Introducción
Este artículo desarrolla lo que se considera un nuevo emergente social en torno al hábitat popular. Y es por eso que un primer apartado desarrolla esta idea, basada en la presentación de una problemática que, si bien no es reciente, constituye un fenómeno que hace pocos años comienza a visualizarse como una temática de abordaje específica. Una temática con cuerpo suficiente para conformarse como área de interés para la investigación y como problemática socio urbana con peso propio, cuyo impacto puede leerse como un retroceso cualitativo en materia socio urbana.
El consumo de drogas en infancias y juventudes cala profundamente en las relaciones interpersonales comunitarias y en los vínculos familiares más estrechos. Desde la casa hasta el barrio, la condición de los sujetos en situación de consumo disuelve las posibilidades de encuentro y, por ende, de cooperación en cualquier ámbito de la cotidianeidad. Surgen si, nuevas organizaciones como respuesta a este conflicto, pero ya desde la ruptura, como una nueva resistencia. Así se leía en el año 2010, cuando durante una secuencia de mapeos participativos en diferentes barrios del Gran San Miguel de Tucumán (GSMT), todos coincidían en que el intercambio y consumo de drogas ocupaba el primer lugar entre las preocupaciones vecinales.
Atendiendo a este llamado, esta investigación desarrolla el estudio y análisis de procesos de producción del hábitat asociados a la problemática de salud inherente al intercambio y consumo de drogas. Para eso, el artículo presenta las principales contradicciones y confrontaciones entre modelos de hábitat y salud, ejes conceptuales de este trabajo, articulados a través de la participación, como noción capaz de poner en diálogo a ambos en el territorio, y en el análisis científico.
Un siguiente apartado pone la lupa en las condiciones concretas de existencia de los barrios populares, en la ciudad intermedia del GSMT. Allí se despliega el fenómeno con las particularidades que conllevan las condiciones de vulnerabilidad urbana extrema, constituyendo nuevas dinámicas y cotidianeidades barriales. Estas particularidades se desarrollan en un extenso apartado de resultados, que se inicia con la descripción y análisis de la secuencia temporal y los ámbitos en los que se desarrollan dos procesos barriales seleccionados para su estudio. En segundo lugar, se explica el mapa de actores involucrados, sus vínculos y el papel de cada uno en sus respectivas experiencias. Esto permite una tercera instancia de entrecruzamiento de recorridos, acciones y roles, como instancia de reelaboración de los resultados obtenidos de la investigación, de cohorte fundamentalmente cualitativa.
Las conclusiones buscan presentar aportes críticos y concretos en la materia, tanto para la producción científica, como para la formulación de políticas públicas apropiadas, una de las metas más anheladas por el ámbito académico, contribuir a transformaciones concretas en el territorio y por eso, esta investigación nace del acompañamiento concreto a experiencias de mejora participativa del hábitat. Allí, donde se cuecen las habas.
Nuevos emergentes sociales en torno al hábitat en los barrios populares
Las dinámicas urbanas asociadas al consumo de drogas se constituyen como un circuito integrado por producción, distribución, comercialización y flujo de capitales (Harvey, 2001), cuya re-estructuración en los últimos años le permitió mutar de un sistema de venta hegemónico a otro desglosado y con fuerte anclaje territorial, conformando un mercado interno vinculado con economías de subsistencias locales (Cortes Vargas, Parra Cely, 2011).
El intercambio y comercialización de estas sustancias se conoce en los barrios populares de Argentina como narcomenudeo, a través del cual se generaliza el consumo de pasta base de cocaína, conocida como Paco. Se trata de la droga más económica y, por lo tanto, de mayor uso en los asentamientos populares urbanos. Ocasiona un acelerado deterioro físico y mental de los consumidores, así como un elevado nivel de dependencia, que impacta en la estructura social mediante la descomposición de vínculos, la profundización de la segregación social y el aumento de la violencia (Boldrini, 2019; Trufo et al, 2017). Esto modifica radicalmente las dinámicas cotidianas desplegadas en el hábitat barrial, situación que profundiza el aislamiento de la comunidad, ya marginada y desprotegida; que se agrava con denuncias de connivencia policial, cuestionando el rol estatal y promoviendo la criminalización de sus habitantes (Trufo et al., 2017).
Las condiciones de pobreza, estructural y en aumento en la Argentina, y en particular en el norte del país, se profundizan y actualizan mediante estos nuevos fenómenos sociales desarrollados en forma precipitada durante los últimos años. En particular en los barrios populares, se produce mediante la coexistencia entre el intercambio y el consumo de drogas entre jóvenes e infancias (Boldrini, 2019; Boldrini y Décima, en prensa), activando tanto la exacerbación del conflicto, como procesos comunitarios que buscan contrarrestar el problema.
Frente al incremento acelerado de casos de consumo y dinámicas delictivas asociadas a este circuito, nuevas políticas públicas se implementan en el marco de un lento y dificultoso cambio de paradigma en materia de salud. En tal sentido, el modelo Prohibicionista es el que rigió plenamente hasta el año 2010, con la aprobación de la nueva Ley de Salud Mental, que promueve el modelo de reducción de daños en franca contradicción al primero. Estos modelos –desarrollados más adelante- impactan en medidas y hechos concretos en los barrios populares que originan el interrogante central en este trabajo, dedicado al análisis de los procesos de producción del hábitat asociados a la problemática de salud inherente al intercambio y consumo de drogas en barrios populares. Para esto se recurre al estudio de casos en una ciudad intermedia de la Argentina, el Gran San Miguel de Tucumán, durante el periodo 2015-2023, que comprende dos gestiones de gobierno nacional y provincial.
La estrategia metodológica adoptada, se inicia con el abordaje de la vida cotidiana de los habitantes del barrio, donde el sentido de pertenencia, la cotidianeidad y la comunicación se establece espontánea y libremente (Pereira Gómez, 2000). En tal sentido, se asume lo que Quiroga y Racedo (1995) desarrollan como crítica a la vida cotidiana, que constituye el análisis de la forma en que cada organización social resuelve el interjuego entre necesidad y satisfacción; que puede presentar desfasajes, generando frustración y descenso de su umbral de tolerancia. Cuando esta situación se repite y naturaliza, origina hostilidad e incremento de violencia en los tres ámbitos de la vida cotidiana: familia, trabajo y tiempo libre. No obstante, cuando la necesidad logra identificarse y constituirse como motor de una tarea, contribuye a la conformación de grupos (Pichon Riviere, 1999), cuya dinámica condiciona la calidad del proceso desde un enfoque participativo y tendencial, retroalimentando procesos de fortalecimiento comunitario.
La cotidianeidad se ve alterada –o bien ya forma parte de ella- por las operatorias públicas, cuyo fin es pautar y promover modos de resolución de necesidades sociales y gestión de los recursos públicos en la población (Meny y Tohening, 1996). Sus repercusiones son múltiples y se encuentran –o desencuentran-, con los esfuerzos autogestivos de la comunidad por dar respuesta a sus necesidades. Di Virgilio (2010) sostiene que las políticas deben analizarse de acuerdo a su discurso, el curso de la acción y el entramado de actores. Asimismo, se agrega que, para evaluar las relaciones entre el discurso y el curso concreto de acción, se consideran fundamentalmente las condiciones de participación sostenidas a lo largo del proceso, entendida como la modalidad que habilita el despliegue integral del protagonismo comunitario en todas las fases de un proceso de producción del hábitat (Boldrini, 2012).
En tal sentido, se considera que los esfuerzos autogestivos son los que se asocian mayormente a esta calidad procesual, en tanto comprende una población organizada, que resuelve sus necesidades bajo parámetros que conllevan una concepción de hábitat integral. Supera el alcance viviendista[1] para incluir espacios de uso comunitario y productivos, configurando una dialéctica virtuosa entre los diferentes aspectos de la vida cotidiana bajo lógicas de cooperación vecinal, solidaria, sin asimetrías jerárquicas. Para analizarla, diversas y reconocidas académicas y activistas han elaborado lineamientos en el marco de la comisión de Autogestión de la Red Habitar Argentina, que pueden sintetizarse en: a. el abordaje de necesidades claves, detectadas desde la propia comunidad, y resueltas teniendo en cuenta sus propios mecanismos y conocimientos, b. un proceso de fortalecimiento creciente de la capacidad emancipadora de las organizaciones sociales, repolitizante, c. la simetría en la construcción de vínculos y ámbitos habilitantes y apropiados para la realización de la tarea y toma de decisiones estructurales a lo largo de todo el proceso (génesis, nudo, proyección), y por último d. el manejo de los recursos por parte de la comunidad (Boldrini y Malizia, 2023). Todos ellos aspectos inherentes al desarrollo de condiciones de participación plena en un proceso de producción del hábitat (Boldrini, 2012).
De esta forma, tanto la política pública como la autogestión, pueden evaluarse a partir de los modos de participación comunitaria en los procesos generados por cada una y, en el mejor de los casos, por sus yuxtaposiciones y diálogos en las experiencias en las que ambas iniciativas se retroalimentan, o no.
Por último y medular en la elaboración de este trabajo, la participación social constituye un aspecto transversal para la construcción de lógicas y prácticas capaces de revertir el retroceso cualitativo en la salud de los sujetos, entendida como adaptación activa a la realidad, con capacidad de transformación (Quiroga, 2005). La participación conlleva prioridades y modos particulares de acción, definidas y ejecutadas desde el seno de la propia comunidad, mediante la implementación de mecanismos claros, el manejo de recursos y la superación de asimetrías de poder (Boldrini, 2015); por lo que conlleva vencer la condición de sobre adaptación dominante, para pasar a una posición activa, indicadora de salud mental.
Estos conceptos definen las principales variables de análisis, en el marco de la crítica de la vida cotidiana que supone el registro de las condiciones de trabajo, familia y tiempo libre y su rol en la dinámica de intercambio y consumo de drogas. Sobre estas conductas se identifica y espacializa el despliegue de la participación como indicador de adaptación activa, en función de los siguientes parámetros que conjugan además, los aspectos señalados por Di Virgilio (2010) para el estudio de políticas públicas: 1. secuencia temporal y los ámbitos en los que se desarrollan los procesos analizados; 2. el mapa de actores involucrados, sus vínculos y roles en el proceso; y 3. entrecruzamientos entre recorridos, acciones, roles y resultados de los procesos promovidos por iniciativa y lógicas asociadas a tanto a las prácticas autogestivas, como derivadas de las políticas públicas, confrontando los discursos a los hechos concretos.
Estas variables comprenden un abordaje metodológico de tipo cualitativo, con el que se desarrolla el grueso de la presente investigación, anclada a un estudio de casos. En el Gran San Miguel de Tucumán, los barrios Costanera Norte del Río Salí y Los Vásquez, fueron seleccionados por ser receptores directos de políticas de prevención y asistencia de adicciones bajo el paradigma de reducción de daños, constituyendo dos de los ocho barrios organizados[2] alrededor de esta problemática. Asimismo, se contó con la facilidad de acceso al contacto con vecinos y vecinas, para el desarrollo de observaciones en terreno y entrevistas, a partir del trabajo de docentes e investigadores del Programa de Mejora Participativa del Hábitat (MHAPa)[3].
Se consideraron relevamientos socio habitacionales desarrollados por el Programa de Mejora de Barrios (PROMEBA)[4] y el MHaPa, a partir de lo cual fue posible elaborar la presentación de los casos de estudio y avanzar en el grueso de la investigación cualitativa. Junto a la observación participante de la cotidianeidad barrial durante la totalidad del período estudiado, se desarrollaron entrevistas semi-estructuradas y por saturación teórica (Hernández Carrera, 2014) a: integrantes de los equipos técnicos, tres de ellos pertenecientes a los Dispositivos de Salud en Adicciones (DSA) del Ministerio de Desarrollo Social (MDS) de la Provincia, una a la directora del Observatorio Provincial de Drogas (OPD) también del MDS, y dos de PROMEBA; doce vecinos y vecinas de la comunidad, dos de ellos referentes barriales; e instituciones involucradas, entre las que se encuentra la Fiscalía de Estado y la Secretaría de Acciones de la Provincia, perteneciente al MDS de la Provincia de Tucumán. Las entrevistas fueron sistematizadas a través del método comparativo constante (Glaser y Strauss, 1967) y el análisis de Redes (Pizarro, 1998) en el que se evidencia el interjuego de roles y posiciones entre actores en una experiencia particular.
Modelos contrapuestos en materia de salud y hábitat
El análisis de procesos comunitarios tanto en materia de salud como de hábitat, requiere el señalamiento de contradicciones ya identificadas por diversos autores entre modelos hegemónicos y contra-hegemónicos para cada campo: la salud (referido en los casos de estudio al ámbito de las adicciones en particular) y el hábitat (referido principalmente al abordaje integral y participativo de los procesos).
En materia de salud, Argentina sufre un aumento significativo y cualitativo del intercambio y consumo de drogas en la década de 1970 (Touzé, 2006), dando lugar a la promulgación de leyes que promueven el aumento de penalidades, bajo un modelo conocido como Prohibicionista. Bajo esta misma lógica se crea la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR) en 1989, dependiente del gobierno nacional, encargada de articular medidas tanto punitivas como sanitarias.
El prohibicionismo surge en Occidente desde donde se expande al resto de los países, con un marcado sesgo capitalista. Su lógica unifica productores y distribuidores con consumidores bajo un solo fin: la «guerra contra las drogas». Está basada en la abstinencia como ideal normativo, la desintoxicación de los sujetos adictos y la erradicación de la droga como objetivo (Ehrenberg, 1996), lo que opera como dispositivo para justificar acciones represivas en diferentes partes del mundo (Llovera y y Scialla, 2017).
Entre los múltiples efectos de esta política, sobresalen las dificultades de acceso a los servicios de salud para las personas en situación de consumo de sustancias (Epele, 2007) que, catalogadas como adictas e ilegales, se convierten en sujetos punibles que deben ser normalizados tanto desde el ámbito jurídico como médico (Cunial, 2013; Touzé, 2006; Llovera y Scialla, 2017).
La estructura legal de la Argentina promueve prácticas de persecución y criminalización de los consumidores, en lugar de orientarse a los grandes productores y vendedores de drogas (Llovera y Scialla, 2017); en particular persigue a sectores de clase popular, mediante un complejo dispositivo policial, judicial y sanitario (Epele, 2007).
A partir del año 2000 se refuerzan y dinamizan debates críticos alrededor del prohibicionismo, logrando en el año 2010 la sanción de la nueva LEY DE SALUD MENTAL N° 26.657, inscripta en un nuevo paradigma denominado Reducción de daños. En ella se reemplaza la concepción de sujeto consumidor-usuario, por el de sujeto de derecho. Como explican Llovera y Scialla (2017), este cambio impacta directamente en el ámbito sanitario, instalando un modelo de atención de carácter socio-comunitario, desarticulando la línea conjunta inquebrantable con el ámbito de lo jurídico. Esto opera como debilitador del sistema manicomial, postergando la internación como último recurso y poniendo de relieve la adicción como problema de salud mental. En tal sentido se explicita el requerimiento de una compleja atención territorial, ambulatoria, de carácter interdisciplinaria, articulada en redes comunitarias, laborales y con vínculos familiares que garanticen prácticas de salud respetuosas de los derechos humanos, bajo una concepción que involucra aspectos históricos, socio-económicos, culturales, biológicos y psicológicos (Llovera y Scialla, 2017: 8).
En el marco de esta ley, se sanciona en el año 2014 el Plan Integral para el Abordaje de los Consumos Problemáticos bajo la órbita de la SEDRONAR[5]. Sin embargo, durante el período 2015-2019 estas medidas se manifiestan de manera contradictoria y conflictiva entre las acciones punitivas y socio-comunitarias (Llovera y Scialla, 2017), donde los mercados ilegales siguen reproduciéndose y se sirven de la precariedad y la informalidad para seguir siendo lucrativos (Trufo, et. al., 2017).
A contrapelo de esta relación conveniente entre la proliferación de drogas, aumento del consumo y alienación, el concepto de salud opera como articulador contra hegemónico tanto en forma integral como particular, al momento de combinarse con el abordaje de la producción participativa del hábitat. Para la psicología social, salud significa adaptación activa a la realidad, por lo tanto, un sujeto es sano en tanto es capaz de aprehender la realidad en forma integradora, manteniendo la capacidad de transformarla, así como a sí mismo, en un interjuego dialéctico con en el medio y superando la condición de sobre adaptación, pasiva, rígida y estereotipada (Pichon Riviere, 1999).
Este concepto resulta acorde con abordajes participativos, capaces de contrarrestar circuitos como el narcomenudeo. Un fenómeno esencialmente urbano que tiene vasos comunicantes con otros delitos, como los homicidios vinculados a ajustes de cuentas entre bandas y cruentas disputas por el control territorial para el desarrollo de esa actividad ilegal. Esta dinámica opera en forma determinante en la reconfiguración del hábitat barrial y tiene resistencia comunitaria mediante múltiples mecanismos de participación social, que van desde levantamientos barriales en contra de las familias vinculadas a la venta de droga, hasta la conformación de grupos organizados mediante procesos vinculados a la promoción de salud de los habitantes (Boldrini, Décima, en prensa).
Revertir este pernicioso fenómeno requiere identificar, tomar y fortalecer aquellos aspectos de salud que persisten aún en la población más afectada. En forma simultánea y articulada, demanda reconocer aquellas necesidades prioritarias que comparte la comunidad, a fin de traccionar desde allí procesos grupales y colectivos. Esto constituye un requerimiento principal para motorizar experiencias participativas orientadas a la mejora de la calidad de vida que es, en definitiva, la falencia principal que origina las dinámicas propias de la vulnerabilidad (Boldrini, 2015).
El estudio de casos arroja una coincidencia clave, la elección del espacio público como principal necesidad identificada para resolver en forma organizada. Constituye, además de un componente clave del hábitat barrial, uno de los espacios en los que se despliegan las actividades cotidianas vinculadas al tiempo libre en comunidad.
Hernández García (2013) reconoce que el espacio público popular es en gran medida producido por los propios habitantes en forma autogestiva y con un uso prácticamente intra-barrial. De algún modo, este espacio es utilizado como extensión de la vida familiar, tal como pudo verse en estudios locales en contexto de pandemia (Boldrini, et al, 2020), proyectando fundamentalmente a niños y jóvenes hacia las calles, plazas y canchas, escasamente cualificadas. Borja y Muxi (2000) explican que el espacio público es donde el carácter de la sociedad se hace visible, a través de las relaciones entre los habitantes, el poder y la ciudadanía. Por eso resulta central comprender la magnitud y el carácter de la violencia que hoy caracteriza este espacio. Entendida como señal de alerta social, evidencia desintegración social en todos sus aspectos por parte de sectores que viven en la ciudad sin formar parte de ella.
También el circuito de intercambio y consumo de drogas se produce –fundamentalmente- en el espacio público, y modifica radicalmente las dinámicas en torno al hábitat, situación que se agrava por denuncias de connivencia policial, abonando cuestionamientos en relación al rol estatal. Para Trufo et al. (2017) se despliega un doble control, estatal (formal) y territorial (informal) que promueve la criminalización de los habitantes. Esta violencia genera inseguridad, desconfianza y aumenta la estigmatización sobre los barrios populares.
Con la lupa puesta en los barrios populares del Gran San Miguel de Tucumán
El aglomerado GSMT es una ciudad intermedia de unos 900.000 habitantes, que concentra el 60% del total de población provincial y constituye la principal ciudad de la región noroeste de Argentina. Su proceso de expansión se encuentra dominado por el interés del mercado inmobiliario, por lo cual, entre otros aspectos, se produce una expansión urbana cada vez más fragmentada. Desde la década de 1970 han proliferado villas y asentamientos informales que, como muestra la figura 1, ocupan un arco hacia el este, en coincidencia con canales de desagüe urbano colapsados, vías de ferrocarriles abandonadas, basurales y corrientes de agua contaminadas, en áreas de menor accesibilidad, conectividad, calidad ambiental, cobertura de infraestructura y equipamiento comunitario. En la imagen también se remarcan los barrios con sus canchas que, como se verá más adelante, forman parte del espacio público producido a partir de procesos comunitarios orientados a superar las adicciones en jóvenes.
Los barrios seleccionados cuentan con aproximadamente 200 vecinos en total y se localizan en áreas de pobreza crítica dentro del aglomerado GSMT, donde predomina un bajo nivel educativo y calificación laboral, con inserción laboral informal. En relación a las condiciones habitacionales, si bien cuentan con agua corriente y electricidad, el servicio de recolección de residuos es inconstante, así como el ingreso de transporte público, taxis o fletes, lo que limita el acceso a estos barrios, que son considerados por los medios de comunicación como “peligrosos”.
Figura 1. Contexto urbano y localización de los casos de estudio. Fuente: Digitalización mancha urbana GSMT sobre imagen Landsat 2017. Barrios Populares IPVyDU y RENABAP. Digitalización de barrios sobre imágenes Google 2021. Fotografías base de datos MHaPa INTEPH UNT CONICET.
El barrio Costanera Norte, se ubica sobre la ribera del Río Salí con problemas de contaminación. Su cercanía al centro de la ciudad hace que se facilite el acceso de los pobladores a este sector, aprovechado para trabajar en la tarea de recolección de residuos para reciclado, conocido como cartoneo. En el espacio público persisten pasillos sinuosos que dificultan el acceso a ciertos sectores y contribuyen a la inseguridad de la zona.
Los Vásquez por su parte, tuvo origen a partir del funcionamiento del ex vaciadero de residuos sólidos urbanos, cerrado en el año 2005. Se encuentra muy cercano al Mercado de frutas y verduras metropolitano, lo que da lugar a actividades asociadas al aprovechamiento de los desperdicios con los que, entre otras cosas, alimentan cerdos y gallinas. Las viviendas son mayormente precarias y las familias viven en condiciones de hacinamiento. Las calles son anegables y muchas de las viviendas se levantan sobre basura.
En ambos casos se despliegan políticas sociales de diferente tipo, que incluye el abordaje territorial al problema de intercambio y consumo de drogas. Presentan situaciones de extrema violencia en sintonía con los datos oficiales recabados por el Ministerio de Seguridad provincial, que se evidencia en el incremento de asesinatos vinculados al tráfico de drogas. No se registran aun, datos del número de suicidios que se suceden por oleadas en forma casi naturalizada (Boldrini y Décima, en prensa).
La respuesta institucional opera desde diferentes áreas en la Provincia de Tucumán. Entre los de mayor pertinencia en materia de salud y hábitat, intervienen el Ministerio de Desarrollo Social (MDS), orientado a diferentes aspectos vinculados a las adicciones. El PROMEBA, desde el Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (IPVyDU), y ahora también la mejora del hábitat en barrios populares por parte de las operatorias derivadas de la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU) del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en el marco del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP).
El MDS es quien lleva adelante una política territorial específica a través de la Secretaría de Prevención y Asistencia de las Adicciones, que promueve, planifica, evalúa y coordina acciones referidas a la problemática adictiva en todos sus niveles, desde una lógica social, global y policausal. Está organizada a partir de tres líneas de trabajo: prevención, asistencia y registro de datos. Los dos primeros tienen un funcionamiento de carácter territorial, implementando –entre otras estrategias- los DSA, que motorizan un proceso terapéutico integral que enlaza la adicción a la multiplicidad de factores que operan con ella. Estos dispositivos se encuentran presentes y activos en ambos barrios y experiencias tomadas como casos de estudio.
Las políticas provinciales referidas a la mejora del hábitat dependen fundamentalmente del IPVyDU, que contempla una multiplicidad de programas y proyectos, aunque solo el PROMEBA está destinado a la dotación de infraestructura y equipamiento comunitario en asentamientos informales. Con escasa inversión pública, es la operatoria más difundida en los barrios populares y su carácter participativo le permite encontrarse con la problemática de las adicciones y el narcomenudeo, aunque sin contar con formación o estrategia específica para ello. Esta operatoria actúa en el barrio Costanera desde el año 2007, abocada fundamentalmente a la dotación de infraestructura, regularización dominial, creación y cualificación de espacio público y equipamiento comunitario.
Por otra parte, desde el año 2015 existe el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) que recién con el cambio de gobierno en 2019, implementa operatorias orientadas también a la regularización dominial, y fundamentalmente la integración socio urbana. Valiéndose de procesos participativos, emprende lo que denomina como “obras tempranas” para la resolución de conexiones intra-domiciliarias, mejora de espacio público y construcción de equipamiento comunitario; así como de proyectos ejecutivos generales que abarcan la totalidad de las problemáticas barriales en mayores plazos de proyecto, gestión y ejecución de obras. Estas operatorias se ejecutan en el barrio Los Vázquez, desde el año 2021 y toman como base el proceso social que se analiza en el presente trabajo.
La cotidianeidad barrial y el hábitat en disputa
Luego de haber introducido las políticas y debates en materia de salud y hábitat, y puesto la lupa en los barrios populares del Gran San Miguel de Tucumán, es posible abordar los resultados alcanzados en la investigación, ordenados en función del proceso metodológico elegido. Para eso, se introducen aspectos que permiten graficar la cotidianeidad barrial asociada al intercambio y consumo de drogas, para después tomar sistemáticamente los aspectos señalados en la elección metodológica, basada en el despliegue de la participación como indicador de salud mental. Para esto se considera: 1. La secuencia temporal y los ámbitos en los que se desarrollan los procesos analizados; 2. El mapa de actores involucrados, sus vínculos y roles en el proceso; y 3. Los entrecruzamientos entre recorridos, acciones, roles y resultados de los procesos tanto autogestivos como promovidos por políticas públicas.
En ambos barrios existe una fuerte dinámica asociada -sobre todo- al consumo problemático de jóvenes, que recurren a la venta de escasos efectos personales (o familiares) a fin de conseguir el dinero para la compra de estupefacientes. Esto, junto a la ausencia de la persona adicta en la vida familiar, representa una primera ruptura dentro de ese núcleo, tal como relata una entrevistada «…abandonan a los hijos, se pasan días perdidos, no sabemos dónde están y están en la calle, consumiendo» (Vecina, Los Vásquez, 2018). La organización familiar se ve alterada, causando la pérdida de su valor refugio, promoviendo situaciones extremas como el suicidio de jóvenes ocasionado por la llegada al límite de sus condiciones de enfermedad o, en el caso de Costanera, también inducidos por vendedores de drogas que consolidan su poder bajo mecanismos de hostigamiento. Se convierte en un relato frecuente que «…apareció un chico colgado, es el tercero en lo que va del año. Le debía mucha plata al dealer, estaba presionado y arruinado por la droga» (Referente, Costanera, 2018). En reacción a esto, las familias llegan incluso a responder violentamente forzando el desalojo de los traficantes.
En relación al trabajo, ante la ausencia de una actividad productiva que organice la cotidianeidad, los días y las semanas no tienen una rutina, constituyéndose como una línea temporal vaciada más allá del consumo. El relato de un profesional explica esta situación: «Los chicos no tienen mañanas o tardes, lunes o domingo, es todo lo mismo para ellos» (Psicólogo DSA, Los Vásquez, 2015). La desocupación se convierte en generadora de alienación de la capacidad productiva y de su identidad como individuos, su modo de integración al orden social y capacidad de proyectarse transformando la realidad desde algún lugar.
De esta forma el tercer aspecto de la vida cotidiana, el tiempo libre, se encuentra desdibujado ante la ausencia de trabajo. Ese tiempo que le pertenece al sujeto por fuera de las reglas familiares y laborales, se manifiesta como un espacio confuso en el que no hay planificación o elección genuina de actividades vinculadas al placer. Los grupos de afinidad se organizan a partir de las adicciones, tanto por razones de consumo como de voluntad y esfuerzo de recuperación. Tal como platea el coordinador de los dispositivos de salud: «cuando empecé a venir al barrio los jóvenes estaban en los basurales del barrio, juntando metales para vender y poder comprar drogas. Ese espacio y después las esquinas, donde los encontrábamos consumiendo, eran el recorrido permanente de su día y noche fuera del hogar y se convirtió en nuestro recorrido para poder acompañarlos y proponer lentamente otras opciones. Así nace el merendero.» (Psicólogo DSA, Los Vásquez, 2015).
Es posible y necesario para este trabajo, presentar la problemática compartida entre ambos barrios, que origina una misma estrategia terapéutica por parte de los DSA. Con esta raíz común se despliegan dos procesos diferentes que se analizan a continuación, bajo las variables de análisis de la participación en la producción del hábitat (Boldrini, 2015).
1. La secuencia temporal y los ámbitos en los que se desarrollan los procesos analizados
En ambos casos los procesos se desarrollan bajo la supervisión y el encuadre de los DSA, reuniendo a los jóvenes en un minucioso proceso de acompañamiento barrial que fue tomando forma con encuentros semanales, donde se establecen grupalmente prioridades y organizan tareas. Su primera estrategia fue poner en funcionamiento merenderos cuyo objetivo terapéutico radica en el establecimiento de una dinámica de trabajo cotidiana, alrededor de una tarea que constituye un aporte a la necesidad barrial y, a la vez, contribuye a revertir los elevados niveles de estigmatización social que recaen sobre ellos dentro de su propia comunidad.
Cuando esta primera etapa se consolida, los DSA dan lugar a la apertura de nuevas necesidades entre las que prevalecen demandas vinculadas al hábitat. En los Vásquez, junto a la conformación del grupo de jóvenes autodenominado “Con Esperanza nos fortalecemos”, se constituyen inmediatamente procesos de mejora del espacio público, ámbito donde se dirime una verdadera disputa por el espacio entre los usos comunitarios orientados al esparcimiento, y el narcomenudeo. Es por eso que el hábitat se posiciona como aspecto central en el avance del consumo e intercambio de droga en los barrios.
Para el desarrollo de estos proyectos se llevaron a cabo talleres destinados al relevamiento de necesidades, espacialización de problemas y diseño colectivo de propuestas urbanas en general y de espacio público en particular, coordinados por el grupo MHaPa. Las propuestas se formalizan frente a las instituciones responsables de financiarlas, abriendo un proceso de gestión que avanza en paralelo a la organización interna para materializar lo posible con recursos propios.
En el caso particular de Los Vásquez, el proyecto tomó la forma de Club Social y Deportivo, y fue elegido por la Secretaría de Juventud de la Nación para ser financiado y construido, pero las disputas políticas entre los diferentes signos partidarios de gobierno nacional y provincial impidieron que el proyecto contara con los fondos necesarios para ser ejecutado. No obstante, el grupo de jóvenes mantuvo el predio, consiguió juegos, arcos y salvaguardó un uso comunitario. En la actualidad se han reanimado las expectativas de concreción del edificio diseñado para el funcionamiento del club, a partir de las operatorias derivadas del RENABAP.
Figura 2. El derrotero socio habitacional del barrio Los Vásquez, 2013-2023. Fuente. Producción propia mediante el uso de la base de datos MHaPa – INTEPH UNT CONICET.
En la Figura 2 puede verse el proceso de densificación del barrio Los Vásquez en solo ocho años, coincidentes con la antesala e inicio del trabajo de los DSA hasta la actualidad. La gestión se extiende hasta el año 2023, en el que los jóvenes del grupo en recuperación de las adicciones entregan en mano el proyecto al ministro de Desarrollo Social de la Nación, bajo cuya órbita se desarrolla la SISU que promueve y ejecuta las principales políticas públicas destinadas a la mejora de barrios que componen el RENABAP.
Aun cuando el proyecto del club cuenta con desarrollo técnico y apropiación comunitaria, fue inicialmente descartado como obra temprana, ya que, según testimonio de uno de los técnicos del DSA: “no quieren invertir recursos en una obra que luego será gestionada y sostenida desde el propio barrio, porque le quita un espacio de control a los referentes políticos del gobierno para manejar estos recursos que tienen una gran importancia en la vida barrial” (Técnico de los DSA, Los Vázquez 2021). Vemos de esta forma, el modo en que la participación comunitaria es considerada una amenaza en lugar de un recurso desde donde apalancar los procesos de mejora barrial. No obstante, las propias contradicciones internas dentro del estado, permitieron “filtrar” el proyecto a la SISU y avanzar en el inicio de la construcción en el año 2023.
Por su parte, el caso de Costanera Norte presenta similitudes y diferencias. Las primeras, basadas en el abordaje estratégico compartido a través de los DSA, las segundas en el contexto particular y la base social que trazó un derrotero diferente sobre todo al final de la experiencia.
Figura 3. El derrotero socio habitacional del barrio Costanera Norte, 2013-2023. Fuente. Producción propia mediante el uso de la base de datos MHaPa – INTEPH UNT CONICET.
La Figura 3 muestra tanto el proceso de densificación como de regularización de la trama, acompañado por el PROMEBA, en el que finalmente se libera un área destinada al espacio público, cuya gestión asumen las familias involucradas con los DSA. Allí también se elaboró un proyecto de plaza con juegos y espacio deportivo, de lo cual solo se concretó lo segundo. Esto fue factible a partir del esfuerzo de autogestión comunitaria, destinada al saneamiento del terreno. La plaza de juegos y tribuna fueron diseñadas por el grupo MHaPa, y gestionadas a través del PROMEBA, que contaba con recursos disponibles para la mejora del espacio público. No obstante, esta alternativa no se concretó, ocasionando la pérdida de continuidad organizativa y dejando una idea mayormente asociada al fracaso. Este factor, sumado a la reducción de técnicos de los DSA que fueron cesanteados en el año 2018[6] y al resto de las carencias persistentes a las que estaba sometida la población de este barrio, contribuyeron a profundizar las condiciones de violencia ocasionadas por el incremento del intercambio y consumo de drogas. Se discontinúa el proceso y el espacio autogestionado se encuentra actualmente en disputa entre diferentes sectores tanto políticos (referentes barriales partidarios) como institucionales (técnicos de diferentes programas públicos).
Ambos procesos avanzaron en lo que se entiende como una “espiral dialéctica”, concepto acuñado por la psicología social, para indicar que aun cuando el proceso avanza hasta una aparente “vuelta a empezar”, el inicio de un nuevo proceso-proyecto se encuentra cualificado con las transformaciones de las experiencias pasadas; esta idea está basada en que “…no se puede concebir ningún fenómeno que no incluya tiempo y espacio juntos (…) se trata siempre de una totalidad en movimiento. Toda estructura está en permanente transformación” (Pichon Rivière, 1956-57, p. 104).
Dentro del proceso participativo, cuyo objetivo principal tiene carácter terapéutico, surgen y se desarrollan actividades en torno a otros objetivos específicos planteados colectivamente. El esquema referido al proceso en espiral dialéctica, elaborado en base a la experiencia de Los Vásquez (Figura 4), sugiere que solo cuando los proyectos están en marcha en una instancia de cierta madurez y/o ejecutados, se alienta una nueva instancia de formulación de planes en reuniones de carácter deliberativo. Esta espera es especialmente respetada en los jóvenes adictos que tienen una escasa capacidad para sobrellevar la frustración, acompañado de una y elevada ansiedad, lo que les impide reelaborar los obstáculos y los episodios frustrantes ocasionan severas recaídas.
Figura 4. Espiral dialéctica en el proceso del barrio Los Vásquez. Fuente: producción propia
En ambos casos, en la medida que los grupos avanzaron en forma autogestiva en la materialización de los proyectos, surgieron iniciativas relacionadas a la formulación de fuentes de trabajo mediante emprendimientos productivos autogestivos que encontraron escaso o nulo apoyo estatal. No obstante, la discontinuidad del proyecto de espacio público en Costanera Norte, donde no solo se obturan las gestiones iniciadas, sino que otros grupos vinculados a políticos e incluso vendedores de droga vuelven a hacer uso del terreno, interrumpen esta dinámica de desarrollo.
Es por eso que, en el caso de Los Vásquez, es posible mostrar el carácter propulsor que adquieren experiencias de participación efectivas, que aun cuando mantienen pendiente el cumplimiento completo de los objetivos propuestos, van resolviendo las necesidades y en el camino, fortaleciendo el grupo de trabajo. Esto conlleva la superación de adicciones por parte de algunos integrantes, el incremento de las familias involucradas y el rol del hábitat –especialmente del espacio público- como base material para la promoción de salud.
En tal sentido, otra expresión inherente al compromiso del espacio público dando cuenta de este desarrollo, lo da el progreso de intervenciones artísticas en base a la elaboración de murales en diferentes momentos de la experiencia de Los Vásquez. En la parte superior de la Figura 5, puede verse la secuencia de consumo problemático encarnada por un joven que trabaja en la recuperación de residuos para obtener dinero, utilizado en la imagen siguiente para la compra de droga, a un vendedor representado como una rata. En la esquina, usada muchas veces como espacio de consumo, se dibujan ellos mismos durante el espacio-tiempo de consumo, abstraídos de la realidad. No obstante, la secuencia continúa con una última escena, donde el mismo joven se integra al espacio grupal, abocado al funcionamiento del merendero.
Figura 5. Los murales de Los Vásquez. Fuente. Imágenes de la base de datos del MHaPa INTEPH UNT CONICET, y las redes sociales del grupo de jóvenes “Con Esperanza nos fortalecemos”.
Este mural permaneció durante cinco años hasta que, en el año 2020, un nuevo mural (parte inferior de la Figura 5), muestra la presencia vecinal en movilizaciones sociales abocadas al reclamo de mayores recursos para revertir el intercambio y consumo de drogas en los barrios. Una actividad disrruptiva que da cuenta del carácter repolitizante que van adquiriendo los grupos en tanto logran dar continuidad y sentido a su tarea. El surgimiento de proyectos ligados al trabajo como muestra el nuevo mural, y las relaciones extrabarriales construidas en busca del crecimiento y fortalecimiento de sus demandas junto a otros grupos con problemáticas similares, muestran la capacidad de transformación desarrollada por el grupo de jóvenes. Este mural, plasmado también en el espacio público, simboliza la maduración del proceso y un rasgo propio de los procesos de participación plena.
2. El mapa de actores involucrados, sus vínculos y roles en el proceso
El mapa de actores general tiene tres esferas. La primera está constituida por la comunidad de cada barrio, en la que se construyen diferentes vínculos en relación a las adicciones. Unos orientados a la promoción del narcomenudeo y el consumo, liderados por agentes de venta conocidos como dealers o transas. Otro opuesto, liderado por el grupo de jóvenes que busca recuperarse de las adicciones y sus familias, que interactúan con organizaciones vinculadas a la problemática, como las Madres del Pañuelo y la Hermandad de los Barrios. La organización de mujeres que hoy se conoce con el nombre Madres del Pañuelo Negro surge en el año 2008, a raíz de la muerte de un joven por consumo problemático, asesinado a balazos por un transa en el barrio Costanera. El incremento de casos y profundización del problema de intercambio y consumo de drogas da lugar en el año 2015, a la creación de la Hermandad de los Barrios, que incluye también a madres, otros miembros de familias con jóvenes adictos y referentes barriales (Boldrini y Décima, en prensa). Esta organización evidencia un salto cualitativo de lo grupal a lo barrial y de allí a lo inter-barrial, dando cuenta del carácter repolitizante del proceso y los DSA. Durante el año 2017 la Hermandad realizó numerosas movilizaciones solicitando el cumplimiento de la Ley de Salud y Atención Humana, el aumento de DSA en los barrios, nuevos centros de atención e internación especializados (sobre todo para mujeres), y denunciando el maltrato institucional en centros de salud. No obstante, las posibilidades de confrontación de estos grupos son frágiles, por lo que más adelante, con la descomposición de buena parte de los DSA, disminuyó su capacidad de demanda y movilización. La forma de reacomodarse en esta crisis, fue la incorporación al movimiento denominado “Ni un pibe menos por la droga”, que forma parte de una de las iniciativas populares de la Corriente Clasista y Combativa, uno de los movimientos de desocupados más conocidos a escala nacional.
La segunda esfera representa a los funcionarios o autoridades institucionales que promueven las políticas en el territorio, por lo que su papel está dado por el apoyo –o no- a la tercera esfera, los trabajadores que operan directamente en el territorio. En este gran grupo se encuentran relacionados al consumo y narcomenudeo tanto la policía, como los técnicos de diferentes instituciones públicas que confluyen en Mesas de Gestión, dependientes del MDS provincial. Estas Mesas son responsables de la coordinación de acciones, aunque en la práctica se generan lógicas de competencia. Un joven entrevistado manifestaba lo siguiente: «El equipo de Progresar[7] pone actividades en el mismo horario que funciona el merendero, así no podemos hacer las dos cosas y finalmente tenemos que elegir. Parece que compiten por quien tiene más chicos en sus reuniones» (Joven de Los Vásquez, 2017). Bajo estas lógicas, el objetivo de algunos técnicos parece orientarse al sostenimiento de las fuentes de trabajo, cuyas condiciones de precarización pone a los trabajadores territoriales a cumplir con los requerimientos formales, antes que la resolución de las necesidades sociales que dan origen a cada operatoria.
Los DSA son el único equipo territorial abocado a la problemática de adicciones mediante el tratamiento de jóvenes en proceso de recuperación. Integrados fundamentalmente por psicólogos y psicólogos sociales, pero también por pedagogos y comunicadores, funcionan bajo una coordinación que garantiza reuniones entre los equipos de los cuatro barrios donde intervienen. Sus actividades dan lugar a nuevas demandas, principalmente orientadas a la mejora del hábitat, por lo que los DSA articulan tareas con el PROMEBA e investigadores del MHaPa UNT-CONICET. En el año 2018 los dispositivos sobrellevan el cesanteo de siete de sus diez integrantes, lo cual retrajo su disponibilidad en el territorio y debilitó la dinámica de avance que se desarrollaba hasta ese momento. Un avance fundamentalmente intra-barrial, ya que en términos metropolitanos solo cuatro de los más de 300 barrios populares del GSMT contaban con este recurso; dando cuenta de un desfasaje entre el discurso institucional y el compromiso por el desarrollo del modelo de reducción de daños en términos concretos.
En el caso de Costanera, el equipo técnico del PROMEBA colabora con los DSA acompañando el proyecto de mejora de espacio público. No obstante, si bien se propone financiar el proyecto gestado por los jóvenes, les resulta imposible hacerlo debido a la inflexibilidad que caracteriza a esta operatoria pública. Por lo que, ya proyectado el espacio, no logran dirigir fondos a esta propuesta aun cuando la operatoria tiene como uno de sus focos la intervención para la mejora del espacio público.
Este rol es ocupado por las operatorias derivadas del RENABAP en Los Vásquez, desde el año 2021, mediante el desarrollo de un Proyecto Ejecutivo Integral manejado por el MDS y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). A pesar que en la letra de la operatoria propone las llamadas Obras Tempranas para promover procesos de participación a largo plazo, mostrando resultados a corto plazo, el MDS y la UTN tardaron dos años en tomar el proyecto del club como obra inicial, ante la disyuntiva sobre quién manejaría esta nueva institución.
De esta forma, se ordena el mapa general de actores expresados en un único gráfico (Figura 6), producto de la afinidad de los resultados de los análisis de redes desarrollados para los proyectos de mejora de espacio público de ambos casos, revelando una lógica general compartida.
Figura 6. Análisis de Redes. Fuente: Producción propia
El esquema muestra las principales alianzas alcanzadas, que constituyen el núcleo básico de acuerdo y coordinación de las actividades vinculadas a la salud y la mejora del hábitat. El MDS y la policía provincial aparecen opuestos al cumplimiento de los objetivos y necesidades planteadas desde los barrios. Aun cuando el MDS es el organismo de quien dependen los DSA, frente al surgimiento de organizaciones repolitizantes que superan la tarea grupal, la institución opera sobre ellos como opuestos.
Vendedores de droga y policía provincial por su parte, son considerados una amenaza por parte de los vecinos, en tanto los primeros promueven el consumo y los segundos, representan un actor que -lejos de oponerse a los primeros- realizan razias en los barrios, culpabilizando y reprimiendo indiscriminadamente a los vecinos, sin comprometer intereses que alteren los circuitos de narcomenudeo. De esta forma y tal como se plantea desde el propio MDS: «…tampoco se articula con el Ministerio de Seguridad, ellos están muy aferrados al paradigma prohibicionista y nosotros al de reducción de daños, no hay compatibilidad para trabajar» (Directora OPD, 2020).
El punto de choque entre sectores se presenta fundamentalmente a través del rol ejercido por la policía. Según Kessler y Dimarco (2013), los jóvenes de sectores populares constituyen las victimas más frecuentes de las distintas formas de violencia policial, mediante la hostilidad, humillación y maltrato cotidiano, pudiendo desencadenar trágicos episodios de violencia institucional. Aun cuando la institución policial ha sido cuestionada públicamente, el incremento de la inseguridad genera tendencias contrapuestas debido a la demanda de mayor control social en las calles. En este interjuego, el aumento del control opera con mayor fuerza sobre los jóvenes pertenecientes a sectores populares, marcando un evidente desequilibrio entra la escasa protección policial en sus lugares de residencia y un persistente hostigamiento, mediante múltiples formas de microviolencia, dentro y fuera de sus barrios. Esto ocurre fundamentalmente en el espacio público, incrementando la facilidad de confrontación que envuelve discrecionalidad policial, con poder de acción y castigo ilimitado, bajo la noción de “ejercicio legítimo de la fuerza”. La ley opera como instrumento de control social, resolviendo disputas, cuando en un contexto democrático debiera inducir la cooperación y la confianza (Zavaleta et al, 2016).
3. Entrecruzamientos entre recorridos, acciones, roles y resultados obtenidos
La mejora del hábitat surge entre las primeras demandas comunitarias al momento de habilitar la participación y, el espacio público, presenta la invaluable particularidad de constituir el terreno social. Su abordaje permite saltos cualitativos en materia relacional, gestando vínculos, fortalecimiento comunitario y procesos terapéuticos y prospectivos. Como relata un joven referente barrial de Los Vásquez “…este esfuerzo ya no es por nosotros, que estamos perdidos, es por nuestros hijos” (joven de Los Vásquez, 2017).
Desde ya, no es novedad que el espacio público sea foco de políticas en toda Latinoamérica, protagonista en grandes programas dirigidos a la mejora de barrios populares tales como el PROMEBA en Argentina, o el Favela Barrios en Brasil. No obstante, es el proceso participativo el que les otorga el rol de catalizador -motor, trampolín para nuevos procesos- y no el mandato político. Existe una sutil pero estructural diferencia entre la generación de políticas públicas estereotipadas, vaciadas de participación, que las diferencias de un proceso desalienizante, promotor de salud como adaptación activa y transformadora. Se trata de modelos maquillados que toman los discursos institucionales democratizantes y sostienen un proceso de diseño puertas adentro (Boldrini, 2015).
Tal como muestra el Cuadro 1, los procesos autogestivos y las políticas públicas han establecido relaciones tanto de diálogo y complementariedad como de conflicto, a lo largo de las experiencias analizadas. Los puntos de encuentro han consistido fundamentalmente en el abordaje técnico, en ambos casos pertinente y habilitante a la participación y la articulación entre actores. Tanto los programas de mejora del hábitat como las estrategias implementadas bajo el paradigma de reducción de daños, fueron bien recibidas por la comunidad y alcanzaron a integrarse a las dinámicas comunitarias. No obstante, el manejo de los recursos y los proyectos surgidos de la sinergia participativa, fueron paralizados.
Cuadro 1. Síntesis de resultados en torno a la participación. Fuente: Producción Propia
Como en tantas otras experiencias territoriales, son los técnicos los que ejercen el rol de mediación entre los recursos institucionales y la comunidad. En ambos casos, han sufrido represalias frente a las expresiones comunitarias que suponen actos repolitizantes o asunción de cierta autonomía. Este es el caso –por ejemplo- de la voluntad de manejo y administración del Club Social y Deportivo de Los Vázquez por parte del grupo de jóvenes organizados.
Se evidencian de esta forma las contradicciones dentro de la estructura del estado, que puede verse en diferentes aspectos. Entre ellas, las disputas internas entre técnicos de distintas operatorias por obtener mayor asistencia a sus actividades, muestran las formas en que la precarización laboral a la que están sometidos los profesionales, impacta negativamente en la calidad –y claridad- de su tarea territorial.
En ambos casos, uno con mejores resultados que el otro, los esfuerzos autogestivos fueron desequilibrantes al momento de dar pasos adelante en los procesos emprendidos. Sin este componente, el aporte institucional hubiera resultado insuficiente para llegar a conseguir los resultados buscados, como se expresa en La Costanera.
El grupo de jóvenes “Con Esperanza nos fortalecemos”, alcanza tanto continuidad como estabilidad y materialización de sus procesos de demanda, gestión y resolución de necesidades. Esto se produce por diferentes razones, entre las que se rescata la persistencia de la coordinación del equipo técnico, pese a las dificultades de sostenimiento de la fuente de trabajo. Algunos integrantes siguieron desarrollando su tarea pese a haber quedado cesanteados. Esto no solo puso al equipo en una posición intermedia entre la estatal y la autogestiva, sino que mostró e inclinó al grupo de jóvenes hacia esta perspectiva, a fin de continuar el proceso emprendido que ya mostraba sus frutos: jóvenes en franco proceso de recuperación, cese del narcomenudeo, ampliación y consolidación del grupo, concreción del uso básico del espacio público proyectado, continuidad del merendero y con todo esto, reconocimiento intra y extrabarrial del valor de su tarea. Esto impactaba incluso en redes de comunicación, enorgulleciendo y empoderando a los jóvenes. En paralelo, se produjeron otros procesos complementarios como la dotación de equipamiento comunitario a partir del pedido y puesta en funcionamiento de una posta sanitaria en las instalaciones de una ex capilla, y el inicio de actividades productivas de tipo textil. Esto fue complejizando y fortaleciendo la tarea grupal, comprometiendo a la comunidad y contribuyendo significativamente a la tarea terapéutica.
Conclusiones
El estudio y análisis de los procesos de producción del hábitat, asociados con la problemática de salud inherente al intercambio y consumo de drogas en barrios populares, resulta un emergente central en el contexto actual de fuerte deterioro social. Este deterioro impacta de manera particular en los sectores populares urbanos, cristalizado en transformaciones cualitativas de su dinámica vecinal. Los barrios populares del Gran San Miguel de Tucumán han dado cuenta de esto, mediante el surgimiento de demandas de atención y medidas concretas por parte del estado desde diferentes movimientos sociales (Boldrini, 2018) y el surgimiento de nuevas organizaciones y grupos con este lema (Boldrini, Décima, en prensa).
La investigación muestra indicios de éxito del paradigma de reducción de daños para superar problemáticas vinculadas a la salud mediante el abordaje territorial. Un abordaje que se ensambla armónicamente –y casi inseparablemente- a los procesos participativos de mejora del hábitat. Este indicio de éxito no alcanza a constituirse como certeza, ya que el propio estado carece de una lógica contundente al momento de implementar la nueva Ley de Salud Mental. Se juegan, en el seno de las instituciones, fuertes contradicciones que evidencian la vigencia y predominancia del modelo prohibicionista. Del mismo modo, la producción del hábitat también queda atrapada en el viejo paradigma unilateral y estereotipado que no logra acaballarse a los procesos comunitarios participativos.
Son los esfuerzos autogestivos los que finalmente permiten desplegar los procesos de participación, lo suficiente como para sostener, consolidar y proyectar los grupos y comunidades a otro nivel. El respeto por la identificación y selección de la necesidad prioritaria como motor de la tarea, el diseño y modos de resolución colectivos, la gestión y ejecución de soluciones, es lo que caracteriza a un proceso de participación pleno. Por ende, una transformación profunda de ese sector de la realidad, dando un salto cualitativo en materia de salud individual, grupal, comunitaria y, de esta forma la mentada adaptación activa a la realidad.
Cuando estos procesos se despliegan, las instituciones podrían abandonar su rol de tutoras, para acompañar a la comunidad con menores asimetrías, confiriendo el manejo de los pasos y recursos a la sociedad organizada. Un desplazamiento del poder que se traslada fundamentalmente a manos de la comunidad. No obstante, en el contexto actual resulta lo contrario, las instituciones generan la inhibición de recursos y de esta forma boicotean el proceso. Esto sucede sin que abandonen el discurso participativo y adhesión al modelo de reducción de daños, explicitando el desfasaje entre discurso y hechos concretos. Lo cierto es que la participación plena, será posible solo bajo modelos habilitantes y hasta eso, los intentos por practicarla pondrán al modelo dominante bajo amenaza.
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