ESTUDIANTES DE POSGRADO Y CONDICIÓN

DOCTORAL. RESIGNIFICACIONES

CONTEMPORÁNEAS DE LA REFORMA DEL 18

Sandra Carli

CONICET-IIGG/UBA smcarli@gmail.com

Recibido: 30/05/2017

Aceptado: 23/06/2017

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Dossier Especial: A Cien Años de la Reforma Universitaria de 1918.

Dossier Especial: A Cien Años de la Reforma Universitaria de 1918.

LA CONDICIÓN DOCTORAL PARA DEODORO ROCA: CARICATURA Y VANIDAD

DE LOS MEDIOCRES

Como ya se ha analizado, el acceso al título doctoral en las primeras décadas del siglo XX permitía el ascenso social y el ingreso a la burocracia estatal y era un factor de distinción social. Según Buchbinder “en Córdoba la incidencia de este mismo factor era todavía mayor, lo que explica también el carácter agudo del conflicto centrado en el control de la Universidad” (2008, XX-XXI). La condición doctoral de la elite “se erigía por encima del origen familiar de sus futuros integrantes” (ibídem, XXI).

Vale la pena entonces situar la crítica radicalizada planteada entonces por Deodoro Roca a esa condición doctoral que portaba, a partir de la aprobación de su tesis en 1915 titulada “Monroe- Drago-A.B.C.” en la que cuestiona el panamericanismo de Estados Unidos, pero que consideraba un producto anacrónico y artificioso. En su propuesta de supresión del Doctorado en Derecho, a través de un proyecto de resolución presentado a la Facultad de Derechos y Ciencias Sociales en 1920, Roca despliega una mirada crítica sobre los significados y alcances de esa institución a su criterio perimida.

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En los fundamentos, con un estilo que sorprende, distinguía entre dos posiciones existentes en su época, la que separaba a la abogacía como ejercicio profesional del doctorado como especulación científica (dos ciclos independientes), y la que planteaba que lo profesional era indivisible del doctorado, salvo por la exigencia de la tesis. En la primera se pretendía superar la formación de “un profesionalismo anémico, sin horizontes científicos” (2008, p. 47); en la segunda, acusado de “hibridismo”, el doctorado quedaría limitado por subordinarse a lo profesional.

La posición de Deodoro Roca era política:

Yo pienso que las universidades no deben formar profesionales; pero ya que esa tarea nos es ineludiblemente impuesta, procuremos integralizar la cultura del profesional hasta que llegue el momento de orientar la Universidad por otras vías y asignarle la función que claramente le corresponde. Eso está en nuestros medios. Eso podemos hacer (2008, p. 49).

Si no podía cambiar la impronta profesionalista de la Universidad, la alternativa posible era suprimir el doctorado: “eso podemos hacer”. La descalificación de esta institución considerada por muchos “seria” se basaba en varios argumentos. La calificaba como una “práctica cerrada”, desvinculada de la cultura, una “mentira” y peor aún “una caricatura” y sobre todo “un motivo de vanidad de los mediocres”. La descripción de esa institución era precisa, y si en tiempos remotos

En otras épocas los “doctores” formaban algo así como una casta o como una pequeña clase social, con sus privilegios y sus fueros. Hasta se distinguían en sus vestiduras con sus birretes y mandiles, que hoy se guardan, como curiosidad en vitrinas de museo. Poco a poco, la putrefacción en que fue entrando y el creciente desarrollo del espíritu y de las formas democráticas, acabaron por derribar todo ese armatoste (2008, p59).

Ese “armatoste” perdía su capacidad de distinción, provocando la descalificación social. El escritor Florencio Sánchez había retratado en el drama rural M` hijo el doctor (1903) las diferencias que se producían entre dos generaciones, la de un padre dedicado a las actividades rurales, tradicional y conservador, y el hijo que estudiaba en la ciudad; retrataba las nuevas actitudes de un joven que renegaba de su destino (“ser campero”) y e tenía conductas reprochables (deudas, gestos soberbios, discutía con el padre). Decía Deodoro que “ya hasta los campesinos se ríen de “m´ hijo el dotor”, cuando no lo corren” y que había propiciado una impostura lograda sin esfuerzo alguno: “Todos son doctores” (2008, p.50).

Deodoro indaga los antecedentes (“rastros”) del doctor en la historia y encuentra que derivaba de doctum, supino de docere: enseñar, grado superior de la jerarquía académica. Sin embargo, en el antiguo imperio romano se aplicaba a la enseñanza de cualquier profesión. Se retrotrae a los doctores de la Iglesia y al uso extensivo que se hace en el XII a los profesores de Derecho Civil de

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la Universidad de Bolonia, imitado más tarde por otras universidades, confundiéndose entonces los términos doctor, magister y profesor. Si en el siglo XV la denominación se restringió a las facultades de leyes teología y medicina, la posesión del doctorado más que una dignidad académica “fue correspondiendo a los de una verdadera dignidad o clase social” (2008, p. 51). La democratización de las universidades provocaría que sacudan “su polilla feudal” y se amplíe su campo de acción hacia más vastos sectores:

Los lustrosos burgueses de la sociedad actual empujan en tropel a sus hijos hacia las universidades, sin consultar el destino armonioso que asegura a todos hombre el rumbo de su vocación, anhelosos sólo del título doctoral, creyendo así poner reflejos de grandeza sobre jerarquías decadentes. Siquiera sea por modestia, suprimamos este título aparatoso cuyo contenido deleznable o mejor dicho, su falta de contenido, hemos apreciado. Veremos que, solo con esa pequeña cosa, el peregrinaje universitario, para muchos, carecerá de sentido (2008, p. 52).

En el párrafo anterior Deodoro asocia la mayor presencia de hijos de la burguesía en la Universidad a la ambición doctoral, como garantía de una falsa grandeza, que les permitía diferenciarse en una sociedad en proceso de democratización, escenario de varias revoluciones.

La defensa de los seminarios aparece como antídoto favorable a la vida intelectual de los

estudiantes; permitían desarrollar el espíritu de investigación y servían, nuevamente desde el punto 79 de vista político, para ir preparando la supresión de los exámenes e introducir la reglamentación de

las monografías, como sustitutas. También podían suprimir la lógica de “favores” a los estudiantes, instalada en la Universidad por los pedidos de excepción al pago que requerían “justificar su pobreza”, que daban lugar a estrategias estudiantiles diversas (no someterse a esos procedimientos o aprovecharlos discrecionalmente).

Mientras el principio de la no gratuidad de la enseñanza superior se mantenga, principio con el cual no estoy de acuerdo, aunque se explique en universidades restringidas del tiempo anacrónico, encaminadas al profesionalismo parasitario y burocrático (…); mientras aquel principio se mantenga, decía, nosotros no podemos contemplar el caso del estudiante que simplemente carece de recursos para continuar su carrera, sino el del estudiante que agrega a esa circunstancia la de su capacidad, y la prueba (2008, p. 54).

La capacidad era el camino para evitar tener que “acreditar pobreza” y concentrarse en el mérito ¿Cómo probar esa capacidad?, se preguntaba Deodoro: a través de las monografías, que debían ser “frutos de las preocupaciones científicas y de las disciplinas sugeridas en el aula misma” (2008, p. 55). Al premiar a los estudiantes distinguidos y sobresalientes, tenían derecho de eximirse de pagar matrícula y examen como un medio legítimo para “la gratuidad de su enseñanza”.

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1994 y 2014 y llegó a un total de 67.000, aunque considerado insuficiente para impulsar y sostener el desarrollo de la ciencia y la tecnología (García Guadilla, 2010, p. 147). Ese crecimiento de estudiantes de posgrado y también de jóvenes doctores en el mundo, en la región y en el país, ha abierto inclusive el debate sobre la representación y la ciudadanía universitaria de este sector.

En la Argentina Unzué (2011) reconoce dos etapas en la expansión de los posgrados: la primera en los `90, como consecuencia de las transformaciones del sistema universitario a partir de la sanción de la Ley de Educación Superior en 1995, en la que se destaca el impacto de los incentivos docentes, la no gratuidad ante la posibilidad de las instituciones de contar con recursos adicionales y las alternativas de nuevos ingresos para los docentes en una etapa de empobrecimiento salarial; y la segunda a partir de 2001-2002 en la que crecen los posgrados académicos centrados en los doctorados, madura el requisito de posgrado para la carrera universitaria y de investigación e impacta la política de jerarquización del área de ciencia y tecnología a partir de diversos sistemas de becas para estudios de posgrado. De allí el notable

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desarrollo que experimentaron las Ciencias Sociales, impugnadas por sus demandas públicas ante el ajuste aplicado en los ingresos a la carrera del Investigador del CONICET a partir del año 2016. La expectativa de realizar estudios de posgrado se ha generalizado en los graduados universitarios que realizan tareas de docencia en las universidades, aun sin contar con una beca o un full time docente, que parece indicar aspiraciones vinculadas con el derecho a la Educación Superior (en este caso de posgrado), pero también el peso de exigencias para ascender/permanecer en la Universidad y sortear con éxito concursos de antecedentes.

En el marco de ese crecimiento de los estudios de posgrado pero también de la cantidad de estudiantes recién graduados que desarrollaron estudios de maestría y doctorado, con apoyo de becas de Conicet o de otros organismos, se abrió el debate sobre la justicia del carácter no gratuito de los posgrados académicos pero también sobre los diversos rangos de aranceles. Las instituciones han implementado diversas modalidades pero en todos los casos han tenido que enfrentar quejas de estudiantes de posgrado, cuestión que retrotrae a las preocupaciones de Deodoro sobre la lógica de favores y la acreditación de pobreza. En este caso los criterios para resolver los aranceles (ser o no becario, ser o no graduado de la Universidad, ser graduado del país o del extranjero, etc.), y sus excepciones, no exigen ya acreditar la situación social, pero soslayan el hecho de las comunes dificultades para solventar los estudios que pueden tener estudiantes de distintas categorías, situaciones y procedencias. La gratuidad del posgrado, en particular el posgrado académico, existe como demanda con respuestas parciales en facultades y carreras.

Mientras Deodoro esperaba que los seminarios estimularan la vida intelectual de los 81 estudiantes de Derecho, y buscaba conectarlos con lecturas que excedían lo profesional y que los ligaría con la cultura en sentido amplio, los seminarios en el marco de disciplinas como Filosofía tenían una larga tradición asociada a la conversación. En los años sesenta y setenta tanto Michel

De Certeau como Roland Barthes ahondaron los significados de ese dispositivo. Para De Certeau, en un texto cuya primera edición es de 1978, resultado de la reflexión sobre su experiencia como profesor de posgrado en la Universidad de París VII entre 1974 y 1978, el seminario (doctoral) era definido como “un laboratorio común que permite a cada uno de los participantes articular sus prácticas y sus propios conocimientos” (2006, p. 43); debía dar lugar a una experiencia del tiempo signada por la pluralidad pero también ser lugar de las diferencias, evitar una identidad repetitiva sujeta a la didáctica profesoral pero también evitar el mero intercambio de sentimientos y convicciones. Ante el carácter marginal de la Universidad como lugar de investigación, consideraba que el seminario debía abrir un “espacio crítico” para elaborar las relaciones con su “exterioridad”.

A partir de los años ´90, la fuerte formalización y regulación que se produce sobre la expansión y el carácter de los estudios de posgrado, sujetos a evaluación por parte de un organismo como la CONEAU, provoca que el dispositivo del seminario vaya adquiriendo nuevas significaciones. Los seminarios de posgrado en la actualidad, en tanto instancia exigida en el marco de la formación doctoral y contabilizada en muchos casos como “crédito”, se diferencian según los estilos de transmisión docente, por su carácter íntimo o masivo, por estar más o menos sujetos al encierro en los campos y lenguajes disciplinares y al canon del género académico.

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Tiene sentido volver a De Certeau, quien mucho antes de la formalización sistémica del sistema de posgraduación a nivel global, sugería una “teoría de la bastardía” como método para contrarrestar el aislamiento de la Universidad. “Se trata más bien de dar cuenta de lo que se produce efectivamente: la implicación del sujeto en su estudio, el retorno de la ficción en la cientificidad, la porosidad entre los procedimientos “técnicos” y las maneras de hacer “comunes”, la ambivalencia de los lugares, etc.” y agregaba: “Hay que encontrar un rigor proporcionado a esta “mixmidad” o bastardía de hecho” (De Certeau, 2006, p. 47). Le inquietaba la relación entre el “adentro” de la Universidad y el “afuera” y por eso auscultaba esas fronteras porosas que suponen un tráfico de fenómenos de saberes, lenguas y prácticas, pero también de disciplinas y géneros; también a Deodoro Roca que se movía por distintos ámbitos, esferas y países, sin salir de su país.

En torno a estas inquietudes vale la pena realizar un lectura comparada de dos publicaciones sobre la relación entre ciencias sociales y posgrado, la primera de 1999 durante la primera fase de los estudios posgrados, y la segunda de 2013, durante la fase de expansión reciente, en tanto dan indicios de las cambios producidos en poco más de una década y de la metamorfosis de la relación entre conocimiento universitario y políticas públicas. La primera publicación (Rosa, 1999) corresponde a las memorias de un encuentro realizado en Rosario para la constitución de estudios de posgrado en el campo de las ciencias sociales. Las exposiciones de algunas de sus figuras más destacadas (entre otras H. Schmukler, N. Casullo, H. González) junto con aquellos que tenían actuación en la política pública (E. Villanueva), devela las tensiones de entonces

vinculadas con el pasaje de una experiencia universitaria asociada a la libertad intelectual y el 82 ejercicio de la crítica, a la profesionalización académica (véase Carli, 2016) y de los posgrados universitarios. Las críticas por parte de los expositores al juicio de pares, al régimen de citas, a la declinación del ensayo, al impacto de internet en la pérdida de profundidad del conocimiento, a la desconexión entre academia y política, coexistieron en ese evento con las preocupaciones prospectivas de funcionarios por las regulaciones de la Educación Superior, la mirada comparada

con otros países y la función social de las ciencias sociales. Pero también estuvieron presentes las inquietudes por la desigualdad infocomunicacional y el avance de la digitalización (A. Ford), como tendencias globales y su impacto en universidades públicas que vivían situaciones de crisis presupuestaria.

Doce años más tarde el panorama había cambiado: en el año 2013 se reunieron en la UNSAM referentes de las ciencias sociales, convocados por un organismo creado hacía pocos años, el Consejo de Decanos de Ciencias Sociales, y en un contexto de crecimiento de las ciencias sociales y de mayor articulación con las políticas públicas. Había una nueva agenda. Una lectura de las exposiciones publicadas (Barletta, 2013) revela, por un lado, que ya entonces el Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación productiva, Lino Barañao, planteaba que el financiamiento de la investigación científica no debía recaer solo en el CONICET sino que debía que incorporar a las universidades y a otras instituciones públicas; pero por otro las tensiones entre conocimiento y política en las intervenciones de las figuras invitadas que ahondaron, en cambio, en las transformaciones de la figura del intelectual (D. Barrancos), en la misión crítica de los académicos y

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el oficio de investigación, docentes universitarios con larga experiencia en las aulas del grado, graduados que han estado o aun están desempeñándose en organismos públicos: las experiencias de conocimiento (Carli, 2012) son diversas, ricas en el adentro o en el afuera o en las fronteras entre ambos lugares, si tomamos la metáfora de De Certeau, pero también el tiempo dedicado a la investigación. No alcanza entonces con pensar la igualdad de oportunidades de hacer estudios de posgrado sino también ahondar en esas diferencias que requieren ser consideradas en la agenda de las universidades, sobre todo en un presente en el que las actuales políticas de ajuste en el campo de Ciencia y Técnica seguramente reduzcan la existencia cuantitativa de los primeros y pongan en mayores dificultades a los últimos.

A MODO DE CIERRE

En este ensayo me propuse volver a incursionar en la Reforma Universitaria de 1918, y en particular en la propuesta de supresión del doctorado en Derecho que planteó Deodoro Roca en

1920. La relectura de ese texto adquiere nueva significaciones en el presente en el marco de la notable expansión de los estudios de posgrado en la Argentina. Los y las estudiantes de posgrado conforman un sector del sistema de Educación Superior que experimentó un franco crecimiento en las últimas décadas, en el país y en América Latina, cuya experiencia está atravesada por los tópicos que inquietaban a Deodoro Roca (aranceles, seminarios, monografías, premios, viajes de

estudios, entre otros). La mayor democratización del acceso a estudios de posgrado no ha 84 cancelado aquellas preocupaciones, que deben orientar las agendas de las universitarias.

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