el contexto de una contestación de autoridad y poder.
Para re-localizar una serie de micro-historias sobre la interacción entre actores
dominantes y subalternos en el campo de la historia nacional, he sugerido la
construcción de “repertorios de contención” –como el lado opuesto de los “reper-
torios de contestación” propuesto por Tilly.
Una inferencia básica que podemos derivar de un mapeo general de la
coerción en el período rosista es que la coerción estuvo irregularmente distribuida
en términos de instituciones y de víctimas. Si uno tuviera que ordenar las institu-
ciones de acuerdo a su grado de poder coercitivo, el primer lugar sería para la
maquinaria política del estado y para el ejército, seguidos muy de cerca por el
sistema de justicia. La estancia y la casa-hogar estarían más abajo en el ordena-
miento, como instituciones con una alta penetración de relaciones contractuales.
Si este ejercicio de clasificación se extendiera a los sujetos o víctimas de la coer-
ción, claramente el degüello de ancianos indígenas estaría encabezando la lista,
junto con las prácticas de exhibir las cabezas de unitarios sobre picas. Le segui-
rían de cerca la servidumbre de los niños indígenas apropiados por los soldados y
dados a los hacendados, junto con los azotes dados en la Cárcel Pública a los
esclavos insubordinados. Luego seguiría el transporte de prisioneros con grillos.
Si la coerción tuviera que ser graduada u ordenada de acuerdo a su volumen y
extensión, el tipo más importante de coerción sería la masa de campesinos y
trabajadores itinerantes sentenciados a cumplir largos servicios en el ejército. En
R. Salvatore Repertorios de coerción y cultura de mercado en la provincia ...
44
el otro extremo tendríamos que situar a los peones retenidos en las estancias
contra su voluntad, o a las mujeres enviadas a la frontera por “comportamiento
inmoral”, ya que estos eran casos de coerción poco frecuentes.
Los contextos institucionales no parecen ser inmunes a las transformacio-
nes sociales, políticas y económicas del período. La movilidad creciente de los
trabajadores, la erosión gradual de la esclavitud y la creciente demanda de traba-
jadores impulsada por la bonanza de la economía ganadera parecen haber limi-
tado el menú de acciones coactivas disponible por jefes de hogar, hacendados,
comandantes militares, jueces y autoridades gubernamentales. Sin embargo, los
individuos cercanos al gobierno y a la política del rosismo podían ejercer ciertas
formas de violencia y de coerción que eran –hasta cierto punto– bastante inde-
pendientes de aquellas transformaciones. De hecho, la violencia contra los unita-
rios y los indios parece haber seguido una “lógica” diferente, basada en la duali-
dad exterminio-asimilación que admitía poco espacio para la negociación. Y
dado que la guerra contra estos “enemigos” requería la preservación de la cons-
cripción forzada, los campesinos y los jornaleros itinerantes sufrieron dosis adi-
cionales de una coerción sistemática, no negociable.
Una segunda inferencia importante sería que el propósito o función por el
que una institución o actor emplea la coerción es relevante para determinar la
diversidad de formas y la intensidad del poder coactivo –o la amplitud de su
repertorio de coerción. La necesidad del ejército de nuevos reclutas produce for-
mas de coerción más amplias y menos negociables que el propósito de la misma
institución de tener soldados bien disciplinados. En el primer caso, el estado pone
toda su fuerza en acción, activando el poder coercitivo de los jueces, de los
oficiales del ejército, de la policía rural y de los comisionados especiales. En el
segundo caso, los oficiales y los soldados negocian en espacios más restringidos,
en los que los azotes, el recorte en los salarios o el trabajo adicional como resul-
tado de actos de indisciplina o de robo dependen de los recursos de los negocia-
dores (autoridad, consenso, facilidad de escape, etc.).
92
En esta comparación, lo
que cambia es la intensidad y la regularidad de la coerción.
Otra comparación posible, entre un hacendado tratando de restringir la
movilidad de sus peones y un miembro de la Mazorca tratando de intimidar a
una familia de unitarios, puede aclarar otra dimensión de la desigual distribución
del poder coactivo. Aquí, lo que cambia, es el alcance o amplitud de los reperto-
rios de coerción. El hacendado tiene un menú de opciones mucho más restringi-
do porque ha aprendido por experiencia que la “protección” y el crédito tienen un
efecto limitado sobre la decisión de los trabajadores de quedarse en la estancia y
92
Estamos asumiendo aquí que tanto el gobierno como los militares están sujetos al mismo bajo
grado de institucionalización, y que ni los oficiales ni los funcionarios prestan demasiada
atención a las reglas institucionales.
45
que el abuso físico y verbal produce un resultado opuesto al que se pretende. Por
otro lado, el Mazorquero sabe que en un clima de terror generado a través del
rumor, cualquier acto de violencia puede ser bastante efectivo: pintar la puerta
de la casa de la familia, buscar y destruir libros y papeles, interrogar a los amigos
de la persona en mira, confiscar sus propiedades, etc. Aquí, la diferencia princi-
pal está en los recursos diferentes a disposición de hacendados y de Mazorque-
ros.
Una tercera observación se refiere a la relación entre coerción e incentivos.
La mayoría de los que tienen poder pueden optar por el uso de incentivos econó-
micos, en vez de coerción. Los estancieros pueden recurrir a salarios más altos y
contratos de medianería; los reclutadores del ejército pueden ofrecer enganches o
auxilios adicionales; los amos pueden extender “promesas de libertad” a sus
esclavos, o aumentar el salario de los libertos y otros sirvientes. El grado de
substitución entre coerción e incentivos varía de acuerdo a los recursos de cada
contexto institucional. Los jueces de paz, por ejemplo, no tienen casi recursos
financieros y poseen una capacidad impositiva muy limitada. Así, su capacidad
para usar incentivos es casi inexistente y tienen que usar varias formas de coer-
ción. En cambio, los estancieros poseen medios financieros y reales (ganado,
ovejas, dinero, ropas) que podrían usarse para atraer fuerza de trabajo adicional,
pero carecen del poder de arrestar, sentenciar o castigar. Los oficiales del ejército
tienen ambos tipos de recursos: ellos pueden ofrecer a los nuevos reclutas unifor-
mes, caballos y armas, y a la vez ordenar arresto o azotes a los soldados indisci-
plinados.
Podemos aún pensar en otro modo de ordenar las formas de coerción
prevalecientes en el período rosista: los diferentes grados en los que la sociedad
toleraba distintos tipos de violencia. El concepto de repertorios de coerción no es
demasiado útil en este sentido, ya que no está en relación con la cuestión de la
recepción. Sabemos sin embargo, que durante el período rosista la gente conside-
raba algunas formas de violencia más repulsivas que otras. El grado más alto de
tolerancia (entre las comunidades federales) fue hacia la violencia ejercida contra
los unitarios.
93
La definición del enemigo político y militar como una persona sin
patria, sin razón y sin moralidad hacía que su asesinato (y aún su decapitación)
fuera una forma de violencia bastante apropiada. En forma similar, las incursio-
nes contra las tribus enemigas fueron también consideradas por los cristianos
como una forma de castigo merecida, como retribución a los malones o “invasio-
nes”. Menos tolerado y altamente criticado por la población de Buenos Aires fue
el fusilamiento de indios prisioneros en la plaza pública. Las ejecuciones usadas
93
La exposición de los cuerpos de unitarios en las calles parece haber causado alarma en la élite
de la ciudad, pero no tanto entre la población en general, que era la masa que sostenía a los
federales.
R. Salvatore Repertorios de coerción y cultura de mercado en la provincia ...
46
como castigo ejemplar para los asesinos recibía poca crítica por parte de los
vecinos propietarios. Por el contrario, cuando el mismo tipo de ejecución fue
aplicada a mujeres embarazadas o a menores el clamor de la sociedad se hacía
sentir con mucha fuerza.
94
Comparada con la era de Rosas, el período siguiente mostró una reduc-
ción de ciertas formas de coerción. En las áreas de reclutamiento militar y de
competencia política se utilizaron medios menos coercitivos. La evidencia es más
ambigua con respecto a otros entornos institucionales. El sistema judicial fue
reconstruido con mayor preocupación por los procedimientos, por la evidencia y
por la jurisprudencia. Pero. por otro lado, las ejecuciones públicas continuaron.
El logro de mayores libertades individuales para los inmigrantes coincidió con un
aumento de los conflictos entre el ejército y los indios pampeanos, alcanzando
picos de violencia en 1855 y 1857. La casa-hogar se liberó de la esclavitud y de
otras formas de dependencia personal pero, al mismo tiempo, la llegada de inmi-
grantes europeos trajo normas familiares más rígidas, particularmente aquellas
destinadas al control de los cuerpos y los trabajos de las mujeres. Carecemos de
evidencias sobre la suerte de los niños en esta época pos-dictatorial. Es posible
que la libertad de movimientos de los trabajadores rurales no fuera alterada
significativamente hasta la promulgación del Código Rural en 1865, pero necesi-
tamos más información para confirmar esta impresión.
En la raíz de estos cambios de la coerción estuvo un cambio de régimen:
la transición de una dictadura a un régimen parlamentario oligárquico. Pero,
debido a la presencia de lógicas institucionales y a grados diferentes de resisten-
cia, no todos los campos de poder experimentaron igual reducción en los niveles
de coerción. Un tercer factor, la atracción de los mercados, tuvo una fuerte y
sostenida influencia en la formación de los repertorios institucionales de coer-
ción. Las fuerzas del mercado, actuando dentro y fuera de los contextos institu-
cionales, impusieron severos límites a la habilidad de las instituciones y de los
sectores dominantes para ejercer coacción. La generalizada escasez de trabaja-
dores, combinada con un contractualismo muy difundido entre los sectores po-
pulares, contribuyó a dificultar el funcionamiento de los mecanismos coercitivos.
Campos de poder como la policía urbana, la disciplina militar, las relaciones
indio-blanco y los gobiernos locales sintieron la presión de la atracción del merca-
do. Más aún, como lo han mostrado nuestros ejemplos, la tendencia de la coer-
ción a volverse contrato –un cambio en los medios usados por los dominantes
para establecer su autoridad–, ya clara durante el período de Rosas se intensificó
después de la caída de Rosas.
94
La historia de la ejecución de Camila O’Gorman y de su novio, el cura Ladislao Gutierrez, hizo
evidente las diferencias en la tolerancia de la violencia por parte de la sociedad. El dictador se
sorprendió por la fuerte oposición que levantó la ejecución, como si se hubiera tocado la fibra
moral de la sociedad.
47
Aunque en 1865 la provincia de Buenos Aires no era todavía una “socie-
dad de mercado”, poseía ya algunos de los ingredientes de una cultura de merca-
do. En esta cultura, algunas formas de violencia se tornaron intolerables, como
recuerdo de una era que quedó en el pasado (los asesinatos políticos y las confis-
caciones de propiedades), mientras que otras, como las ejecuciones públicas o
las incursiones a las tribus indígenas, se volvieron medios aceptables y necesarios
para mantener la paz y el orden. La violencia política, la política indígena y la
justicia penal forman parte –como la violencia dentro del hogar o en los lugares
de la producción– de la economía general de la coerción. Necesitamos medios
para comparar, evaluar, y posiblemente medir esta “economía” productora de
múltiples violencias. El concentrarse en ciertas formas de organización del traba-
jo (esclavitud, peonaje, trabajo de penados) deja sin analizar otras formas de
coerción, así como sus interacciones con las formas de control del trabajo. El uso
de repertorios de coerción nos ha permitido tener un panorama más amplio del
fenómeno en cuestión. Esta herramienta conceptual nos ha ayudado a organizar
la evidencia cualitativa disponible para un determinado régimen y sociedad, sin
reducir la complejidad de las relaciones de poder o la variedad de los mecanis-
mos coercitivos. Además, los repertorios de coerción brindan posibles entradas y
claves para el estudio de las relaciones entre mercados y coerción. Atravesadas
por incentivos de mercado y otros mecanismos no coercitivos, los repertorios
institucionales muestran ya rastros de la transición de la sociedad hacia una
cultura de mercado. El contractualismo en las relaciones de poder, la traducción
del tiempo de trabajo en dinero, la relación de los derechos individuales con la
movilidad del trabajo y el menor grado de tolerancia hacia el castigo corporal no
pueden ser separados de la experiencia y el conocimiento acumulados sobre las
posibilidades y los límites de la coerción para modificar las acciones y las con-
ductas subalternas. Invirtiendo los argumentos de Tilly hemos llamado “reperto-
rios de coerción” a esta experiencia y conocimiento.
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