Presentación
El partido de La Plata (PdLP), es un conglomerado urbano-rural que, junto a los partidos de Berisso, Ensenada y la jurisdicción del Puerto La Plata, conforman la microrregión denominada Gran La Plata (en adelante GLP) con 1.162 Km2 de superficie total, 116.200 Ha., de territorio urbanizado y 801.901 habitantes según el Censo NHP y V 2010, ocupando parte del Litoral Sur Metropolitano de Buenos Aires (Ronco & López, 2017).
El GLP está atravesado por dieciséis (16) cuencas hidrográficas (con sus respectivas subcuencas) muchas de ellas compartidas entre jurisdicciones. Son el suelo y/o soporte natural, con partes urbanizadas, que conforma un sistema de arroyos que desembocan en el Río de la Plata (vertiente del Río de la Plata) o en el río Samborombón (vertiente del río Samborombón). Los arroyos correspondientes a la primera vertiente tienen un rumbo general de escurrimiento Suroeste-Noroeste; perdiendo su energía antes de llegar a la desembocadura en los bañados. Las cuencas de esta vertiente son diez (10) y se denominan: Cuenca de los Arroyos Pereyra y San Juan; Cuenca de los Arroyos Carnaval y Martín; Cuenca de los Arroyos Rodríguez y Don Carlos; Cuenca del Arroyo Del Gato; Cuenca del Arroyo Zoológico; Cuenca del Arroyo Circunvalación; Cuenca del Arroyo Maldonado; Cuenca del Arroyo Garibaldi; Cuenca del Arroyo Sin Nombre y Cuenca del Arroyo El Pescado (Canevari et al., 2019).
Figura 1. La Plata y las 10 cuencas
hidrográficas con vertiente al Rio de La Plata. Fuente: elaboración
propia en base a Google Earth, 2019.
En el proceso de ocupación de la ciudad no se tuvo en cuenta el funcionamiento hidrológico de las cuencas, haciendo que muchos de los arroyos mencionados se vieran modificados (Canevari et al., 2019). En todo este proceso, los arroyos que se localizaban entre centros urbanos fueron conformando barreras a las que luego les llegó la urbanización de las planicies de inundación, se utilizaron como drenajes, se entubaron o conformaron espacios de evacuación de efluentes. Debido a que los drenajes fueron insuficientes y a que no se respetaron los cauces ni los niveles de las cuencas, se produjeron diversas inundaciones. Agregado a esto, se siguió subdividiendo y ocupando planicie de inundación y/o los bordes de sus cauces (Etulain & López, 2017).
Por otro lado, al ser parte de una región situada sobre el borde costero sur del Río de La Plata, se puede decir que en el PdLP las inundaciones son un fenómeno de acontecimiento periódico que puede resultar de tres factores los cuales, en forma combinada, aumentan aún más el nivel de peligrosidad y riesgo. Dichos factores son: las precipitaciones por encima de la media y extraordinarias; las napas freáticas que por saturación aumentan la presión a partir de su elevación; y la sudestada, que eleva el nivel del Río de la Plata e inunda el litoral de Ensenada y Berisso además de no permitir el libre escurrimiento de los arroyos. Esto combinado con una urbanización de llanura –sobre parte de la pampa ondulada– con la falta de pendiente de la planicie costera y con una poca o baja capacidad de absorción de las áreas de bañado, constituye a la sociedad asentada, en una población vulnerable (Ronco & López, 2017).
En el marco del sistema de cuencas pertenecientes al PdLP con vertiente al Río de La Plata, la del Arroyo Del Gato[1] es la segunda más extensa y la más poblada, densificada y antropizada de la microrregión. Recibe en su cauce, actualmente muy modificado, la mayor proporción de desagües pluviales de la ciudad y localidades periféricas, junto con los arroyos Pérez y Regimiento que funcionan como sus principales afluentes. Debido a las múltiples actividades urbanas que se desarrollan a lo largo de su recorrido en dirección este-oeste, el Arroyo del Gato no solo es receptor de descargas pluviales, sino también de otros desechos contaminantes como descargas cloacales e industriales, los cuales impactan de manera negativa en el ambiente y generan degradación del paisaje. Además de los desechos diarios que recibe, otra problemática que presenta es la presencia de numerosos asentamientos poblacionales precarios ubicados sobre la planicie de inundación del arroyo, sin respetar la conservación de sus márgenes e impermeabilizando el suelo absorbente. Por todo lo mencionado, históricamente esta cuenca ha estado relacionada con inundaciones periódicas (Rotger, 2017).
El día 2 de abril del año 2013 marcó un quiebre en la historia de las inundaciones de La Plata, en un episodio de precipitación sin precedentes donde llovieron 400 mm en 6 horas (cuando lo ordinario para el mes de abril es 111mm), rompiendo los registros históricos de la ciudad y dejando un resultado catastrófico (López & Etulain, 2019) que derivó en la peor inundación registrada hasta el momento. Allí, el agua arrasó con partes de la ciudad y trastocó los modos de vida, por lo que durante esos días emergieron múltiples paisajes que dejaron de manifiesto la vulnerabilidad de la región. A partir de esta inundación, se inició un plan de obras hidráulicas en la cuenca del Arroyo Del Gato y, en ese contexto, se produjo la relocalización de poblaciones situadas sobre las márgenes del arroyo, dado que el curso debía ser ensanchado y hormigonado en ciertos tramos.
Uno de esos casos, fue el del asentamiento informal de la localidad de Ringuelet –partido de La Plata- ubicado sobre un sector inundable por lo que las familias que allí vivían fueron trasladadas a una nueva urbanización. La relocalización se realizó en un sector con cota de 3.50 metros superior a la del arroyo, aunque lindera al mismo, cercano a una planta de tratamiento cloacal, con carencias de accesibilidad y conectividad vial, Además, se llevó a cabo mediante un proceso fragmentado que no tuvo en cuenta la percepción de la población involucrada tanto en términos del riesgo como de la reubicación, haciendo que la iniciativa no estuviera exenta de dudas y discusión.
Figura 2. Cuenca Del Arroyo Del Gato y el caso de estudio. Fuente: elaboración propia en base a Google Earth, 2019.
El problema de investigación resulta, entonces, de reconocer que para el caso del Partido de La Plata y sus asentamientos informales, se desconoce la percepción de los habitantes en riesgo, la cual influye en las prácticas que puedan llevar a cabo para afrontar las inundaciones. En otras palabras, se considera que no se le otorga la importancia necesaria al rol de las comunidades vulnerables que vienen resistiendo y/o transformando su realidad ante el riesgo. Para ello, se parte de la hipótesis de que el análisis de la percepción aplicado a poblaciones vulnerables expuestas a inundaciones permite incorporar otras categorías al análisis del riesgo, como los modos organizacionales, la participación colectiva, las articulaciones gubernamentales y sociales, las experiencias pasadas, los saberes y prácticas circulantes.
Es por eso, que la relocalización a partir de la inundación se vuelve un caso clave de estudio, debido a que permite abrir el debate sobre la noción de riesgo en función del concepto de percepción y vulnerabilidad. A su vez, permite iniciar el camino para observar y apreciar la percepción del riesgo en el resto de los asentamientos informales expuestos, ya que seguramente otros deberán reasentarse para asegurar su resguardo ante el riesgo.
Riesgo, percepción e informalidad urbana
Cuando se hace referencia a los desastres es necesario reflexionar acerca del riesgo como concepto complejo que representa algo que parece irreal, en tanto que está siempre relacionado con un momento que aún no ha sucedido, que nunca puede existir en el presente sino sólo en el futuro. Así, el riesgo está íntimamente ligado a la psicología personal o colectiva, aun cuando se intente a menudo darle un sentido de objetividad (Elms, 1992, citado en Cardona, 2001). Para Natenzon (2004) el riesgo es un potencial, algo que podría llegar a producirse y, si esta potencialidad se concreta, el resultado puede convertirse en catástrofe. Desde este enfoque, el riesgo antecede al desastre, lo anuncia; mientras que el desastre es la manifestación visible de las condiciones de riesgo en las que vive una determinada comunidad. De forma similar lo plantean Herzer & Gurevich (1996), al entender que el desastre es el punto culminante del riesgo.
La existencia del riesgo se explica por la presencia de dos factores principales: amenaza y vulnerabilidad. La amenaza refiere a la posibilidad de ocurrencia de un evento físico que puede causar algún tipo de daño a una población; mientras que la vulnerabilidad se refiere a una serie de características diferenciadas de la sociedad, o subconjuntos de la misma, que la predisponen a sufrir daños frente al impacto de un evento físico externo y que dificultan su posterior recuperación (Lavell, 2001).
Si no hay conocimiento sobre estos factores ya no se trata de riesgo sino de incertidumbre, la cual causa un impacto negativo en la sociedad por no saber cómo y en qué momento la vida cotidiana puede verse trastocada. En este sentido, aparecen dos tradiciones teóricas que profundizan en el conocimiento del riesgo en casos de desastre. La primera corriente, es dominada por el trabajo de economistas y consiste en calcular la "cantidad" de riesgo: se trata de un cálculo independiente de la opinión de los ciudadanos y es determinado por expertos, sin involucrar a los sujetos afectados. La segunda, ha sido desarrollada por sociólogos y psicólogos quienes suponen que el riesgo es un estado de percepción mental del individuo ante el peligro (Perry & Montiel, 1996). En otras palabras, se genera una distinción entre un riesgo que pretende ser objetivo, racional o “real” evaluado por los expertos, y otro subjetivo o irracional, “percibido” por el público.
En la primera revisión de la Royal Society británica sobre el campo de estudio de la percepción del riesgo, llevada a cabo por Lee (1983, citado en Puy, 1994), se definía el riesgo percibido como la evaluación combinada que un individuo hace de la probabilidad de que un evento adverso ocurra en el futuro y de sus consecuencias probables. La definición propuesta por Pidgeon et al. (1992, citado en Puy, op. cit.) en la segunda revisión de la Royal Society resulta mucho más completa al sostener que el estudio de la percepción del riesgo desde la perspectiva de las ciencias sociales supone el estudio de las creencias, actitudes, juicios y sentimientos, así como el de los valores y disposiciones sociales y culturales más amplios que las personas adoptan frente a las fuentes de peligro (tecnologías, actividades, sustancias, etc.) y los beneficios que éstas conllevan.
Para Rohrmann (2008) la percepción del riesgo se refiere a los juicios y evaluaciones de las personas sobre los peligros a los que ellos (o sus instalaciones o entornos) están o podrían estar expuestos. Son interpretaciones del mundo, basadas en experiencias y/o creencias. De forma similar, Torvisco (2018, p.36) sostiene que “la percepción del riesgo es el juicio subjetivo que las personas realizamos en función de las características del riesgo y en función de la gravedad del mismo”. Por su parte, Slovic (1992, citado en Puy, 1994) especifica que el término percepción se utiliza como referencia a diversas clases de actitudes y juicios. Mientras que para Thomas (1981, citado en Torvisco, 2018, p. 36) “la percepción del riesgo, al igual que todas las percepciones, es un proceso idiosincrásico de interpretación, un proceso de darle sentido a un complejo mundo para planificar, escoger y actuar en él”. Por su parte, Beck (2000) desarrolla en los 90 la Teoría de la sociedad del riesgo, donde sostiene que los riesgos son reales y -al mismo tiempo- conformados por la percepción y construcción social; y menciona: “El conocimiento sobre los riesgos […] está ligado a la historia y a los símbolos de la cultura propia […] y a la fábrica social de conocimiento. Esta es una de las razones por las que un mismo riesgo es percibido y manejado de formas tan diferentes […] la percepción está siempre y necesariamente contextualizada y se construye localmente.” (Beck, 2000, p.17).
Sin embargo, estas características “comunes” de la percepción del riesgo poseen dimensiones diferentes si se trata de individuos o comunidades que viven y se desarrollan en la “formalidad” o en la “informalidad” urbana; ya que, en el último caso, existen otras variables y dinámicas que maximizan o minimizan dicha percepción. Siguiendo esta línea, las áreas residenciales informales son escenarios en donde la población, además de contar con una tenencia ilegal de los terrenos y de disponer de bajos ingresos económicos, se autoconstruye su vivienda bajo malas condiciones, en donde la precariedad, el hacinamiento, la falta de servicios públicos básicos como agua, cloaca, luz (aunque muchos tienen de manera clandestina) y las condiciones insalubres son una constante, al estar excluidos de los procesos de planificación y extensión de servicios e infraestructuras de las ciudades. Por su parte, en el marco del riesgo y la pobreza, se suele replicar la lógica de ocupación de tierras sin condiciones urbano-ambientales para ser usadas como residenciales. Generalmente, se trata de zonas de riesgo como: áreas inundables, contaminadas, cercanas a basurales clandestinos, sin infraestructura, con dificultosa accesibilidad, entre otros. La falta de capacidad de compra de tierras seguras obliga a los más vulnerables a localizarse en estas áreas. Estas lógicas de ubicación en el marco de la pobreza urbana explican el mapa de distribución espacial de las residencias pobres en las ciudades (Maricato, 2010).
En referencia a esto, Blaikie et al. (1996, p.10) plantean que “la población vive en situaciones económicas adversas que la llevan a habitar partes del mundo que se ven afectadas por amenazas naturales, sean áreas de inundación de los ríos, laderas de volcanes o zonas sísmicas”. Para Deschamps (2004, citado en Souza & Zanella, 2009) existe una estrecha relación entre la ubicación espacial de los grupos que tienen desventajas sociales y aquellas áreas donde existe riesgo de un evento adverso, es decir, las poblaciones vulnerables se ubican en áreas ambientalmente vulnerables. Desde una lógica meramente geofísica, parece absurdo que una comunidad marginal urbana insista en permanecer en zonas propensas a desastre, pero desde el punto de vista de sus habitantes, el riesgo puede ser el precio que se paga a cambio del acceso a suelo urbano (Wilches, 1993); o bien, porque tienden a no percibir los riesgos cotidianos o a restarles importancia a los que son de baja probabilidad.
La percepción que tiene una comunidad sobre el riesgo, así como el reconocimiento de sus propias estrategias, mecanismos solidarios de preparación y la priorización de sus necesidades, son insumos relevantes para la prevención y mitigación (Fenoglio et al., 2019) ya que colaboran a entender cómo piensan los involucrados y bajo qué circunstancias actúan para cambiar y mejorar su situación. La percepción del riesgo explica un alto porcentaje del afrontamiento y acciones colectivas heredadas y aprendidas para enfrentar los desastres. A modo de síntesis, las personas tienen percepciones diversas sobre los riesgos ambientales que pueden variar según las experiencias concretas en relación a las amenazas, la clase social, la edad y el género, los niveles educativos, las creencias religiosas, la participación organizacional, entre otros. Así, cada comunidad manejará los riesgos según sus propias percepciones.
Metodología
El abordaje metodológico se sustenta en técnicas de investigación cualitativas para realizar un acercamiento a la realidad de carácter exploratorio, descriptivo y analítico sobre fuentes primarias y secundarias, con una orientación explicativa que incorpora, a su vez, datos cuantitativos. Para llevar a cabo el estudio, en principio se indaga en un marco teórico-conceptual sobre el riesgo y su percepción, siendo las fuentes de información del tipo secundarias (análisis documental; revisión de bibliografía y autores relevantes).
La etapa de análisis territorial se desarrolló en base a registros periodísticos en páginas web; fotointerpretación de imágenes satelitales para comprender la inserción del caso de estudio en la región; análisis de datos de organismos e instituciones públicas, como el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires (IVBA) y del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Para la representación gráfica se construyeron mapas para la visualización de los resultados y su difusión.
Como aporte a la investigación, se parte de reconocer que la variedad de voces y testimonios ante un mismo asunto fortalece las acciones correctivas y preventivas a futuro. Para ello, se realizó una entrevista semiestructurada a actores clave de tres ámbitos diferenciados: estatal, comunitario y académico. En representación del ámbito gubernamental, se entrevistó al director del Instituto de la Provincia de Buenos Aires (IVBA) al momento de la relocalización; por otro lado, se entrevistó al delegado barrial (junto a un vecino del asentamiento) con el fin de obtener el testimonio de la población que vivió en primera persona la inundación y su posterior relocalización; y, por último, a una tesista doctoral en comunicación que investigó el mismo caso desde otro enfoque académico.
La guía de preguntas que componen la entrevista fue la misma para cada actor, y se agruparon en cinco dimensiones de la variable percepción del riesgo: 1) riesgo hídrico; 2) prácticas barriales y organización social; 3) relocalización; 4) participación ciudadana; y 5) políticas públicas. Esto permitió reconocer la percepción del riesgo de la población involucrada, al indagar tanto en lo ocurrido la noche de la inundación del 2013, como los días previos y posteriores; y en la consecuente relocalización a partir de entender las transformaciones territoriales.
Resultados
La gran inundación del 2013
Las inundaciones del día 2 de abril de 2013 rompieron con toda previsibilidad en la historia de La Plata. Llovió casi 400 milímetros en pocas horas (más del doble que el promedio de todo el mes) haciendo que la ciudad se inunde de manera desigual: partes del casco fundacional, de Tolosa, Ringuelet, Los Hornos y San Carlos quedaron anegadas. A esto se sumó el corte de luz, de agua y de la telefonía móvil en muchas zonas. La tragedia afectó al 34.7% de los hogares de la ciudad y en total, se perdieron bienes por más de 650 millones de dólares. Se demostró que los muertos fueron principalmente por motivos de ahogo o electrocución debido a la ausencia de un plan de evacuación y emergencia desde el municipio (Capasso & Muñoz, 2016). La nómina oficial de la localidad reconoce 52 muertos, mientras que la causa judicial reconoce 89 por la catástrofe y la cifra que expone la investigación de López & Soler (2014, citados en Capasso & Muñoz, 2016) asciende a 109 muertos incorporando a los fallecidos por falta de luz en hospitales, por estrés, por accidente cerebrovascular, por depresión, por enfermedades de transmisión hídrica. Por todo ello, la inundación del año 2013 se convirtió en la peor tragedia y catástrofe que sufrió la ciudad de La Plata.
Recuperando el informe del Departamento de Hidráulica de la Facultad de Ingeniería (2013), se afirmó que la precipitación fue la gran causa de la inundación, pero hubo otros dos factores de importancia que se le suman: i) la ocupación de los valles de inundación y la existencia de zonas altamente urbanizadas emplazadas sobre los propios cauces y zonas aledañas y ii) la inexistencia de una gestión integral de riesgo de inundaciones que contemplara acciones preventivas, correctivas y de asistencia durante la emergencia. Siguiendo esta línea, Branz (2013) considera que se trató de un fenómeno previsible y que debería haber existido un plan de evacuación consciente. No existió una alerta, llovió como nunca pero tampoco hubo un plan de asistencia y eso determinó los fallecimientos, sobre cuya cantidad no existen certezas y establece que la particularidad del 2 de abril de 2013 fue que afectó a barrios populares, pero también de clase media y alta: “los asentamientos sobre el Arroyo Del Gato, por ejemplo, conviven con el agua, la contaminación. Al producirse la crisis en los barrios más ‘protegidos’ aparecen la mención y el reconocimiento a los/as abandonados/as de toda escucha” (Branz, 2013, p.11).
En cuanto al ex post inundación la ayuda fue insuficiente, caótica y casi de abandono por parte de las autoridades, no así desde la Cruz Roja u otras organizaciones sociales y la misma población platense que, a partir de colectas y donaciones, brindaron solidaridad a los más afectados. En ese sentido, el acontecimiento dio lugar a intervenciones públicas muy limitadas en relación a los barrios precarios, que se redujeron a políticas de relocalización de las viviendas emplazadas en los márgenes de arroyos, que entorpecían el desarrollo de obras hidráulicas de canalización, ampliación y saneamiento del cauce del Arroyo Del Gato (Del Río y Gonzales, 2018). Este plan de obras públicas, cuya finalidad era la reducción de los caudales pluviales dentro del casco urbano, propicio una disputa territorial en torno a la apropiación del espacio.
Uno de esos casos fue el del asentamiento ubicado en la localidad de Ringuelet, para el cual se ejecutaron 444 viviendas que permitieron llevar a cabo la relocalización. Para entender el caso, es necesario indagar los dos momentos que lo constituyen: el barrio informal histórico próximo al arroyo y el barrio nuevo relocalizado. A partir de allí, se analizó la percepción del riesgo y sus transformaciones territoriales asociadas al cambio en los modos de habitar el peligro antes, durante y después de la inundación y la posterior relocalización.
El caso del asentamiento de Ringuelet
Previo a la inundación, el asentamiento de Ringuelet conformaba uno más en la lista de poblaciones vulnerables del PdLP. Allí, la mayoría de las tierras eran fiscales; carecían de tendido de luz eléctrica, red cloacal y pluvial y accedían de manera parcial al agua corriente, al alumbrado público, al pavimento, a la recolección de residuos y a un sistema alternativo “de eliminación de excretas”. Además, como la mayoría de los asentamientos de La Plata, tampoco se encontraba inserto en un proceso de regularización de tenencia de tierras (Lora, 2015). Al lado y largo del arroyo había casas de madera, lona, chapa y otras de mampostería o durlock. Sin embargo, a pesar del grado de precarización y vulnerabilidad que presentaba el área, cabe destacar que se encontraba rodeada de una red de conectividad vial significativa debido a su cercanía con la autopista Buenos Aires-La Plata, el ferrocarril General Roca, la avenida 7 y Camino Centenario, entre otras vías importantes de comunicación (Benítez et al.,2007).
Figura 3. Conectividad del área de estudio. Fuente: elaboración propia en base a Google Earth, 2019.
Antes del 2 de abril de 2013, la población habitaba el asentamiento de Ringuelet con la sensación de no tener demasiados problemas: los derechos vulnerados se padecían como parte de la vida cotidiana y se habitaba con tranquilidad, brindada por las rutinas y prácticas que se repetían a diario como llevar los niños a la escuela, ir a trabajar, hacer los mandados, una vecina que le cuida los hijos a otra mientras trabaja o hace sus trámites personales o una vecina que le hace las compras a otra que no puede salir de su casa porque está enferma, entre otras cosas. Por otra parte, la tranquilidad también la otorgaba el hecho de habitar el mismo lugar durante muchos años, conocer en profundidad el barrio, a los vecinos, transitar los mismos lugares y dirigirse a las mismas instituciones. Antes de la inundación el riesgo era una posibilidad latente, pero no se esperaba ni se imaginaba; se tenía el recuerdo de experiencias anteriores, aunque ninguna tan traumática (Bernat, 2017). Por lo que, si bien el riesgo existía, no era una preocupación en la población que habitaba al barrio, en términos de urgencia en el corto plazo.
El día de la inundación, en Ringuelet el agua permaneció más tiempo que en otras localidades y llegó a estar hasta diecisiete horas en el interior de las viviendas. Ese día no hubo alerta, ni planes de contingencia y evacuación: “cada uno[a] hizo lo que pudo, solo o con la ayuda de organizaciones políticas, sociales y vecinales” (López & Soler, 2014, citados en Bernat, 2017). Días más tarde, comenzó a circular el rumor que dicho asentamiento iba a ser relocalizado y doce meses después comenzó el censo que permitía contabilizar la cantidad de familias a reubicar. A partir de este momento, comenzaron las asambleas en el club del barrio para conocer y consensuar entre los/las vecinos/as el proceso de la relocalización. Según cuenta la tesista doctoral (comunicación personal, de noviembre de 2019), existía en principio un gran descreimiento de la política pública que se intentaba aplicar desde la gestión, dudas de si finalmente la relocalización se iba a concretar o si era una promesa esperanzadora.
Por otro lado, diferentes agrupaciones políticas militando en el barrio sumaban confusión y descontento. El director del IVBA (comunicación personal, de diciembre de 2019) también menciona que en el comienzo los vecinos tuvieron una gran desconfianza ya que, al momento del censo y durante el primer año de la obra en el barrio, sólo se veían camiones llevando tierra para rellenar. El no poder ver viviendas en construcción generaba incertidumbre, temor y desconfianza. La urgencia propia de la obra hidráulica respecto de la liberación de las márgenes no se correspondía con los tiempos de obra de las nuevas viviendas permanentes, por lo cual hubo que relocalizar a la población, en primera instancia, a viviendas industrializadas de carácter transitorio. Esto genero angustia e incertidumbre en los relocalizados porque no eran las viviendas definitivas, lo que también fue otro factor de conflicto y resistencia.
En consecuencia, los vecinos comenzaron a organizarse ya que existía cierta oposición a ser relocalizados en viviendas transitorias. Por tal motivo, se generaron espacios de negociación y reclamo por parte de los mismos hacia el gobierno, estableciendo requisitos para trasladarse, por ejemplo: la condición de que en el Barrio Nuevo[2] se construya un comedor comunitario, como el que existía en el asentamiento. Por su parte, los encargados de la relocalización respetaron a los vecinos en su decisión: aquellos que no querían mudarse a las viviendas provisorias no se desalojaron ni se tiraron abajo sus casillas, sino que segmentaron el asentamiento de manera tal que la relocalizaron pudiera efectuarse por tramos iniciando por aquellos vecinos que estaban de acuerdo y finalizando por aquellos que no (Tesista doctoral, comunicación personal, 5 de noviembre de 2019).
El cambio de actitud sobrevino cuando la construcción de las viviendas de mampostería avanzó y se visibilizó la dimensión y calidad de la obra. Esto hizo que las familias desearan mudarse (director IVBA, comunicación personal, 10 de diciembre de 2019) por varios motivos: para no volver a atravesar una inundación y porque veían allí la posibilidad de acceder a un terreno y vivienda propia y de mejor calidad. Si bien los/las vecinos/vecinas terminaron accediendo a la reubicación, cabe aclarar que este tipo de proceso territorial (impuesto desde el Estado como política pública), generalmente, va a acompañado de angustia y/o de reacciones sociales negativas ya que implica la pérdida del lugar de residencia que es propio y conocido. Tal como menciona Bartolomé (1985), una relocalización obliga a cierta probación a abandonar el hogar, la comunidad y el entorno social y natural que definen el marco habitual para la vida de una persona. A fin de atemperar lo que implicaba esta situación para los relocalizados, las autoridades escogieron un predio cercano al asentamiento y la ubicación de las familias en las nuevas viviendas mantenía las relaciones de vecindad existentes. Así como también, se distanciaba a aquellas familias que tuvieran conflictos entre sí. En palabras del director del IVBA (comunicación personal, de diciembre de 2019): “fue un proceso construido con la participación de las familias implicadas en la relocalización de cada etapa y sector”.
A mediados de 2017, había alrededor de cien familias viviendo en el Barrio Nuevo que, en principio, parecía no resolver los antiguos problemas ni responder a la necesidad de una vivienda que diera cumplimiento a los requisitos básicos del habitar, como ser una casa adaptada al entorno, construida con materiales resistentes, que cuente con cierta privacidad, con un elemental equipamiento, con los servicios básicos de salud, transporte, educativos. Por el contrario, en el Barrio Nuevo las cloacas desbordaban, había problemas de humedad, se escuchaban los ruidos de las viviendas linderas, no existía equipamiento comunitario y cuando llovía se anegaban los terrenos y las calles se llenaban de barro (Bernat, 2017). Por otro lado, los vecinos quedaron totalmente desconectados del resto de la ciudad, ya que las vías que los rodean son de movilidad rápida y de carácter regional (autopista Buenos Aires-La Plata y vías del ferrocarril Roca). Además, linda en una de sus caras con el Arroyo del Gato (el cual también funciona como un tapón para el barrio) y en las restantes con una planta de tratamientos cloacales y con galpones del Mercado central La Plata. En ese sentido, la relocalización no se tradujo en mejoras integrales para la población: si bien el reasentamiento no se inunda, tampoco se encuentra exento de anegamientos y, al estar desconectado de la ciudad, es aún más peligroso en caso de cualquier posible futuro evento ya que la comunidad se vería impedida de poder salir de su vivienda y del barrio.
Figura 4. Caracterización del Barrio Nuevo. Fuente: elaboración propia en base a Google Earth e imágenes tomadas de Internet, 2019.
La tesista doctoral (comunicación personal, de noviembre de 2019) menciona que habló con autoridades y recabó la información de que la relocalización fue un proceso oneroso para la provincia, sobre todo el hecho de tener que acondicionar el terreno para el Barrio Nuevo (elevarlo sobre su cota de terreno natural y dejarlo apto para la construcción de las nuevas viviendas). Según lo que algunos profesionales del IVBA le comentaron, se podría haber elegido un terreno más barato de la ciudad de La Plata, pero más alejado del asentamiento en donde residía la población antes de la inundación. Sin embargo, los encargados de la relocalización decidieron mantener las redes existentes que los vecinos tenían con el barrio y los equipamientos de la ciudad a los que ya asistían, por eso eligieron el terreno más cercano para mantener dichas relaciones sociales. Es decir, que si bien fueron trasladados hacia el otro lado de las vías del ferrocarril, el sentido de pertenencia sigue siendo el mismo ya que el Barrio Nuevo está ubicado a pocas cuadras de donde residían sus habitantes anteriormente.
Por otro lado, el delegado barrial (comunicación personal, de diciembre de 2019) sostiene que normalmente después de un suceso como el ocurrido en el 2013, los vecinos cambian el modo de habitar el territorio ya que les queda el miedo de volver a sufrir una inundación y perder todo. Sin embargo, a partir de la relocalización, es otra la seguridad con la que cuenta la población ya que, por un lado, el estado realizó obras hidráulicas para disminuir el riesgo hídrico y, por otro, habitan viviendas permanentes de material que, si bien siguen estando ubicadas en cercanías al Arroyo del Gato, es un terreno que no se inunda.
Organización y participación social
Las formas de organización en el barrio han sido variadas y heterogéneas a lo largo de todo el proceso. En principio, la inundación del 2013 habilitó modos de organización urgentes que se originaron al momento de la emergencia para enfrentar un riesgo no esperado por los/las vecinos/as. Durante la noche del 2 de abril y los días siguientes a la tragedia, hubo solidaridad entre los vecinos más cercanos que entendían que había que sobrevivir y perder la menor cantidad de cosas materiales y hasta incluso, la propia vida. La organización se dio de manera natural a partir de las relaciones previas entre grupos de vecinos que se acercaban según las zonas, las distancias, el lazo familiar, la residencia y nacionalidad. Si bien esto está más relacionado a los lazos sociales que a la conciencia de organizarse colectivamente también implica modos de organización incipiente que sirvieron de antecedente para las posteriores negociaciones y reclamos en el marco de la relocalización (Tesista doctoral, comunicación personal, 5 de noviembre de 2019); o bien servirán al momento de una posible inundación, ya que permite ir dando respuestas a medida que se avanza en el conocimiento y la percepción del riesgo.
El director del IVBA (comunicación personal, de diciembre de 2019) sostiene que aquellos sectores de vecinos/as que ya tenían cierta organización estando en las márgenes del arroyo, son los que siguen promoviendo mejoras y eventos comunitarios en el Barrio Nuevo. Dichos lazos existentes, durante la inundación se potenciaron y fortalecieron aún más generando otros modos de organización relacionados con el nuevo espacio a habitar. En ese sentido, la inundación promovió una organización urgente que continuó luego del evento, ya que los días siguientes los/las vecinos/as seguían ayudándose mutuamente, limpiando las casas, buscando y repartiendo donaciones. La relocalización también promovió esta colaboración, ya que estaba en juego un derecho colectivo: el de adquirir una vivienda propia que permita el desarrollo de la vida en condiciones seguras (Tesista doctoral, comunicación personal, 5 de noviembre de 2019).
El delegado barrial (comunicación personal, de diciembre de 2019) observa que hubo participación comunal a partir del intento de construir el nuevo barrio en relación a las necesidades y deseos de los/las vecinos/as, en este caso, vinculado a producir espacios que contengan a los más jóvenes y den lugar a instancias de encuentro para forjar unidad entre los habitantes del Barrio Nuevo. Agrega: “Cabe destacar que en este territorio viven personas que pertenecían a diferentes asentamientos previo a la mudanza y que, por esta razón, no se conocían. Sin embargo, con la relocalización la cual se inició en el año 2015, comenzaron a relacionarse en instancias esporádicas de protesta y en 2018 estas participaciones alcanzaron cierto grado de sistematicidad y tomaron diferentes formas: comunitarias, artísticas, de reclamo”. Además, sostiene que la relocalización fue un trabajo en conjunto entre vecinos y autoridades municipales, ya que desde el Centro Comunal Ringuelet se brindaron los medios necesarios para la transición de un barrio al otro. También que, en cierta manera, los vecinos reconocen su derecho de vivir a salvo y en buenas condiciones, por lo que comienzan a participar y reclamar mejoras: iluminación en las calles para mayor seguridad, transporte público que acceda al barrio y más espacios comunes.
Por todo lo mencionado, se puede decir que la relocalización -a partir de la inundación- fue, en primer lugar, el motivo que propició a que los habitantes del asentamiento perciban y reconozcan la importancia de que sus reclamos y necesidades sean escuchados y tenidos en cuenta por parte de las autoridades. En segundo lugar, fue la puerta que permitió comenzar a ampliar la resiliencia comunitaria, ya que las redes organizacionales conforman un importante capital que hace fuerte a las personas y les permiten hacer frente las adversidades y responder de manera inmediata ante cualquier evento adverso.
Discusión
Con el desarrollo del presente análisis, se puede decir que los vecinos del asentamiento no percibían de manera directa el riesgo de inundarse al que estaban expuestos, ni contaban (ex ante inundación 2013) con estrategias de preparación y adaptación para poder hacerle frente: eso se ve reflejado en los relatos cuando esa noche la lluvia los sorprendió en sus viviendas, viendo como el agua crecía y se llevaba todo. Si bien se tenía el recuerdo de experiencias anteriores, no llegaba a conformar una percepción del riesgo consolidada, ya que no era de esperar un evento como el ocurrido. Así pues, la población no se encontraba capacitada ni contaba con los atributos necesarios de preparación ante el desastre del 2 de abril del 2013, ya sea en materia de recursos económicos; de prácticas y conocimientos adquiridos; de redes organizacionales gestadas; de la presencia de una institucionalidad que trabaje en torno a las inundaciones; tampoco existía en el barrio la infraestructura adecuada en relación al tratamiento del arroyo y sus márgenes; ni tecnologías y equipamientos para responder al evento. En otras palabras, las formas de organizarse y hacerle frente a la catástrofe han sido espontáneas y del momento. Esto evidencia la falta de percepción del riesgo tanto por parte de los/las vecinos/as del asentamiento como de las entidades estatales en materia de mitigación y acciones concretas en relación a la promoción, prevención y contingencia ante el desastre.
Por otro lado, la relocalización del asentamiento se llevó adelante con procedimientos que no garantizaron (en el transcurso de todo el proceso) una activa participación de la comunidad. En ese sentido, desde las autoridades no se llevó a cabo una evaluación de la percepción del riesgo de la población afectada como parte del proceso de gestión, lo cual impidió la posibilidad de contar con un análisis integral de la problemática que indague en el riesgo real a la vez que percibido socialmente por la comunidad. Esto pudo haber sido, en parte, por la prisa en resolver la emergencia, con el Estado como mediador de la gestión territorial. Sin embargo, quienes gestionaron la relocalización si tuvieron en cuenta la percepción de la población en cuanto al grado de cercanía o distanciamiento vecinal y de identidad barrial, al tratar de mantener los lazos sociales existentes y la pertenencia a la localidad de Ringuelet.
Por otro lado, la intervención territorial-planificada pero aislada, resuelta como un fragmento de urbanización- generó incertidumbre entre los vecinos y cierto grado de desconfianza. Como fue mencionado a lo largo del desarrollo del presente trabajo, la situación durante el 2014, 2015, 2016 y la primera parte de 2017 fue de temor y angustia para muchos vecinos quienes veían que las obras hidráulicas avanzaban con mayor rapidez que la construcción de sus nuevas viviendas, sin saber qué era lo que realmente iba a suceder con ellos. De ahí que la falta de información y comunicación acerca del proceso de relocalización, sus tiempos y formas, causó un impacto negativo en la comunidad e hizo que la población se vuelva aún más vulnerable ante el desconocimiento. Esto se transformó en un obstáculo para propiciar un aumento en el grado de percepción social y de ampliación de resiliencia.
En cuanto al riesgo hídrico, se evidencia que los vecinos del asentamiento tenían un elevado grado de exposición a la inundación, lo que les generó sensaciones de temor a partir de atravesar el evento del 2 de abril. Cuando se mudaron a las viviendas provisorias, ese miedo prevalecía ante cada lluvia (aunque en menor grado) ya que, al ser industrializadas, les generaba cierta inseguridad ante otro posible evento. Sin embargo, ya asentados en las viviendas permanentes de material, ese miedo se perdió y ya no se manifiesta en los relatos de la población. Es decir que, si bien la relocalización apareció, en principio, como un nuevo problema para una población vulnerable sometida inicialmente al riesgo hídrico, es claro que el haberles brindado viviendas permanentes de material ubicadas en un área no inundable hizo que parte del temor disminuyera y/o desapareciera.
Por otro lado, se puede decir que el haber atravesado la experiencia de la inundación hizo que la percepción de los/las vecinos/as cambiara, ya que el peligro que no se percibía al momento de vivir sobre las márgenes del arroyo, ahora se vuelve presente. Eso se evidencia a partir de los reclamos que surgen desde la comunidad en torno a las nuevas condiciones del Barrio Nuevo: las calles de barro se anegaban ante cada lluvia, impidiendo que pudieran salir del barrio. También se ve reflejado en la tranquilidad que manifiestan los vecinos al contar con una vivienda propia de material, la cual es percibida como una mayor seguridad y preparación ante el riesgo, sumado a las obras hidráulicas ejecutadas desde el gobierno. El poder reconocer el riesgo al que se sometían despierta una nueva percepción: la del habitar lugares seguros y de calidad. Entonces, a partir de atravesar la experiencia y percibir el riesgo, los vecinos comenzaron a tomar medidas sobre el asunto y llevar a cabo acciones como reclamos, organización comunal, ayuda mutua entre vecinos, entre otros.
En torno a las políticas públicas, se puede decir que el rol del Estado es fundamental para actuar en la prevención del riesgo (ante), en la inmediatez del evento (durante) y en la urgencia que provoca la contingencia (post). Asimismo, es sustancial la prevención y difusión de la información. Para el caso de estudio, frente a la ausencia del Estado en el ex ante y durante la inundación, la única salida de la comunidad fue la de esperar y sobreponerse por sí mismos a la adversidad. Sin embargo, desde la gestión pública en materia de contingencia sí se intentó dar respuesta a las problemáticas presentadas, con sus fallos y sus aciertos. Si bien el motivo principal de la relocalización fue por obra hidráulica, como segundo motivo aparece la percepción del riesgo por parte de los encargados de relocalizar, al entender que cierto sector de la comunidad se encontraba en peligro de volver a sufrir una inundación, lo que llevo a intentar mejorar la condición de vida de una población vulnerable asentada en las márgenes del arroyo.
No obstante, se aprecia que la comunidad contaba con un importante capital intrínseco que fueron los vínculos entre vecinos/as. A partir de las entrevistas, se pudo observar que antes de la inundación existían en la población formas de relacionarse que la hacía resiliente, lo que permitió que se organicen rápidamente en cómo salir adelante ante un suceso como el ocurrido. De esa manera, existieron durante el proceso tres modos de organización: uno antes de la inundación (relacionado a lo cotidiano de la vida en el barrio), uno durante la inundación (incipiente y espontáneo a partir del desastre) y otro posterior a la inundación y previa relocalización (más ordenado e instaurado). En otras palabras, la organización fue mutando y evolucionando hasta mantenerse en el tiempo. En ese sentido, los vínculos colectivos y las relaciones sociales que se generan en torno a una problemática ambiental colaboran a potenciar la percepción de una comunidad: “Así, una sociedad que se percibe a sí misma como una sociedad del riesgo se vuelve reflexiva, es decir, los fundamentos de su actividad y de sus objetivos se vuelven el objeto de controversias públicas, científicas y políticas” (Beck, 2002, p.232).
Por todo lo expuesto hasta aquí, se puede decir que en el caso de estudio la percepción del riesgo se adquiere a partir de la exposición a la inundación y la posterior relocalización de los/las vecinos/as del asentamiento, a través de transitar un proceso colectivo de carácter social y organizado: vecino a vecino (sobre todo); aunque también se percibe cierto grado de fortaleza institucional por parte de las autoridades estatales al dar inicio a obras hidráulicas que intentaron hacer el proceso lo más participativo posible, a pesar de la urgencia en los tiempos de ejecución. Se evidencia, entonces, un aumento en el grado de percepción del riesgo luego de vivenciar una experiencia traumática (para la que no se tuvo una preparación previa) mediante un proceso adaptativo que facilitó la capacidad del sistema social para reorganizarse y aprender en respuesta a la amenaza.
Conclusiones
El trabajo abordo la comprensión de los conceptos de amenaza, vulnerabilidad y riesgo bajo el enfoque de la percepción social como el proceso mediante el cual un individuo o una comunidad elabora juicios y concretas acciones en función de una peligrosidad. Este marco teórico, se aplicó al estudio de una comunidad vulnerable expuesta a inundación. Metodológicamente, se utilizaron como apoyo entrevistas semiestructuradas a actores clave que conforman un aporte a la visión desde distintos enfoques, para entender la percepción desde los actores comunitarios, desde lo académico y desde el Estado. En este sentido, las entrevistas fueron una herramienta importante para recabar información, ya que permitió articular la teoría y la empírea, entendiendo que el presente estudio es un desarrollo conceptual en el marco de la academia que se sustenta y aplica a un proceso de diagnóstico de una situación del territorio en particular. La metodología empleada aporta a la verificación de la percepción por parte de grupos sociales, siendo replicable a otros colectivos con vulnerabilidad socio territorial.
De esta manera, se pudo conocer la percepción del riesgo de inundación en la población de un asentamiento antes informal, pero hoy reasentado en otro barrio construido a menos de 100 metros del arroyo que los inundo en 2013. Tomar este caso permitió evaluar los avances en las políticas de prevención -con la necesidad de erradicación- y conocer hasta dónde avanzar en uno de los territorios con más vulnerabilidad social a partir de la cantidad de asentamientos informales existentes en la cuenca del Arroyo del Gato.
Siguiendo esta línea, la metodología empleada sirvió para dar respuestas a las preguntas iniciales: ¿Percibe la población vulnerable los efectos negativos del riesgo ante inundaciones que enfrenta? ¿Los asimila como una cuestión natural por el desconocimiento de las dinámicas del arroyo, las lluvias y el territorio que ocupa? ¿Percibe la situación, pero elije exponerse al peligro para acceder a suelo urbano? Se puede decir que los/las vecinos/as del barrio, a pesar de que vivían en las márgenes del arroyo no percibían el riesgo latente al que se exponían; tampoco reconocían la dinámica de la lluvia en relación al arroyo. Esto se ve reflejado en el hecho de que la inundación los sorprendió en sus casas sin estar preparados para hacerle frente. Nunca tomaron conciencia sobre la cantidad y duración de la caída de agua de lluvia, solo advirtieron la amenaza cuando el nivel de agua ya había subido y entrado al interior de las casillas. En otras palabras, no existía una percepción del riesgo y, por ende, no contaban con prácticas resilientes para afrontar el evento.
Sin embargo, se puede decir que la comunidad, luego de atravesar la inundación, pudo reconocer el peligro al que se enfrentaban estando asentados sobre la ladera del arroyo. Esto se observa a partir de que, la mayoría de los/las vecinos/as del asentamiento desearan ser reubicados a un sitio seguro; en el cual además de acceder a un terreno y vivienda propia, vivirían en mejores condiciones habitacionales al contar con una casa de material, con todos los servicios y alejada del peligro. A su vez, una mayor percepción del riesgo les permitió poder organizarse a través de la ayuda entre vecinos/as que surgió en la emergencia. Además de tomar participación en el asunto, a partir de las asambleas comunitarias que se generaron durante el proceso de relocalización.
En este marco, es posible verificar la hipótesis planteada, ya que la evaluación de la percepción de la población del asentamiento precario de Ringuelet que sufrió la inundación del año 2013, permitió incorporar otras variables al análisis del riesgo, como los modos de organizarse que tienen los/las vecinos/as, la participación colectiva, las articulaciones Estado-comunidad, a pesar de no contar -ex ante- con prácticas y saberes específicos en torno a las inundaciones. Pero ¿qué ocurrió con el resto de los asentamientos informales que sufrieron el mismo evento y no pudieron ser relocalizados a zonas más seguras? Se considera que también necesitan prepararse para enfrentar otra posible inundación, ya sea mediante una reubicación o mediante medidas estructurales y no estructurales que se puedan implementar. En ese sentido, una siguiente línea de acción consiste en reforzar la necesidad de incorporar el enfoque de la percepción del riesgo a la gestión territorial. Esto es tan importante como las medidas estructurales que se puedan llevar a cabo para ampliar la mitigación y adaptación al riesgo. Por lo tanto, resulta necesario complementarlas con abordajes de carácter social que involucren en el proceso de gestión de riesgos a las distintas partes afectadas con sus puntos de vista, obligaciones, habilidades y recursos.
Para ello, es necesario reconstruir el sentido de la comunidad, encontrar qué grupos sociales, dónde y de qué manera están llevando a cabo iniciativas para sobrevivir y recuperar sus saberes. Sobre todo, si se trata de una población social, económica y territorialmente frágil expuesta a desastre, en donde entran en juego otras variables. En ese sentido, estos grupos sociales conforman el capital social y cultural por esencia: son portadores de actitudes, valores, tradiciones y visiones de la realidad que son su identidad misma. Es la manera de vivir de la sociedad la que puede proporcionar y poner en marcha un proceso de actuación consciente ante un escenario de riesgo. Si esto es ignorado se puede pasar por alto importantes capacidades aplicables a la transformación de las situaciones y pueden desatarse fuertes resistencias ante las medidas que se puedan considerar (Rodulfo, 2009). Dicho de otro modo, el desconocimiento de experiencias previas y de la percepción del riesgo que tiene la población, puede dificultar la elaboración y aplicación de estrategias de prevención (alerta, difusión, educación), acción (contingencia, protección) y reconstrucción (relocalización, mejoramiento), ya que sus contenidos generalmente no responden a las visiones y necesidades sociales.
Por último, cabe mencionar que el enfoque de la percepción del riesgo ante las amenazas y vulnerabilidades de la población reconoce la centralidad que adquiere la información de las dinámicas naturales en asentamientos de tipo urbano para las prácticas de la participación de cualquier grado. Conocer cómo interactúa la lluvia, los drenajes y el relieve o la geomorfología es algo que debería estudiar y analizar la academia junto al Estado para darlo a conocer a la comunidad para que, a partir de allí, se elaboren juicios y se concreten acciones en función de una peligrosidad.
Ciertamente, en un contexto latinoamericano donde a la incertidumbre ante los desastres socio naturales se añade la problemática de la pobreza y la desigualdad social, la evaluación de la percepción del riesgo por parte de los grupos sociales afectados se convierte en un insumo clave al momento de trabajar en la gestión de los riesgos ambientales, ya sea en el antes, durante y después de un evento. Para ello, es fundamental atender cada contexto local que responde de manera distinta ante un riesgo, con sus saberes colectivos y prácticas solidarias en particular y entender que el derecho a un hábitat seguro representa el disfrute equitativo de una ciudad para todos.
Bibliografía
Bartolomé, L. (1985). Relocalizados: Antropología Social de las Poblaciones Desplazadas. Instituto de Desarrollo Económico y Social.
Beck, U. (2000) Retorno a la teoría de la sociedad del riesgo. Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles (30), 9-20.
Beck, U. (2002). La sociedad del riesgo global. Siglo XXI Editores.
Benítez, M., Botana, M. I., Galarza, L. y Pérez Ballari, A. (2006). Transformaciones territoriales en áreas de riesgo de inundación. El caso del Arroyo El Gato. Partido de La Plata. Período 1980-2004. Geograficando, 3(3). https://www.geograficando.fahce.unlp.edu.ar/article/view/GEOv03n03a09
Bernat,
M. S. (2017). Transformaciones socio-urbanas y vida cotidiana: el caso de la
relocalización de un asentamiento de Ringuelet (2013-2017). Habitar (después
de) la inundación [Tesis de doctorado, Universidad Nacional de La Plata].
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/66420
Blaikie,
P.; Cannon, T.; David, I. y Wisner, B. (1996). Vulnerabilidad. El entorno social,
político y económico de los desastres.
Bogotá, Colombia: Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en
América Latina.
http://www.desenredando.org/public/libros/1996/vesped/vesped-todo_sep-09-2002.pdf
Branz, J. B. (2013). Cuando una ciudad habla…o la hacen hablar. Representaciones sobre una ciudad en crisis. Question – 2013: Incidente I, 7–13. https://perio.unlp.edu.ar/ojs/index.php/question/article/view/1849
Romanazzi,
P.G.; Canevari, T.; Esnaola, F.; López Melograno, M. y Retola G. A. (comp.)
(2019). Manual Plan de Reducción de Riesgo por Inundaciones en la Región de
La Plata (Plan RRI La Plata - Qué hacer) Inundaciones en La Plata: Qué
aprendimos y qué más debemos saber. Universidad Nacional de La Plata.
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/154617
Capasso, V. y Muñoz, M.A. (2016). Arte después de la inundación: Dos casos de procesamiento de la dislocación después de la catástrofe. Política y Cultura (45), 79-98. http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=26745428005
Cardona,
O. D. (2001). La necesidad de repensar de manera holística los conceptos de
vulnerabilidad y riesgo. Una crítica y una revisión necesaria para la gestión [Ponencia,
Wegeningen: Holanda].
https://www.desenredando.org/public/articulos/2001/repvuln/RepensarVulnerabilidadyRiesgo-1.0.0.pdf
Del
Río, J. P. y Gonzales, P. (2018). Los asentamientos populares informales en el
Gran La Plata. Una geografía cambiante con más de tres décadas de persistencia.
En Cravino M. C. (org.), La ciudad (re)negada. Aproximaciones al estudio de
asentamientos populares en nueve ciudades argentinas.195- 225. Ediciones
UNGS.
https://doi.org/10.30972/crn.26263832
Etulain,
J. C., & López, I. (2017). Inundaciones urbanas. Mapas de riesgo y
lineamientos de ordenamiento territorial en la región del gran La Plata:
Aspectos teóricos-metodológicos y propositivos. Estudios Del hábitat, 15(2).
https://doi.org/10.24215/24226483e030
Facultad
de Ingeniería (2013). Estudio sobre la inundación ocurrida los días 2 y 3 de
abril de 2013 en las ciudades de La Plata, Berisso y Ensenada. Universidad
Nacional de La Plata.
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/27334
Fenoglio, E.; Argerich M.; Peralta M.; Castillo Marín N. y Di Pietro Paolo L. (2019). Inundaciones urbanas y cambio climático: recomendaciones para la gestión. Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
Herzer, H. y Gurevich, R. (1996). Construyendo el riesgo ambiental en la ciudad. En Desastres y Sociedad. 4 (7). 8-15. Red de Estudios Sociales en prevención de desastres en América Latina.
Lavell, A. (2001). Sobre la gestión del riesgo: apuntes hacia una definición. [Monografía].
Lora C.
R. (2015, 27 de agosto). Miedos y resistencias a una mudanza inminente. La
Pulseada.
https://www.lapulseada.com.ar/miedos-y-resistencias-a-una-mudanza-inminente/
López, I. & Etulain, J. C. (Compiladores) (2019). Políticas, paisajes y territorios vulnerables. Tres miradas sobre el Gran La Plata (2006 -2017). Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Maricato
E. 2010. “El Estatuto de la ciudad periférica”. En El Estatuto de la Ciudad
de Brasil. Un comentario. 5-22. Alianza
de las Ciudades.
https://www.citiesalliance.org/sites/default/files/CA_Images/CityStatuteofBrazil_Spanish_Ch1.pdf
Natenzon,
C. E. (2004). Las grandes inundaciones en el litoral argentino: Riesgo,
vulnerabilidad social y catástrofes. Encrucijadas, (29). Universidad de
Buenos Aires.
http://repositoriouba.sisbi.uba.ar/gsdl/collect/encruci/index/assoc/HWA_616.dir/616.PDF
Perry,
R.W. y Montiel, M. (1996). Conceptualizando riesgo para desastres sociales. En Desastres
y sociedad. Especial: Predicciones, Pronósticos, Alertas y Respuestas
Sociales, 4(6), 71-77. Red de estudios sociales en prevención de desastres
en América Latina.
https://www.desenredando.org/public/revistas/dys/rdys06/dys6-1.0-todo.pdf
Puy Rodríguez A. (1994). Percepción social del riesgo. Dimensiones de evaluación y predicción. [Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid].
Rodulfo, M. B. (2009). Gestión de la participación en escenarios de riesgo y emergencia. Estrategias de intervención en escenarios de riesgos o emergencia habitacional. En Arquitectura para la emergencia social y ambiental Coloquio. 47-64. POIESIS
Rohrmann, B. (2008). Percepción del riesgo, actitud hacia el riesgo, comunicación sobre el riesgo, gestión del riesgo: una evaluación conceptual. Co global.
Ronco A. y López I. (2017). Las inundaciones en La Plata, Berisso y Ensenada: análisis de riesgo, estrategias de intervención. Hacia la construcción de un observatorio ambiental. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y Universidad Nacional de La Plata. http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/59633
Rotger,
D. V. (2017). Paisaje fluvial en la región metropolitana de Buenos Aires.
Valoración e intervención en la cuenca del arroyo del Gato, Gran La Plata.
[Tesis de doctorado, Universidad Nacional de La Plata]
https://doi.org/10.35537/10915/66353
Souza, L. B. y Zanella, M. E. (2009). Percepción de riesgos ambientales: teoría y aplicaciones. Brasil: Fortaleza
Torvisco Martínez, J. (2018). Percepción y aceptabilidad del riesgo. En En torno al riesgo. Contribuciones de diferentes disciplinas y perspectivas de análisis. (19). 35-65. Pasos Edita.
Wilches-Chaux, G. (1998). Auge, caída y levantada de Felipe Pinillo, mecánico y soldador o yo voy a correr el riesgo. Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina.