LA EXCLUSIVIDAD DEL OCIO. LA PRIVATIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO COSTERO Y SU VÍNCULO CON LA SEGREGACIÓN SOCIO- ESPACIAL EN MAR DEL PLATA.
Sofía Ariadna González
Licenciada en Sociología
de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Integrante del Grupo de Estudios Sociourbanos (GESU) perteneciente al Centro de Estudios
Sociales Políticos (FH, UNMDP), Funes 3350 (7600), Mar del Plata,
Argentina.
Resumen
El desarrollo de la actividad turística en la ciudad de Mar del Plata no solo ha impulsado el creciente proceso de transformación territorial a partir de
su urbanización, sino que también, al consecuente proceso
de privatización del espacio público costero.
La tensión generada
por el vertiginoso avance de lo privado
por sobre el sector público
de playas y los continuos reclamos por parte de
veraneantes, actores locales y organizaciones autoconvocadas se hacen cada vez más
visibles y ponen de manifiesto la toma
de acción frente a esta
conflictiva situación; y, con ello, la necesidad de respuestas, constituyéndose en una de las problemáticas más relevantes del
desarrollo turístico de la ciudad.
En este contexto,
este artículo se propone analizar
desde un enfoque
teórico los procesos
de privatización del espacio costero
y su vínculo con la segregación socio-espacial, para luego
interpretarlo en el estudio de caso de las playas ubicadas en la zona sur de la ciudad
de Mar del Plata -desde la zona de Punta Cantera hasta Los Acantilados- administradas por la empresa Playas del Faro Sociedad Anónima Inmobiliaria
(SAI). También, se analizará el surgimiento de agrupaciones que defienden los espacios públicos
como respuesta a esta problemática, puntualmente se estudiará
el caso de Verde Mundo.
Para ello, se lleva a cabo la revisión de datos específicos tales como documentos, registros, fotografías, mapas, diagramas de redes sociales
y todos aquellos datos
relevantes para el análisis de este estudio
de caso. También, se realizaron entrevistas semiestructuradas de preguntas
abiertas a clientes de balnearios privados del sur y miembros de Verde Mundo, y observación de tipo participante en balnearios del sur
Palabras claves
espacio público-
privatización- - transformaciones territoriales- segregación
socio-espacial.
THE EXCLUSIVITY OF LEISURE. THE PRIVATIZATION OF THE COASTAL
PUBLIC SPACE AND ITS BOND WITH SOCIO-SPATIAL SEGREGATION IN MAR DEL PLATA.
Abstract
The development of tourist activity
in the city of Mar del Plata has not
only promoted the growing process of territorial
transformation from its urbanization, but also the consequent process of
privatization of the coastal public
space.
The tension generated
by the vertiginous advance
of the private sector over the public
beach sector and the continuous complaints by vacationers, local actors and self-organized organizations are becoming more and more visible
and show the taking of action in the face
of this conflictive situation; and, with it, the need for answers, becoming one of the most relevant problems in the
tourist development of the city.
In this context,
this article proposes to analyze from a theoretical approach the processes
of privatization of the coastal
space and its bond with socio-spatial
segregation, to later interpret it in the case
study of the beaches located
in the southern area of the city of Mar del Plata -from
the Punta Cantera area to Los Acantilados- managed
by the company Playas del Faro Sociedad Anónima Inmobiliaria (SAI). Also, the emergence
of groups that defend public spaces as a response
to this problem will be analyzed, the case of Verde Mundo will be
studied from time to time.
To do this, the review of specific
data such as documents, records,
photographs, maps, social
network diagrams and all relevant
data for the analysis of this case study is carried out. Also, semi-structured open-question interviews were conducted with clients of private
resorts in the south and members of Verde Mundo, and participant-type observation in resorts in the south.
Keywords
public space - privatization- territorial transformations – socio-spatial segregation.
Fecha recepción: 18 de agosto de 2020 - Fecha aceptación: 15 de diciembre de 2020.
Introducción
Cada sector
social adopta su propia idiosincrasia a la hora de tomar y planificar sus días
de descanso. En Argentina, al
comenzar la temporada de verano se produce una increíble migración humana que
transforma a toda la Costa Atlántica. El desarrollo turístico
que experimentan las distintas ciudades
balnearias provoca que las
mismas se erijan progresivamente como centros turísticos y, con ello, la
privatización del espacio público de playas y la consecuente transformación territorial de dicho espacio,
constituyen una de las principales problemáticas que tanto los veraneantes como los residentes deben afrontar en las temporadas de verano.
La capacidad de
recepción de turistas1 durante el periodo estival es lo que ha convertido históricamente a Mar del Plata en una de las ciudades
balnearias más elegidas por los argentinos para pasar sus vacaciones, y eso
hace al turismo de temporada, junto
a la actividad pesquera, los principales motores económicos de la ciudad2. De hecho,
según los últimos datos publicados, la ciudad albergó un poco más de 3 millones
de veraneantes en la temporada 2017/20183.
Más allá de la
orientación y la promoción de un “Destino Turístico Inteligente” por parte del
Ente Municipal de Turismo en los últimos años, en donde se busca garantizar el desarrollo sostenible y el acceso a todos al territorio
turístico, se ha producido un incremento de la transformación territorial a
partir de la urbanización desmedida
de los espacios públicos naturales. Esto ha generado cambios en lo que respecta
a la valorización de la renta, en
tanto expresión de la propiedad privada, que adquiere un papel primordial, más
aún cuando se convierte en renta
monopólica. Esto sería cuando la sociedad valoriza cualidades singulares,
propias, únicas - naturales o no- del espacio que hacen que el comprador
quiera ese espacio
y no otro, haciendo de las concesiones de los balnearios la “gran
fuente de oro” de unos pocos. Sin embargo, en el fondo lo que existe detrás de
todo esto es una historia oculta de apropiación de bienes comunes
(Polleri, 2015).
Durante la
temporada alta de verano, la ciudad se prepara para recibir un caudal de miles
y miles de visitantes, intentando
ofrecerles la mayor cantidad de servicios posibles. Esto mismo ocurre con los
balnearios, los cuales cada vez
buscan ser más exclusivos, lo que no sólo se refleja en los diversos servicios
que ofrecen, sino también en las tarifas
que manejan.
Frente a este
marco, surge el siguiente interrogante: ¿Cómo incide el proceso de
privatización del espacio público
costero en la configuración de prácticas de segregación socio-espacial?
Ante una
necesidad de respuesta, el presente artículo –que retoma la investigación
realizada para la elaboración de mi
tesina de grado4- se
propone, en primera instancia, analizar desde una concepción teórica los
procesos de privatización costera y
segregación socio- espacial para, luego, abordar el estudio de caso de la zona
sur de la ciudad, más específicamente, las playas pertenecientes a la empresa
Playas del Faro Sociedad Anónima
Inmobiliaria, y al accionar de la
organización Verde Mundo como
respuesta a esta situación.
Para ello, se
ha empleado una metodología de investigación principalmente cualitativa, en
donde se ha llevado a cabo el
análisis de datos específicos tales como documentos, registros, fotografías,
mapas, diagramas de redes sociales y
otras fuentes relevantes para el estudio de la situación de las playas del sur
de Mar del Plata. A la par, se
realizaron entrevistas semiestructurada de preguntas abiertas a usuarios de
playas privadas del sur y a participantes
de la Asamblea Verde Mundo5. Se llevó a cabo, también, la
elaboración de conceptualizaciones teóricas de conceptos fundamentales y se realizó
observación de tipo participante al asistir a balnearios
privados
1Información obtenida
del Portal de Datos Abiertos
de la Municipalidad de General
Pueyrredón, Recuperado de: https://datos.mardelplata.gob.ar/?q=dataset/arribos-de-turistas/resource/016735a6-d2ee-4ef7-a6ba-41c6f47a03d7#{}
2 Información obtenida del Portal de Datos Abiertos
de la Municipalidad de General
Pueyrredón, Recuperado de: https://www.mardelplata.gob.ar/Contenido/informaci%C3%B3n-estrat%C3%A9gica-pesca-mar%C3%ADtima#
3 Información
obtenida del Portal de Datos Abiertos de la Municipalidad de General Pueyrredón. Recuperado de: https://datos.mardelplata.gob.ar/?q=dataset/arribos-de-turistas/resource/016735a6-d2ee-4ef7-a6ba-41c6f47a03d7#{}
4 Gonzalez, S. (2019),
“¿Paraíso para unos pocos?: Estudios
sobre la segregación socio-espacial y su vínculo con la privatización del espacio público
costero en la zona sur de la ciudad de Mar del Plata”, UNMDP.
5 En total se han realizado unas seis entrevistas,
cuatro a usuarios de balnearios privados de la zona sur de la ciudad de Mar del
Plata, y dos a miembros fundadores de la Asamblea
Verde Mundo.
de la zona sur
como Mariano, Rilancó y el Conteiner y, en contrapartida, al acudir al sector
de playa pública que limita con el
sector privado de la costa de la zona sur de la ciudad, durante la temporada
2018-2019. Todas estas estrategias
han permitido analizar cómo el proceso de privatización de este espacio
configura prácticas de segregación
socio-espacial, aproximándonos al perfil de quienes acceden a balnearios
privados y las prácticas llevadas a cabo
por los actores que se movilizan
en pos de resistir
al avance de la privatización
costera.
El presente
articulo se estructura es dos ejes principales. El primero analiza las
principales concepciones teóricas subyacentes.
Partiendo de la noción de espacio social y la forma en que los diversos actores
de la ciudad se ubican y se apropian
de él, en función de sus preferencias, gustos y su proximidad, lo que incide en la diferenciación
de posiciones de todos los miembros
de la comunidad. Luego, se examina el concepto
de “espacio público”, como lugar de
encuentro donde se producen múltiples relaciones, acciones y discursos, y donde se articulan los diversos grupos
sociales y culturales. Por último, se hace una revisión de los términos de privatización y de cómo esta se vincula
con prácticas de segregación socio-espacial. También se expone cómo la naturaleza es incorporada al capital
local a través de la actividad turística.
El segundo
apartado, por su parte, presenta puntualmente el estudio de caso, donde se
profundiza sobre el proceso de
privatización del espacio costero en la zona sur de Mar del Plata. Se describe
a la empresa Playas del Faro Sociedad
Anónima Inmobiliaria, y se plantea cómo el temor e inseguridad lleva a los
habitantes de las ciudades a cerrar
el espacio público, cercarlo, puesto a que este es visto como la causa que
genera la inseguridad y el miedo
urbano, profundizando así la segmentación social. Finalmente, se hace una
reconstrucción sobre qué sucesos
llevaron a la formación de la agrupación Verde Mundo, qué acciones realizan, qué reclamos los identifica, y la importancia que le
otorgan a la gestión comunitaria y la organización colectiva para lograr sus objetivos.
El espacio social y la distribución de los actores
La noción del
espacio, tal como plantea Pierre Bourdieu, implica el pensar un conjunto de
posiciones distintas, externas unas a
otras, que logran coexistir y se definen en su relación recíproca, por su mutua
exterioridad, relaciones de
proximidad, alejamientos, y por relaciones de orden y jerarquía. Este espacio
social se constituye por la forma en
que los agentes o los grupos se distribuyen en él en virtud de la posición
respecto de las distribuciones, donde
los agentes que se encuentran más próximos en las disposiciones tendrán tantas
más cosas en común y tantas menos
cuanto más alejados estén. Esto se debe a la toma de posiciones que hacen
dentro del espacio social (Bourdieu, 1997).
La estructura
del espacio se manifiesta en los contextos más diversos, bajo la forma de
oposiciones espaciales donde el
espacio habitado (o apropiado) funciona como una especie de simbolización
espontánea del espacio social. De
esta forma, el espacio social se retraduce en el espacio físico, aunque, al decir de Bourdieu, siempre de manera más o menos turbia: el poder
sobre el espacio que da la posesión del capital en sus diversas especies se manifiesta, en el espacio físico
apropiado, bajo la forma de una determinada relación entre la estructura espacial de distribución de los agentes y
la estructura espacial de distribución de los bienes o servicios, privados o públicos. La posición de un agente en el
espacio social se expresa en el lugar del espacio físico en que está situado y por la posición relativa que las
localizaciones temporales y permanentes ocupan con respecto a las localizaciones de los otros agentes.
El espacio
social reificado -físicamente realizado u objetivado- se presenta, así, como la
distribución en el espacio físico de diferentes especies de bienes y servicios
y también de agentes individuales o grupos localizados físicamente y provistos de
oportunidades, más o menos efectivas, de apropiación de esos bienes y servicios (en función de su capital y de
la distancia física con respecto a esos bienes, que depende a su vez del mismo capital). En la relación entre la
distribución de los agentes y la distribución de los bienes en el espacio se define
el valor de las diferentes regiones del espacio
social reificado (Bourdieu, 1999).
De esta forma,
toda ciudad presenta una base social determinada por la dinámica estructural
donde clases y fracciones de clase se
hacen presentes como el resultado de la articulación del contexto macro
(nacional e internacional) y la
escala local. Los diversos actores no sólo se estructuran -probablemente, diría
Bourdieu- en clases con poderes
diferenciados, sino que también, se apropian del
territorio, otorgándole significado de maneras particulares, constituyendo
unidades socio-territoriales de acción a partir de la presencia de actores sociales
específicos, las cuales dependerán del tipo de relaciones que en ellas se dan.
Como
consecuencia de esto, es que se puede establecer que la ciudad es vista como un
ámbito heterogéneo conformado por
unidades que tienden a la homogeneidad. Tal como plantea Pedro Pírez, “En la
medida que la homogeneidad social se
viva a nivel territorial, podrá producirse una identificación del
"nosotros" opuesta al "ellos"
(los "otros"). Ese nosotros que se protege en la unidad residencial
podrá producir un movimiento de apropiación
privada colectiva sobre la ciudad inmediata y, en consecuencia, la percepción
de la presencia de los "otros" como un riesgo
a sus condiciones de existencia social.” (Pírez, 1995, p.6).
El significado social que cobran los distintos
territorios y áreas que constituyen la ciudad es parte, entonces,
de la diferente relación entre los diversos
grupos sociales con el espacio
urbano -en torno a la producción, apropiación, uso y usufructo del suelo- y con la determinación
de espacios públicos y privados, productos de los diversos procesos de transformación de la ciudad.
Estos diferentes procesos
de territorialización pueden constituirse
en estrategias que obstaculizan o facilitan las relaciones de dominación entre
los distintos actores en el espacio.
Cuando hacemos
referencia a los actores sociales decimos
que pueden ser explicados a partir de su base
estructural (socio-económica), su base territorial, la representación
que construyen de la ciudad y las estrategias
que al respecto formulen (y ejecuten). Estos son las unidades reales de
acción en la sociedad: tomadores y ejecutores
de decisiones que inciden en la realidad local (Pírez, 1995). Pero cuando
hablamos de actores locales, hacemos
referencia a los sujetos (individuales o colectivos) cuyo comportamiento se
determina en función de una lógica
local y/o su comportamiento determina los procesos locales. Con esto, nos
estamos refiriendo a que son actores
que se reproducen como tales predominantemente dentro de ese ámbito específico
en el cual se encuentran. Esto
significa, actores económicos que reproducen su capital en función de
relaciones dentro del ámbito
territorial local, actores políticos que reproducen su poder en relación a los
otros actores locales y en referencia al gobierno local (Pírez, 1995).
¿Qué es eso que llamamos
“espacio público”?
Para comprender
qué es el espacio público se debe considerar a priori una distinción entre lo
público y lo privado, y que la manera
en que este espacio se produce, se transforma o modifica históricamente forma
parte de los modos como se concibe
la vida pública. Una vez tomada en cuenta esta distinción, es que podemos decir
que la imagen paradigmática del
espacio público nos invita a pensar en lo colectivo, lo manifiesto y lo
abierto, lo accesibles a todos, lo
que es de uso común y no está permitido apropiarse de forma exclusiva, lo que
está sustraído del uso particular (Rabotnikof, 1997).
El espacio
público es el espacio principal del urbanismo, de la cultura urbana y de la
ciudadanía. Es un espacio físico,
simbólico y político. El lugar de encuentro, en el que se produce el desarrollo
de múltiples relaciones, acciones y
discursos; un espacio común de razones y consensos. Este concepto, desde una
dimensión política, hace alusión a la
razón pública como aquella que está dirigida a establecer el bien común a
través del debate en un espacio
colectivo, que ofrece un mínimo de garantías, igualdad de condiciones y una
finalidad última común (Murillo y
Márquez, 2005). Su capacidad reside en lograr articular los diversos grupos
sociales y culturales, ya que tiende
a la mezcla social, haciendo de su uso un derecho ciudadano de primer orden.
Así, el espacio público debe
garantizar en términos de igualdad la apropiación por parte de diferentes
colectivos sociales, culturales, de género
y de edad (Borja, 2000). Es menester decir, que este derecho ciudadano
representa mucho más que la libertad
individual de acceder a los recursos urbanos. Se trata, también, del derecho a
cambiarnos a nosotros mismos
cambiando la ciudad. Tal como lo plantea Harvey, “La libertad de hacer y
rehacer nuestras ciudades y a nosotros mismos es, como quiero demostrar, uno de nuestros
derechos humanos más preciosos, pero también uno de
los más descuidados.” (Harvey, 2008, p.
23).
Siguiendo esta concepción, el espacio público
representa la condición
de posibilidad mínima para la racionalidad
reflexiva, es decir, la capacidad de las personas para construir sociedades más
democráticas, con mayor acceso a la
participación y la deliberación, a partir del desarrollo de la opinión pública
en dicho espacio (Habermas, 1981),
constituyéndose como un referente simbólico, escenario de diversas prácticas
sociales y donde se disputan todo
tipo de intereses. Es el lugar de la expresión por excelencia, entendido
también como ‘espacio de lo público’
(Augé, 2001) o ‘espacio de la opinión pública’ (Remedi, 2000; Augé, 2000 y
2001; Habermas, 1986).
Este concepto
de espacio público, entendido desde una categoría política, debe verse
realizado también desde otra
dimensión del espacio, la física, la cual es o se espera que sean los
exteriores de la vida social: la calle, la plaza, el parque, entre otros. El espacio público
materializado no se conforma, entonces,
con ser una sofistificación conceptual de los escenarios en los que los desconocidos totales o relativos se encuentran y
gestionan una
coexistencia singular –no exenta de conflictos-, sino que su papel es de ser el
lugar en que los sistemas
democráticos ven o deberían ver confirmada la verdad de su naturaleza
igualitaria, el lugar en el que se ejercen
los derechos de expresión y reunión como formas de control sobre los poderes y
el lugar desde el que los mismos
pueden ser cuestionados en los asuntos que conciernen a todos. Ese espacio
público como categoría política -que
organiza la vida social y la configura políticamente- precisa verse ratificado
como lugar, sitio, etc., es decir,
dejar de ser un espacio concebido para reconocerse como espacio dispuesto,
visibilizado. Tal como plantea
Castells, “Eso es lo que hace que una calle o una plaza sean algo más que
simplemente una calle o una plaza.
Son y deben ser el proscenio en que esa ideología ciudadana se pretende ver a
si misma hecha realidad, el lugar en
el que el Estado logra desmentir momentáneamente la naturaleza asimétrica de
las relaciones sociales que
administra y a las que sirve y escenifica el sueño imposible de un consenso
equitativo en el que puede llevar a cabo su función
integradora y de mediación.” (Castells, 1998; Delgado,
2011).
Cuando hacemos
referencia al espacio público, entonces, podemos hacer alusión tanto como
espacios físicos, tangibles,
materializados, como al espacio producido por el conjunto de relaciones e
interacciones de los sujetos y
actores, con su diversidad característica, y con la finalidad de establecer el
interés general, la utilidad pública, el
uso común, a partir de lo cual producen un espacio colectivo que expresa la
calidad y la solidez de la comunidad política
de la cual hacen parte los ciudadanos como ámbito general de sociabilización y regulación de la
dicotomía público-privado (Vergara Arias, 2009).
La privatización de lo público:
segregación socio-espacial y el valor
de la Naturaleza
Con la expansión capitalista se generan diversos
procesos de transformación condescendientes con un importante
crecimiento urbano que trae aparejado la urbanización de productos, la sumisión
al mercado, la obsesión por la
competitividad, la fuerza económica de la iniciativa privada, la debilidad
política de la iniciativa pública y la evolución
de las nuevas tecnologías de información y comunicación, que conforman en la actualidad un nuevo espacio, una nueva
ciudad que se desarrolla cada vez más mediante las relaciones virtuales globales en detrimento del territorio físico
inmediato. De esta forma, las ciudades pasan a ser cada vez más virtuales, más excluyentes, altamente
comercializadas, y formadas por flujos de información, de energía, de movimientos fugaces; redes de individuos
que hacen lo mismo que harían en sus relaciones personales, pero en el ciberespacio (Castells, 1998).
En este contexto, las ciudades comienzan
a erigirse a partir de parques temáticos, ciudades empresariales, barrios cerrados, infraestructuras al
servicio del vehículo privado e individual, las zonas de viviendas segregadas por clases sociales, plazas y monumentos
enrejados, etc. y observamos con preocupación cómo se crean bloques conservadores en las zonas de ciudad
hecha y equipada, con los miedos y los intereses que se oponen a los cambios y a las mezclas (Borja, 2001). Lo
peligroso de esta situación es que, como plantea Borja, el espacio público pasa a no sólo ser rentable en
términos sociales, culturales y civiles, sino también, en un mediano plazo, en términos políticos, de gobernabilidad y
económicos, generando atracción y creación de nuevas actividades (Borja,
2001).
Este
crecimiento urbano lleva a la despersonalización y al desconocimiento de las
personas que habitan en los vecindarios,
generando la pérdida de confianza en los espacios públicos –en tanto lugares de
sociabilización y encuentros- e
incrementando el sentimiento de inseguridad respecto de los mismos. Ante el
temor real y el generado por los medios
de comunicación, se tiende a abandonar las calles, las plazas, los parques,
etc. (Jacobs, 1961). Comienza
así a sustituirse los espacios
públicos por áreas privatizadas consideradas como zonas protegidas para unos y excluyentes para
los otros. Lugares híper controlados, donde todo parece real pero no lo es.
Una parte
del aprendizaje de la vida que hacemos
en la ciudad implica aceptar
al otro que es diferente, reconocer y saber que el riesgo existe. Ahora bien, parecería
que esta ciudad del aprendizaje se va esfumando en los confines de estos lugares controlados, donde la apariencia
prevalece sobre la realidad y donde parecería que se busca aquel que es igual a uno mismo, con esto nos referimos
a la distinción de aquellos que se presumen “iguales”
por su condición socio-económica y la segregación de aquellos que son vistos
como “diferentes”. Existe una
búsqueda de seguridad que lleva a cerrar el espacio público, como si esta fuese
la causa de la inseguridad y del
miedo urbano. Esta búsqueda tiene unos reflejos formales, imágenes que quieren
recuperar un paraíso perdido. Esta
manera de comportarse supone el gran riesgo de que se forme toda una ciudadanía
incapaz de relacionarse con “el
otro”, incapaz de reaccionar ante un imprevisto de la vida, incapaz de decidir
por ella misma (Borja, 2000).
Al decir de
Castells, las personas, ante los procesos globales, buscan una identidad
particular; excluyéndose ellos mismos a lugares que adquieren importancia histórica y cultural
y se convierten cada vez más en ‘trincheras de identidad’, negando
el reconocimiento e intentando escapar
de lo vulgar, negativo y estigmatizante que actualmente puede significar lo público (Castells, 1998). En este sentido, los grupos dominantes están siendo capaces de excluir
al resto de los actores sociales del uso de ciertos espacios a través de la creación de enclaves en los que el
discurso del espacio público como lugar de encuentro social se mantiene a pesar de
que se trate de espacios privados
(Salcedo Hansen, 2002).
Esta distinción social entre grupos, en particular en términos de ajustes y conflictos sociales, genera una situación de fuertes separaciones sociales en el espacio (Brun,
1994). Cuando una ciudad, o un espacio se encuentran segregados es porque se forma
por partes y no fragmentos, que mantienen interrelaciones de complementariedad,
pero también de oposición que diferencian socialmente el espacio, generando un
tipo de segregación socio-espacial (Caprón,
2006).
Se pueden
diferenciar tres dimensiones en la segregación: El grado de concentración
espacial de los grupos sociales; la
homogeneidad social que presentan las distintas áreas internas de las ciudades;
y el prestigio (o desprestigio)
social de las distintas áreas o barrios de cada ciudad. El prestigio social de
estas áreas, tales como son las
playas privadas, suele ser la base de negocios inmobiliarios para los
promotores y capitalización de plusvalías
(rentas del suelo) para sus residentes; y en el otro extremo de la escala
social, la estigmatización de estas
áreas contribuye a formas variadas de desintegración del cuerpo social
(Sabatini, 2003). Las playas al ser privatizadas
pasan de ser un recurso natural a constituirse en un espacio cerrado para
aquellos que buscan diferenciarse de
esos “otros” con los cuales no se sienten identificados, lugares que permiten
excluirlos a ellos mismos por medio
de “barreras simbólicas” que acentúan la distancia entre aquellos que pueden
acceder a ese servicio de los que no. En este sentido, autores como Castells (1974) y
Duhau (2003), explican que se entenderá por segregación urbana la tendencia
a la organización del espacio
en zonas de fuerte homogeneidad social interna y de
fuerte disparidad social entre ellas, concibiéndose esta disparidad no sólo en
términos de diferencia, sino de
jerarquía.
Con este
proceso de urbanización lo que cambia es la lógica que predominaba de hacer de
las ciudades espacios funcionales
adaptadas a las necesidades de la economía basada en la producción industrial,
estimulando su circulación, por una
lógica donde se busca prevalecer el impulso de hacerla “vivible y atractiva”,
proveyendo placeres y estimulando el
consumo. De esta forma, la calidad de la vida urbana se ha convertido en una mercancía, como la ciudad misma, en un
mundo en el que el consumismo, el turismo, las industrias culturales y las basadas en el conocimiento se han
convertido en aspectos esenciales de la economía política urbana (Harvey, 1973). La inclinación posmoderna a
estimular la formación de nichos de mercado –tanto en los hábitos de consumo como en las formas culturales-
acecha la experiencia urbana contemporánea con un aura de libertad de elección, siempre que se disponga de
dinero para ello. Estos procesos han absorbido dentro de sus lógicas la integridad de la naturaleza, ocurriendo
así, una mercantilización de la misma, un componente más dominado por la racionalidad capitalista. Esto es, ni
más ni menos, la reducción del ambiente a la razón económica (Leff, 1997).
La naturaleza
es incorporada al capital mediante una doble operación: por una parte, se
intenta internalizar los costos ambientales del progreso; junto con ello, se instrumenta una operación simbólica, un “cálculo de significación” (Braudrillard, 1974) que recodifica
al hombre, la cultura y la naturaleza como formas aparentes
de una misma esencia: el capital. Así, los procesos ecológicos y
simbólicos son reconvertidos en capital natural, humano y cultural,
para ser asimilados al proceso de reproducción y expansión del orden económico, reestructurando las condiciones de la producción mediante una gestión
económicamente racional del ambiente.
La relación
sociedad-naturaleza se presenta como un esquema relevante que permite
interpretar los rasgos y singularidades
de los asentamientos turísticos balnearios de la Costa Atlántica puesto que reconduce a la incorporación de un nuevo recurso natural a la economía urbana,
las playas. Esta perspectiva permite pensar en
la relación entre imaginario y territorio en lo que la invención de las
playas como recurso cultural respecta, es decir,
como dicha transformación ha llevado a que se convierta en un capital cultural
pleno de diversos matices simbólicos
y materiales, generándose así, nuevas prácticas de consumo de dicho recurso a
lo largo del tiempo. Este proceso
se vincula primero
con la irrupción de nuevas significaciones imaginarias y, luego, con su sedimentación en representaciones
sociales que permiten que el extenso territorio costero de la Provincia de Buenos Aires se incorpore
a la cultura de toda una Nación
(Mantobani, 1997).
La ciudad de
Mar del Plata presenta características geoambientales relevantes por su
singularidad en lo que respecta al paisaje de llanura predominante en la provincia
de Buenos Aires,
que refieren a la conjunción de
varios
elementos como el mar, playas, acantilados, lomas y valles fluviales de escasa
expresión. Se encuentra emplazada en un área donde
el extremo oriental de las Sierras Septentrionales se intersecta con la Costa
Atlántica (Mantobani, 1997). Estas características geológicas han hecho
que, a partir de fines del siglo XIX, y bajo
el paradigma de desarrollo sustentable y el respeto por la naturaleza
–sustentabilidad6-, la extensa ribera arenosa de la Provincia de Buenos Aires empiece a ser un
elemento natural explotado económicamente en un marco del modelo de
urbanización. Esto implicó
un proceso de valorización en el que la renta, en tanto
expresión de la propiedad privada,
adquiere un papel primordial, más aún cuando se convierte
en renta monopólica, o sea, cuando la sociedad
valoriza cualidades singulares, propias, únicas -naturales o no- del espacio
que hacen que el comprador quiera ese espacio y no otro, haciendo de las
concesiones de los balnearios la “gran fuente
de oro” de unos pocos (Verón, 2010).
La
mercantilización de la naturaleza, y su explotación bajo la lógica económica,
no respeta el derecho a la belleza,
incluso el derecho al lujo, que debe ser para todos los ciudadanos por igual.
Sino que el valor que tiene la naturaleza para su explotación
económica hace que la misma sea “aprovechada” por manos privadas. De esta forma, el sector privado ha avanzado cada
vez más sobre zonas naturales para obtener más beneficios sobre sus emprendimientos. El uso y goce de los recursos
naturales tiene el carácter de usufructo, en el sentido de que no se es propietario de ellos, pero sí se
puede disponer de los mismos bajo restricciones definidas por un acuerdo tomado por
las autoridades legítimas, y de dicha disposición se generan otros
beneficios indirectos.
El proceso de
privatización ha implicado el transformar, entonces, estos espacios públicos
naturales en espacios comerciales
privatizados, lo que no sólo conlleva costos a nivel social y a nivel de acceso
demográfico sobre estas tierras,
sino también, nuevas
formas de reorganización real y simbólica de los espacios
de la ciudad, nuevas
formas de vivirla, de relacionarse y de pensarlas. El resultado de estos
procesos de transformación ocurre en
torno a la producción, apropiación y usufructo del suelo y el espacio urbano
donde los diferentes procesos de territorialización
se pueden constituir en estrategias que obstaculizan o facilitan las relaciones
de dominación entre los distintos actores
en la ciudad. Este tipo de actores
que producen y transforman la ciudad contemporánea pueden ser tanto privados como públicos (Borja, 2000).
La privatización del litoral costero
La privatización de una administración implica el pasar de la propiedad de las empresas
públicas a los particulares o empresarios privados.
Implica también, abandonar
actividades o servicios
atendidos por organismos públicos para que sean
particulares los que se carguen con ellos. En otras palabras, es el traspasar
el poder público, propiedades y servicios a los dominios del poder privado. Tal como lo plantea Lefebvre
(1974), el espacio constituye
la materialización de la existencia humana. Para las sociedades que habitan en
ciudades balnearias, el espacio y el
derecho que subyace a su propiedad y su aprovechamiento lo convierten en un
recurso vital para su subsistencia,
no sólo dado a los beneficios económicos sino también porque constituye el
escenario de las construcciones sociales
e incluso es el lugar donde se moldean las identidades culturales (Cruz-Coria; et al, 2012).
En este mundo
natural crecientemente mercantilizado, se apoya la producción capitalista en
amplia escala, no sólo proveyendo
valores de uso, sino también, adquiriendo un precio mediante el cual puede ser
enajenado y apropiado (Sabbatella,
2009). Esta dinámica de privatización que da lugar a la transición de la
propiedad social a la propiedad
privada del espacio puede ser explicada como un proceso en el que se van
desvaneciendo las prácticas
consuetudinarias que permiten el acceso mancomunado a ciertos recursos y
espacios que han adquirido valor en
la lógica del capital. Por otra parte, lo que genera es un desplazamiento de
los derechos colectivos por derechos individuales de propiedad y beneficio (Harvey, 2004).
Cuando hablamos
de la privatización del espacio costero, resulta necesario saber a qué nos
estamos refiriendo con espacio o
litoral costero. Según la Real Academia Española, el litoral es aquello
perteneciente o relativo a la orilla
o costa de mar7. El sector de playas puede pensarse, tal como lo
explica Guillermo Cicalese, como “...la superficie que contiene la arena seca, cantos rodados
y gravas formados
en la zona de rotura
del oleaje por
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6 El informe Brundtland plantea que “la sustentabilidad es
un concepto que refiere a satisfacer las necesidades de la generación presente
sin comprometer la capacidad de las
generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades.” (ONU, 1987, p. 67). El concepto de sustentabilidad se orienta a entender que
estamos ante un mundo con recursos naturales escasos y necesidades ilimitadas,
una población siempre creciente, un
desarrollo económico que ha venido dándose con base en tecnologías ya
obsoletas, con un consumo energético desorbitante que además genera una gran contaminación (Zarta Ávila, 2018).
7Litoral. Del lat. litorālis. 1. adj. Perteneciente o relativo a la orilla
o costa del mar, Recuperado de: https://dle.rae.es/?id=NS9cgGx
acción de la
dinámica marina (olas y mareas) como los sedimentos secos que se encuentran en
tierra firme.” (Cicalese, 2005, p. 6). Por lo tanto, al hablar de privatización de este espacio,
lo entendemos como la apropiación por parte de privados de estas
áreas costeras en las que el turismo litoral constituye una de sus principales actividades, generándose el
consumo de sus recursos naturales, convirtiéndose en zonas de ocio y en espacios
productivos, que permiten obtener
plusvalías8 (Sánchez,
1985, p.117).
En las ciudades
balnearias, el turismo constituye un proceso de producción material y
reproducción social que tiene su
proyección sobre la dimensión física del espacio. En este escenario, es el
Estado el que actúa como gestor de la
política territorial y el responsable de promover esa acción expansionista del
capitalismo. Tal como lo plantean
Cruz-Coria; et al, la forma que tiene de hacerlo es, “…por una parte, creando
las condiciones para la producción
capitalista del espacio: infraestructura y equipamiento o espacio urbano para
el consumo de la colectividad, las
cuales responden íntimamente a los intereses del capital (…) Y por el otro,
promueve la privatización del espacio de manera directa
e indirecta, sobre la base de la viabilidad económica
de la producción que desea
realizarse en él.” (Cruz-Coria; et al, 2012, p.
156).
Meethan (2001) adhiere a que el turismo es un proceso
mercantilista y de crecimiento del capitalismo que alienta
el consumismo en la sociedad y aumenta la inversión de capitales en nuevas
infraestructuras, nuevos espacios de
consumo dirigidos a incrementar la elaboración de productos culturales
destinados a satisfacer las necesidades
y prácticas del ocio. “Lo evidente es que esta forma de valorización que busca
hacer rentable el espacio para el
consumo trae consigo una zonificación o fragmentación espacial y social; en la
mayoría de los espacios que por sus
cualidades naturales han sido acaparados por el capital turístico, se encontró
que la organización espacial comienza
a polarizarse…” (Meethan, 2001, p. 56).
La privatización del sector costero no es un fenómeno que únicamente se da en Argentina. Alrededor del mundo, cada vez son más
los países que privatizan sus playas a pesar de que las leyes lo prohíban.
La valorización que la
sociedad tiene del espacio litoral es cambiante en función del contexto social,
cultural, económico e histórico. En las primeras
manifestaciones del turismo
litoral en Europa -siglo XVIII-,
la contemplación del mar y la recuperación física motivaban el desplazamiento de las personas. En cambio, durante los siglos XIX y XX, según explica Lozato Giotart (1990), el espacio
litoral deja de ser contemplado y es consumido
y construido, transformándose en el soporte
natural que permite
el surgimiento de nuevas instalaciones y urbanizaciones que ofrecen
diferentes escenarios para las prácticas turístico-recreativas.
A partir de la
finalización de la Segunda Guerra Mundial y la consolidación económica de los
países de Europa Occidental, el
turismo en espacio litoral se convierte en la modalidad más difundida en todo
el mundo, y con ello, se dio inicio a
un nuevo negociado fundado sobre las bases de la fragmentación y transformación
territorial, producto del surgimiento de nuevos desarrollos urbanos-turísticos. Muchos son los grupos sociales que constantemente,
y cada vez más, reclaman y denuncian el “abuso” por parte del avance de los
privados sobre el sector costero,
desde en México, Colombia, Brasil, España, Grecia e Italia, entre otros. Los
reclamos, en su mayoría apuntan al
sector hotelero, puesto que en algunas playas solo se permite que sean usadas
por personas que estén alojadas en determinados complejos que tienen su concesión.
Si bien la
privatización del sector de playa existe efectivamente a escala global, el caso
argentino resulta ser único en el
mundo. Una de las formas de apropiación privada de este espacio consiste en el alquiler de sombrillas y/o camastros. Lo que no existe en ninguna otra
ciudad balnearia internacional es la conformación y urbanización de playas a partir de las grandes estructuras de
toldos, las carpas, que caracterizan a los balnearios de la Costa Atlántica
argentina.
A nivel
nacional, el mercado de las urbanizaciones privadas y las concesiones9
se encuentra en ascenso y cada vez
son más las ciudades balnearias que ofrecen este tipo de emprendimientos.
Condominios, chacras, clubes de campo,
mega barrios y countries asoman en entornos naturales delimitados por la Bahía
de Samborombón, los médanos de Pinamar, los bosques de Cariló y las playas marplatenses (Gonzalez, 2017).
8Al
hablar de plusvalías en este contexto nos referimos a las ganancias generadas a
partir del negocio y la acción - por parte del sector privado- de privatizar el espacio costero.
9 El concepto de concesión se define como los actos que
crean en un particular el derecho para explotar un bien propiedad del Estado,
con una prestación a favor de este.
(Nava Negrete, Alfonso, 2001) Es claro que el concesionario particular no
adquiere la propiedad del bien concesionado,
simplemente se crea a su favor un derecho para realizar una actividad que
consiste en usar, aprovechar o explotar bienes
inmuebles que están sujetos al régimen de dominio público.
Imagen recuperada de: https://quedigital.com.ar
Estudio de caso: la privatización y la segregación en las
playas del Sur marplatense
La ciudad de
Mar del Plata, constituye uno de los principales centros turísticos y
balnearios de la Argentina. Ubicado a
orillas del océano Atlántico, a sólo 404 km de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, cuenta con una población estable de 650.000 habitantes y con un arribo
de turistas anual que supera los 8.000.00010.
Su declaración
como ciudad se produjo el 15 de julio de 1907. Por ese entonces, su prosperidad
se debía al auge de la producción de
tasajo. Sin embargo, cuando la demanda de carne salada empezó a disminuir a
nivel nacional, la actividad
económica encontró una nueva industria en auge, la frigorífica. Mar del Plata,
al ser un territorio destinado al
tasajo debía encontrar un cambio de eje para poder sobrevivir. Es así como
comienza un nuevo capítulo
en la vida de la ciudad; su historia como ciudad balnearia.
Con la llegada
del Ferrocarril Sud en 1886, comenzaría lo que se conoció como “la Época
Dorada” de Mar del Plata, en un
contexto de cambio de un tipo de economía de producción a una economía de
consumo, limitado exclusivamente a la
alta burguesía. La ciudad intentó así conciliar su objetivo de organizar un
espacio de privilegio para la
oligarquía nacional y recibir a clases sociales desfavorecidas para ponerlas al
servicio de aquella. La actividad
turística se convirtió, entonces, en una excusa y en el elemento motor de la
segregación socio-espacial (Sebreli, 1970).
El aumento del
caudal de turistas que llegaba a la ciudad se fue acrecentando, generando una
división social donde quedase
diferenciado el estrato
social al cual se pertenecía. Lo que se pretendía era relacionarse con “gente
como uno”, que pertenecieran al mismo sector dentro la burguesía veraniega. En
esta diferenciación social también se
encontraban los habitantes mismos de la ciudad. Aquellos que no disfrutaban del
goce y los placeres de ocio. Sin
embargo, el tipo de turismo comienza a presentar unos ligeros cambios primero
con el ascenso del gobierno radical
con Arturo Frondizi
a la cabeza y con la creación
de la Ruta 2, pero fundamentalmente con la
llegada del gobierno peronista11 (Sebreli, 1970).
10Datos obtenidos de la página oficial de la Municipalidad. Recuperado de: https://www.mardelplata.gob.ar/MardelPlata
11Se generaron diversas políticas como la democratización de las vacaciones y el aguinaldo, la disminución de los costos de los pasajes del tren y el ómnibus,
y la creación de numerosos hoteles sindicales, que ayudaron a fomentar el turismo de masas.
La necesidad de
distinción y de exclusividad de la oligarquía los llevó a buscar playas que no
estuvieran pobladas por la clase
media que ahora se permitía viajar a los mismos sitios que ellos12.
De esta forma se trasladaron a los
balnearios de Playa Grande, Punta Mogotes y, sobretodo a las Playas del Sur,
que seguían siendo complejos todavía no explotado por las masas.
Los balnearios
conocidos como Playas del Sur se asientan sobre la zona comprendida desde Punta
Cantera hasta Los Acantilados, y
corresponden a la empresa Playas del Faro Sociedad Anónima Inmobiliaria
(SAI) quien administra las 120 hectáreas
ubicadas a lo largo de 6 mil metros
de costa13.
Esta empresa
se encuentra formada por cuatro sociedades: Cabo de las Corrientes SA, Faro al
Sur SA, Médano Alto SA y Playas del
Faro SA. Se confecciona a partir de un total de 120 accionistas, todos
descendientes de Jacinto Peralta
Ramos, cuyo padre -Patricio Peralta Ramos- en 1874 fundó Mar del Plata sobre
tierras de su propiedad. Los
emprendimientos que son propiedad privada de Playas del Faro SAI constituyen en
total 24 balnearios (Guillermo, Play
Beach, South Beach, Don Jacinto -balneario privado de uso público-, Marbella, Honu Beach, Aquarium, Horizonte -balneario
privado de uso público-, Club Horizonte del Sol, El Balcón, Destino Arena, Baquero, Mute, Bosques del
Faro, Alfar, Los Pinos -balneario privado de uso público-, Mirador 9, La Caseta, Abracadabra, El Taino,
Piedra Marina, Peralta Ramos, Rilancó -balneario
privado de uso público- y Serena)
ubicados a ambos lados del faro,
por los que la empresa
cobra un alquiler a cada administración.
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Mapa de la Ilegalidad en las Playas del Sur. Recuperado de: https://www.facebook.com/EnDefensaDeLasPlayasPublicas/?fref=ts14
Según las
entrevistas realizadas a personas que alquilan en estos balnearios15,
el espacio natural que ofrece esta zona
es un valor agregado con el que cuentan y un condicionante fundamental en lo
que respecta su preferencia por estos
balnearios y no otros. La amplitud, el menor amontonamiento de la gente, la
limpieza del mar y la playa, el estar
en zonas más naturales, el ser más tranquilas, el tener “un ambiente más lindo”
y la seguridad brindada, son algunos
de los beneficios que los entrevistados destacaron de las Playas del Sur en
comparación con balnearios
de otras zonas
de la ciudad.
12Con la llegada de un turismo masivo, los sectores
populares comenzaron a veranear en las clásicas
playas de la ciudad como La Bristol y La Perla,
lo que llevó a la elite a alejarse
cada vez más de
la zona céntrica de la ciudad,
para acudir a balnearios más alejados.
13El sector de playas del sur constituye el único caso en
el país en que una ciudad mantiene parte del litoral marítimo en manos
privadas. 14ONG que desde
su página de Facebook denuncia los abusos ocurridos por los concesionarios de
los balnearios e informa sobre los arreglos
y las licitaciones que lleva a cabo la Municipalidad, alzando
la bandera en defensa de lo público.
15 Como ya se ha mencionado en la introducción, se han realizado
4 entrevistas semiestructuradas de preguntas abiertas
a personas que alquilan carpas
en distintos balnearios del Sur.
La apropiación
de las playas como recursos natural empleado y explotado para el ocio, ocurre
en virtud de la representación
simbólica que los diversos agentes sociales le otorgan a ese espacio habitado.
Las personas entrevistadas que
habitan y optan por apropiarse de esas playas en particular, lo hacen en virtud
de lo que estas simbolizan para
ellos. Sus preferencias de veranear en estos balnearios y no en otros se debe,
en primera instancia, al factor natural que los mismos
presentan. La cantidad de amenities ofrecidos en este tipo de balnearios también los diferencia de otros
de la ciudad, puesto que estas unidades
turísticas cada vez agregan más
servicios para complementar la estadía vacacional de sus clientes. La gran
mayoría de ellas además de ofrecer el servicio de sombra cuentan
con pileta, vestuarios, estacionamientos, recreación, solariums
y gimnasios. Algunos incluyen con el alquiler de la carpa el acceso a las fiestas más exclusivas
que se organizan en el
verano, o algunos prefieren alquilar en aquellos balnearios donde después se
organizan los famosos “After Beach”
-fiestas que se originan en la playa entre las 5 y 6 de la tarde y que pueden
duran hasta entrada la noche, pasando
música y vendiendo alcohol-.
Otro de los
fundamentos para su elección, consiste en el ambiente propio de estas playas, y
con esto se hace referencia al tipo
de público al que en ellas asiste. Este factor, depende, como ya se ha
mencionado, de diversos factores: la
proximidad de estas respecto del hogar de quienes las frecuentan; la
preferencia por espacios más naturales,
con menos escolleras, con más médanos y verde en las playas; el espacio entre
carpas que es más amplio que en otros
balnearios y que permite que haya
menos amontonamiento de gente; la temática del
balneario; y la cantidad de servicios que estos ofrecen.
Pero efectivamente uno de los factores determinantes es el económico.
El valor del
alquiler de carpas en los balnearios del sur resulta ser muy costosos incluso
para quienes alquilan allí. Los
entrevistados han coincidido en que la tarifa de alquiler de temporada de
carpas es elevada, incluso en algunos
balnearios excesiva, llevando a la necesidad de tener que compartir carpa con
otras familias o amigos para poder
solventar el valor de la temporada. Ninguno de los entrevistados podía hacer
frente por sus propios medios a las tarifas
establecidas por los balnearios, por lo que buscan completar
el límite de personas que pueden
alquilar por carpa - entre 6 a 8 personas por toldo-. Algunos, incluso, ponían
en duda la posibilidad de poder
alquilar la próxima temporada, sabiendo que estos valores aumentarán, como
todos los veranos. Más allá de esto, aún así prefieren pagar por el espacio de sombra a tener que ir a la playa pública.
Estructura de
uno de los 24 balnearios del Sur. Recuperado de: https://portal.ejes.com/noticias/agenda-bonaerense
La estructura
de estas playas, para sus consumidores, se manifiesta entonces bajo la forma de oposiciones espaciales donde este espacio habitado y apropiado funciona en
virtud de su simbolización como espacio social. La posición de quienes asisten a estos balnearios en esos
espacios sociales se expresa en el lugar del espacio físico en que están situados
y por la posición relativa
que las localizaciones temporales, y sobre todo permanentes,
ocupan con respecto a las localizaciones de “los otros”, aquellos que no
acceden a formar parte de esa exclusividad del disfrute.
Ante la falta
de iniciativas urbanas que fomente el tejido y
la integración social es que cada vez se van construyendo más lugares y espacios que, como los balnearios, se
constituye en trincheras de identidad —en un
sentido excluyente— donde la formación de un “nosotros” esté presente,
pero un “nosotros” en oposición a un “ellos” o a
un “otro” (Salcedo, 2002).
Plano de uno de los balnearios pertenecientes a Playas
del Faro S.A.I, con todos los servicios que ofrece. Recuperado de:
https://www.arenas-blancas.com.ar/la-playa.php
La seguridad como factor determinante
El espacio
social, público o privado se define por la presencia del “otro”, reconocimiento
(de) y encuentro con el “otro”; la
pertenencia a una comunidad política y la libertad, y como el ámbito de
múltiples luchas por la inclusión, el
reconocimiento y el acceso a los derechos en las diversas personas, es decir,
la lucha por la ciudadanía y protestas por la exclusión del bienestar que ofrece la ciudad o los
diversos sectores que la constituyen.
A lo largo de
la historia de las ciudades, los espacios públicos han aportado las condiciones
necesarias para contener elementos
heterogéneos, acogiendo al extranjero, al marginal, y entregando posibilidad de
encuentro en el anonimato, permitiendo vincular tanto las aspiraciones individuales como colectivas. Sin embargo, la globalización
y la urbanización de las mismas, ha llevado a generar un cierto malestar por la
falta de espacios públicos o la baja
calidad de los mismos. Esto trae a consecuencia que los mismos habitantes de
las ciudades se sientan amenazados e
inseguros. El espacio público es percibido como una amenaza, puesto que es el
lugar en donde se encuentra ese
“otro” diferente a uno. Este temor e inseguridad obliga a los habitantes de las
ciudades a adoptar técnicas de
supervivencia que profundizan la segmentación social, inciden en la devaluación
de la vida humana y en la tendencia a
responder a la ansiedad incrementando aún más la segregación y la confrontación entre sectores. La seguridad se
constituye, así, como una mercancía, producida para ser vendida en el mercado. Al vender seguridad lo que se ofrece, de
manera ficticia, es tranquilidad, confianza y preservación de la vida en la ciudad (Laub, 2007).
Todos los
balnearios privados cuentan con personal de seguridad, que son los que se
encargan no solo de proteger las
cosas que dejan los clientes en las carpas, sino que además, son los que
controlan el acceso de los usuarios
de los balnearios y los invitados que estos puedan llegar a tener, así como de
restringir el ingreso de aquellos que
se encuentran en la zona pública y que desean ingresar sin contar con un
alquiler de carpa o sombrilla. La
seguridad ofrecida por los balnearios constituye el factor más considerado a la
hora de optar por alquilar en un balneario privado y en dónde
se decide alquilar.
Esta seguridad
privada es, entonces, uno de los tantos servicios que los balnearios ofrecen a
la comunidad para llevar unas vacaciones tranquilas, despreocupados por la inseguridad de dejar sus cosas en el espacio público. Lo que implica es cerrar el espacio
público, intentando recuperar la imagen del paraíso perdido que se encuentra en el imaginario social. Ese espacio en
donde todos se conocen con todos y todos son iguales. Se constituye así, en una barrera material contra el miedo y
la seguridad, pero también como garantía de exclusividad, demarcando quienes
pueden y quienes
no acceder a dichos espacios.
La respuesta social
a las privatizaciones costeras: caso Verde Mundo
En la zona sur
de la ciudad de Mar del Plata los conflictos por la apropiación del territorio
son muy visibles. Desde que se le
reconoció a la familia Peralta Ramos los 6 kilómetros de tierras con extensión
hasta la ribera marítima, las
tensiones con los actores urbanos por la restricción en cada temporada
veraniega al acceso público al mar
han sido moneda corriente. En 1991, la empresa Playas del Faro Sociedad Anónima
presenta un proyecto de urbanización
e intervención territorial sobre la costa que es aprobado. La intención era
crear un sitio turístico exclusivo,
por lo que se unió a grandes capitales de importantes constructoras nacionales.
Sin embargo, las circunstancias económicas
del país llevaron a limitar el proyecto a un sector en el Nordeste conocido
como “La Reserva” - entre la Ruta 11 y la margen
derecha del Arroyo Corrientes- (Cicalese, 2005).
Con la puesta
en marcha del proyecto, los conflictos con los veraneantes eran constantes y
cada vez más preocupantes. Ante la pretensión
de los dueños y concesionarios que intentaban mantener las prerrogativas de un barrio
cerrado, se prohíbe o restringe la entrada a las orillas del mar. Tal como
plantea Guillermo Cicalese, “No se
respetan los pasos públicos que en su momento fueron convenidos con la empresa16
y que no ha sido mantenidos o
bien se encuentran cerrados y la compañía o los locatarios de los balnearios
han avanzado sobre sectores de dominio público” (Cicalese, 2005,
p.5).
Ante la vista
de aquellos que defienden los espacios públicos, el caso de la zona sur de la
ciudad es un caso “emblemático” en lo
que respecta a la entrega de bienes naturales y a la explotación del
territorio. Un caso en el que queda claro como el Estado junto al sector empresarial entienden y definen a la Naturaleza como un recurso
-para ser
explotado-, y no como un bien común -para cuidar y disfrutar-. La visión
mercantilista del sector privado y
del gobierno local sobre la zona costera del sur es uno de los rasgos que más
resaltan las personas que defienden
los espacios públicos, pero por otro lado, es menester dar cuenta de la creciente
organización y resistencia que está
desde hace unos años generando una gran impronta
en este sector de la ciudad.
Las primeras
movilizaciones de vecinos en la ciudad de Mar del Plata datan de la década del
setenta, donde los pocos habitantes
que residían todo el año empezaron a manifestar un par de demandas al
municipio. Entre esas demandas se
encontraban la extensión de la línea de colectivo 221 y el achicamiento de la
lejanía de la zona del sur en relación al centro urbano de la ciudad, así como
el autogestionamiento de los
servicios barriales. Surgieron así
agrupaciones como la Sociedad de Fomento, la Cooperativa del sur, la Unión de
Fomentistas del sur -que nucleaba a
distintas agrupaciones vecinales- y la Comisión Intersocietaria Vecinal - entre los barrios San Jacinto, San Patricio,
Alfar y Los Acantilados- (Cicalese, 2005).
Es a partir de
la Ley Provincial nº 9347/79 que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
descentralizó funciones y servicios,
otorgando a las municipalidades el dominio, uso y todo derecho sobre los
inmuebles y muebles que se hallaran
dentro de su territorio y que pertenecieran a su jurisdicción. Conforme a esta ley, a partir
del Decreto Provincial nº 541/80 se municipalizaron las funciones y servicios
de la “Reserva Turística y Forestal Paseo Costanero Sud”. La misma es declarada
bajo la Ordenanza 10.011/9517 y posee 27 Km. de largo
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16 En 1988
las negociaciones de los fomentistas del sector, representantes del municipio,
la provincia y la empresa dieron lugar a los
convenios que fueron volcados en los decretos provinciales (1145/87 y
4095/88) quedando vigente el último sancionado. En él se determina el número de pasos hacia el dominio
público provincial y las obligaciones de las partes de su mantenimiento.
Mediante la construcción de estos caminos
perpendiculares a la playa
se cumplía con la servidumbre de paso exigida
a la empresa.
17 La
Ordenanza Municipal n°10011/95 establece que es considera como Reserva
Turística Forestal a toda la franja costera sud del dominio municipal
contigua a la Ruta n°11, desde Punta Mogotes como límite norte hasta el Arroyo Las Brusquitas como límite sud, imponiéndose el nombre de “Reserva Turística
y Forestal Costanera
Sud”. Según la Ordenanza Municipal
n°9784/94 art. N°16 se denomina
"reserva
con un ancho
variable de 50 a 100 metros de la Ruta Provincial nº 11 hacia el continente y
de ésta hasta la línea de ribera. Con el fin de controlar y proteger el área
de la Reserva Turística Forestal Paseo Costanero Sud, la Municipalidad de General Pueyrredón implementó permisos en
carácter de “Padrinazgo”, donde se tercializaba las responsabilidades del Municipio. El “padrino forestal” de la reserva paso a estar en manos de la ONG “Green
World”.
En el año 2008,
el Municipio por medio del Decreto 18905/08, dio por finalizado aquel
padrinazgo forestal, otorgándoselo a
la empresa Azul Pro Emprendimientos S.A. Esta empresa creada en el año 2005,
tenía la ambición de construir 14
cabañas frente al mar en la zona de La Reserva. Para ello compraron a Playas
del Faro SAI varias hectáreas de esa
zona a pocos meses de constituirse como sociedad. La transacción se negoció en poco más
de 1.500.000 dólares
(Polleri, 2015).
Al enterarse de
los rumores del cambio de padrinazgo, los vecinos y vecinas de la zona se
autoconvocaron a una asamblea sobre
el médano un sábado 6 de noviembre del año 2009. Su intención era dar cuenta de
que este cambio de “padrinazgo
forestal” encubría un inicio de privatización de la zona. A la semana de esa
primera asamblea algunos de los
vecinos observaron cómo un trabajador de la empresa Azul Pro alambraba el
bosque y el médano ubicados en el barrio San Jacinto.
Ese día lograron que el empleado se retire del lugar, y a partir de ahí comenzarían a funcionar
como una organización autoconvocada, Verde Mundo.
Verde Mundo es
un espacio público de aproximadamente 7 hectáreas de bosque y playa que se
puede considerar el último médano
no explotado por emprendimientos privados en el sur de Mar del Plata. Es
también una Reserva Educativa y
Forestal que intenta ser preservada por una asamblea vecinal conformada por
vecinas y vecinos de toda la zona
sur. Sus reclamos apuntan a defender los espacios públicos, aquello que es de
todos. Ellos consideran y ven la
importancia de los mismos en tanto constituyen la identidad comunitaria. Los
espacios públicos son aquellos que
son de toda la comunidad sin distinción alguna, que no tienen dueño y sin
embargo, nos pertenecen a todos. Son
esos territorios donde se producen los encuentros, los lugares comunes, donde
uno pueden ser, pueden compartir, y
donde se le otorga una identidad al mismo espacio. Stuart Hall plantea que la identidad no es simplemente un elemento
estático o esencialista, sino que se crea en virtud de posiciones específicas, en las cuales el contexto
discursivo del sujeto es importante, así como también es estratégico. Hall afirmaba que la identidad no es una
esencia, que no existe un verdadero ser pre-social, sino que las identidades son constituidas a través de las
posiciones del sujeto, siendo consolidadas dentro de discursos y prácticas (Redman 2000, 09 –10). Además, la
constitución de la identidad se consigue a través de las “diferencias” y el impacto del encuentro con el “otro”, a
pesar de que ese “otro” sea distinto a uno (Hall,
2000). Esa es la importancia de los
espacios públicos para Verde Mundo, en tanto lugar donde se logran articular
los diversos grupos sociales y
culturales, permitiendo la constitución de una identidad comunitaria, y donde
se garantiza en términos de igualdad
la apropiación del espacio por parte de toda la comunidad. De ahí el énfasis
que ponen respecto a la importancia
de conocer estos espacios, aprender sobre ellos, y sobre como cuidar esos
recursos naturales-responsabilidad propia de todos ciudadanos por
igual-.
Quienes
defienden los espacios públicos consideran que
la privatización y el cerco
progresivo de esferas fundamentales
para la vida suponen un gran riesgo para la humanidad y, en consecuencia, es
necesario instituir una racionalidad
que se rija por criterios diferentes a los del mercado. El cercamiento
progresivo de todas las áreas de la
vida está expresado en la transferencia de bienes públicos a los privados, en
la extensión de la mercantilización y la propiedad
privada a través de patentes
y propiedad intelectual sobre lo viviente;
privatización e introducción de criterios de rentabilidad en los
sistemas de educación, salud y pensiones; o en la especulación financiera e inmobiliaria. Estas nuevas olas de apropiación de riqueza que tienen lugar por la acción del Estado y del sector empresarial están justificadas con discursos técnicos
y económicos de rendimiento,
de efectividad e incluso de transparencia; no obstante, son la causa de los
crecientes niveles de desigualdad
social y acumulación de recursos en pocas manos (Laval y Dardot, 2018). Esta
situación es bien clara en la zona
sur de la ciudad, donde para los miembros de Verde Mundo el nivel de abandono
por parte del gobierno local sobre
las playas es muy alto, y que muchas veces se debe a que algunos espacios se
dejan al abandono para que en algún momento aparezca el emprendedor privado que tenga interés de “mejorar y cuidar el espacio”; que posiblemente lo haga,
pero, haciendo de una u otra manera usufructo y negocio en el mismo. En lo que respecta a la regulación,
consideran que es ineficiente, ya que “...se hacen muy evidentes acciones irregulares, favoritismos y “vistas gordas”
a la hora de controles de regulación.” (Guillermo Pueblery, entrevista personal
realizada el 18/09/2019).
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forestal"
al terreno en el que existan especies arbóreas que, por la cantidad y calidad
de sus ejemplares, forman un bosque cuyo valor natural justifique la conservación y preservación.
En este contexto, desde sus comienzos a esta parte, Verde Mundo ha
efectuado reclamos a innumerables oficinas del gobierno municipal, la delegación del puerto, y ha
hecho uso de la Banca 25. También se han realizaron
acciones en las calles, la ruta y en la playa, que es la manera que encuentran
para lograr visibilizar la problemática
e invitar a la comunidad a formar parte, a organizarse, a entender que la
fuerza colectiva puede detener
ciertos intentos de inescrupuloso sector empresarial. Festivales culturales,
paseos educativos por la Reserva,
jornadas de mantenimiento y limpieza de playas o construcción de escaleras, el
refugio, o las bajadas públicas, son otras de las formas
de acción que tiene la Asamblea Autoconvocada.
En los últimos años, además, se han empezado
a organizar junto con otras organizaciones para hacer reclamos
en conjunto, como han sido las famosas “sombrilleadas” convocadas por
varias agrupaciones para hacer visible el
conflicto de las playas públicas. El darse cuenta y comprender que los
“padrinazgos forestales” no son más que
una forma de privatización encubierta fue el puntapié inicial y necesario para
que el accionar de Verde Mundo, junto con
el de otras agrupaciones, comience a
manifestarse con mayor fuerza.
Tal como
plantean Laval y Dardot, esta lucha por lo “común” de las diversas agrupaciones
que defienden los espacios públicos
significa reanudar la crítica de la propiedad privada como condición absoluta
de la riqueza social. Estos autores identifican bajo lo “común”
el principio político
fundamental de convergencia de movimientos
sociales en contra del neoliberalismo y sus lógicas de acumulación,
privatización y cercamientos. Al
plantear que ciertos bienes, recursos y espacios deben ser comunes y cuestionar
el derecho absoluto de propiedad, es posible establecer conexiones entre diferentes luchas sociales que cuestionan políticas
globales/locales validadoras del aprisonamiento de lo común en todas sus
manifestaciones (Laval y Dardot, 2018).
Imagen de la
sombrilleada en el mes de enero del 2017.Recuperado de: https://www.facebook.com/Verde-Mundo-Reserva-Forestal-Educativa-368488739909919/
Partiendo de
esa base, y ante la emergencia del cada vez mayor avance del sector privado en
la zona sur y del deterioro de los
recursos naturales, es que los vecinos y vecinas de Verde Mundo han elevado
reclamos al municipio y al gobierno,
e incluso, a la sociedad misma para que todos tomemos conciencia de que los
espacios públicos son de toda la
ciudadanía en conjunto y que, por ende, debemos protegerlos y cuidarlos. La
gestión comunitaria y la fuerza
colectiva son para ellos las herramientas principales para lograr
llevar a cabo esa labor.
Resulta
necesario mencionar que Verde Mundo es solo una de las muchas agrupaciones que
buscan visibilizar la problemática de la privatización del espacio público costero. Sin embargo, al ser de las primeras,
ha impulsado la concientización respecto a esta problemática, así como ha servido como ejemplo de gestión comunitaria en la
zona sur de Mar
del Plata para el surgimiento de otras organizaciones abocadas también a la
defensa de los espacios públicos
costeros.
Conclusiones finales
Durante el desarrollo del presente artículo se ha analizado desde un
enfoque teórico el proceso de privatización de
los espacios públicos costeros y su vínculo con la segregación socio-espacial
para luego trasladar dicha teoría al
estudio de caso específico. El recorte escogido fue la situación de la
privatización de las playas en la zona sur de
Mar del Plata, por la riqueza analítica que presupone el constituir un caso
único en el país en donde el sector de
playas es administrado por una empresa privada, y por el movimiento cultural y
de resistencia que presentan los
vecinos y las vecinas de la zona, que han sido ejemplos paradigmáticos de
colectivos autoconvocados en pos de la defensa de los espacios públicos, incluso para muchas otras agrupaciones de la ciudad.
Como ya se ha
mencionado, el desarrollo urbano lleva a generar en las ciudades el predominio
de un tipo de dialéctica negativa,
donde el espacio público propio de toda la comunidad civil (cada vez más
decreciente), la sensación de inseguridad y la exclusión social
(cada vez mayor) constituyen los rasgos principales de las grandes urbes. Ante esta máscara del miedo
y la inseguridad, a la violencia de ese “otro” lo que se encubre es otro tipo de violencia urbana aún peor,
aquella violencia que lleva a la exclusión y diferenciación, fomentado la segregación socio-espacial. En sociedades como la nuestra,
en donde prevalecen valores como los de la competencia
y el consumo antes que la distribución equitativa y la solidaridad, resulta
entendible o al menos lógico,
considerar que esos nuevos espacios privados creados para generar identidad (no
inclusiva, por supuesto) devengan
en escenarios que reproducen este tipo de violencia segregacional. No todos
somos iguales, no todos tenemos los
mismos valores, las mismas oportunidades económicas o de vida, no todos tenemos
los mismos gustos, y el modo en que nos apropiamos del espacio social dependerá
de todos estos factores.
El sector de costas en la ciudad cada vez se encuentra más urbanizado y el negocio
que el mismo representa cada vez más desarrollado, y es que el
recurso natural como la seguridad -que se constituyen como unas mercancías producidas para ser vendidas en
el mercado- es unos de los tantos servicios ofrecidos por los balnearios y de los que mayor peso tienen
en el imaginario de las personas a la hora de escoger entre la playa privada
o la pública. Los balnearios, por lo tanto, son territorios donde la apariencia
prevalece sobre la realidad y donde se busca socializar y
relacionarse, dentro de un espacio natural, con aquel que se percibe como igual
a uno mismo.
Es claro que la
tendencia a la privatización de los medios de seguridad frente a esta sociedad
insegura ante la amenaza que
representa ese “otro” entendido como diferente a uno -en este caso a la
seguridad brindada por los balnearios
privados- solo es apropiada por los sectores que pueden y qué quieren pagar el
servicio. Por lo que se podría
establecer que en este caso en particular los grupos segregados y excluidos se
constituyen tanto de aquellos que no
pueden acceder a un balneario por una cuestión meramente económica, dado que
sus diversas realidades y
posibilidades no se lo permiten, como aquellos que no acceden por gusto,
preferencia y conciencia de que ese
bien mercantilizado es en verdad
un recurso natural al que
todos deberíamos poder acceder.
Este avance
del sector privado sobre los espacios costeros ha generado, por otro lado, el
aumento de las resistencias por parte
de aquellos que defienden lo público, que intentan hacer visible la
problemática que conlleva a nivel ambiental
y social la creciente privatización de las playas.
Los reclamos no apuntan específicamente a acabar con el negociado
privado, sino a que haya mayor respeto sobre el derecho de todos - residentes y turistas- de poder veranear
sobre el sector costero libremente, sin restricciones de accesos a la playa. También, se reclama por un mayor control
por parte, en este caso, de Playas del Faro S.A.I y del mismo Municipio de General Pueyrredón sobre
quienes tienen la concesión de los balnearios del sur, evitando así que sigan sucediendo los abusos en los usos y
las condiciones de las explotaciones que vienen ocurriendo hasta hoy en esa zona de la ciudad, así como en todo el resto
de la costa marplatense.
Las diversas
agrupaciones, como Verde Mundo, consideran que
esto constituiría solo un primer paso a la resolución de la privatización costera y la segregación
socio-espacial, pero al menos, empezaría por inclinar un poco la balanza a
favor de lo público.
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