1. Introducción

El surgimiento de las políticas^{^[1]} de la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU) ejecutadas a través de “organizaciones sociales”^{^[2]} motivó el armado y consolidación de equipos técnicos al interior de las propias organizaciones y/o la consolidación de grupos profesionales (cooperativas, asesorías, cátedras, etc.), que venían realizando tareas de asesoramiento. Estas obras en barrios populares, implican una gran demanda de trabajo a grupos de arquitectos/as especializados en el abordaje del hábitat popular, que venían trabajando en el asesoramiento de manera gratuita. Esta demanda conlleva a los equipos a profesionalizar sus prácticas y formas de organización para poder ser contratados formalmente por las organizaciones. En este contexto, emergen “nuevos” dilemas (o no tan nuevos, como se desarrolla más adelante) y desafíos que interpelan a los ámbitos formativos y de discusión profesional donde, desde hace años, se viene configurando este perfil profesional abocado a las problemáticas del hábitat popular.

Este artículo apunta a construir elementos que aporten a la reflexión en torno a los dilemas y contradicciones que emergen en estas “nuevas” prácticas a partir de recuperar experiencias y discusiones previas. Se propone recuperar diversos episodios que ocurren desde mediados de siglo XX hasta fines de los años ochenta, cuando grupos de arquitectos/as se vincularon a las problemáticas del hábitat popular desde diferentes ámbitos. El artículo recorre las diversas estrategias y posicionamientos de dichos profesionales, así como los conflictos de intereses y diversidad de miradas que emergen entre los actores que configuran el campo profesional. Se centra en las acciones de los grupos que se vincularon a procesos de mejoras del hábitat, reacondicionamiento y radicación de los asentamientos populares, tanto desde equipos independientes, oficinas estatales, organizaciones políticas y/o grupos universitarios.

En la historia reciente es posible encontrar experiencias muy diversas donde la práctica profesional y la práctica militante se entrelazaron, interpelaron, distanciaron. En otro artículo reciente se recorrió esta discusión en los congresos de arquitectura de Latinoamérica durante el siglo XX (Durante, 2021a), por lo que aquí se busca centrar la mirada sobre Argentina y hacer un recorrido sintético y abarcativo de un período histórico extenso, que permita mirar las transformaciones que operaron sobre dicho perfil profesional. Episodios que resulta interesante revisar, así como los debates conceptuales que motivaron en el campo de estudios de la historia reciente, para problematizar, una vez más, sobre la relación entre arquitectura y política, entre ejercicio profesional y lucha política. Se realizó un análisis cualitativo a partir de fuentes documentales, tales como revistas especializadas y documentos producidos por los grupos. El artículo comienza con dos apartados que recorren una serie de debates de la historia local en torno a la relación entre práctica política, cuestión social y práctica profesional. Luego se recorren diferentes momentos que muestran múltiples formas de vinculación entre técnicos/as, políticas públicas y organizaciones de base territorial, que permiten profundizar en las posibilidades y limitaciones de estas articulaciones, así como visualizar algunas de las discusiones que emergen en el campo profesional y sus instituciones.

2. Profesión y militancia en la historia reciente de la arquitectura argentina

Cuando se habla de la politización de los sectores profesionales en Argentina, se suele ubicar la discusión en la década de los sesenta y setenta, junto al proceso de radicalización política de diversos sectores de la sociedad. En lo que refiere al campo de la arquitectura en particular, es posible encontrar, desde principios del siglo XX, un sector profesional que se pregunta sobre la injerencia de los saberes y prácticas disciplinares en las problemáticas de la vivienda y las ciudades, que crecían a ritmo acelerado. Sus posibilidades prácticas y perspectivas políticas variarán en los diversos contextos y territorios, sin embargo, su demanda aumenta significativamente cuando el Estado moderniza sus políticas públicas de vivienda y planificación, que requieren de profesionales formados para diseñarlas y ejecutarlas.

Para iniciar, interesa hacer la distinción entre el abordaje de la cuestión social y la vinculación con la lucha política. Se suele relacionar linealmente ambas, y sostener que quienes abordan las problemáticas sociales lo hacen por motivaciones en la lucha política, y viceversa, sin embargo, esto no siempre fue y es así. No siempre un arquitecto/a que trabaje en vivienda social coincidirá con una perspectiva progresista y/o transformadora de la sociedad, el abanico de prácticas y posicionamientos que se despliega es mucho más amplio y complejo. Silvestri (2014, p.73), sostiene, haciendo referencia a debates de los años sesenta y setenta, que en arquitectura “la idea de lo político es vaga y cambiante, -debido a- que carece de sensibilidad para los tiempos cortos de la acción humana”, en contraste con los tiempos que conlleva la materialización de las obras de arquitectura. Esto motivó que lo político se refiere a lo social, siendo este último un “tema que permanece de distintas formas en la mirada del ‘arquitecto argentino’, que se siente parte de un campo progresista” (Silvestri, ibid.). A pesar de la distinción necesaria entre “lo político” y “lo social”, es interesante visibilizar esta preocupación temprana de un sector de los arquitectos/as argentinos/as, desde principios del siglo XX. Esta situación, con sus posibilidades y limitaciones, permitió la comprensión de ellos/as como sujetos políticos, reclamando lugares de decisión y participación en las instituciones públicas.

Un tercer entrelazamiento para indagar en la relación entre la arquitectura, con “lo social” y “lo político”, es su vinculación con el proceso de modernización del campo profesional y los saberes disciplinares. La incorporación del proyecto moderno, de origen europeo, que arribó a Latinoamérica desde la década del veinte, se convirtió en un horizonte de sentido para quienes buscaban construir nuevas prácticas profesionales que dieran respuesta a las problemáticas de los sectores obreros y populares. Para Ballent y Liernur, el problema de la vivienda “se constituyó en el fundamento de un imperativo moral que instaló como principios la idea de un máximo despojamiento decorativo debido a su condición superflua, la exigencia del estricto cumplimiento de necesidades funcionales y la premisa de la reproductibilidad” (2014, p.29). La arquitectura moderna acompañaba a las búsquedas de una arquitectura para la vivienda masiva, su propuesta renovadora permitía satisfacer tanto las demandas de la industria de la construcción, como de las políticas sociales. Este proceso de modernización trascendió los contenidos disciplinares, e incluyó la renovación en las formas del ejercicio profesional, sus regulaciones e instituciones, sus medios de comunicación y prácticas en la arena pública, así como la formación y los planes de estudio en las carreras de arquitectura. Entre las primeras expresiones de la arquitectura moderna, según Brito y Maur (1993), dos posiciones se bifurcaron: entre quienes apuntaban a la renovación de la estética formal, y quienes entendían a la arquitectura como parte de una cultura transformadora de la vida, persiguiendo la consumación de la utopía del progreso.

Estos procesos de modernización se aceleraron con las políticas desarrollistas de los gobiernos que siguieron luego del golpe a Perón en 1955. Allí confluyó con un proceso de radicalización^{^[3]} política de los estudiantes, graduados/as y docentes universitarios/as, que fue creciendo hacia los años sesenta y principios de los setenta. En el período que va desde 1955 a 1974, que finaliza con la asunción de María Estela Martínez de Perón y el recrudecimiento de la represión a la militancia política^{^[4]}, se puede visualizar la politización creciente de estudiantes y profesionales universitarios/as, los cuales se vinculan a la lucha política del sector obrero organizado y las organizaciones de base de pobladores de villas y asentamientos. En este proceso suceden diversas prácticas que, desde la arquitectura, buscaron potenciar los procesos de organización social y política. Los vínculos con los movimientos sociales y organizaciones políticas dependieron, por un lado, de las posibilidades del contexto político más general, y, por otro lado, de las estrategias elegidas por los profesionales. Es por esto último, que se pueden encontrar, en la historia reciente, a arquitectos/as comprometidos con organizaciones y la mejora del hábitat actuando desde las universidades, las oficinas públicas, las instituciones profesionales, los equipos técnicos asesores de diversos partidos políticos, organizaciones sociales vinculadas a la iglesia católica, organizaciones sin fines de lucro, grupos profesionales independientes, entre muchas otras. Sobre algunas experiencias, que muestran diversas formas de vinculación, se vuelve en los apartados siguientes, siempre apuntando a desentramar las relaciones entre los profesionales y la militancia política.

Desde diversos campos disciplinares, el debate respecto de la figura del profesional universitario que se involucra en la lucha política de los años sesenta y setenta, traerá un largo derrotero en el estudio de la figura del intelectual y sus vínculos con la nueva izquierda, la izquierda tradicional y el peronismo. Una de las tesis largamente discutidas, es la que sostiene que la creciente “politización” de los ámbitos académicos y profesionales desencadenó en la pérdida paulatina de la “autonomía” del campo específico (Sigal, 2002). Según esta hipótesis, la centralidad de la política en la vida cotidiana de los sectores medios irrumpió en el proceso de modernización y desarrollo académico y científico, profundizado desde la caída del peronismo en 1955. Para el campo de la arquitectura, ciertos autores disienten con la idea de que la politización interrumpió el proceso de modernización. Contrario a esto, los discursos del compromiso social y el abordaje de las problemáticas de la vivienda y la ciudad, de origen moderno, son bandera de los movimientos más radicalizados en arquitectura. Ejemplo de esto, son autores como Malecki (2016), quien habla de una “aceleración” de los impulsos modernizadores ante la radicalización en arquitectura, mientras que Jajamovich (2014) sostiene que las relaciones entre las prácticas militantes y académicas dan cuenta de múltiples y complejas relaciones^{^[5]}, en los que las teorías de la “pérdida de autonomía” se matizan.

Las prácticas profesionales que se vincularon a los procesos de radicalización política han motivado el debate en torno a la relación entre la técnica y la política, entre trabajo profesional y trabajo militante. Diferentes aportes permiten revisar el debate sobre las adaptaciones y transformaciones que operaron con la modernización cultural y la politización de los sectores medios sobre el ejercicio profesional. En este sentido, el trabajo de Rigotti (2018), desarrolla las diferencias entre los “expertos”, aquellos cuya práctica sistemática se abocó a resolver la política pública y los “vanguardistas”, quienes se subsumieron en un discurso comprometido con la lucha política, dos figuras que emergen para diferenciarse del “profesional”, quien estaba “autolimitado a reproducir los aspectos menos comprometidos de un lenguaje que había sido aceptado ampliamente por el mercado inmobiliario y las corporaciones” (Rigotti, 2018, p.6). Carranza (2014), por su parte, habla del pasaje de un “profesional modernizador” al “profesional comprometido”, principalmente a principios de 1960, con referencia a la obra de Sartre. Para Silvestri (2014) a principios de 1970, se pasará hacia la idea del “intelectual orgánico” de Gramsci^{^[6]}. Más recientes son los aportes y nuevos elementos que arroja el trabajo de Jajamovich y Menazzi (2019) para ver estas figuras de expertos/as y profesionales a la luz de las agendas de los debates urbanos, sus multi-posicionalidades, sus vinculaciones con las diversas instituciones y estrategias desplegadas en la configuración de sus saberes.

3. Politización y politicidad, aportes de otros campos disciplinares

Cuando se recurre a otros campos disciplinares, fundamentalmente en las ciencias sociales, el abordaje de los años sesenta y setenta, resulta prolífero para indagar en la figura del intelectual universitario y sus vínculos con la lucha política. La juventud será el sector protagonista durante estos años, tanto por la revolución cultural, como por su participación activa en la política motivada desde su paso por la universidad pública, para luego involucrarse con la política más general del país. La figura del joven estudiante o del joven profesional entrará a la escena de la política no sin tensiones entre los saberes disciplinares y los saberes políticos, entre sus prácticas profesionales y sus prácticas militantes. Son variados los estudios que trabajan la historia de los intelectuales, que analizan dicho período y han profundizado en las intersecciones entre el campo de la política y los diversos campos profesionales y disciplinares, problematizando sobre la hipótesis en torno a la pérdida de “autonomía”, que se comentaba anteriormente. Muchos estudios recientes se preguntan cómo estos procesos interpelaron y renovaron las prácticas, debates e instituciones en diversos campos profesionales, tales como la psicología, la sociología, la abogacía y la economía.

Las afirmaciones sobre la pérdida de “autonomía” del campo profesional son deudoras de la teoría de los campos de Bourdieu, partiendo de la idea de que los campos de conocimiento construyen sus lógicas específicas en un proceso de autonomización, que incluye la creación de instancias de validación y de reproducción propias (Neiburg y Plotkin, 2004, p.17). En este sentido, el proceso de radicalización política erosiona la legitimidad de los diferentes campos disciplinares y profesionales al desestimar la autonomía de las prácticas específicas en relación a la política (Chama, 2016, p.28). Hay otras miradas que, como describen Neiburg y Plotkin, sostienen que la conformación del conocimiento sobre las sociedades “debería buscarse en las necesidades de una burocracia estatal en expansión, principalmente dedicada a la elaboración e implementación de políticas sociales” (2004, p.18), colocando el foco de atención sobre el papel del Estado y en factores externos a las lógicas internas de cada campo de conocimiento. Miradas que dialogan y se solapan en diversos estudios, que buscan cómo la política -y algunos pensaran al campo de la política, en términos de Bordieu- determina, subordina, condiciona y se refleja en las prácticas profesionales.

La diferenciación de Rigotti entre expertos/as, vanguardistas y profesional liberal, se sustenta en el trabajo de Neiburg y Plotkin (2004), quienes introducen esta figura del experto/a para dar cuenta de las configuraciones del perfil profesional en relación al Estado y sus demandas. Esta determinación de figuras no busca constituirse en clasificaciones cerradas, debido a que no siempre son distinguibles empíricamente. Los autores cuestionan la idea de que el/la intelectual, que se caracteriza por poder reflexionar sobre la sociedad, comprometido y crítico, sólo pueda ser mero intérprete en un contexto cambiante. Se siguen preguntando, si esto fuera así, ¿cómo se produce el conocimiento sobre la sociedad? Insisten con ver los vínculos productivos entre las figuras del experto/a y el/la intelectual, “ambas figuras lejos de marcar los puntos extremos de una línea, constituyen más bien un espacio de intersección productiva, y cómo es precisamente dentro de ese espacio (definido por el Estado, el mundo de la academia, el mundo de los negocios y lo que se ha dado en llamar ‘el campo intelectual’) donde se produce el conocimiento sobre la sociedad” (Neiburg y Plotkin, 2004, p.17). En vez de marcar la separación de los ámbitos de actuación, se proponen “subrayar los pasajes y la circulación de individuos, ideas, modelos institucionales y formas de intervención” (Neiburg y Plotkin, 2004, p.17). Para superar algunas de estas limitaciones, proponen no separar los ámbitos de validación de ideas y de prácticas, sino buscar en su confluencia, en la intersección de espacios distintos, cómo se produce el conocimiento sobre la sociedad, dar cuenta de los tránsitos entre espacios de acción, legitimación y validación, detectar el juego de mutuas legitimaciones y de confluencias entre los espacios de formación, los medios de difusión y la reconfiguración del Estado. Un entramado que complejiza la mirada sobre la construcción de conocimiento sobre la realidad social, y advierten que “la cronología de la constitución de saberes y campos de saber no siempre coincide con la cronología política” (Neiburg y Plotkin, 2004, p.25).

Del estudio del campo del arte en los sesenta y setenta, se registran aportes interesantes que indagan en la dimensión de “lo político”, entendida como las articulaciones internas del campo de conocimientos en cuestión, su capacidad no reproductiva, su fuerza propia para desestabilizar lo dominante y normalizado. Lo político se entrecruza con “la política”, la cual resulta de los intereses y las luchas por el reparto de poder, y, específicamente en aquellos años, a una disputa desde una mirada crítica al capitalismo. Ciertos autores del campo del arte se proponen, más allá de los procesos de politización, buscar la politicidad propia del campo de conocimiento. Se preguntan sobre cómo lo político resulta categoría intrínseca en la constitución de los campos. Bugnone (2014) sostiene que, en las décadas de 1960 y 1970, los artistas adoptaron múltiples formas de vincularse con los problemas y discursos políticos, cuya problematización se ve limitada por la idea de “autonomía” basada en la teoría de los campos de Bourdieu. No siempre hubo una resignación a ejercer prácticas desde el arte, un “abandono” del campo específico del que se formara parte, para abocarse por completo a la militancia política y la lucha armada, sino que hubo múltiples formas de articular ambos sentidos. La autora propone retomar a Ranciere, para encontrar la politicidad del arte en las tensiones entre autonomía y heteronomía, “la esfera de la estética es autónoma en tanto está separada de otras, pero en esa esfera se producen obras de arte que, por el contrario, son heterónomas: sus objetos no pueden distinguirse de los de las otras esferas” (Bugnone, 2014).

Desde el estudio del arte, Rubinich (2007) trabaja esta noción de la politicidad, y aporta elementos interesantes para problematizar sobre la misma. Por un lado, sostiene que es necesario una mirada analítica donde se considere la autonomía relativa del mundo artístico, en este caso, que se profundizó con la modernidad, donde prestar atención “a las lógicas particulares de ese espacio para procesar las relaciones con la historia política, económica y social, y también las disputas en el interior de ese mundo específico” (Rubinich, 2007, p.10). Desentramar las lógicas internas, no supone un abandono del contexto, sino analizarlas en relación constante, lo que supone cuestionar las nociones superficiales de contexto como generador de politicidad. En contraste con ello, se apunta a encontrar la politicidad “en las peculiaridades de la construcción del objeto y en cómo este se relaciona con las doxas sociales, políticas y artísticas” (Rubinich, 2007, p.10).

Por último, interesan los aportes que proponen indagar en los “entre” del campo profesional y del campo de la política, en palabras de Verzero, “Nos interesa explorar en el ‘entre’, en la imprecisión de esos límites: cómo se entrecruzan y redefinen, cómo se contaminan y superponen, cómo se imponen las lógicas dominantes de un territorio en el otro” (Verzero, 2012, p.19). Estos “entre” resultan necesarios para divisar los factores que generan la emergencia de nuevas prácticas, las rupturas que motivan nuevas formaciones. Parafraseando a Vezzetti^{^[7]}, resulta interesante construir una historia que se sitúa entre la arquitectura académica y el ejercicio profesional del arquitecto/a, entre la universidad y el campo intelectual, entre la organización profesional y la voluntad de intervenir en la sociedad, en síntesis, entre el repliegue en las ciencias y la apertura hacia una trama cultural dominada por una sensibilidad de cambio y los primeros signos del fantasma revolucionario (Vezzetti, 2004, p.295). Una serie de aportes conceptuales que interesan porque permiten dar profundidad y complejidad al abordaje de la relación dialéctica entre práctica profesional y práctica militante.

4. Primeras formas de articulación de lo político, el problema social y lo profesional

El complejo mapa político que se desencadenó con la instauración de la Revolución Libertadora y la proscripción del peronismo desde 1955, generó diversas expresiones de reagrupamientos en la sociedad en general y en el ámbito de la profesión de arquitectura, en particular. Durante los primeros gobiernos peronistas (1945-1955) se desplegaron diversas políticas habitacionales y de planificación urbana que eran resueltas, mayormente, por los equipos técnicos estatales, aspecto que fue cuestionado por los profesionales arquitectos/as y sus instituciones, como la Sociedad Central de Arquitectos (SCA)^{^[8]}. En septiembre de 1955, un golpe de estado derrocó a Perón e instauró la “Revolución libertadora”, ante lo cual las instituciones profesionales reforzaron su reclamo por la instauración de los concursos de proyectos para toda la obra pública. En 1961, se estableció que todos los proyectos que estaban a cargo de la Dirección Nacional de Arquitectura se resolvieran a través del llamado a concursos públicos, lo cual incrementó significativamente su cantidad (Gómes, 2018, p.20). Para los años sesenta, se comienza a generalizar para la vivienda estatal la construcción de grandes conjuntos habitacionales, una tipología heredera de las ideas de la arquitectura moderna^{^[9]}. Estos conjuntos se resolvían a través del llamado a concurso público, organizados, mayormente, por la SCA. Los concursos multiplicaron la creación de equipos de arquitectos/as jóvenes, para quienes “estos concursos en particular, pero también la promoción estatal a la vivienda masiva en general, generaron un amplio espacio de debate, experimentación, innovación y realización” (Ballent, 2018, p.48). Esta política de los conjuntos habitacionales fomentaba la participación de las grandes empresas constructoras, y se veía favorecida por los préstamos de los organismos internacionales^{^[10]}. En este camino, con la creación de la figura del “concurso de proyecto y precio”, donde además de la propuesta arquitectónica, se debía presentar una propuesta para su materialización, como expresa Ballent, usando palabras de Liernur, “los arquitectos se presentaban en vinculación con las empresas constructoras, produciendo una rara combinación o ‘extraña pareja’ de ‘empresarios e intelectuales’” (Ballent, 2018, p.48).

En este mismo contexto, aparecen en escena los primeros equipos técnicos de los partidos políticos. Diversos equipos, que se conformaron con profesionales de los partidos y se encargaron de construir la mirada técnica que permitiera legitimar las discusiones, reclamos y propuestas impulsadas. Un ejemplo es la discusión sobre cómo reemplazar a la Comisión Nacional de la Vivienda^{^[11]} (CNV) a través de un Consejo, a finales de los años cincuenta. Una comisión especial del parlamento, formada por la Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI), generó un proyecto de ley para crear el Consejo Federal de la Vivienda y del Planeamiento. A este proyecto respondió el Equipo de la Vivienda del Partido Demócrata Cristiano (PDC), que venía estudiando la problemática y publicando artículos al respecto en diversos medios. Ambas posiciones fueron publicadas en la revista Nuestra Arquitectura (NA). El Equipo del PDC cuestionó la participación de representantes de ministerios en el directorio del Consejo, debido a que ello conllevaba que “deja de ser técnico para ser político”. A estas expresiones respondió Walter Hylton Scott, editor de la revista NA^{^[12]}, donde propone la formulación de una Ley Nacional de Vivienda que garantice la política y controle la utilización de los recursos. Hylton Scott coincide con la no participación de los ministros, pero disiente en el uso de lo político como fundamento:

“(...) la inquietud de que sea político, no lo comprendo. En primer lugar, todo lo que hace al gobierno de un Estado es político. Lo mismo cuando se establece un impuesto a los cigarrillos, que cuando se crea un bando o se resuelve el destino de algunos fondos, se está haciendo política, que es la función de los que gobiernan. Ahora si por política se sobreentiende la política partidaria, ¿creen por ventura los miembros del PDC que la constitución del organismo con representantes de instituciones provinciales de vivienda los sustraería a la influencia política dominante y los convertiría en técnicos puros? Mera ilusión” (Hylton Scott, 1959, p.46).

Finaliza la nota, afirmando que, si se llevan adelante las propuestas del Equipo del PDC, “llevarían a la creación de otro monstruo burocrático” (Hylton Scott, 1959, p.46), a pesar de ello saluda que el equipo “ha cumplido con su deber de partido político al hacer conocer su pensamiento en materia de tanta importancia” (Hylton Scott, 1959, p.46). Estas expresiones de NA, permiten vislumbrar lo complejo de un escenario de discusión de las políticas públicas de parte de los “equipos técnicos”, más aún, para aquellos que se alzaban desde la negación de la discusión “política”. El carácter profesional y técnico de estos equipos, les permitían levantar un discurso desde una supuesta “neutralidad”. Según Gutiérrez (2012) el Equipo del PDC^{^[13]} se vio influenciado por los textos del padre Louis Joseph Lebret, “con su fuerte carga de compromiso social, fue muy importante en el grupo de profesionales e intelectuales que a mediados de siglo XX habrían de configurar los equipos técnicos de la Democracia Cristiana y particularmente los vinculados a los temas de planificación física y la vivienda” (2012, p.355). Este sector de intelectuales se identificó con el pensamiento socialcristiano que circuló en diversos textos durante los años cuarenta y cincuenta, traducidos al español. Para Gutiérrez, “Los estudios realizados por este grupo, el Proyecto de Ley de Vivienda, la organización de cooperativas, y la participación protagónica de muchos de ellos en la conducción de la Sociedad Central de Arquitectos y en la universidad marcó un cambio profundo en la manera de articular la acción política con el mundo académico” (2003, p.45).

El pensamiento de compromiso social-cristiano dio origen a otras iniciativas, como la Sociedad Emaús^{^[14]}. Una de las primeras experiencias que impulsó Emaús en Argentina fue el “Barrio de emergencia en Boulogne”, junto al Ministerio de Obras Públicas, inaugurado en octubre de 1956. El barrio construido era considerado una habitación transitoria, para que sus habitantes en tres o cuatro años pudieran conseguir otra vivienda. Constaba de 240 viviendas prefabricadas, un centro de atención médica, una escuela primaria, un centro de administración y un destacamento de policía. La iniciativa apuntó hacia la “organización de los habitantes”, garantizada a partir de un “código de convivencia y buena vecindad”. Otra experiencia, es la del barrio obrero Villa Saavedra, donde las viviendas fueron construidas por la cooperativa conformada por los vecinos/as, “un barrio de viviendas dignas, con un nuevo sentido social y con la satisfacción de ser los artífices de su ‘obra’” (SCA, 1957, p.8). En febrero de 1957, Emaús acompaña^{^[15]} a los miembros de la cooperativa a una reunión con el General Aramburu, en el que presentaron su propuesta de autoconstrucción. Esta era una de las primeras iniciativas de autoconstrucción de viviendas que se implementó en el país, donde se “demostrará lo que puede hacerse con el esfuerzo gratuito de los propios habitantes, sin esperar todo del Estado” (SCA, 1957, p.8).

Estas expresiones del social-cristianismo derivan en el Concilio Vaticano II, anunciado en 1959, y realizado entre 1962 y 1965, una serie de eventos que dan pie a que se multipliquen con fuerza las expresiones de la iglesia comprometida con las problemáticas sociales desde el territorio. Una de las primeras acciones de esta iglesia en Argentina, ocurre en Mendoza. Para 1959, el cura José María Llorens apoya y ayuda a las 150 familias del Barrio San Martin a comenzar la lucha por mejoras. Los vecinos/as conforman una cooperativa desde la que impulsan el reclamo por los recursos para la realización de mejoras en sus viviendas y el barrio. En este proceso, formulan sus propias propuestas, asesorados por diversos profesionales, entre ellos arquitectos/as, e implementan mecanismos de ayuda mutua y esfuerzo propio (Llorens, 1994). En 1964, se suman a la construcción de las mejoras en el Barrio San Martin los “Campamentos Universitarios de Trabajo” (CUT), donde participaban muchos estudiantes universitarios, provenientes de diferentes partes del país. Experiencias que se constituían en una “militancia social”, la cual, en varios casos, se transformó en una “militancia política” para fines de los años sesenta (Álvarez, 2009, p.5), vinculándose a organizaciones políticas como Montoneros, Fuerzas Armadas Peronistas (FAP), Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), Partido Comunista Revolucionario (PCR), entre muchas otras.

En el ámbito universitario comienzan a verse las primeras experiencias que se vincularon a organizaciones del territorio, con instancias de ida al campo, donde se generaron las vivencias de los universitarios/as con los sectores populares y sus problemáticas. Las acciones del Departamento de Extensión Universitaria de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en la Isla Maciel desde 1956 y hasta 1966, fueron de las primeras experiencias interdisciplinarias que vincularon la academia con el territorio. En la Facultad de Arquitectura, varios talleres propusieron realizar sus prácticas en la Isla, generando proyectos de vivienda y equipamiento, realizando análisis de planificación urbana y encuestas a los habitantes.

Estas primeras experiencias constituyeron antecedentes importantes para las acciones que se replicaron en todo el país durante los años siguientes. Por un lado, los CUT se multiplicaron en diversas ciudades, y, por otro lado, este proceso vinculó a profesionales que generaron aportes para pensar las prácticas territoriales vinculadas a la mejora del hábitat^{^[16]}. El Barrio San Martin es la antesala de lo que será el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo. Este Movimiento, que se crea para 1967, nucleó a muchos sacerdotes que estaban insertos en las barriadas desde años anteriores, los cuales “sumaban a sus tareas eclesiásticas su participación en el desarrollo de trabajos colectivos y aún en las tareas organizativas” (Zicardi, 1977, p.144), en sintonía con la renovación de la iglesia que se expresó en el Concilio Vaticano II. Este Movimiento tendrá una actuación importante en la organización de los sectores villeros en la Ciudad de Buenos Aires.

5. Politización y multiplicación de las formas y articulación con lo político

El golpe de estado de 1966, encabezado por Juan C. Onganía, autodenominado “Revolución argentina”, intervino las universidades y desarticuló varios esfuerzos que se venían encarando para renovar los contenidos. En la UBA y otras universidades del país se produjo la renuncia masiva de profesores, mientras que en otras continuaron algunos esfuerzos que buscaron reagruparse, como en el caso de Córdoba, logrando gestar para 1970 lo que fue el Taller Total en la facultad de arquitectura (Malecki, 2016). La intervención y el recrudecimiento de la represión estatal generó la radicalización política de amplios sectores de la sociedad, entre los que se organizaban estudiantes, profesionales, trabajadores, docentes, entre otros. El Taller Total buscó vincular los contenidos y estructuras pedagógicas con las luchas de los sectores populares. En los diversos talleres, los estudiantes abordaban las problemáticas del hábitat popular y mantenían diversas formas de vinculación con las organizaciones de base territorial. Durante los primeros años de la década del setenta, estas prácticas alternativas de formación se multiplicaron en otras universidades del país -con sus desarrollos particulares-, tales como Buenos Aires (conocidos como Talleres Nacionales y Populares, TANAPO), La Plata, Rosario (conocidos como Talleres verticales), y Tucumán.

Hacia los años setenta, proliferaron los equipos técnicos de las organizaciones políticas y encararon la tarea de construir diversos “Programas políticos de vivienda”. En este sentido, una clara expresión de ello es la nota de la revista Summa, de agosto de 1973, donde se realizan encuestas y se recopilan documentos de diversos equipos técnicos. Entre ellos, aparecen: Equipo de Vivienda del Consejo Tecnológico del Movimiento Nacional Peronista; Mesa de trabajo para la vivienda popular del Comando Tecnológico Peronista; Equipos político-técnicos de la Juventud Peronista-Regional 1 (Área vivienda y obras públicas); Desarrollo Urbano del Consejo de Planificación del Movimiento Nacional Justicialista; Partido Popular Cristiano; Equipos técnicos del Movimiento de Integración y Desarrollo; Asesoría de la Confederación General del Trabajo en política de vivienda; Unión Cívica Radical, Alianza Popular Federalista; Alianza Popular Revolucionaria (Summa, 1973). Estos grupos habían conformado diversas plataformas de trabajo, con la expectativa de la llegada del tercer gobierno peronista, en 1973. El grupo de la Juventud Peronista, se autodenominó “equipo político-técnico”, estaba formado por áreas temáticas y divididos en regiones, allí participaron y aportaron arquitectos/as que venían de diversas experiencias previas, como Mario Tempone y Fermín Estrella (Durante, 2022). En uno de sus documentos, que explicaban su propuesta de diálogo de saberes y construcción de una arquitectura “con y para el pueblo”, donde “nos preocupamos de ir destruyendo el monopolio del saber y de ir construyendo con el pueblo nuevas herramientas de producción intelectual” (Equipos político-técnicos JUP, 1973, p.5).

Tempone y Estrella forman parte de un sector profesional que viene discutiendo y formándose desde hace varios años en las problemáticas del hábitat, en diversos contextos políticos. Un sector que se encuentra en 1970 vinculado a la Comisión Municipal de la Vivienda (CMV) de la Ciudad de Buenos Aires, a la vez, vinculado al movimiento estudiantil peronista de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires (UBA), al movimiento villero peronista, y que aportó a los equipos técnico-políticos de la JUP. Esta posibilidad de vinculación y participación en diversos ámbitos permitió desarrollar una serie de prácticas de intervención en las villas de Buenos Aires, donde confluyeron saberes y experiencias previas. Estas trayectorias y confluencias explican experiencias significativas como el realojamiento de la villa 7 y la construcción del Barrio Justo Suárez, en Mataderos. Una experiencia que se desarrolla desde la CMV, cuyo equipo técnico decidió construir la propuesta, durante todo el proceso, instalando su oficina en la villa, generando un diálogo permanente con los y las vecinas. La participación fue plena en todas las instancias, y permitió la apropiación del proceso de proyecto y ejecución, que cristalizó ideas previas que los arquitectos/as del equipo venían discutiendo y formando (Massida, 2017, p.124).

El realojamiento de villa 7 no fue la única intervención en las villas realizada por la CMV, sino que generó en las diferentes villas de la ciudad mesas de trabajo y participación para realizar diversas mejoras. El equipo técnico de la comisión tuvo un papel destacado en la generación de estas instancias, y un contexto político favorable a nivel del gobierno municipal. Muchos de ellos/as daban clases en las universidades, o colaboraban con los equipos técnicos del movimiento organizado, ocuparon múltiples posiciones y/o fortalecieron una red de colaboraciones con otros/as profesionales -más presentes en la militancia política-. A lo interno de la CMV, los técnicos/as desplegaron estrategias gremiales que les permitieron fortalecer su autonomía política, ejemplo de ello era la participación de un delegado gremial en las mesas de trabajo barrial (Durante, 2022, p.122). Un ejemplo de las vinculaciones entre los profesionales, que se ubicaban en los diversos ámbitos, fue la propuesta de Proyecto de Radicación de la villa 31, iniciado a mediados de 1972, acompañada por el Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo (Camelli y Snitcofsky, 2016). Allí participaron arquitectos/as vinculados a montoneros, profesores de la UBA e integrantes de la CMV, una propuesta que fue bandera de movilización y que el movimiento villero colocó en la mesa para discutir con los funcionarios. La propuesta no prosperó y fue rechazada, sin embargo, permite ver estas múltiples articulaciones y posicionamientos de los técnicos/as hacia aquellos años, un sector involucrado siempre en la realización de propuestas que potencien la organización de base territorial, ya sea desde sus oficinas estatales, la militancia, o la universidad.

Las prácticas de arquitectura “comprometidas” con los movimientos sociales se multiplicaron con el aumento de la participación política de estudiantes y profesionales universitarios, lo cual creció junto a “la crisis del mercado laboral, el cuestionamiento a las instituciones y tradiciones, y la profundización de debates históricos propios del campo” (Durante, 2020, p.120). La politización puede ser visualizada hasta en expresiones de sectores tradicionales como la SCA, la cual fue transformando su discurso público, radicalizando sus críticas y asentando su posicionamiento respecto de los cambios necesarios a nivel disciplinar, profesional y sobre los rumbos del país. Para Maestripieri, estos cambios comenzaron a visualizarse desde la asunción de José Aslán como presidente de la SCA, coincidente con el inicio del gobierno de Onganía, en 1966. En su discurso inicial, Aslán señaló que la crisis de la profesión se debe a la falta de comprensión del papel que juega en la sociedad, pero resuenan sus contradicciones cuando hizo referencia a nociones que hablaban del perfil elitista, tales como “prestigio”, “aura”, “pureza”, “éxito”, “arte social” (Maestripieri, 1993, p.269). A pesar de esto, las expresiones de Aslán permiten abrir un debate profundo sobre el papel del arquitecto/a en la sociedad y sus procesos de cambio.

En el ámbito universitario los conflictos crecieron a inicios de los setenta, la facultad de arquitectura de la UBA no quedaba exenta de ello. Sobre dicha situación, se expresa la misma SCA, remitiendo una nota al Ministro de Cultura y Educación, donde señaló que “considera de fundamental importancia la colaboración de graduados y entidades profesionales en el estudio de las carreras prioritarias, el análisis de las demandas del mercado profesional y el estudio de la ubicación de la Universidad en la política de desarrollo del país” (SCA, 1971, p.57). Estas expresiones de la SCA sobre la situación en la FAU, al igual que sus expresiones de solidaridad con la detención del arquitecto Mario Soto, generaron grandes rispideces entre sus asociados/as. Uno de los cuestionamientos señalaba que no se respetaba uno de los artículos del Estatuto, donde se prohibían las expresiones políticas^{^[17]}. En una nota presentada por un grupo de socios/as^{^[18]}, se denunciaba que la SCA emitía “declaraciones de tipo subversivo, que en reiteradas oportunidades han llegado hasta la apología del delito, tales como las referencias elogiosas a los hechos de Córdoba con términos de barricada” (Martínez et al. cit. Gutiérrez, 1993, p.258). Cuestionan que la Comisión Directiva de la SCA se haya denunciado la existencia de “un clima de perversión ideológica y represión”, y llame a incursionar “en la acción política general del país”, en una “solidaridad militante”, apuntando a la “nacionalización y socialización creciente”, “al servicio del cambio nacional”^{^[19]}. Se acusaba a la SCA por generar las divisiones entre los asociados/as, cuestiones que debían discutirse en otros ámbitos, debido a que resultaban ajenos a los fines de la entidad. En noviembre de 1971, la SCA decide publicar un extenso documento donde discute con el sector que reclamaba mantener las discusiones políticas fuera de la entidad. Para aquel entonces, presidía la SCA Francisco García Vázquez. El documento recorre una serie de puntos que vinculan la política con diversas aristas del ejercicio profesional y el papel de la SCA, y diferencia la política de “lo partidario”.

“(...) sería particularmente criticable la actitud de ‘apoliticidad’, dado que en ellos ya no puede aceptarse, después de haber cursado estudios universitarios o de alto nivel académico, el desconocimiento de la necesaria dimensión política y ética de todos los actos humanos sin excepción.

(…) para servir al fin primero de la Sociedad es absolutamente esencial la politización -con exclusión por supuesto del partidismo-. Sin politización del nivel adecuado no hay posibilidad alguna de defender y promover el correcto y responsable ejercicio profesional, dentro del medio social al que se pertenece” (SCA cit. Gutiérrez, 1993, p.260-261).

Resulta evidente que, por un lado, se ubicaba un sector que proponía un mayor compromiso con la sociedad de parte de los asociados/as, una “solidaridad militante”, donde la política y lo político constituían dimensiones intrínsecas a la disciplina y profesión, diferenciándose de la discusión partidaria. En este sector se encontraban algunos profesionales del sector católico y progresista, liderado por Luis Morea y Horacio Pando. Mientras que, del otro lado, se encontraban sectores más tradicionalistas, nacionalistas y católicos, como Carlos Mendioróz y Federico Ruiz Guiñazú, que apuntaban a desligar la política de la institución, denunciando de subversivas las declaraciones de los otros grupos. Estas son muestra de un debate que comienza a radicalizarse y mostrar posicionamientos enfrentados, que eran reflejo de divergencias políticas que se expresaban en todos los ámbitos de la sociedad.

6. Dictadura, exilios, resistencias, reorganización

Las discusiones que entrelazaban la práctica profesional y la práctica política, que sucedían en todos los ámbitos de la vida cotidiana en esos primeros años de la década del setenta, fueron duramente silenciadas con el comienzo del andamiaje de represión paramilitar y paraestatal que se instaura hacia 1974, y que se profundiza con la asunción del gobierno cívico-militar luego del golpe de estado de marzo de 1976. Suele ubicarse el cierre de este proceso oscuro de política argentina con la vuelta de la democracia en diciembre de 1983, sin embargo, hay quienes prefieren hablar de una transición democrática (Lesgart, 2002), para dar cuenta de un proceso más complejo de transformación a nivel social, cultural y político.

Durante el período de la última dictadura militar, se sistematizaron y ejecutaron con fuerza las políticas de erradicación de las villas de la Ciudad de Buenos Aires, trasladando a sus habitantes al conurbano bonaerense, a veces a conjuntos habitacionales construidos con dicho fin, a núcleos habitacionales transitorios -con la promesa de una nueva vivienda futura, o simplemente los obligaban a buscar por sus propios medios nuevos lugares donde residir (Oszlak, 1991; Snitcofsky, Camelli y Massidda, 2021). Se estima que se expulsó de las villas a unas 200.000 personas durante el gobierno militar (Snitcofsky, 2017, p.62). Las organizaciones del movimiento villero fueron desarticuladas, los referentes perseguidos y víctimas de la represión, al igual que los militantes técnicos y universitarios que trabajaba con ellos. Cuando inician los desalojos sistemáticos, los únicos actores en pie que ayudaron a la resistencia villera fueron organizaciones religiosas como Cáritas y el Equipo Pastoral de Villas de Emergencia (EPV, creado en 1965), cuyos curas fueron quienes tuvieron un “rol de principales voceros de la población villera ante las autoridades y la opinión pública” (Bellardi y De Paula, 1986, p.64).

Una forma de resistencia y rearticulación de la organización villera ante los desalojos fue la creación de cooperativas de autoconstrucción que ejecutaron nuevas viviendas para las familias erradicadas, en diferentes lugares del conurbano bonaerense. Una de las más conocidas fue la experiencia de la Cooperativa Copacabana con pobladores de la villa 31, pero no fue la única, sino que se conformaron varias, que recibieron apoyos diversos. Se fueron conformando redes de trabajo y colaboración donde se implicaron instituciones religiosas, sociales, organismos internacionales, grupos universitarios, entre muchos otros actores (Bellardi y De Paula, 1986; Varela Daich, 2016). Las formas de financiamiento de las viviendas, inicialmente, fueron de la propia iglesia católica, a través de Cáritas y el EPV, y luego recibieron ayuda de organismos internacionales y otros esfuerzos organizados. Muchas de estas experiencias recibieron asesoramiento técnico de profesionales arquitectos/as. Por un lado, en ciertas experiencias se conformaron “comunidades de apoyo” que estaban integradas por “los equipos profesionales y colaboradores voluntarios en general y cuya labor se extendía más allá del asesoramiento técnico específicamente, incluyendo además tareas de promoción social y desarrollo comunitario” (Bellardi y De Paula, 1986, p.92). Los profesionales que conformaron estos grupos eran cercanos a las iglesias y los curas villeros. Además de ayudar a resolver la demanda habitacional y a organizar a los pobladores, según Varela Daich, los equipos técnicos también buscaron “promover los valores cristianos y, posteriormente, consolidarse ellos como grupo de trabajo” (2016, p.109). Un ejemplo de esto último, es el equipo de técnicos de Copacabana, que “se profesionalizó” formando el Equipo Técnico de Vivienda (ETV) de la Fundación Vivienda y Comunidad (FVC) (Bellardi y De Paula, 1986, p.93; Varela Daich, 2016, p.109). Por otro lado, a algunas de estas experiencias se acercaron y vincularon grupos con larga trayectoria como el Centro Experimental de la Vivienda Económica (CEVE) de Córdoba. El CEVE no solo participó de experiencias en suelo cordobés, sino que colaboró con procesos en Buenos Aires, a través del vínculo con el Padre Jose Maria “Pichi” Meisegeier -un actor importante en los procesos de resistencia villera-.

El CEVE se creó en 1967, dentro Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica de Córdoba, constituyéndose, en 1974, como la primera institución dedicada al problema de la vivienda que se incorpora a la red del CONICET. Este Centro era una iniciativa de la Universidad ante el Departamento de Cooperación Técnica de la OEA, “un proyecto para la creación de un organismo universitario dedicado a la investigación y experimentación de la vivienda económica” (CEVE, 1971, p.21). Horacio Berretta fue designado como director del CEVE por su experiencia en materia de vivienda social, y comenzó las acciones junto a un equipo de profesionales interdisciplinario y estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la misma universidad. Los primeros trabajos del CEVE se orientaron a los problemas de las villas de emergencia de la ciudad de Córdoba, el primer prototipo de vivienda se construyó en 1968, en el cual se buscó desarrollar un sistema que pudiera ser construido por ayuda mutua y que permitieramaximizar el ahorro en los materiales. Para 1976, los mismos profesionales del CEVE crearon la Asociación de la Vivienda Económica (AVE), una institución con personería jurídica que les permitió firmar convenios y recibir diversos financiamientos (Cuenya, Pastrana y Yujnovsky, 2021, p.63).

Con el regreso de la democracia, estas acciones organizadas de construcción de viviendas con mecanismos de “ayuda mutua y esfuerzo propio” no cesaron, sino que se multiplicaron, y de hecho comenzaron a recibir un mayor apoyo externo y de las propias políticas públicas del gobierno nacional. Proliferaron diversas Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que se abocaron a la temática de la vivienda popular, lo cual queda documentado en los trabajos de investigación que impulsó el Centro de Estudios Urbanos y Regionales^{^[20]} (CEUR) durante los años ochenta, como la cartilla de “Proyectos alternativos de hábitat popular” (1989). Según este documento, se configuró un amplio espectro de alternativas, ONG’s, fundaciones, grupos de trabajo, programas universitarios, etc., abocados al hábitat popular, que realizaban tareas de: producción de nuevas viviendas o prototipos, mejoramiento habitacional, asistencia técnica, capacitación, financiamiento, investigación y transferencia (CEUR, 1989, p.7).

En aquellos años ochenta, con la vuelta de la democracia, se pueden encontrar otras iniciativas que no quedaron registradas en la cartilla del CEUR, como el “Programa de Apoyo a la Autoconstrucción Independiente” impulsado por el arquitecto Jaime Nisnovich. Esta iniciativa comienza en 1984 con una propuesta del arquitecto, la cual, gracias al contacto con Oscar Oszlak -a quien le construía una de sus viviendas-, consiguió el apoyo de la representante de la Inter-American Foundation (IAP), la cual financió el Programa. Inicialmente, gracias al contacto con Oscar Yujnovsky -con quien había cursado en la facultad de arquitectura de la UBA-, Nisnovich consiguió radicar el programa en el CEUR para obtener el andamiaje legal necesario, años después generó la propia organización y se desvinculó. Este Programa se orientó a los autoconstructores independientes, aquellos que no estaban organizados, y proponía generar redes de colaboración y capacitación a nivel barrial a través de la figura del Club del Hornero, que se apoyó en el “Manual del Autoconstructor”. Este Manual fue la versión acotada y preliminar de lo que, unos años después, en 1994, saldría a la venta como “Manual Práctico de Construcción” que se distribuye en kioscos hasta la actualidad^{^[21]}.

Gran parte de los profesionales que vemos en estas experiencias de los años ochenta no son los mismos que se observaban discutiendo en los años setenta, vinculados a la militancia política revolucionaria. De este sector, quienes lograron escapar a la persecución del andamiaje represivo se tuvieron que exiliar y esconder en el interior del país, o salieron a países del exterior, como México, Ecuador, Brasil, España o Francia. En México confluyeron muchos/as de ellos/as, según un listado armado por el propio Fermin Estrella^{^[22]}, había cerca de setenta arquitectos/as argentinos/as en 1978. Dicho listado lo confecciona para dinamizar redes de solidaridad entre los profesionales exiliados/as, de allí salió lo que se denominó Grupo de Arquitectos e Ingenieros Argentinos en el Exilio en México (GAIAM), y la intervención colectiva que realizaron en el XIII Congreso de la Unión Internacional de Arquitectos (UIA), en 1978, donde presentaron ponencias en conjunto -sobre debates disciplinares y profesionales, algunos de ellos vinculados al hábitat popular- y realizaron expresiones de repudio y visibilización de la represión y desaparición de personas que sucedía en Argentina (Durante, 2021b). En México algunos/as se insertaron como docentes en las escuelas de arquitectura, otros/as en instituciones públicas, otros/as en el ámbito privado. Es posible encontrar a ejemplos de arquitectos/as que continuaron realizando experiencias ligadas a las problemáticas del hábitat popular durante su exilio. Ejemplo de ello, es el propio Fermin Estrella trabajando en el diseño participativo de conjuntos habitacionales para cooperativas financiadas por el Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO). Otro ejemplo lo constituyen los y las profesionales que pudieron insertarse como docentes y participaron de experiencias político-pedagógicas que vincularon la formación con el movimiento urbano popular, como lo fue el Autogobierno Arquitectura de la UNAM.

Es interesante reconocer cómo en México, hacia fines de los setenta, principios de los ochenta, se multiplicó la creación de asociaciones civiles y organizaciones no gubernamentales que apoyaron y acompañaron a lo que se denominaba el movimiento urbano popular. Una de las más reconocidas es el Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento (COPEVI), cuyo origen fue previo, a mediados de los años sesenta, donde participaron varios profesores provenientes del Autogobierno Arquitectura. De hecho, varias de estas fundaciones y ONG’s estaban conformadas por los equipos universitarios de profesores y técnicos/as que venían asesorando procesos territoriales. Esto les permitía motorizar un proceso de asesoramiento continuo -en contraste con los tiempos de los “calendarios académicos”-, a través de un vínculo permanente, y, a la vez, constituían las personerías jurídicas necesarias para la recepción y gestión de fondos propios para financiar el trabajo profesional. En estas organizaciones se involucraron profesores e investigadores que mantenían sus múltiples inscripciones, como profesores de talleres, como investigadores de centros abocados a la temática y como integrantes de estas asociaciones y asesores técnicos del movimiento urbano popular.

Tanto en Argentina, como en México, en paralelo, se dio la generación de estas organizaciones no gubernamentales y fundaciones que permitieron trabajos de asesoramiento y financiaron la ejecución misma de las mejoras en las barriadas populares. Sus acciones se financiaron, principalmente, con fondos de organismos internacionales de cooperación muy diversos, como Misereor -motorizada por la iglesia católica alemana- o Cooperación Técnica Alemana GTZ -una agencia impulsada por el gobierno alemán. En este proceso, los equipos técnicos abocados al hábitat popular pudieron profesionalizar sus prácticas y generar nuevas formas de organización del trabajo y administración de los recursos.

7. Entrelazamientos y reflexiones finales

Este breve y acelerado recorrido por procesos que requieren una mayor profundidad apuntó a divisar, de manera general, las formas prácticas y de organización de los y las profesionales que abordaron la mejora del hábitat popular, apuntando a fortalecer los procesos de organización de base territorial. Desde mediados de la década del cincuenta se ven los primeros esfuerzos desde las organizaciones sociales y el Estado en abordar la cuestión de los asentamientos populares, aplicando diversos programas para la mejora del hábitat, regularización y radicación de los mismos. En este proceso, se pueden divisar tres etapas diferentes en cuanto al posicionamiento y estrategias del sector profesional. En una primera etapa, entre las primeras experiencias, de mediados de los años cincuenta, y mediados de los años sesenta, es posible ubicarlos dentro de espacios institucionales, universitarios y partidos políticos tradicionales. A la vez, se visualiza que muchos de los primeros esfuerzos se vincularon al llamado a la acción desde la iglesia y sectores católicos, desde la moral cristiana de ayuda social y comunitaria. Desde allí, desarrollaron incipientes prácticas participativas y de consulta con las poblaciones, sin embargo, harán su mayor esfuerzo en el debate parlamentario y configuración de políticas públicas orientadas al hábitat popular. En esta primera etapa hay confianza en las instituciones, tanto estatales, desde donde impulsar programas; profesionales, desde donde configurar la legitimidad de este perfil profesional; como universitarias, desde donde desarrollar acciones de vinculación con las poblaciones.

Una segunda etapa podría señalarse hacia fines de los años sesenta y principios de los setenta, con discusiones que cuestionan los alcances de las instituciones y las políticas públicas. A la vez, los sectores progresistas transforman su militancia social en una militancia política, adhiriendo a diversas organizaciones políticas que apuntaron a transformar de raíz las estructuras. En este sentido, se cuestiona el accionar de la Universidad, las instituciones profesionales y el Estado, señalando sus condicionantes estructurales para llevar adelante una acción transformadora de las condiciones del hábitat popular. Junto con el crecimiento de los movimientos sociales en villas y asentamientos, se consolida un sector profesional, que provenía de acciones dispersas y particulares, en el armado de equipos técnico-político que asesoran a las diversas organizaciones de base territorial. Un sector que trabajaba en las oficinas estatales y en las universidades, por lo que allí también se ve la aparición de experiencias alternativas que cuestionan los mecanismos tradicionales de abordar la problemática del hábitat. Durante los primeros años de la década del setenta, se ven luchas articuladas entre el movimiento estudiantil, organismos de representación profesional, el movimiento de pobladores y las organizaciones político-revolucionarias. Las multi posicionalidades permitieron el sustento económico, a la par de que se ensayaban nuevas políticas públicas debido al crecimiento exponencial de la problemática habitacional y la ineficacia de lo hecho anteriormente.

Una tercera etapa - se señala en el proceso de transición democrática del país durante los años ochenta. Aquí se ven grupos que resistieron desde el exilio interno y quienes partieron hacia el exterior y lograron continuar participando de prácticas alternativas vinculados a las problemáticas del hábitat popular. Desde 1984, se generaron diversas políticas orientadas a financiar esfuerzos del “tercer sector”, organizaciones, cooperativas y asociaciones, para que ellas mismas construyan las mejoras en los asentamientos, con un fuerte apoyo de financiamiento internacional. Esto generó que se multipliquen las organizaciones civiles y no gubernamentales que abordaron la temática desde los diversos territorios. Sin embargo, aquí se desdibuja la acción política, desaparecieron los discursos que entrelazaban la práctica en los territorios con la práctica militante. Se hablaba de potenciar la organización de base, pero como un objetivo en sí mismo y no como un medio para la transformación radical.

La profesionalización de los arquitectos/as para abordar la mejora del hábitat popular encontró diferentes posibilidades que dependieron de los contextos políticos donde se insertaban sus prácticas, de los programas públicos que las motorizaron, del papel de las instituciones profesionales y académicas que legitimaron su accionar y de la experiencia acumulada de los colectivos profesionales. Este breve recorrido busca ser un puntapie para próximas investigaciones que profundicen en los diversos episodios y permitan desentramar dilemas que siguen vigentes, que son visibles como tensiones en algunos de los episodios visitados. Quedan preguntas abiertas en referencia a: ¿Cómo se construye el conocimiento en estas prácticas? ¿cómo se entrelazan los proyectos políticos y de sociedad? ¿Qué papel tienen en el fortalecimiento de la organización de base, los profesionales?, ¿Cómo se logra la sustentabilidad económica en el tiempo, en contraste con los tiempos cambiantes de las políticas de turno? ¿Cómo se articulan las militancias en los diversos ámbitos: universidad, profesional, laboral, territorial?

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Ziccardi, A. (1977). Políticas de vivienda y movimientos urbanos. El caso de Buenos Aires (1963-1973). Centro de Estudios Urbanos y Regionales, Instituto Torcuato di Tella.

^{^[1]} Hacemos referencia a los Programas de Obras Tempranas (POT), Proyectos Ejecutivos Generales (PEG), las Acciones para el Repoblamiento Comunitario de Argentina (ARCAS), entre otras acciones de intervención por la mejora del hábitat dentro de los polígonos determinados por el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP).

^{^[2]} Concepto usado por la propia SISU, el cual no necesariamente coincide con la identidad de las organizaciones que efectivamente coordinan estas políticas, donde se encuentran desde ONG’s y Fundaciones, hasta movimientos sociales y piqueteros, cooperativas, organizaciones y partidos políticos. Resultan organizaciones de base territorial que pueden generar las personerías jurídicas necesarias para poder recibir y gestionar los fondos de los diferentes programas.

^{^[3]} En este caso, se hace referencia a la radicalización en términos de Juan Sebastián Califa (2014), la cual “remite a un proceso de acumulación política, de cuerpos e ideas condensados en colectivos humanos que las llevan a la práctica”.

^{^[4]} En este caso se hace referencia a los mecanismos sistemáticos de persecución, detención, tortura y muerte de militantes de los sectores de izquierda desatados con la puesta en marcha de diversos grupos paramilitares y paraestatales como la Triple A y la CNU.

^{^[5]} Sebastián Malecki (2016) estudia el caso del Taller Total de Córdoba, mientras que Guillermo Jajamovich (2014) estudia la propuesta de Mario Corea para el concurso de remodelación del área central de Santiago de Chile que se convoca durante la presidencia de Allende.

^{^[6]} Martín Carranza (2014) realiza esta afirmación en su investigación sobre el Congreso de la Unión Internacional de Arquitectos que se realizó en Cuba en 1963, y Graciela Silvestri (2014) que recorre la trayectoria del arquitecto Mario Corea, quien militaba en el Partido Comunista Revolucionario y participó activamente en el Taller Total de Córdoba.

^{^[7]} Lorena Verzero (2013) estudia el ámbito del teatro en Argentina entre 1960 y 1970; y Hugo Vezzetti (2004) estudia el campo de la psicología en Argentina para la misma época.

^{^[8]} Una gran parte de los arquitectos/as cuestionó la política de vivienda del gobierno peronista, “tanto la fracción más progresista de las vanguardias (por cuestiones teóricas, técnicas e ideológicas), como los académicos-eclécticos (por cuestiones de intereses laborales), quienes ven amenazado el trabajo profesional de las casas de alquiler (casas de renta) con la prórroga de la ley de alquileres, luego la construcción masiva de viviendas a cargo del Estado y finalmente la vigencia de la ley de propiedad horizontal” (Cirvini, 2012, p.127)

^{^[9]} Para profundizar sobre el análisis de los aspectos tipológicos, formales y constructivos de los conjuntos, así como su relación con la producción arquitectónica local y regional de estos grandes conjuntos habitacionales ver Liernur (2001) y Ballent (2018).

^{^[10]} Gracias a los préstamos de organismos internacionales como el Banco Mundial, la Organización de Estados Americanos, el Banco Interamericano de Desarrollo, podían encararse obras de semejante magnitud (Liernur, 2001, p.348).

^{^[11]} La CNV se crea en diciembre de 1955 con el objetivo de armar un "Plan de Emergencia" y un "Plan Integral" para atacar la crisis habitacional, el gobierno se alzaba como “agente reparador” de los problemas que, en su opinión, habían dejado los gobiernos peronistas, lo que les permitía justificar el golpe (Massida, 2015, p.3)

^{^[12]} Recordemos que la revista Nuestra Arquitectura es de las primeras revistas en abordar el problema de la vivienda social y dedicará extensas páginas a la discusión, durante muchos años (Durante, 2019)

^{^[13]} Integraban el Equipo los arquitectos: Luis Miguel Morea, Jorge Enrique Hardoy, Alberto Ricur, Enrique Lanús, Marcelo Salas, Federico Ruiz Guiñazú, Libe de Gamboa, Juan Ramos Mejía, Oscar Molinos y un vasto grupo de estudiantes.

^{^[14]} El movimiento Emaús fue fundado por el padre Abbé Pierre en Francia en 1947, para 1954 recorrió todo el mundo predicando sus ideas. En Argentina, será el sacerdote jesuita José Balista quien emprendió la sede local y generó diversos materiales sobre la discusión del problema de la vivienda.

^{^[15]} Participaron allí el presidente de la Cooperativa Obrera Villa Saavedra, Roberto D'Angelo; el presidente de Emaús, Pedro Gutiérrez, y José Bourdieu, uno de los arquitectos de la institución.

^{^[16]} Ejemplo de esto, es la colaboración del sociólogo Ezequiel Ander Egg, quien publica diversos libros, desde el campo del trabajo social, sobre sistemas de ayuda mutua y autoconstrucción. Otro ejemplo es el del arquitecto mexicano Enrique Flores Ortiz, quien viaja a conocer la experiencia a fines de los años sesenta.

^{^[17]} Hacen referencia al artículo 2 del Estatuto de la SCA, donde se expresaba que la misma “no podrá desarrollar actividades o emitir opiniones en asuntos que impliquen definiciones de índole política, religiosa o de cualquier otro carácter no establecido expresamente en estos Estatutos” (Gutiérrez, 1993, p.258). El proceso que se relata, tendrá su impacto en este Estatuto, como señala Gutiérrez, en 1980, la SCA incorpora como uno de sus objetivos “emitir opinión en aquellas acciones o proyectos de Gobierno que tengan relación con la actividad de los arquitectos, participando en tomas de decisión, criterios o fijación de políticas” (SCA cit. Gutiérrez, 1993, p.276).

^{^[18]} La nota presentada en septiembre de 1971, estaba encabezada por los arquitectos Alejo Martínez, Carlos Mendioroz, Carlos Onetto, Raúl Pérez Tort y Ferando Mujía, quienes representaban a un grupo de 84 socios/as que adherían a la misma (Ídem).

^{^[19]} Todas estas expresiones, citadas en la misma nota a la que se hace referencia, son parte de algunos de los comunicados que publicó la Comisión Directiva de la SCA.

^{^[20]} Un espacio pionero en la investigación de las problemáticas urbanas, se gestó en el seno de la Universidad Nacional del Litoral, en Rosario, como Instituto de Arquitectura y Planeamiento -IAyP- (1957-1961), luego Instituto de Planeamiento Regional y Urbano del Litoral -IPRUL- (1961-1965). En 1965 se trasladó a la UBA, como Equipo de Estudios Urbanos y Regionales -EEUR- (1965-1966), y en 1966 se independizó como CEUR (Monti, 2015).

^{^[21]} A principios de los noventa, Nisnovich deja de percibir la ayuda de la IAP, pero se compromete a terminar el manual. Lo finaliza y logra imprimir en 1994, gracias a préstamos que le contrajeron una gran deuda que pudo saldar gracias a que sus primeros veinte mil ejemplares se vendieron en dos años. Al primer manual de construcción, siguieron dos tomos de instalaciones sanitarias que siguen teniendo nuevas ediciones hasta la actualidad.

^{^[22]} En el marco del trabajo de investigación posdoctoral se realizaron entrevistas a un grupo de unos quince exiliados/as arquitectos/as en México, el listado fue dado por Carlos Lavore, uno de los primeros en arribar a suelo mexicano en 1975.